Sentencia RP-943-23 — Registro 18906
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por el delito del delito de facilitación de medios de transporte para tráfico de drogas en perjuicio de la salud de la población del estado de Honduras.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (6): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. 1.-Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se revisa el señor JAVIER ALEXANDER ROSALES MACHADO fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve, en aplicación de la figura jurídica de la Estricta Conformidad de las partes, a la PENA PRINCIPAL de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 50,000.00), por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Verificándose según Padrón Fotográfico que obra a folio 24 de la pieza principal que los apellidos del condenado son ROSALES ARCHAGA, por ende, debe rectificarse su segundo apellido en la presente sentencia. 2.-Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRÁFICO DE DROGAS, previsto en el artículo 311, prevé para el caso en estudio, una pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) días, ello relacionado con lo establecido en los artículos 53 y 321 de la misma norma penal. Al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, es así que la Multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L 20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (L 5,000.00), en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 100 días y el valor mínimo de 20 lempiras, correspondería una multa de DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00). y al no existir circunstancias atenuantes y agravantes, por el acuerdo de estricta conformidad en atención a lo establecido en el artículo 322 del Código Procesal Penal. 3.- Que conforme los hechos probados que contiene la sentencia que se revisa, estos encuadran con lo establecido en el artículo 311, relacionado con el artículo 321 del Decreto 130-2017, ello es así, porque al condenado se le encontró en posesión de ciento veintitrés coma siete gramos (123,7g) de marihuana; droga que se entiende no causa grave daño a la salud, según lo determina la nueva norma penal en su artículo 321, segundo párrafo, asimismo la cantidad decomisada no se considera de especial importancia, por ello se deben aplicar las penas mínimas, tanto la privativa de la libertad, como la multa, según el acuerdo al que se llegó al momento de dictar la sentencia condenatoria que ahora se revisa. En ese orden de ideas la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas creado mediante Decreto 126-89, artículo recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 632 numeral 6 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veinticinco. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS DICTA: La Sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal SCO 943-2023, promovido por el Abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve, mediante la cual falló Primero: Que debemos condenar y condenamos al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES MACHADO cuyas generales han sido anteriormente consignadas como autor responsable penalmente del delito de FACILITACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de SEIS AÑOS DE RECLUSION y una multa de CINCUENTA MIL LEMPIRAS, la cual deberá enterar en la Tesorería General de la República. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES MACHADO a las penas de inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Así como a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema Penitenciario Nacional. TERCERO: Declarar la responsabilidad civil del señor Javier Alexander Rosales machado, la cual deberá ser fijada en la etapa de ejecución de la Sentencia… SON PARTES: 1.- El abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ como revisionista en favor del condenado Javier Alexander Rosales Archaga. 2.- La abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA UNICO: El día 29 del junio del año dos mil diecinueve, siendo aproximadamente las seis de la tarde, con cuarenta minutos, agentes de investigación realizaban investigaciones por el delito de extorsión, venta de drogas de supuestos miembros de la mara Salvatrucha(MS 13) en la pulpería Jenny, quienes en ese instante observan a dos personas de diferentes sexos entre ellos al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, quien llevaba un bolso color negro en el hombro derecho, el cual contenía en su interior 50 bolsitas plásticas conteniendo marihuana con un peso total de Ciento Veintitrés coma siete gramos(123,7, al practicarle un registro personal a la persona del seño femenino se le encontró una cartera color negro la que cargaba en el hombre derecho la cual contenía en su interior 48 bolsitas plásticas transparentes, mismas que en su interior contenía hierba seca de marihuana, siendo ambos remitidos ante la autoridad competente. ANTECEDENTES PRIMERO: Del inicio del proceso.- En fecha treinta de junio de dos mil diecinueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada Sonia Castillo, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Javier Alexander Rosales Archaga y Ana Cecilia Cruz Suazo, por suponerlos responsables del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. (Folios 2-5 del antecedente) SEGUNDO: De la Sentencia Condenatoria. En fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES MACHADO cuyas generales han sido anteriormente consignadas, como autor responsable penalmente del delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps.50,000.00), la cual deberá de enterar en la Tesorería General de la República. A la pena de la cual se deberá descontar el tiempo que el acusado haya estado privado de su libertad como consecuencia de su detención y el cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva que se le hubiese impuesto por esta causa y que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que designe el Juez de Ejecución Competente. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES MACHADO a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, así como a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Declararla responsabilidad civil del señor JAVIER ALEXANDER ROSALES MACHADO la cual deberá ser fijada en la etapa de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales ni gastos personales ocasionados en el juicio en contra del señor JAVIER ALEXANDER ROSALES MACHADO. QUINTO: Se ordena la destrucción de la cantidad de Ciento Veintitrés comas siete (123,7) gramos de hierba seca de marihuana la cual se encuentra en custodia en el Almacén de Evidencia del Ministerio Publico, quien deberá de remitir la droga en mención al Juzgado de Ejecución Competente para su inmediata destrucción. SEXTO: Se absuelve al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES MACHADO del delito de POSESION DE DROGAD en virtud de haberse recalificado ese mismo hecho al delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico de Drogas. SEPTIMO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos…” (Folios 61-63 del antecedente) TERCERO: De la interposición de Recurso de Revisión Penal y su admisión por la Sala de lo Constitucional. En fecha veinte de julio de dos mil veintitrés, fue recibido en la Sala de lo Constitucional el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Carlos Eduardo Ávila Funez, a favor del señor Javier Alexander Rosales Archaga, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. La Sala admitió el recurso de mérito en fecha veintiséis de julio de dos mil veintitrés. (Folios 1-7 del recurso de mérito) CUARTO: De la celebración de la audiencia de Oposición y presentación de pruebas. En fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Carlos Eduardo Ávila Funez, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor Javier Alexander Rosales Archaga. El Ministerio Público consideró: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: Que del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro (24) de Octubre del año dos mil diecinueve (2019), condenó al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, por el delito de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo que a efecto de determinar si procede la aplicación retroactiva del actual Código Penal, es necesario fijar las penas a imponer conforme la norma sustantiva, tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes en la presente causa, como a continuación se expone: El delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, se encontraba regulado en la Ley del Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópica, el cual dispone lo siguiente: Articulo 22: Se le impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas. Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), con relación al delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS, dispone en Artículo 311 lo siguiente: "Quien realice actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier otra forma promueve, favorece 。 facilita el consumo ilegal de drogas toxicas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos, en ambos supuestos se debe imponer además multa de cien (100) a quinientos (500) días". Por otra parte, el artículo 53 del Código Penal vigente dispone: "PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de loa días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (lps.20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (lps.5,000)". De las normas trascritas se extrae que el artículo 311 del Código Penal vigente sanciona el ilícito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS conforme dos rangos de penas: la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En el presente caso, de la declaración de hechos valorados establecidos en la sentencia de mérito, se colige que el sentenciado llevaba un bolso color negro en el hombro derecho, conteniendo 50 bolsitas plásticas conteniendo hierba seca marihuana con un peso total de 123.7 gramos de marihuana, por lo que en este caso debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años ya que se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, de conformidad con lo estipulado en el artículo 321 segundo párrafo del Código Penal vigente. Asimismo, este ilícito penal contempla la pena de multa, por lo que en aplicación al precitado artículo 53 del nuevo Código Penal, correspondería imponer una multa mínima de 100 días. Al examinar lo peticionado por el revisionista, se estima que la nueva ley Penal efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III.OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” (Folios 26-29 del recurso de mérito) FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía Constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando esta se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha diecinueve de junio del dos mil veinticuatro, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, como garantista a favor del ciudadano JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la parte recurrente, al abogado Ávila Funez, para que hiciera uso de su derecho, expresando lo siguiente: Se ratifica el contenido de la solicitud de revisión de sentencia condenatoria, de fecha veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de sentencia de Tegucigalpa, solicitando Se aplique el principio de Retroactividad de la Ley Penal al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, quien fue condenado por el delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a una pena de 6 años de reclusión y una multa de Lps. 50,000.00 del artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. sustituirle la pena y multa por el artículo 311 del nuevo Código Penal vigente, en donde se solicita una pena mínima de 1 año y una multa de 100 días… Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA quien al hacer uso de la palabra consideró: “… Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, la pena a imponer por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, por el cual se condenó al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, es una pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días, según el artículo 311, que regula el delito de TRÁFICO DE DROGAS. El artículo 53, señala.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada… Bajo este examen se constata con los antecedentes, de los hechos declarados probados en la sentencia, así como del apartado de la fundamentación jurídica, que en el presente caso se encuentran acreditados que el sentenciado le decomisaron 123,7 gramos de hierba seca marihuana, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 del Código Penal corresponde aplicar una pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años, por tratarse de drogas que no causan grave daño a la salud de conformidad con lo estipulado en el artículo 321 segundo párrafo del Código Penal vigente, en cuanto señala que o causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo indico o americano o del cannabis sativa, más la pena de multa de cien (100) días, conforme lo señala el precitado artículo 53 del nuevo Código Penal. Al examinar lo peticionado por el revisionista, en atención a los mismos parámetros aplicados en la sentencia objeto de revisión que fue emitida en estricta conformidad, es que se estime que la ley Penal vigente efectivamente establece una pena más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO (4): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve, por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el Tráfico de Drogas, tipificado en el Artículo 22 de la LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, norma derogada según lo establecido en el Artículo 632.6) del Decreto 130-2017, que disponía “Se le impondrá la pena de seis a nueve años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras, a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aun a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 311 “Trafico de Drogas. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos”. En ambos supuestos se debe imponer, además multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente”. Seguidamente el artículo 321 establece las definiciones a saber: “Definiciones. Por droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica, se entiende cualquiera de las sustancias incluidas en las Listas I, II y IV de la Convención Única, y sus Protocolos, de Naciones Unidas sobre estupefacientes, hecha en Nueva York, de 1961 y en las Listas I, II, III y IV del Convenio y sus Protocolos, de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, hecho en Viena, el 21 de febrero de 1971. Se entiende que no causan grave daño a la salud los derivados del cáñamo indico o americano o del cannabis sativa. El resto de las drogas incluidas en las listas a las que se refiere el párrafo anterior se debe considerar que causan grave daño a la salud a los efectos del presente Código. Por cantidad de especial importancia se entienden las siguientes: 1) diez mil (10.000) gramos de marihuana, 2) mil (1000) gramos de hachís, 3) dos mil (2.000) gramos de cocaína o de alcaloide derivado de la cocaína, 4) sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados o, 5) doscientos (200) gramos de droga sintética o cuatrocientos (400) milímetros cuando la droga sintética se encuentre en solución. Por precursores se entienden las sustancias recogidas en los Cuadros I y II de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988”. CONSIDERANDO (5): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO (6): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. 1.-Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se revisa el señor JAVIER ALEXANDER ROSALES MACHADO fue condenado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve, en aplicación de la figura jurídica de la Estricta Conformidad de las partes, a la PENA PRINCIPAL de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN y una MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (LPS. 50,000.00), por el delito de FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS; según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, así como a trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Verificándose según Padrón Fotográfico que obra a folio 24 de la pieza principal que los apellidos del condenado son ROSALES ARCHAGA, por ende, debe rectificarse su segundo apellido en la presente sentencia. 2.-Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRÁFICO DE DROGAS, previsto en el artículo 311, prevé para el caso en estudio, una pena abstracta de cuatro (4) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) días, ello relacionado con lo establecido en los artículos 53 y 321 de la misma norma penal. Al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, es así que la Multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L 20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (L 5,000.00), en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético en aplicación de la multa mínima de 100 días y el valor mínimo de 20 lempiras, correspondería una multa de DOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,000.00). y al no existir circunstancias atenuantes y agravantes, por el acuerdo de estricta conformidad en atención a lo establecido en el artículo 322 del Código Procesal Penal. 3.- Que conforme los hechos probados que contiene la sentencia que se revisa, estos encuadran con lo establecido en el artículo 311, relacionado con el artículo 321 del Decreto 130-2017, ello es así, porque al condenado se le encontró en posesión de ciento veintitrés coma siete gramos (123,7g) de marihuana; droga que se entiende no causa grave daño a la salud, según lo determina la nueva norma penal en su artículo 321, segundo párrafo, asimismo la cantidad decomisada no se considera de especial importancia, por ello se deben aplicar las penas mínimas, tanto la privativa de la libertad, como la multa, según el acuerdo al que se llegó al momento de dictar la sentencia condenatoria que ahora se revisa. En ese orden de ideas la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme al artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas creado mediante Decreto 126-89, artículo recién derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la intervención del Agente de Tribunales del Ministerio Público, así como la Representación de la Procuraduría General de la República, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 311, 321, 615, 616 y 632.6) del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CARLOS EDUARDO AVILA FUNEZ, a favor del señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuesta al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, por el delito FACILITACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENAR por estricta conformidad de las partes, al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, cuyas generales han sido anteriormente consignadas, como autor responsable penalmente de un delito de TRÁFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, y una MULTA DE DOS MIL (LPS. 2,000.00) lempiras, la cual deberá enterar a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe, SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al señor JAVIER ALEXANDER ROSALES ARCHAGA, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación especial, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2). Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de febrero del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veintiocho de enero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0943-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL