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Sentencia RP-947-22 — Registro 20009

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Desobediencia en perjuicio de la Administración Pública del Estado en aplicabilidad del Principio de Retroactividad en materia penal, estima esta Sala, la no procedencia de la retroactividad de la Ley penal, al considera que la pena privativa de libertad, sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal, y por tanto, no reúne los requisitos establecidos en la ley para aplicar la retroactividad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."undamentación de la Sala de lo Constitucional, para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso al señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, las penas principales de un (1) AÑO DE RECLUSIÓN, por ser autor penalmente responsable de un delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad. Esta Sala de lo Constitucional, procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se condenó al hoy imputado: El Código Penal, Decreto 144-83, en su artículo 346 establecía: Quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. En el Nuevo Código Penal Vigente (decreto 130-2017) con relación al delito de Desobediencia, se encuentran tres artículos sobre el delito que se encuentra regulado en el artículo 525, 572, establece: Artículo 525. Desobediencia a Mandato Fiscal o Judicial. Quien teniendo obligación legal de comparecer y habiendo sido legalmente citado por segunda vez por el órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio Púbico (MP), se abstiene de comparecer sin causa legal, debe ser castigado con la pena de multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, sin perjuicio de la obligación de cumplir con el mandato. Artículo 572. Desobediencia. Quienes, sin estar comprendidos en los artículos anteriores, desobedecen gravemente a la autoridad, funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) meses a dos (2) años. Que al realizar el análisis pertinente se desprende del Hecho Probado, que el señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA fue notificado en legal y debida forma de la sentencia que dictó CON LUGAR el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica, por hechos constitutivos de violencia domésticas realizados en perjuicio de Lesbia Johana Pavon Aguilar, de que se le había impuesto la sanción de prestación de servicios a la comunidad por el término de un mes y la remisión a consejerías familiares, siendo informado el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, por parte de la Secretaria Adjunta Alba Valladares del cumplimiento obligatorio de dicha sanción, asimismo por parte de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de control de sancionados por Violencia Domestica quien informó en fecha primero de diciembre del año dos mil catorce, que el señor Jose Francisco Salinas Baca, no cumplió con la prestaciones de servicios a la comunidad. Y por tanto se le debe de aplicar lo que establece el artículo 572 que dice: “Desobediencia. Quienes, sin estar comprendidos en los artículos anteriores, desobedecen gravemente a la autoridad, funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y no el artículo 525 como lo solicita el revisionista, pues su representado ha desobedecido a la autoridad (Juzgado de Letras de Violencia Doméstica) al no cumplir la sanción que se le impuso, al declararse con lugar la Violencia Doméstica ejercida sobre la señora LESBIA JOHANA PAVON AGUILAR pues el artículo señalado se debe de aplicar cuando se ha desobedecido una citación de comparecencia, lo que no ocurre en el caso de auto. En consecuencia, al hacer los cálculos de la nueva pena a imponer, se Determina que la pena a imponer es de seis (&) meses a dos (2) años de reclusión Rango que es el mismo con el que fue condenados el hoy solicitante de esta revisión. De lo antes descrito, se visualiza que la nueva norma penal no reduce la pena a la que fue condenado el sentenciado JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, pues la pena a imponer estaría en el mismo rango de pena abstracta SEIS (6) MESES A DOS (2)AÑOS de la que le fue impuesta, por lo que estima esta Sala, la no procedencia de la retroactividad de la Ley penal, pues según el Artículo 616 del Código Penal Vigente, párrafo cuarto, no se considera que la pena privativa de libertad, sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal, y por tanto, no reúne los requisitos establecidos en la ley para aplicar la retroactividad. "

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."undamentación de la Sala de lo Constitucional, para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso al señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, las penas principales de un (1) AÑO DE RECLUSIÓN, por ser autor penalmente responsable de un delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad. Esta Sala de lo Constitucional, procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se condenó al hoy imputado: El Código Penal, Decreto 144-83, en su artículo 346 establecía: Quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. En el Nuevo Código Penal Vigente (decreto 130-2017) con relación al delito de Desobediencia, se encuentran tres artículos sobre el delito que se encuentra regulado en el artículo 525, 572, establece: Artículo 525. Desobediencia a Mandato Fiscal o Judicial. Quien teniendo obligación legal de comparecer y habiendo sido legalmente citado por segunda vez por el órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio Púbico (MP), se abstiene de comparecer sin causa legal, debe ser castigado con la pena de multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, sin perjuicio de la obligación de cumplir con el mandato. Artículo 572. Desobediencia. Quienes, sin estar comprendidos en los artículos anteriores, desobedecen gravemente a la autoridad, funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) meses a dos (2) años. Que al realizar el análisis pertinente se desprende del Hecho Probado, que el señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA fue notificado en legal y debida forma de la sentencia que dictó CON LUGAR el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica, por hechos constitutivos de violencia domésticas realizados en perjuicio de Lesbia Johana Pavon Aguilar, de que se le había impuesto la sanción de prestación de servicios a la comunidad por el término de un mes y la remisión a consejerías familiares, siendo informado el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, por parte de la Secretaria Adjunta Alba Valladares del cumplimiento obligatorio de dicha sanción, asimismo por parte de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de control de sancionados por Violencia Domestica quien informó en fecha primero de diciembre del año dos mil catorce, que el señor Jose Francisco Salinas Baca, no cumplió con la prestaciones de servicios a la comunidad. Y por tanto se le debe de aplicar lo que establece el artículo 572 que dice: “Desobediencia. Quienes, sin estar comprendidos en los artículos anteriores, desobedecen gravemente a la autoridad, funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y no el artículo 525 como lo solicita el revisionista, pues su representado ha desobedecido a la autoridad (Juzgado de Letras de Violencia Doméstica) al no cumplir la sanción que se le impuso, al declararse con lugar la Violencia Doméstica ejercida sobre la señora LESBIA JOHANA PAVON AGUILAR pues el artículo señalado se debe de aplicar cuando se ha desobedecido una citación de comparecencia, lo que no ocurre en el caso de auto. En consecuencia, al hacer los cálculos de la nueva pena a imponer, se Determina que la pena a imponer es de seis (&) meses a dos (2) años de reclusión Rango que es el mismo con el que fue condenados el hoy solicitante de esta revisión. De lo antes descrito, se visualiza que la nueva norma penal no reduce la pena a la que fue condenado el sentenciado JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, pues la pena a imponer estaría en el mismo rango de pena abstracta SEIS (6) MESES A DOS (2)AÑOS de la que le fue impuesta, por lo que estima esta Sala, la no procedencia de la retroactividad de la Ley penal, pues según el Artículo 616 del Código Penal Vigente, párrafo cuarto, no se considera que la pena privativa de libertad, sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal, y por tanto, no reúne los requisitos establecidos en la ley para aplicar la retroactividad. "

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado FERNANDO GONZALEZ RIVERA, a favor del Señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, por el delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Exp. No. 647-2021-J3). SON PARTE Abogado FERNANDO GONZALEZ RIVERA, a favor del señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA. Abogada SACRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. ANTECEDENTES 1)Que en fecha veintiuno (21) de diciembre del dos mil quince (2015), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, abogada ESTELA DOROTHY ESCOBAR GUARDIOLA, presentó requerimiento fiscal en contra JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, por suponerlo responsable del delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de ADMINISTRACION PUBLICA. (Folios 2 del recurso de mérito). 2)Que en fecha cuatro (04) de junio del dos mil veintiuno (2021) El TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, dictó sentencia mediante la cual, FALLA: PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al acusado JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, cuyas menciones de generales, ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de un delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, por lo cual se le impone una pena de UN (1) AÑO de reclusión, misma que se ha de computar descontando el tiempo que el acusado haya permanecido privado de libertad por esta causa como consecuencia de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, la que deberá cumplir el condenado en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución competente. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR al acusado JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también, a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. TERCERO: No procede la condena del acusado JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del acusado JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No se decreta el comiso por no haber sido puesta a disposición de este Tribunal de Sentencia pieza de convicción o ejecución alguna. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así, por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 95-97 del recurso de mérito). 3) En fecha nueve(09) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERRATO con la comparecencia de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado FERNANDO GONZALES RIVERA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA; Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1) ..., 2) .., 3) ..., 4) .., 5) ..., 6) ..., 7)..8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que las disposiciones contenidas en el Código Penal vigente son más favorables a su pena examinar las presentes diligencias extrae efectivamente el señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS BACA fue condenado por el delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, a una pena de un (1) año de reclusión, sin embargo consta agregado a folio 32 del expediente de mérito auto emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha 14 de septiembre del año 2023, en el cual se establece que el sentenciado JOSÉ FRANCISCO SALINAS BACA No se encuentra habido, lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy se revé y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, de lo cual se infiere que la lesión generada al bien protegido y que ha sido infringido conlleva una sanción por el daño ocasionado a las víctimas de un hecho ilícito, la que en este caso ha sido incumplida por el condenado y que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en dicha sentencia condenatoria, caso contrario, dicho fallo condenatorio se convertiría en una simple declaración formal carente de seguridad jurídica y de realizar debidamente el legítimo propósito del proceso penal consistente en el aseguramiento del imputado al juicio y al cumplimiento de una condena. Siguiendo este orden de ideas, debemos señalar que la norma sustantiva vigente establece en el Artículo 618 10 siguiente: Penas Suspendidas. "si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad no es procedente el Recurso de Revisión interpuesto en vista que los sentenciados se encuentran bajo Libertad Condicional". De LO expuesto debemos resaltar que el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido aprobado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sancionados por la comisión de delitos o que están siendo sometidos a procesos penales, lo cual no ocurre en el caso de autos pues al no encontrarse habido el Imputado nos imposibilita contar con el Computo de Pena de Reclusión que realiza el Juzgado de Ejecución penal en el cual se establezca con precisión la fecha desde la cual ha estado en efectiva prisión el sentenciado JOSÉ FRANCISCO SALINAS BACA, si no ha sido procesada y/o condenado por otros delitos por lo que esta Representación fiscal es de la opinión que en el caso sub -examine no es procedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. Acto seguido, cedió la palabra a la Abogada LOURDES ELENA BARRIENTOS SAEURY en su condición Representante de la Procuraduría General de la República efecto de que ésta presente oposición del ente acusador recurso de revisión de mérito, presente las pruebas que estime pertinentes haciéndolo de la Siguiente manera: Gracias su señoría, Buenos días a todos aquí presentes. Después de haber revisado las presentes diligencias el Tribunal de sentencia, fue en fecha, cuatro de junio del dos mil veintiuno, dicto sentencia condenatoria contra el señor José Francisco Salinas васа, la pena de prisión de año por el delito de desobediencia más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Esta representación legal del Estado de Honduras, después de haber hecho un estudio del presente caso aprecia que el revisionista en su escrito de interposición del recurso solicita que se revea la sentencia dictada por Se hablas DEASSIVAS. revisionista, la procuradora general del Estado procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de desobediencia. Vemos que en el Código Penal derogado decreto 144-83 la desobediencia se establece en el artículo 346 a una pena de prisión de 1 año en el decreto, en el nuevo código decreto 132017, establece que debe ser castigado con la pena de multa de 300 a 500 días. Por lo que esta representación legal del Estado hace la revisión, solicita que se declare con lugar lo peticionado por el revisionista y que en la presente acción solamente solicitamos que se declare con lugar. (Folios 46-49 vuelto del recurso de mérito). HECHOS PROBADOS “UNICO: En fecha primero de Febrero del año dos mil trece, el señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA fue notificado en legal y debida forma de la sentencia que dicto CON LUGAR el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, por hechos constitutivos de violencia doméstica realizados en perjuicio de Lesbia Johana Pavon Agilar, a quien se le impuso la sanción de prestación de servicios a la comunidad por el término de un mes y la remisión a consejerías familiares. Siendo informados el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, por parte de La Secretaria Adjunta Alba Valladares del cumplimiento obligatorio de dicha sanción; asimismo, por parte de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de control de sancionados por Violencia Domestica quien informo en fecha primero de diciembre del año dos mil catorce, que el señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA no cumplió con la prestación de servicios a la comunidad.” FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla, instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que: “…el principio de la Retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha nueve de mayo del año dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, manifestando el Abogado FERNANDO GONZALES RIVERA, apoderado legal del señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, que ratifica e recurso extraordinario de Revisión Penal a favor del ciudadano José Francisco Salinas Baca, quien fue sentenciado por ser responsable de la comisión del delito de Desobediencia en perjuicio de la Administración Pública, a quien se le sentenció a una pena de 1 año de reclusión, mismo que las penas accesorias de inhabilitación especial y por interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal por el cumplimiento de una sanción por los juzgado de Violencia Doméstica de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán, y solicita la retroactividad de la ley, en virtud de que la pena impuesta en el nuevo código penal, ha sido reducida, ya no es privativa de libertad en el Decreto 130-2017. Es así, que esta ley le es más beneficiosa porque su representado solo tendría que pagar dicha pena de multa si la Sala de lo Constitucional admite la solicitud de revisión de retroactividad de la ley. Por su parte, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público establece que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes cuando: 1) ..., 2) .., 3) ..., 4) .., 5) ..., 6) ..., 7)..8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que las disposiciones contenidas en el Código Penal vigente son más favorables a su pena examinar las presentes diligencias extrae efectivamente el señor JOSÉ FRANCISCO SALINAS BACA fue condenado por el delito de DESOBEDIENCIA, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, a una pena de un (1) año de reclusión, sin embargo consta agregado a folio 32 del expediente de mérito auto emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha 14 de septiembre del año 2023, en el cual se establece que el sentenciado JOSÉ FRANCISCO SALINAS BACA, no se encuentra habido, lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy se revé y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de pena, ya que la responsabilidad penal fue declarada como consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho contrario al orden jurídico, de lo cual, se infiere que la lesión generada al bien protegido y que ha sido infringido conlleva una sanción por el daño ocasionado a las víctimas de un hecho ilícito, la que en este caso ha sido incumplida por el condenado y que deviene en la obligación legal de cumplir con la pena impuesta en dicha sentencia condenatoria, caso contrario, dicho fallo condenatorio se convertiría en una simple declaración formal carente de seguridad jurídica y de realizar debidamente el legítimo propósito del proceso penal consistente en el aseguramiento del imputado al juicio y al cumplimiento de una condena. Siguiendo este orden de ideas, debemos señalar que la norma sustantiva vigente establece en el Artículo 618 lo siguiente: Penas Suspendidas. "si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad no es procedente el Recurso de Revisión interpuesto en vista que los sentenciados se encuentran bajo Libertad Condicional". De lo expuesto debemos resaltar que el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido aprobado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sancionados por la comisión de delitos o que están siendo sometidos a procesos penales, lo cual no ocurre en el caso de autos pues al no encontrarse habido el Imputado nos imposibilita contar con el Computo de Pena de Reclusión que realiza el Juzgado de Ejecución penal en el cual se establezca con precisión la fecha desde la cual ha estado en efectiva prisión el sentenciado JOSÉ FRANCISCO SALINAS BACA, si no ha sido procesada y/o condenado por otros delitos por lo que esta Representación fiscal es de la opinión que en el caso sub -examine no es procedente la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. Por su parte la Abogada LOURDES ELENA BARRIENTOS SAEURY en su condición Representante de la Procuraduría General de la República establece que después de haber revisado las presentes diligencias el Tribunal de sentencia, fue en fecha, cuatro de junio de los dos mil veintiunos, dicto sentencia condenatoria contra el señor José Francisco Salinas Baca, la pena de prisión de año por el delito de desobediencia más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Esta representación legal del Estado de Honduras, después de haber hecho un estudio del presente caso aprecia que el revisionista en su escrito de interposición del recurso solicita que se revea la sentencia dictada, en contra del revisionista, la procuradora general del Estado procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de desobediencia. Vemos que en el Código Penal derogado decreto 144-83 la desobediencia se establece en el artículo 346 a una pena de prisión de 1 año en el decreto, en el nuevo código decreto 132017, establece que debe ser castigado con la pena de multa de 300 a 500 días. Por lo que esta representación legal del Estado hace la revisión, solicita que se declare con lugar lo peticionado por el revisionista y que en la presente acción solamente solicitamos que se declare con lugar. (Folios 46-49 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP 130-2017, bajo las siguientes reglas: a) Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b) Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. C) Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala, previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional, para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso al señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, las penas principales de un (1) AÑO DE RECLUSIÓN, por ser autor penalmente responsable de un delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad. Esta Sala de lo Constitucional, procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito por el cual se condenó al hoy imputado: El Código Penal, Decreto 144-83, en su artículo 346 establecía: Quien desobedezca a una autoridad negándose abiertamente a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes dictadas dentro de los límites de su competencia y revestidas de las formalidades legales, será penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años. En el Nuevo Código Penal Vigente (decreto 130-2017) con relación al delito de Desobediencia, se encuentran tres artículos sobre el delito que se encuentra regulado en el artículo 525, 572, establece: Artículo 525. Desobediencia a Mandato Fiscal o Judicial. Quien teniendo obligación legal de comparecer y habiendo sido legalmente citado por segunda vez por el órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio Púbico (MP), se abstiene de comparecer sin causa legal, debe ser castigado con la pena de multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, sin perjuicio de la obligación de cumplir con el mandato. Artículo 572. Desobediencia. Quienes, sin estar comprendidos en los artículos anteriores, desobedecen gravemente a la autoridad, funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) meses a dos (2) años. Que al realizar el análisis pertinente se desprende del Hecho Probado, que el señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA fue notificado en legal y debida forma de la sentencia que dictó CON LUGAR el Juzgado Especial contra la Violencia Domestica, por hechos constitutivos de violencia domésticas realizados en perjuicio de Lesbia Johana Pavon Aguilar, de que se le había impuesto la sanción de prestación de servicios a la comunidad por el término de un mes y la remisión a consejerías familiares, siendo informado el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica, por parte de la Secretaria Adjunta Alba Valladares del cumplimiento obligatorio de dicha sanción, asimismo por parte de la Gerencia de Desarrollo Humano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central de control de sancionados por Violencia Domestica quien informó en fecha primero de diciembre del año dos mil catorce, que el señor Jose Francisco Salinas Baca, no cumplió con la prestaciones de servicios a la comunidad. Y por tanto se le debe de aplicar lo que establece el artículo 572 que dice: “Desobediencia. Quienes, sin estar comprendidos en los artículos anteriores, desobedecen gravemente a la autoridad, funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones, deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y no el artículo 525 como lo solicita el revisionista, pues su representado ha desobedecido a la autoridad (Juzgado de Letras de Violencia Doméstica) al no cumplir la sanción que se le impuso, al declararse con lugar la Violencia Doméstica ejercida sobre la señora LESBIA JOHANA PAVON AGUILAR pues el artículo señalado se debe de aplicar cuando se ha desobedecido una citación de comparecencia, lo que no ocurre en el caso de auto. En consecuencia, al hacer los cálculos de la nueva pena a imponer, se Determina que la pena a imponer es de seis (&) meses a dos (2) años de reclusión Rango que es el mismo con el que fue condenados el hoy solicitante de esta revisión. De lo antes descrito, se visualiza que la nueva norma penal no reduce la pena a la que fue condenado el sentenciado JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, pues la pena a imponer estaría en el mismo rango de pena abstracta SEIS (6) MESES A DOS (2)AÑOS de la que le fue impuesta, por lo que estima esta Sala, la no procedencia de la retroactividad de la Ley penal, pues según el Artículo 616 del Código Penal Vigente, párrafo cuarto, no se considera que la pena privativa de libertad, sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal, y por tanto, no reúne los requisitos establecidos en la ley para aplicar la retroactividad. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado FERNANDO GONZALES RIVERA, a favor del señor JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, contra la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, de fecha cuatro de junio del año dos mil veintiuno, en el proceso instruido contra JOSE FRANCISCO SALINAS BACA, por el delito de DESOBEDIENCIA en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Vallecillo Paredes.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-947-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL