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Sentencia RP-940-23 — Registro 19420

Resumen

Se interpuso Recursos de Revisión Penal (Acumulados) ambos recursos contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó contra los por los delitos de secuestro agravado, robo de vehículo y portación ilegal de armas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (11): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal derogado, la pena a imponer por el delito de secuestro era reclusión de veinte años a privación de la libertad de por vida, mientras que la pena regulada en el artículo 239 del vigente Código Penal, se impone una pena de ocho a doce años de reclusión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena y el articulo 240 dispone que será castigado con las penas de prisión de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) 2)…, 3)…,4) 5)…, 6)…, 7) El delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado. II. De los hechos probados se desprende que los señores Jorge Antonio Gutiérrez y Héctor Antonio Carrero retuvieron en contra de su voluntad por más de veinticuatro horas al señor Marlon David Ramírez con el propósito de obtener de sus familiares como precio por su libertad, una cantidad considerable de dinero en efectivo; asimismo, quedó probado que los acusados tuvieron participación directa en la custodia de la víctima al momento en que este era retenido en una vivienda destinada para tal efecto. Asimismo, quedó acreditado que el señor Jorge Antonio Gutiérrez, reúne todos los elementos típicos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal de portación ilegal de armas ya que el mismo no estaba autorizado por la autoridad competente para portar el arma de fuego. De igual manera se ha acreditado que al momento de ejecutar el hecho, los autores de apropiaron de un vehículo tipo pick up, introduciendo a la víctima para ser trasladada a un lugar determinado; configurándose de esta manera el tipo penal de robo de vehículo. Quedando acreditado de igual manera que el señor Jorge Antonio Gutiérrez reunió todos los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del tipo penal de portación ilegal de armas. III. Que de la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al delito de secuestro agravado, los señores Jorge Antonio Gutiérrez y Héctor Antonio Carrero, fueron condenados a una pena de veinticinco (25) años de prisión como pena principal e inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la condena; y al contemplar la nueva norma sustantiva en su artículo 239, establece que quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Y siendo que se trata de secuestro agravado, de acuerdo al artículo 240, las penas de prisión son de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en este caso por la concurrencia de la causal número 7: El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado. Por tanto, la nueva pena para los señores Jorge Antonio Gutiérrez y Héctor Antonio Carrero, sería de 15 años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; en consecuencia, la nueva pena se estima más favorable para los condenados; por tanto, resulta procedente la presente acción de revisión penal. En cuanto a la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, conforme al Código Penal derogado, según lo establecido en el artículo 218, la pena a imponer a los señores Jorge Antonio Gutiérrez y Héctor Antonio Carrero, por el delito de robo de vehículo, era de diez (10) a quince (15) años de reclusión; siendo que fueron condenados en la sentencia condenatoria de fecha doce de septiembre de dos mil ocho a la pena de diez (10) años de prisión; y al contemplar la nueva norma sustantiva en su artículo 364 párrafo final, el cual establece que, si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación; penas que se encuentran contempladas en el artículo 361 y que se estipula que quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice; por lo que la nueva pena seria de cuatro (4) años de prisión, en consecuencia, resulta más favorable para el condenado; por tanto, resulta procedente la presente acción de revisión penal. En cuanto a la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, conforme al Código Penal derogado, según lo establecido en el artículo 332-B; la pena a imponer al señor Jorge Alberto Gutiérrez por el delito de portación ilegal de armas, era de tres (3) a seis (6) años de reclusión; siendo que fue condenado en la sentencia condenatoria de fecha doce de septiembre de dos mil ocho a la pena de ocho (8) años de prisión; y al contemplar la nueva norma sustantiva en su artículo 580 numeral 1, la nueva pena seria de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente hasta de dos años si se trata de armas o municiones permitidas; pena de prisión que se aumentará en 1/3 a quien porte las armas de fuego o municiones referidas en tal artículo sin autorización; por lo que, al aumentarle 1/3 a la pena, esta quedaría en cinco (5) años tres (3) meses de prisión; en consecuencia, resulta más favorable para el condenado; por tanto, resulta procedente la presente acción de revisión penal. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, la pena a aplicar en este caso sería de 15 años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de secuestro; cuatro (4) años de prisión por el delito de robo de vehículo y cinco (5) años tres (3) meses de prisión por el delito de portación ilegal de armas al señor Jorge Alberto Gutiérrez conforme a los artículos 239, 240, 316, 364 y 580 del Código Penal vigente. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumplen con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como por lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que resulta procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ Y HÉCTOR ANTONIO CARRERO de una norma vigente por ser más benigna...”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Revisión Penal (Acumulados) Interpuestos: 1º por la Abogada LILIAN SILOECHT MURILLO RODRIGUEZ a favor del Señor JORGE ANTONIO GUTIERREZ (Reg. No. SCO-340-2022); Y. 2° por la Abogada ODALIS RIGOBERTO ZUNIGA CARACIO a favor del Señor HECTOR ANTONIO CARRERO (Reg. No. SCO-294-2023); ambos recursos contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce de septiembre de dos mil ocho, con relación a la causa que se instruyó contra los Señores JORGE ANTONIO GUTIERREZ, HECTOR ANTONIO CARRERO y OTROS por los delitos de SECUESTRO AGRAVADO, ROBO DE VEHICULO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 2) Que en fecha dieciocho (18) de mayo del dos mil cinco (2005), comparecieron ante el Juzgado de Letras Penal dela Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado RENE DAVID DIAZ RODRIGUEZ presentando requerimiento fiscal en contra HECTOR ANTONIO CARRERO, DIXIE ALLAN ALVAREZ Y JORGE ANTONIO GUTIERREZ ESCOTO por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO, PORTACION ILEGAL DE ARMA, en perjuicio del Señor MARLON DAVID RAMIREZ HERNANDEZ, LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, contenido en el tomo N° 1 del antecedente). 3) 2) Que en fecha doce (12) de septiembre de dos mil ocho (2008), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES dictó sentencia mediante la cual este Tribunal, por unanimidad, RESUELVE PRIMERO: CONDENAR al acusado DIXIE ALLAN ALVAREZ VALDIVIEZO, cuyas menciones genérales de identidad ya han sido mencionadas a la pena de veinticinco (25) años de reclusión por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ como pena principal e inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: CONDENAR al acusado DIXIE ALLAN ALVAREZ VALDIVIEZO, a la pena de diez (10) años de reclusión por el delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ, e Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal TERCERO: ABSOLVER al acusado DIXIE ALLAN ALVAREZ VALDIVIEZO de los delitos de uso público de nombre supuesto y falsificación de documentos del que venía siendo acusado. CUARTO: CONDENAR Al acusado JORGE ANTONIO GUTIERREZ cuyas menciones genérales de identidad ya han sido mencionadas a la pena de veinticinco (25) años de reclusión por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ, como pena principal Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. QUINTO: CONDENAR al acusado JORGE ANTONIO GUTIERREZ, a la pena de diez (10) años de reclusión por el delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ, como pena principal e Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. SEXTO: CONDENAR al acusado JORGE ANTONIO GUTIERREZ, a la pena de ocho (08) años de reclusión por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, como pena principal e Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. SEPTIMO: CONDENAR al acusado HECTOR ANTONIO CARRERO, cuyas menciones genérales de identidad ya han sido mencionadas a la pena de veinticinco (25) años de reclusión por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ, como pena principal e Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. OCTAVO: CONDENAR al acusado HECTOR ANTONIO CARRERO, a la pena de diez (10) años de reclusión por el delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ, como pena principal e Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. NOVENO: Se declara a los condenados responsables civiles del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el que son condenados. DECIMO: Se decreta el comiso de una grabadora marca AIWA con CD, color Gris, CA-DW247, un arma de fuego tipo pistola, marca Smith, & Wesson, modelo 6996, calibre 9mm, serie número TDU6511. OCTAVO: No procede condenar en costas a los acusados. Notifíquese la presente Sentencia a las partes procésales. Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, Mandamos y Firmamos. (Folios 735-746 del tomo N°3 del antecedente). 4) Que en fecha quince (15) de junio del dos mil veintidós (2022), se recibió el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada LILIAN SILOECHT MURILLO RODRIGUEZ interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor JORGE ANTONIO GUTIERREZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce de septiembre de dos mil ocho, con relación a la causa que se instruyó contra los Señores JORGE ANTONIO GUTIERREZ., HECTOR ANTONIO CARRERO y OTROS por los delitos de SECUESTRO AGRAVADO, ROBO DE VEHICULO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Solicitando se le aplique retroactivamente la nueva ley jurídica, al tenor de la nueva pena, y ordene el juzgado de ejecución de san pedro sula, la adecuación del nuevo computo de pena a la que en derecho corresponde. (Folios 01-12 de la pieza de recurso). 6) En fecha cuatro (04) de agosto del dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el presente recurso la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce de septiembre de dos mil ocho (Folios 9 de la pieza de recurso). 7)En fecha veintinueve (29) de junio del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada LILIAN SILOECHT MURILLO RODRIGUEZ actuando en su condición de Apoderado Legal del señor, JORGE ANTONIO GUTIERREZ; El Ministerio Público consideró: representación del Ministerio Público, después de hacer u estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en escrito de interposición del recurso, solicita que se revés La Sentencia definitiva de fecha doce (12) de septiembre de año dos mil ocho (2008) por el Tribunal de Sentencia de san Pedro Sula, departamento de cortés, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, en virtud que las disposiciones contenidas en el Código Penal vigente contempla una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de Lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2). 3)..., 4).., 5) ..., 6)..., 7)..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,. relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público aprecia que en el Código Penal derogado el delito de SECUESTRO se encontraba regulado en el artículo 192, el cual era sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida por su parte, el Código Penal Vigente regula el delito de SECUESTRO en el artículo 239, que dispone: "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena", no obstante, del examen de los hechos probados expuestos en la sentencia de mérito, se aprecia que la conducta de reproche se enmarca en el tipo de SECUESTRO AGRAVADO, regulado en el artículo 240 que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1).. ; 2)...; 3)...; 4) ...; 5) ...;..6) ...; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado..; 8)... Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. En cuanto al delito de ROBO DE VEHÍCULO AGRAVADO, apreciando que la sanción impuesta es DIEZ AÑOS DE RECLUSION por los cuales se condenó al hoy imputado, en aplicación del artículo 218 párrafo segundo del Código Penal derogado, que establecía una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión, que relacionado con el artículo 225 del mismo cuerpo legal, se disponía que la pena aplicable según el artículo anterior se aumentaran en 1/3) si el hecho se cometiere: 1)..; 2)...; 3) ...: 4) Con cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad o empleado de un servicio público. En el actual Código Penal, el delito de ROBO DE VEHÍCULO se encuentra regulado en el artículo 364 que en su párrafo último señala: "..., Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN'; el cual es sancionado en el artículo 361 con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice; misma que debe ser aumentada en un tercio (1/3), por concurrir la dese ser aumentada en un tercio(1/3), agravante contenida en el numeral 9) del artículo 363 del Código Penal vigente, al haberse cometido los hechos empleando arma de fuego, resultando una pena de ocho (8) a diez(10) años con ocho (8) meses. Fue condenado además el señor JORGE ANTONIO GUTIERREZ, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a una pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION, el cual se encontraba regulado en el código penal derogado en el artículo 332-B que disponía una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, relacionados municiones y explosivos otros materiales Vigente (Decreto 130-2017) esa misma conducta penal se encuentra regulada en el ARTÍCULO 580. –TENENCIA PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego O municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con la pena de UNO (1) A CUATRO (4) AÑOS y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de 10 el: armas o municiones permitida. Conforme lo antes expuesto, o: esta representación fiscal estima que las disposiciones adjuntas contenidas en el actual Código Penal son más favorables al día Al sentenciado, conforme los términos antes referidos y cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 19-21 de la pieza de amparo). 8) Asimismo en fecha (09) nueve de marzo del dos mil veintitrés (2023), se recibió el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada ODALIS RIGOBERTO ZUNIGA CARACIO interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor HECTOR ANTONIO CARRERO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce de septiembre de dos mil ocho, con relación a la causa que se instruyó contra los Señores JORGE ANTONIO GUTIERREZ, HECTOR ANTONIO CARRERO y OTROS por los delitos de SECUESTRO AGRAVADO, ROBO DE VEHICULO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Solicitando se le aplique el principio de retroactividad de la ley penal aplicando la pena mínima del rango de pena establecida en el código penal bajo la cual se sentenció, debiendo quedar la pena minina impuesta de quince años seis meses de reclusión por los delitos de secuestro agravado y robo de vehículo. (Folios 32 de la pieza de recurso). 9)En fecha seis (06) de noviembre del dos mil veintitrés (2023), esta Sala tuvo por admitido el presente recurso la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce de septiembre de dos mil ocho (Folios 36 de la pieza de recurso). 10) En fecha dieciocho (18) de septiembre del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante UIS ALONZO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado PAULO MIGUEL LOPEZ RODAS actuando en su condición de Apoderado Legal del señor, HECTOR ANTONIO CARRERO; El Ministerio Público consideró: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia firme de fecha 12 de septiembre del 2008, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)....2) .., 3) ..,4) .,5) .., 6) ... 7) .., 8)Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código conforme a las normas penales que presente se juzgan COTILOLILO se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando 10 que perjudique… De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leves penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO AGRAVADO Y ROBO DE VEHICULO por los cuales se condenó al hoy imputado HECTOR ANTONIO CARRERO CRUZ. EL delito de SECUESTRO se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 AÑOS A PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE POR VIDA. "Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) ... c) "Artículo 194. Serán circunstancias agravantes para los delitos establecidos en los artículos 192, 193, y 195, además de las señaladas en la parte general de este Código, las siguientes: 1)...; 2) Si la privación de la libertad se prolonga por más de (24) horas...En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el Artículo 239. "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 A12 AÑOS Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE TIEMPO DE LA mara// Sin embargo. v siendo que de los hechos Probados se alargó, y siendo que de los hechos Probados se desprende que en la acción ilícita participaron más de tres personas, lo que conforme al artículo 136 del Código Penal, 10 define como GRUPO DELICTIVO Organizado. "Se considera grupo delictivo organizado estructurado de tres (3) a más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme lo dispuesto en el presente Código" por lo que concurre la circunstancia agravante prevista el numeral 7 del artículo 240 de la norma sustantiva en comento, que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 7) el delito se comete en el ámbito de un grupo organizado. De ahí, que resulta evidente que la nueva norma sustantiva le es más favorable al establecer una pena menos gravosa a la que fue sentenciado. El Código Penal derogado tipificaba el delito de ROBO DE VEHICULO en el artículo 218 párrafo segundo: Al culpable del delito de robo de vehículo, automotores terrestres, naves aéreas... se aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. El Código Penal vigente tipifica el delito en el artículo 364, referente al USO DE VEHÍCULO ROBADO, último párrafo que determina: "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación.". Es así que el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN se encuentra contenido en el artículo 361: "Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Que, de lo antes relacionado, resultan más favorable al encartado las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, al establecer una pena menor a la que fue sentenciado. En ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III.-OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. 11) En fecha seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025) esta sala dispone Al apreciarse de los autos, que los acciones de recursos de revisión intentadas se dirigen contra el mismo acto reclamado, asimismo, comparte el antecedente con la acción de revisión con registro de este Tribunal No. 0940-2022 interpuesto por: 1.- la Abogada LILIAN SILOECHT MURILLO RODRIGUEZ a favor del señor JORGE ANTONIO GUTIERREZ contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTECIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en fecha doce de septiembre del dos mil ocho; ESTA SALA DISPONE: 2. Que para efectos de mantenerla unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia, resuelve acumular la Revisión 0204-2023 interpuesto el Abogado ODALIS RIGOBERTO ZUNIGA CARACIO a favor del señor HECTOR ANTONIO CORRERO, al recurso de Revisión Penal que se registra bajo el número 0940-2022; continúese con el trámite de ley correspondiente. CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos de los Garantistas expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 8 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor de los condenados cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Los garantistas señalan en los antecedentes que a sus representados les asiste el derecho de solicitar que se haga una revisión de la pena o condena para la aplicación de la retroactividad de la ley, considerando que contra la sentencia firme dictada en fecha doce de septiembre de dos mil ocho por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en donde que al hacer el estudio de la sanción correspondiente al delito juzgado con la aplicación de una ley vigente, al momento de cometerse los hechos, la pena impuesta para el delito de secuestro agravado era de veinticinco años a reclusión de por vida; para el delito de portación ilegal de armas, la pena oscilaba de 8 a 10 años; ahora, la sanción es menor, con el nuevo código las penas para el delito de secuestro agravado establece que debe ser castigado con penas de prisión de 12 a 15 años y prohibición de residencia por el doble de tiempo que dure la condena, si la privación de libertad excede de 72 horas, sino la pena será de 8 a 12 años; para el delito de robo de vehículo automotor contemplado en el articulo 364 párrafo segundo, se establece que deberá ser castigado con una pena de 2 a 4 años de prisión y para el delito de tenencia o portación ilegal de armas, la pena es de 1 a 4 años y localización permanente hasta dos años si se trata de armas o municiones permitidas. CONSIDERANDO (4): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal del expediente SCO-940-2022 se celebró en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada LILIAN SILOECHT MURILLO RODRIGUEZ, en representación del señor JORGE ANTONIO GUTIERREZ, como revisionista; y, la Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La abogada Lilian Siloecht Murillo Rodríguez funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que ratifica el contenido de la solicitud de revisión de sentencia condenatoria, presentada contra la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil ocho dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra el señor Jorge Antonio Gutiérrez, por el delito de secuestro agravado, a una pena de veinticinco años de prisión, por el delito de robo a una pena de 10 años y por el delito de portación ilegal de arma, a la pena de 8 años en perjuicio del señor Marlon David Ramírez y la seguridad interior del Estado de Honduras; sustentando el recurso en el cambio de norma jurídica penal dirigida a la ordenación de comportamiento humano para los delitos de secuestro agravado, robo de vehículos y portación ilegal de armas por haberse sancionado con una pena mayor a la ahora establecida en el nuevo Código Penal vigente, por lo que, aplicando el principio de retroactividad de la ley, es procedente solicitar dicho recurso, en virtud de que la sanción impuesta para los delitos, es menor, ya que de acuerdo al Código Penal, decreto 144-83, la sanción para el delito de secuestro agravado era de 20 años a prisión de por vida y de acuerdo al nuevo código, el delito de secuestro será sancionado de 12 a 15 años. Para el delito de robo de vehículo, de acuerdo al decreto 144-83, la sanción era de 10 a 15 años y de acuerdo al nuevo código penal vigente, decreto 130-2017, el delito de robo de vehículo se encuentra contemplado en el artículo 364 párrafo segundo con una pena de 2 a 4 años. De acuerdo al decreto 144-83, la sanción para el delito de portación ilegal de arma era de 8 a 10 años y con el nuevo Código Penal, este delito se encuentra contemplado en el articulo 589 y será sancionado con una pena de 1 a 4 años y localización permanente. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que después del estudio del caso se aprecia que la revisionista solicita que se revea la sentencia definitiva, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de los condenados, y argumenta que el delito de secuestro se encontraba regulado en el articulo 192, el cual era sancionado con la pena de reclusión de 20 años a prisión de por vida; por su parte, el Código Penal vigente regula el delito de secuestro en el artículo 239 que dispone: “Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena”; no obstante, del examen de los hechos probados expuestos en la sentencia de mérito, se aprecia que la conducta de reproche se enmarca en el tipo penal de secuestro agravado, el cual será castigado con una pena de 12 a 15 años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1…, 2…, 3…, 4…, 5) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8) si concurrieren dos o mas de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de 15 a 20 años. En cuanto al delito de robo de vehículo agravado, la pena impuesta es de 10 años de reclusión en aplicación del articulo 218 párrafo segundo del Código Penal derogado, establecía una pena de 10 a 15 años de reclusión, que relacionado con el articulo 225 del mismo cuerpo legal, se disponía que la pena aplicable según el articulo anterior, se aumentaran en 1/3 si el hecho se cometiere: 1…, 2…, 3…, 4) Con cooperación de dos o mas personas o por una sola que se finja agente de la autoridad o empleado de un servicio público. En el actual Código Penal, el delito de robo de vehículo se encuentra regulado en el articulo 364 que en su párrafo ultimo señala ”…si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con penas del robo con violencia e intimidación” el cual será sancionado en el articulo 361 con la pena de prisión de 4 a 8 años, sij perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice, misma que deberá ser aumentada en 1/3 por concurrir la agravante contenida en el numeral 9 del articulo 363 del Código Penal vigente, al haberse cometido los hechos empleando arma de fuego, resultando una pena de 8 a 10 años con ocho meses. Asimismo fue condenado por el delito de portación ilegal de armas a una pena de 8 años de reclusión, el cual se encontraba regulado en el Código Penal derogado en el artículo 332-B que disponía una pena de 3 a 6 años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ella; mientras que en el Código Penal vigente, esa misma conducta legal se encuentra regulada en el articulo 580 que establece que la tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con la pena de 1 a 4 años y localización permanente de hasta dos años, si se trata de armas o municiones permitidas. Por lo que, a criterio de esta representación fiscal, estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal son mas favorables al sentenciado, conforme los términos antes referidos y de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; por tanto, el Ministerio Público se pronuncia porque se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO (6): Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal del expediente SCO-294-2023 se celebró en fecha dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado ODALIS RIGOBERTO ZUNIGA CARACIO, por poder conferido el abogado PAULO MIGUEL LOPEZ RODAS en representación del señor HECTOR ANTONIO CARRERO, como revisionista; y, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Paulo Miguel Lopez Rodas funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de los condenados cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguyendo en síntesis que el señor Héctor Antonio Carrero fue condenado por el delito de secuestro agravado y robo de vehículo en perjuicio del señor Marlon David Ramírez; quien fue condenado mediante sentencia definitiva en fecha doce de septiembre de dos mil ocho por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, a cumplir la pena de 25 años de reclusión por el delito de secuestro agravado y de 10 año de prisión por el delito de robo agravado más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; pena que según cómputo de la misma, comenzó a cumplirse el día de su detención, que fue el día dieciocho de mayo de dos mil cinco, habiendo estado en prisión mas de 19 años 4 meses. Al momento de emitirse condena, se encontraba vigente el decreto 144-83 en el cual se estipulaba que el tipo penal de secuestro agravado en el articulo 192 que establecía que sería sancionado con una pena de reclusión de 20 años a prisión de por vida cuando no consiguiere su propósito y el delito de robo de vehículo, se encontraba regulado en el articulo 218 párrafo 2, que establecía una pena de 10 a 15 años y con la entrada en vigencia del nuevo código, se estableció para el delito de secuestro agravado en el articulo 240, penas de 12 a 15 años de prisión y el hurto y robo de vehículo automotor de 2 a 4 años, por lo que la pena mínima seria la de 12 años para el delito de secuestro agravado y de 2 años para el delito de robo de vehículo automotor; por lo que se solicita se aplique la retroactividad de la ley penal mas favorable, dictando sentencia de 14 años, 12 años por el delito de secuestro y 2 años por el delito de robo. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que después del estudio del caso se aprecia que el revisionista en su escrito de interposición solicita que se revea la sentencia definitiva de fecha doce de septiembre de dos mil ocho dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, fundando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, el delito por el cual fue condenado su representado, es sancionado con una pena mas benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la ley que mas le favorezca, tal como lo dispone el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes indicando las sanciones correspondientes al delito de secuestro por el cual fue condenado el señor Héctor Antonio Carrero. El delito de secuestro se sancionaba en el articulo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 años a privación de la libertad de por vida. En el nuevo Código Penal, el delito de secuestro se encuentra regulado en el articulo 239 con una pena de 8 a 12 años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; sin embargo, y siendo que de los hechos probados se desprende que en la acción ilícita, participaron mas de tres personas, lo que conforme al articulo 136 del Código Penal lo define como grupo delictivo organizado: “Se considera grupo delictivo organizado estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concretamente con el propósito de cometer uno o mas delitos graves tipificados conforme lo dispuesto en el presente código”, por lo que concurre la circunstancia agravante prevista en el numeral 7 del articulo 240 de la norma sustantiva en comento que señala: “El hecho previsto en el articulo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo organizado. De ahí que resulta evidente que la nueva norma sustantiva es mas favorable al establecer una pena menos gravosa a la que fue sentenciado. El Código Penal derogado tipificaba el delito de robo de vehículo en el artículo 218 párrafo segundo: “Al culpable del delito de robo de vehículo, automotores terrestres, naves aéreas…, se aplicará una pena de diez a quince años de reclusión. El Código Penal vigente tipifica el delito en el artículo 364 último párrafo referente al uso de vehículo robado, que determina: “Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación”. Es así que el delito de robo con violencia o intimidación se encuentra contenido en el artículo 361:” Quien, con ánimo de lucro, se apodera de una cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice”. Que, de lo antes relacionado, resultan mas favorables al encartado las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, al establecer una pena menor a la que fue sentenciado. En ese sentido, se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a le; por lo que el Ministerio Público se pronuncia porque se otorgue la presente acción de revisión en los términos señalados. CONSIDERANDO (7): Del principio de legalidad y de las reglas generales y particulares de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. * Del principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2), en la Declaración de los derechos y Deberes del Hombre (artículos 5 y 15), en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 9), en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículos 6, 9 y 14), en el Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer y Cumplir la Ley (artículo 1), así como en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades y la Carta Africana Sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. De igual modo, en la Constitución de la República de Honduras se establece en el artículo 84 que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. El Principio de Legalidad exige del legislador: a. Que formule las descripciones del delito del modo más preciso posible (Nullum crimen sine lege certa), y, b. Que las leyes no tengan efecto retroactivo (nullum crimen sine lege praevia), salvo cuando le sea más favorable al procesado o condenado. Por otra parte, exige del juzgador: a. Que sus condenas se basen en la ley escrita y no en el derecho consuetudinario (nullum crimen sine lege scripta) y, b. Que no amplíe la ley escrita en perjuicio del afectado (nullum crimen sine lege stricta), la llamada prohibición por analogía. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley que regula las mismas situaciones que la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría a su arbitrio contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: a. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; b. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o, c. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más favorable no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. En el texto del artículo 96 de la Constitución Política se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente al momento del hecho; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior y por la cual estaba siendo juzgada o por la cual fue condenada la persona; y, c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y, c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales en los siguientes casos: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. * Casos en que no procede la ponderación de norma penal más favorable. El nuevo Código Penal prevé una serie de prohibiciones respecto a la ponderación de la norma más favorable y, en su caso, la aplicación retroactiva de la norma penal sustantiva más favorable. Dichas prohibiciones son: a. Penas ejecutadas (artículo 622): No se hará revisión de penas ejecutadas completamente, salvo para efectos de alegar inexistencia de reincidencia en un nuevo proceso penal; b. Penas a cumplir en vacancia legal (artículo 622): No se hará revisión de las penas cuya fecha de cumplimiento este dentro del periodo de vacancia legal del cp-130-2017; c. Suspensión de la pena y libertad condicional (artículo 618): no se hará revisión de penas suspendidas condicionalmente y penas de personas en libertad condicional conforme el VCP 144-1983, salvo reactivación de la pena por incumplimiento del beneficio; y, d. Responsabilidad civil derivada del delito (artículo 626): La despenalización del delito no afectará los procesos pendientes y los pronunciamientos firmes respecto a la responsabilidad civil derivada. * Reglas generales de ponderación El Código Penal 130-2017 prevé una serie de reglas generales que deben de observarse en el proceso de ponderación ya sea en primera instancia como en la resolución de recursos devolutivos. Dichas reglas generales son: a) Proceso contradictorio: El proceso de ponderación debe de realizarse de manera contradictoria; el artículo 616 indica que es obligatorio emplazar siempre a la persona procesada o condenada, así como a las demás partes, para la celebración de una audiencia que tenga tal efecto. Es excepción de esto los procesos que se encuentren en trámite de un recurso devolutivo, cuyo emplazamiento este hecho por la ley al disponerse la presentación de un escrito supletorio; b) Prohibición de fragmentación: El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera confrontación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 versus todas las normas del Código 130-2017; c) Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (artículo 617 NCP); d) Extinción de la pena por cumplimiento: El artículo 621 indica que el Juzgado de Ejecución deberá de declarar extinguida la pena y ordenará la libertad inmediata de la persona cuando conforme el NCP144-83 haya cumplido una pena superior a la que señala para ese mismo delito por el NCP130-2017. Es pues que el supuesto requiere: i. Identidad en el tipo de Pena entre ambos cuerpos normativos; y ii. Que se trate de penas no concursadas. Cuando no se cumplan estas dos reglas se deberá de seguir con el procedimiento respecto a penas de distinta naturaleza o penas concursadas; e) Atipicidad: De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 615 del NCP, los hechos tipificados como delitos en el VCP pero que no encuentren su réplica en la nueva codificación, deben de motivar el dictado de un sobreseimiento definitivo en las causas penales activas y la declaratoria de cesación de cumplimiento de pena en las sentencias condenatorias firmes que se estén ejecutando. El sobreseimiento puede ser dictado en cualquier etapa del proceso, siendo la excepción a la regla de que la ponderación se debe de reservar para el momento del juzgamiento; f) Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentra dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 621); g) Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: i. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y ii. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (artículo 619). En caso de encontrar un delito o falta en el VCP coincidente en el supuesto de hecho con uno previsto en el NCP, y que ambos sancionen con multa; y que además proceda la excepción antes explicada, se procederá a la conversión, cuyas reglas son las siguientes: i. Cada salario mínimo impuesto como pena de multa por el VCP144-83 equivaldrá a 10 días multa regulados por el NCP130-2017; ii. Si la pena de multa impuesta por el VCP144-83 es por una cantidad fija, se procederá a realizar la comparación cuantitativa entre ésta y la pena de multa que corresponda conforme el NCP130-2017; h) Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (artículo 620); y, i) Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de seguridad impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (artículo 625). *Reglas particulares de ponderación: penas concursadas y penas no concursadas. A nivel de punibilidad se regulan los concursos de delitos; ante la colisión temporal de normas sustantivas el juzgador llamado a resolver la acción penal interpuesta con base al rigor del VCP 144-83, lo que incluye establecer si existe o no concurso de delitos, identificar cual es el que concurre y luego hacer el cálculo de pena abstracta de conformidad a dicho concurso; seguidamente el juzgador deberá de hacer la ponderación de la pena más beneficiosa determinando si conforme a lo probado igualmente se aprecia un concurso según las normas del NCP130-2017, y de ser así deberá de proceder a calcular la pena abstracta, siendo el tercer y último paso la comparación de penas que deban de ser impuestas según cada código penal, reflejándose cuál de ellos es el que debe de ser aplicado por ser más beneficioso para el procesado o reo. Lo descrito es un proceso general que tiene sus matices a depender cada uno de los concursos, lo que obliga hacer un estudio individualizado: * Concurso ideal. Cuando conforme a los hechos imputados se deba de aplicar un concurso ideal (artículo 67 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso ideal según las reglas del VCP144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso ideal del NCP130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso ideal; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del VCP144-83 y luego hacer la comparación global con el NCP130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas, que se explican más adelante. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. *Delito continuado. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas previamente para el concurso ideal. En los supuestos en donde conforme el VCP 144-83, corresponda aplicar un concurso real pero conforme el NCP 130-2017 se deba de aplicar un delito continuado, el juzgador deberá de proceder de la siguiente manera: a. En primera instancia: a. Primero se procederá a realizar el cálculo abstracto de las penas conforme el VCP144-83, las que serán tomadas globalmente, para luego comparar el mismo con el marco abstracto de la pena que corresponda en aplicación del delito continuado según el NCP130-2017, develándose así que código es el más beneficioso en su conjunto. Recuérdese que la comparativa es global (suma de todas las penas abstractas) y no individual por cada pena; ii. En caso de que lo anterior no defina cual es la pena más favorable, el juzgador deberá de proceder a la individualización de la pena concreta de conformidad con el VCP-144-83 y paralelamente a la individualización de la pena concreta de conformidad con el BCP130-2017, de cuya comparación se decidirá qué codificación es la más beneficiosa; o b. En segunda instancia y única instancia: La comparativa parte de la confrontación de las penas que en concurso real hayan sido impuestas en la sentencia impugnada en aplicación del VCP144-83, con el marco abstracto de la única pena que de conformidad al NCP-130-2017 deba de imponerse como consecuencia de la aplicación del delito continuado; así entonces: i. Si las penas individualizadas en concurso real tomadas globalmente (la sumatoria de todas las penas), se encuentra dentro del marco abstracto de la pena del delito continuado, no se aplicará retroactivamente el NCP130-2017; ii. Si las penas individualizadas en concurso real están fuera de la escala de la pena abstracta que deba de imponerse en delito continuado según el NCP130-2017, se aplicará la pena que le sea más favorable al procesado y con ello se definirá que cuerpo normativo corresponde aplicar. *Concurso real. Los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. *Concurso medial El concurso medial desaparece en el NCP 130-2017. Por tanto, cuando conforme los hechos imputados en base al VCP144-83 deba de aplicarse un concurso medial (artículo 66 en relación con el párrafo séptimo del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Se realizará la comparación global de la pena que corresponda en concurso medial según el VCP144-83 con las penas que correspondería aplicar en concurso real conforme al NCP130-2017, en consideración a los limites subjetivo, objetivo ordinario y objetivo extraordinario, explicado ut supra; b. Es improcedente hacer comparación individual de las penas que conforman el concurso medial del VCP144-83 y las penas en concurso real del NCP130-2017; c. Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, haciendo desaparecer el concurso medial, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. *Penas conjuntas no concursadas. Finalmente, cuando corresponda imponer a una persona una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO (8): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado.” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO (9): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ Y HÉCTOR ANTONIO CARRERO fueron condenados por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha doce de septiembre de dos mil ocho, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de MARLON DAVID RAMIREZ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal; asimismo se condenó a los referidos señores JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ Y HÉCTOR ANTONIO CARRERO como autores penalmente responsables del delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio del señor MARLON DAVID RAMIREZ, a una pena de DIEZ (10) AÑOS de reclusión, como pena principal e inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. De igual manera, el señor JORGE ANTONIO GUTIERREZ fue condenado por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, a la pena de OCHO (8) AÑOS de reclusión en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, como pena principal e inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de los impetrantes, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal derogado, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de SECUESTRO en perjuicio del señor MARLON DAVID RAMIREZ. III. Que se constata la aplicación de lo dispuesto en el artículo 218 del Código Penal derogado, relativa al delito de robo de vehículo en perjuicio del señor MARLON DAVID RAMIREZ. Que de igual manera se constata que el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el articulo 332-B del Código Penal derogado, estimando que la acción ejecutada por el imputado JORGE ANTONIO GUTIERREZ se subsume en el tipo penal de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. IV. Esta Sala realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (11): I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al Código Penal derogado, la pena a imponer por el delito de secuestro era reclusión de veinte años a privación de la libertad de por vida, mientras que la pena regulada en el artículo 239 del vigente Código Penal, se impone una pena de ocho a doce años de reclusión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena y el articulo 240 dispone que será castigado con las penas de prisión de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) 2)…, 3)…,4) 5)…, 6)…, 7) El delito se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado. II. De los hechos probados se desprende que los señores Jorge Antonio Gutiérrez y Héctor Antonio Carrero retuvieron en contra de su voluntad por más de veinticuatro horas al señor Marlon David Ramírez con el propósito de obtener de sus familiares como precio por su libertad, una cantidad considerable de dinero en efectivo; asimismo, quedó probado que los acusados tuvieron participación directa en la custodia de la victima al momento en que este era retenido en una vivienda destinada para tal efecto. Asimismo, quedó acreditado que el señor Jorge Antonio Gutiérrez, reúne todos los elementos típicos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal de portación ilegal de armas ya que el mismo no estaba autorizado por la autoridad competente para portar el arma de fuego. De igual manera se ha acreditado que al momento de ejecutar el hecho, los autores de apropiaron de un vehículo tipo pick up, introduciendo a la victima para ser trasladada a un lugar determinado; configurándose de esta manera el tipo penal de robo de vehículo. Quedando acreditado de igual manera que el señor Jorge Antonio Gutiérrez reunió todos los elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos del tipo penal de portación ilegal de armas. III. Que de la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al delito de secuestro agravado, los señores Jorge Antonio Gutiérrez y Héctor Antonio Carrero, fueron condenados a una pena de veinticinco (25) años de prisión como pena principal e inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la condena; y al contemplar la nueva norma sustantiva en su articulo 239, establece que quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Y siendo que se trata de secuestro agravado, de acuerdo al articulo 240, las penas de prisión son de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, en este caso por la concurrencia de la causal número 7: El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado. Por tanto, la nueva pena para los señores Jorge Antonio Gutiérrez y Héctor Antonio Carrero, sería de 15 años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; en consecuencia, la nueva pena se estima más favorable para los condenados; por tanto, resulta procedente la presente acción de revisión penal. En cuanto a la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, conforme al Código Penal derogado, según lo establecido en el artículo 218, la pena a imponer a los señores Jorge Antonio Gutiérrez y Héctor Antonio Carrero, por el delito de robo de vehículo, era de diez (10) a quince (15) años de reclusión; siendo que fueron condenados en la sentencia condenatoria de fecha doce de septiembre de dos mil ocho a la pena de diez (10) años de prisión; y al contemplar la nueva norma sustantiva en su artículo 364 párrafo final, el cual establece que, si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación; penas que se encuentran contempladas en el artículo 361 y que se estipula que quien, con animo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice; por lo que la nueva pena seria de cuatro (4) años de prisión, en consecuencia, resulta más favorable para el condenado; por tanto, resulta procedente la presente acción de revisión penal. En cuanto a la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, conforme al Código Penal derogado, según lo establecido en el artículo 332-B; la pena a imponer al señor Jorge Alberto Gutiérrez por el delito de portación ilegal de armas, era de tres (3) a seis (6) años de reclusión; siendo que fue condenado en la sentencia condenatoria de fecha doce de septiembre de dos mil ocho a la pena de ocho (8) años de prisión; y al contemplar la nueva norma sustantiva en su artículo 580 numeral 1, la nueva pena seria de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente hasta de dos años si se trata de armas o municiones permitidas; pena de prisión que se aumentará en 1/3 a quien porte las armas de fuego o municiones referidas en tal artículo sin autorización; por lo que, al aumentarle 1/3 a la pena, esta quedaría en cinco (5) años tres (3) meses de prisión; en consecuencia, resulta más favorable para el condenado; por tanto, resulta procedente la presente acción de revisión penal. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, la pena a aplicar en este caso sería de 15 años de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena por el delito de secuestro; cuatro (4) años de prisión por el delito de robo de vehículo y cinco (5) años tres (3) meses de prisión por el delito de portación ilegal de armas al señor Jorge Alberto Gutiérrez conforme a los artículos 239, 240, 316, 364 y 580 del Código Penal vigente. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumplen con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como por lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que resulta procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ Y HÉCTOR ANTONIO CARRERO de una norma vigente por ser más benigna. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición de las agentes de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada LILIAN SILOECHT MURILLO, a favor del señor JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ (Reg. SCO-0940-2022) y 2.- La Abogada ODALIS RIGOBERTO ZUNIGA CARACIO, a favor del señor HÉCTOR ANTONIO CARRERO (Reg. SCO-0294-2023); ambos contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDROO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha doce de septiembre de dos mil ocho; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ y HÉCTOR ANTONIO CARRERO, por los delitos de SECUESTRO AGRAVADO, ROBO DE VEHICULOS en perjuicio del señor MARLON DAVID RAMIREZ Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS al señor JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a los señores JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ y HÉCTOR ANTONIO CARRERO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio del señor MARLON DAVID RAMIREZ a la pena de QUINCE (15) AÑOS de prisión y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la condena. SEGUNDO: CONDENANDO a los señores JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ y HÉCTOR ANTONIO CARRERO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio del señor MARLON DAVID RAMIREZ a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN. TERCERO: CONDENANDO al señor JORGE ANTONIO GUTIÉRREZ de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS a la pena de CINCO (5) AÑOS TRES (3) MESES DE PRISIÓN. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Y MANDA: Redactó la Magistrada ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal Acumulados registrado en este Tribunal con el número SCO-0940-2022 0294-20233.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL