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Sentencia RP-925-22 — Registro 19763

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la Ley en materia penal, con relación a la causa que se instruyó por el delito de Extorsión Simple en perjuicio de Testigo Protegido PJ-041,la Sala Constitucional concluye que no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del código penal decreto 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Así las cosas, al realizar la comparativa en el caso sub examine, se verifica que: en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a la señora Angie Yoselí López Lujan, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a trescientos siete mil trescientos setenta y un lempiras con cinco centavos (L 307,371.05), por ser autora penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido PJ 041; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenada Angie Yoselí López Lujan, está prevista en el código penal decreto 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el código penal decreto 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar a la sentenciada, más bien le perjudica. Por tanto, se concluye que no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del código penal decreto 130-2017"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 N.8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 N.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice:” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, ocho de octubre de dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de revisión penal, interpuesto por el abogado RAMON MATAMOROS a favor de la señora ANGIE YOSELI LOPEZ LUJAN contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, en fecha once de noviembre del año dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra la señora ANGIE YOSELI LOPEZ LUJAN por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO PJ-041. (Exp. No. 34-2021 JN).- SON PARTES: 1) El abogado Ramón Matamoros como revisionista; 2) La abogada Sandra Lorena Zuniga García, fiscal del Ministerio Público.- HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION Sic: “ÚNICO: En una fecha no determinada del mes de noviembre del año dos mil diecisiete al negocio del testigo protegido la señora ANGIE YOSELÍ LÓPEZ LUJAN en compañía de os mujeres más y un hombre, quienes se identificaron como miembros de La Pandilla 18 y le manifestaron que tenía que colaborar pagando la cantidad de quinientos lempiras semanales, advirtiéndole que si no lo hacía le quitarían la vida y la de su familia, por lo que interpuso la denuncia. El día martes veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, la señora ANGIE YOSELÍ LÓPEZ LUJAN llegó donde el testigo protegido, siempre en compañía de tres personas, ingresando la joven LÓPEZ LUJAN al interior del negocio del testigo protegido y éste le entregó la cantidad de quinientos lempiras previamente seriados y se retiró del lugar, seguidamente fue DETENIDA POR LOS AGENTES de la Fuerza Nacional Antiextorsión que se encontraban en el lugar realizando vigilancia.” ANTECEDENTES.- 1. En fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil dieciocho (2018), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el agente de tribunales del Ministerio Público, el abogado OSCAR MAURICIO TABORA ALVAREZ presentando requerimiento fiscal contra la señora SANDRA FRANCISCA ESCALANTE RODRIGUEZ por suponerla responsable de los delitos de EXTORSION , TRANSPORTE DE UNIFORMES, INSIGNIAS Y EQUIPO DE USO DE LA POLICIA NACIONAL, FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS y contra la señora ANGIE YOSELI LOPEZ LUJAN por los delitos de EXTORSION , TRANSPORTE DE UNIFORMES ,INSIGNIAS DE USO DE LA POLICIA NACIONAL , en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO con clave RA-041, LA POLICIA NACIONAL Y LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 1-7 del antecedente). 2. Seguido el trámite correspondiente en fecha once (11) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el tribunal de sentencia CON competencia nacional en materia de extorsión dictó sentencia mediante la cual FALLA: Sic: “PRIMERO: Debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, a la señora ANGIE YOSELÍ LÓPEZ LUJAN cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito consumado de EXTORSIÓN SIMPLE, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO PJ 041, imponiéndole una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, Femenina de Adaptación Social y a la que se le ha de descontar el tiempo en que la el imputado condenada ha estado privado de libertad. Asimismo, se le impone la pena de MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS, equivalentes a TRESCIENTOS SIETE MIL, TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CEROS CINCO CENTAVOS (LPS307,371.05) misma que deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos a la señora ANGIE YOSELI LÓPEZ LUJAN como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. TERCERO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil de la señora ANGIE YOSELÍ LÓPEZ LUJAN la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No Procede pronunciarnos en relación al comiso, en virtud de no haberlo solicitado el Ministerio Público. QUINTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, a la I señora ANGIE YOSELÍ LÓPEZ LUJAN. SEXTO: Notifíquese esta sentencia a las partes procesales y una vez firme la misma, remítase al Juzgado de ejecución correspondiente y certificación de esta sentencia a la Unidad de Antecedentes Penales y al centro penal donde se encuentre recluida la señora ANGIE YOSELÍ LÓPEZ LUJAN para los efectos legales correspondientes Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 175 -179 del recurso de mérito). 3. Esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal en fecha diez (10) de junio del año dos mil veintidós (2022), presentado por el abogado Ramon Matamoros, a favor de la señora Angie Yoselí López Lujan, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando darle tramite de ley por el motivo señalado del en el artículo 96 numeral 8 de la ley sobre justicia constitucional. (Folios 1-4 del recurso de mérito). 4. En fecha siete (07) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado FELIPE RENE SPEER LAINEZ, con la comparecencia de la abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de fiscal del Ministerio Público y el abogado Ramon Matamoros, actuando en su condición de apoderado legal de la señora Angie Yoselí López Lujan. (Folios 22-24 del recurso de mérito). FUNDAMENTACIÓN. - I. Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas,competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II. Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha siete de septiembre del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramon Matamoros, en representación de Angie Yoselí López Lujan, como revisionista; y, la abogada Sandra Lorena Zúniga García, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros, en síntesis, expone que ratifica el contenido de la solicitud de revisión penal presentada para que se aplique a la señora Angie Yoselí López Lujan el principio de retroactividad de la ley penal, quien fue condenada por el delito de extorsión simple, en perjuicio de Testigo Protegido PJ041, a una pena de 15 años y una multa de 50 salarios mínimos en aplicación del artículo 222 del código penal derogado (ley intermedia). No obstante, indica que el artículo 373 del código penal vigente establece una penal de 10 a 15 años de reclusión y una multa de 500 a 1000 días multa, siendo lo mas beneficioso que se le aplique una condena de 10 años prisión y una multa de 500 días equivalente a 10,000.00 lempiras. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, ya que el recurrente solicita se revise la sentencia y se aplique retroactivamente el artículo 373 del código penal que entró en vigencia el 10 de mayo del 2020, castigando la conducta de extorsión con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Sin embargo, el Ministerio Público señala que el artículo 373 del código penal fue reformado mediante decreto 93-2021, publicado en el diario oficial la Gaceta el 1 de noviembre del 2021, estableciendo para el delito de extorsión la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, considerando además que la extorsión se considera consumada con independencia de si se ha logrado o no el objetivo perseguido, por lo que no corresponde se aplique la ley penal intermedia que dejó de existir al ser derogada, siendo la ley penal vigente la que de ser favorable debe aplicarse. Agrega que conforme al fallo emitido a la encartada se le impuso penas mínimas del delito en mención cuya tipología encuadra o encaja con el artículo 373 del código penal vigente y que tiene como penas mínimas quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) días en su nivel más alto. Pero como también de los hechos probados se señala que la procesada junto con otra mujer y un hombre se identificaron como miembros de la pandilla 18 al momento de estar cometiendo el hecho, dicho actuar se enmarca en una de las agravantes específicas que contempla el artículo 374 por lo cual se deben aumentar las penas señaladas en un tercio (1/3) si culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. En cuanto a la pena de multa el artículo 53 del código penal señala que se impone por el sistema de los días multa, salvo que se disponga otra cosa, su extensión es de 10 (10) a dos mil (2000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L.20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (1.5,000). En relación a lo anterior y haciendo uso de 105 criterios fijados por el legislador en el artículo 616 en relación con el numeral 1 del artículo 69 del código penal vigente para determinar la ley más favorable vemos que, al realizar la comparativa en cuanto a la pena privativa de la libertad con el código penal vigente, la pena impuesta aumentada en un tercio (1/3) resulta en una pena de 20 (veinte) años de prisión a 26 (veintiséis) años 8 (ocho) meses de prisión y una multa de 1000 (mil) días a 1333 (mil ciento treinta y tres) quedando como rango mínimo de 1000 (mil) días, que al hacer la conversión de días multa en su nivel más alto de conformidad a lo que señala el artículo 53 del referido Código Penal (1000 × L.5000,00) resulta en una pena de L. 5,000,000 de lempiras, multa muy alta comparada a la calculada e impuesta en la sentencia de mérito. En virtud de lo anterior no resulta procedente lo solicitado por el revisionista en virtud que las penas a imponer resultan más gravosas que las impuestas en la sentencia de mérito, razón. III. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme código penal decreto 144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el código penal decreto 130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el código penal decreto 144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del código penal decreto 130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el código penal decreto 144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el código penal decreto 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Es importante además señalar que la Sala de lo Constitucional tiene como criterio jurisprudencial consolidado que una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por el revisionista y que al momento de peticionar estaba en vigencia; asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada o reformada, se tomara en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine o pro persona, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. V. Este criterio definido anteriormente no es aplicable al caso presente, puesto que la garantía constitucional de revisión penal fue promovida por el abogado Ramón Matamoros, en favor de Angie Yoselí López Lujan, el 10 de junio de 2022, fecha en la cual ya se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del NCP 130-2017 y que aumenta la pena para el delito de extorsión a prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, más las penas accesorias y las consecuencias penales derivadas del delito. Es decir, no existe conflicto respecto a determinar cuáles son las leyes penales que deban compararse para efectos de realizar el análisis jurídico de retroactividad de la ley penal, la interposición de la garantía de revisión penal se dio en un tiempo en el cual no se encontraba en vigencia ninguna disposición penal que favoreciera al sentenciado. VI. Así las cosas, al realizar la comparativa en el caso sub examine, se verifica que: en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a la señora Angie Yoselí López Lujan, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos equivalentes a trescientos siete mil trescientos setenta y un lempiras con cinco centavos (L 307,371.05), por ser autora penalmente responsable del delito de extorsión simple, en perjuicio del Testigo Protegido PJ 041; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenada Angie Yoselí López Lujan, está prevista en el código penal decreto 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el código penal decreto 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar a la sentenciada, más bien le perjudica. Por tanto, se concluye que no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del código penal decreto 130-2017.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la garantía constitucional de revisión penal interpuesta por el abogado Ramon Matamoros, en favor de la señora Angie Yoselí López Lujan. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada Bustillo Hernández. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del distrito central, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha ocho de octubre del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-0925-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL