Sentencia RP-963-22 — Registro 19849
Resumen
Se interpone Recurso de Revisión de la sentencia definitiva firme por delito de Extorsión por entrada en vigencia legislación mas favorable, del estudio se desprende que, la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 reformado el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión por lo tanto se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal, no siendo posible dar cabida al caso previsto en el artículo 906 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del Señor DENNIS JOSE RIVAS MCCOY, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor DENNIS JOSE RIVAS MCCOY por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "CX-0042". (Exp. No. 0101-2019-261).ANTECEDENTES 1)En fecha nueve (09) de mayo del de dos mil catorce (2014), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada, LIANA LOURDES SOTO presentando requerimiento fiscal en contra del señor DENNIS JOSE RIVAS MACCOY por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CX-0042. (Folios 1-4 del antecedente).2) En fecha veintisiete (27) de noviembre de dos mil quince (2015), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a Dennis José Rivas McCoy ya identificado con anterioridad, como autor responsable penalmente de un delito consumado de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido clave CX-0042 a la pena de Quince (15) años de reclusión y la pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos. Reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, Granja Penal del Municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el condenado ha permanecido privado de su libertad ambulatoria por esta causa.SEGUNDO: Que debemos Condenar y Condenamos al justiciable Dennis José Rivas McCoy como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta E Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo que dure la misma, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara civilmente responsable al condenado Dennis José Rivas McCoy por el delito de Extorsión, la que deberá tasarse en la fase de ejecución de esta sentencia ante el Juez de Ejecución de penas. Cuarto: No procede condenar en costas al condenado. Quinto: Se decreta el comiso de Un teléfono celular marca Blu, color negro con rosado con pantalla en mal estado y un bolso color negro sin marca, rosado con pantalla en mal estado y un bolso color negro sin marca. Devuélvase el dinero consistente en 2 billetes de quinientos lempiras, con serie 1) V8249221.-2) V5643844 y la celular marca Samsung, color negro y azul presentado como evidencia a su legítimo propietario. La evidencia indicada mientras la sentencia adquiere el carácter de firme, que sigan bajo la custodia provisional del Ministerio Público. Y Manda:Notificar esta sentencia por estrados a las partes procesales; una vez firme que la secretaria del Tribunal remita las presentes diligencia al Juzgado de Ejecución competente para su cumplimiento, además de librar copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial y a la Penitenciaria Nacional, Granja Penal del Municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida, para los efectos pertinentes. Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos: (Folios 131-138 del recurso de mérito)3) En fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, el abogado RAMON MATAMOROS, en la condición con que actúa, presentó ante esta Sala Constitucional, recurso de revisión penal, a favor del señor DENNIS JOSE RIVAS MCCOY, contra la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, en base al Principio de Retroactividad de la Ley. 4)En fecha siete (07) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia del abogado RAMON MATAMOROS actuando en su condición de Apoderado Legal del señor DENNIS JOSE RIVAS MCCOY y la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público; El Abogado RAMON MATAMOROS actuando en su condición de Apoderado Legal del señor DENNIS JOSE RIVAS MCCOY, manifestó que ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia y solicita se aplique el principio de retroactividad de la ley penal a su representado, quien fue condenado por el delito de extorsión simple a una pena de quince años y una multa de cincuenta salarios mínimos conforme el artículo 222 del código penal derogado, solicitando sea condenado conforme el artículo 373 del nuevo código penal a una pena mínima de diez años y multa de diez mil lempiras. El Ministerio Público consideró: ANALISIS JURIDICO. Nuestra Constitución en el artículo 186 prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía Constitucional de revisión como una excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes a fin de que al agraviado se le pueda practicar un nuevo examen de la sentencia condenatoria firme de acuerdo al procedimiento y supuestos especialmente prevenidos en la Ley Sobre Justicia Constitucional, revisión que solo puede ser realizada por la Corte Suprema de Justicia a través de Sala de lo Constitucional. Alega el recurrente que debe revisarse la sentencia impuesta y aplicarse retroactivamente el artículo 373 del Código Penal que entró en vigencia el 10 de mayo del 2020, castigando la conducta de extorsión con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Sin embargo; el Ministerio Público observa y señala que el artículo 373 del Código Penal fue reformado mediante decreto 93-2021 publicado en el diario oficial la Gaceta el 1 de noviembre del 2021, estableciendo para el delito de extorsión la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, considerando además que la extorsión se considera consumada con independencia de si se ha logrado o no el objetivo perseguido. Conforme al fallo emitido al encartado se le impuso las penas mínimas del delito en mención cuya conducta encuadra o encaja con el artículo 373 reformado del Código Penal vigente y que tiene como penas mínimas quince (15) años de prisión y multa de quinientos 500 días en su nivel más alto. En cuanto a la pena de multa el artículo 53 del Código Penal señala que se impone por el sistema de los días multa, salvó que se disponga otra cosa, su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L.20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5,000). En relación a lo anterior y haciendo uso de los criterios fijados por el legislador en el artículo 616 del Código Penal vigente para determinar la ley más favorable vemos que al realizar la comparativa de la pena privativa de la libertad ésta no difiere de la impuesta en la sentencia con la que señala el decreto 93-2021 para el delito de extorsión, pero si hay diferencia en cuanto a la pena de multa al hacer la conversión de días multa en su nivel más alto (de 500 a 1000 días multa), ya sea tomando el rango mínimo de en caso de querer determinar una multa proporcional, 500 días x L. 5,000.00 o 1000 días x 5,000.00 que equivale de Dos Millones Quinientos mil a cinco Millones (como señala el artículo 53 del mismo Código penal) resulta una multa de mayor cuantía a la impuesta en la sentencia. PRONUNCIAMIENTO FINAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. NO PROCEDE el recurso de Revisión interpuesto por el abogado RAMON MATAMOROS a favor del encartado DENNIS JOSE RIVAS con en el motivo señalado conforme el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 29-31 vuelto del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”.CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO DIEZ (10): Sobre la aplicación de la ley penal intermedia. Se le denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso de marras se trata de una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.CONSIDERANDO ONCE (11) En el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal, el diecisiete de junio de dos mil veintidós, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna, por considerar que no obstante que la pena privativa de libertad es igual, la pena de multa es más benigna conforme el nuevo código, en su artículo 373, en consideración a que su representado el señor DENNIS JOSE RIVAS MCCOY, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017 y este a su vez fue derogado en su artículo 373 por el decreto 93-2021 que es el vigente actualmente. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal (decreto 93-2021) establece pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, de lo cual se deduce que aunque se mantenga la pena mínima de prisión en quince años, la pena de multa debe ser impuesta en su nivel más alto, esto es de quinientos días a razón de cinco mil lempiras diarios, lo que equivale a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 2,500,000.00) porque debe ser en su nivel más alto atendiendo al tipo penal y al artículo 53 del Código penal actual, lo que resulta más perjudicial para el condenado, en comparación a la multa de cincuenta salarios mínimos a que fue condenado. En el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque el señor DENNIS JOSE RIVAS MCCOY, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha reprochado la aplicación del decreto 130-2017, dado que la norma vigente actualmente es la del decreto 93-2021, advirtiendo que la norma sustantiva vigente no le es favorable en virtud de que, si bien es cierto contempla originalmente una pena de prisión igual a la que fue sentenciado, la pena de multa vigente actualmente es considerablemente mayor, poniendo de manifiesto una discusión doctrinal en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, no solo porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, sino también porque cuando fue presentada la acción de revisión, ya no se encontraba en vigencia la norma más benigna.CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal, no siendo posible dar cabida al caso previsto en el artículo 906 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 222 del Código Penal derogado, 53, 373, 615, 616 del nuevo Código Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, en favor del señor el señor DENNIS JOSE RIVAS MCCOY contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor DENNIS JOSE RIVAS MCCOY por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "CX-0042". (Exp. No. 0101-2019-261). Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0963-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL