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Sentencia RP-96-22 — Registro 19224

Resumen

Se presenta recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria, con relación a la causa que se instruyó y condeno por delito de Tráfico de Drogas. siendo procedente su admisión y ordenando la libertad inmediata por haber cumplido su condena conforme a la legislación entrante, asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la LEY ESPECIAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS, derogada, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA, aplicando la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal de cuya pena de prisión oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que causan grave daño a la salud y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, en ambos supuestos se debe imponer una multa de CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. De acuerdo al análisis que corresponde debe aplicarse al caso concreto la pena de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS, siguiendo los parámetros de la sentencia dictada en su momento, ya que la droga decomisada a los privados de libertad según la revisión del expediente en los folios del 116 al 130 es Cocaína/ Clorhidrato; por lo que corresponde hacer la rebaja de un cuarto (1/4) a la pena mínima en virtud de que fueron condenados por la medida alterna del Procedimiento Abreviado quedando en la presente causa una pena mínima de CINCO (5) AÑOS TRES (3) MESES, quedando a la PENA CONCRETA DE CINCO (5) AÑOS TRES (3)MESES, de prisión, más multa que siguiendo los referidos parámetros de la sentencia en Revisión debe aplicarse la rebaja de 1/4 siempre al mínimo de la multa; en consecuencia de acuerdo al artículo 311, del vigente Código Penal que establece una multa a imponer va de 100 a 500 días, en este caso se deberá imponer una multa de setenta y cinco (75) días a razón de veinte lempiras (Lps. 20.00) por día; esto bajo la fórmula establecida en el artículo 53 del código penal que ya establece valores y rangos para definir la pena de días multa, esto más las penas accesorias correspondientes, por el tiempo que dure la condena..." …" Al revisar los antecedentes y el cómputo de la pena emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán (folios 470 y 474 de la pieza de antecedentes del A-quo), verificamos que los condenados están recluidos desde el 24 de Agosto del año 2017, concluyendo que a la fecha de interposición de la presente garantía de revisión penal, tenían cuatro años, cinco meses de efectiva reclusión, estando en efectiva prisión como lo expone el garantista en su escrito de interposición del presente recurso de Revisión Penal. Por lo tanto, es procedente aplicar el artículo 101.1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado, asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena..."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado ROGER JOAQUIN ORDOÑEZ CANALES, a favor de los señores CESAR BLADIMIR COREA LARA Y JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, de fecha veintiuno de Mayo del dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra los señores CESAR BLADIMIR COREA LARA Y JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA por los delito de TRAFICO DE DROGAS , en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. 1) En fecha diez (25) de agosto de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras con jurisdicción territorial nacional en materia penal, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el Abogado JOSE ROGELIO COREA CASTILLO, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA, DENY LEONEL MENDOZA POSADAS, CESAR BLADIMIR COREA LARA Y JOSE RICARDO BADOS ALEMAN por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y ESTUPEFACIENTES AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 54 al 60 de la pieza de los antecedentes). 2) Que en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán , dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: CONDENANDO a los imputados JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA, por el tipo Penal de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION MAS UNA MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.750,000.00) MAS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena a cada uno de los imputados.- Medida que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Departamento de Francisco Morazán, quedando sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. SEGUNDO: Se declara la responsabilidad civil de los imputados JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. TERCERO: No procede la condena en costas personales ni procesales. CUARTO: Que se notifique a las partes intervinientes de la sentencia. (Folios 438 al 441 de la pieza de los antecedentes)3) En fecha trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante WAGNER VALLECILLO PAREDES , con la comparecencia del abogado YULIBETH GARAY HERNANDEZ , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado ROGER JOAQUIN ORDOÑEZ CANALES actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores CESAR BLADIMIR COREA LARA Y JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA; El Ministerio Público consideró: Apreciación JURÍDICA: Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1) .., 2) .., 3) ..., 4) .., 5) ... 6) .... 7)…… 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que con la entrada en vigencia del actual Código Penal, como norma sustantiva, Y en aplicación del artículo 311, su representado puede obtener un beneficio, ya que a la fecha ha cumplido la pena por estar detenido desde el veinticuatro (24) de agosto del año 2017, por lo que a la fecha tiene cinco (5) años siete (7) meses ocho (8) días en efectiva prisión y, por ende, solicita se ordene la libertad de Cesar Bladimir Corea Lara. Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. las faltas cometidas hasta el día de entrada en delitos vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas excepto si las disposiciones del código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, presente excepto si las disposiciones del Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Sí de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre 10s cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... Que del examen de los antecedentes, se aprecia que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, condenó a Cesar Bladimir Corea Lara, a la pena de once (11) años tres (3) meses de prisión y una multa de setecientos cincuenta mil (L.750,000.00) lempiras, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el 18 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que sancionaba esta infracción con la imposición de una pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de lempiras, más las accesorias que correspondan. Por otra parte, el actual Código Penal aprobado mediante Decreto No.130-2017, en el artículo 311, dispone: " Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y siete (7) años a diez (10) años en los demás anexos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días. En ese sentido, resulta necesario pronunciarnos en atención a la condición procesal del sentenciado Cesar Bladimir Corea Lara, de acuerdo a los hechos probados se practicó allanamiento en la vivienda del sentenciado, donde se encontró indicios del ilícito penal, en razón de diligencias investigativas de vigilancia realizadas por agentes de DICN, que el sentenciado y otro se dedicaban a la venta de drogas donde se le encontró 38,26g de cocaína/clorhidrato, por lo que la pena aplicar será de siete 7) a diez (10) años, rebajada en un cuarto (1/4) en vista de haberse sometido al procedimiento abreviado, resultando en una pena concreta de cinco (5) años tres (3) meses de reclusión y una multa de 100 días, rebajada en un cuarto (1/4) resultando una multa de setenta y cinco (75) días, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Que el revisionista señala que la pena aplicable seria la estipulada en el artículo 312 numeral 1).2).3).4).5) La cantidad Objeto del delito es de especial Importancia Código Penal Vigente; y de acuerdo a la examinación de los cantidad antecedentes del caso, la decomisada Cocaína/clorhidrato, de droga es de 38.26g de en tal sentido en apego a la objetividad del caso, le es aplicable lo estipulado el artículo 311 del Código Penal Vigente, por no concurrir las circunstancias señaladas en el artículo precitado. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal encuentra, del análisis comparativo entre el marco punitivo de las penas establecidas en el Código Penal vigente si resultan más favorable al sentenciado, por 1o que es procedente declarar con lugar el recurso de revisión de mérito. VII. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE SE OTORGUE la presente acción de revisión, conforme los argumentos que preceden. Acto seguido, cedió la palabra al Abogado PEDRO ENRIQUE ESCOBAR COREA en su condición Representante de la Procuraduría General de la República a efecto de que ésta presente la oposición del ente acusador al recurso de revisión de mérito, y presente las pruebas que estime pertinentes, haciéndolo de la Siguiente manera: muchas gracias su señoría he revisado el caso del señor y se ha visto que efectivamente la nueva ley le favorece por 1 que consideramos que es procedente la peticionado por recurrente. (Folios 26 al 29 de la pieza del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional y 186 constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista señala en el párrafo de los antecedentes que sus representados los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA, “en fecha veintiuno (21) de mayo del dos mil diecinueve (2019), fueron condenados mediante el procedimiento abreviado, como autores, responsables del delito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiéndoles a cada uno, una pena ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES de reclusión, más una MULTA de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.750,000.00), más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena.CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día trece de abril dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado ROGER JOAQUIN ORDOÑEZ CANALES, quién actúa en representación de los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA y la abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida la palabra al Abogado ROGER JOAQUIN ORDOÑEZ CANALES, expuso: que ratifica el recurso extraordinario de revisión presentado ante esta Sala contra la Sentencia condenatoria, en fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve”; que estando vigente el nuevo Código Penal que entró en vigencia el 25 de Junio del 2020; solicitando de acuerdo al artículo 311 y 312 del Código Penal Vigente y al principio de retroactividad; pena mínima de siete años, seis meses y una multa mínima de 225 días.- Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando en su parte conducente: “El Ministerio Público, por ley es llamado a conocer el recurso de revisión penal. Interpuesto por el Abogado ROGER JOAQUIN ORDOÑEZ CANALES, a favor del señor Cesar Bladimir Corea Lara, en contra de la sentencia condenatoria de Procedimiento Abreviado dictada por el Juzgado de Letras penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, en fecha veintiuno de mayo del 2019, en la causa que se le instruyó por el DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena de 11 años, 3 meses de reclusión más una multa de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS (lps.750,000.00), más las penas accesorias correspondientes, por lo que rinde el siguiente dictamen; I ANTECEDENTES: 1 (referidos en las línea que preceden). CONSIDRANDO (5): Que el representante del Ministerio Público en su dictamen numeral II de la APRECICION JURIDICA expone….“Después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la sentencia definitiva, emitida en fecha 21 de mayo del año 2019, con fundamento en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, decreto ( 130-2017), el cual, es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “ Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…, 5)…, 6)…, 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…,” relacionada con los artículo 615 y 616 del nuevo código penal, que disponen. CONSIDERANDO (6): Que el Artículo 615 “Retroactividad de la Ley Penal: Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. CONSIDERANDO (7): Que el Ministerio Público, expone el análisis realizado a la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias psicotrópicas derogado, que en su artículo 18 establece: “El que trafique con drogas estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de un millón a cinco millones de Lempiras”. En el Nuevo Código Penal Vigente( decreto 130-2017), con relación al delito de tráfico Ilícito de Drogas regulado en el artículo 311 que establece: “Quien realice actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier otra forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquello fines debe ser castigado con la pena de prisión de 4 a 7 años si se trata de drogas que no causen grave daño a la salud y de 7 a 10 años en los demás casos en ambos supuestos se debe imponer además multa de 100 a 500 días”.CONSIDERANDO (8): Que la representante del Ministerio Público expone: que en nuestro ordenamiento jurídico la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Aplicando en este caso la pena de 7 a 10 años y con la rebaja de ¼ por la aplicación del Procedimiento Abreviado, queda una pena abstracta de cinco años tres meses a siete años seis meses (5 años 3 meses a 7 años 6 meses) de reclusión. En ese mismo orden de ideas el Ministerio Público emite opinión solamente por uno de los condenados que es el señor CESAR BLADIMIR COREA LARA; aunque sí bien es cierto, la solicitud de Revisión Penal y la audiencia de Oposición realizada en fecha trece de abril del dos mil veintitrés, es por los dos privados de libertad los señores CESAR BLADIMIR COREA LARA Y JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA.- Así mismo contempla una multa de 100 a 500 días y al hacer la rebaja correspondiente por la aplicación del procedimiento abreviado de ¼, quedaría en una pena de multa de 75 días a 375 días, lo anterior de conformidad con los criterios establecidos para determinar la ley más favorable según el artículo 53 y 616 del nuevo código penal. Por todo ello de acuerdo al razonamiento anterior, se pronuncia porque se OTORGUE la presente acción de revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (9): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado….”. CONSIDERANDO (10): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO (11): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO (12): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO (13): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (14): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO (15): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA, fueron condenados por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha 21 de mayo del 2019, a la pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSION, más una MULTA DE SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS CADA UNO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 5, numeral 34 relacionado con el artículo 18 de La Ley Especial Contra el Tráfico de Drogas, estimando que el condenado cometió el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en relación a una promulgada que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (16): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA , la pena principal de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUSIÓN, más una multa de SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS a TRES MILLONES DE LEMPIRAS y las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por haber sido encontrado responsables como autores de un delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 5 numeral 34 relacionado con el artículo 18 de la Ley Especial Contra el Tráfico de Drogas. Que el condenado se sometió al procedimiento abreviado en consecuencia procede la rebaja de UN CUARTO (1/4) de la pena a imponer, en base al mínimo de la pena, señalada en quince años, la que una vez realizada la rebaja de un cuarto (1/4) corresponde una pena concreta de ONCE AÑOS TRES MESES DE RECLUCIÓN más una multa de SETECIENTOS CIENCUENTA MIL LEMPIRAS, más las PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO (17): Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la LEY ESPECIAL CONTRA EL TRAFICO DE DROGAS, derogada, por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA, aplicando la pena regulada en el artículo 311 del vigente Código Penal de cuya pena de prisión oscila entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que causan grave daño a la salud y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, en ambos supuestos se debe imponer una multa de CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. De acuerdo al análisis que corresponde debe aplicarse al caso concreto la pena de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS, siguiendo los parámetros de la sentencia dictada en su momento, ya que la droga decomisada a los privados de libertad según la revisión del expediente en los folios del 116 al 130 es Cocaína/ Clorhidrato; por lo que corresponde hacer la rebaja de un cuarto (1/4) a la pena mínima en virtud de que fueron condenados por la medida alterna del Procedimiento Abreviado quedando en la presente causa una pena mínima de CINCO (5) AÑOS TRES (3) MESES, quedando a la PENA CONCRETA DE CINCO (5) AÑOS TRES (3)MESES, de prisión, más multa que siguiendo los referidos parámetros de la sentencia en Revisión debe aplicarse la rebaja de 1/4 siempre al mínimo de la multa; en consecuencia de acuerdo al artículo 311, del vigente Código Penal que establece una multa a imponer va de 100 a 500 días, en este caso se deberá imponer una multa de setenta y cinco (75) días a razón de veinte lempiras (lps. 20.00) por día; esto bajo la fórmula establecida en el artículo 53 del código penal que ya establece valores y rangos para definir la pena de días multa, esto más las penas accesorias correspondientes, por el tiempo que dure la condena. CONSIDERANDO (18): Al revisar los antecedentes y el cómputo de la pena emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán (folios 470 y 474 de la pieza de antecedentes del A-quo), verificamos que los condenados están recluidos desde el 24 de Agosto del año 2017, concluyendo que a la fecha de interposición de la presente garantía de revisión penal, tenían cuatro años, cinco meses de efectiva reclusión, estando en efectiva prisión como lo expone el garantista en su escrito de interposición del presente recurso de Revisión Penal. Por lo tanto, es procedente aplicar el artículo 101.1 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.8, 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ROGER JOAQUIN ORDOÑEZ CANALES, a favor de los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha veintiuno de mayo del dos mil diecinueve; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA, por el delito TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los Señores JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA Y CESAR BLADIMIR COREA LARA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de TRAFICO DE DROGAS a la pena de CINCO (5) AÑOS TRES (3) MESES de prisión, más una pena multa de 75 DÍAS a razón de veinte lempiras por día para un monto total de mil quinientos lempiras exactos (L. 1,500.00); más las penas accesorias correspondientes, por el tiempo que dure la condena. Sin la concurrencia de circunstancias agravantes, ni atenuantes, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. IV) Que el Juzgado de Ejecución con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, declare extinguida la responsabilidad penal de los señores CESAR BLADIMIR COREA LARA Y JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA, por el cumplimiento de la condena por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS; V) Se le ordena al Juzgado de Ejecución, con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal extienda Carta de Libertad definitiva y nota de Excarcelación a favor de los señores CESAR BLADIMIR COREA LARA Y JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ OSEGUERA, por el cumplimiento de la condena. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. – FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0096-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL