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Sentencia RP-917-23 — Registro 19722

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria en relación a la causa que se instruyó por el delito de secuestro.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (12): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en aplicación de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, mediante sentencia definitiva y firme de fecha ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, a la PENA PRINCIPAL de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA; asimismo a las PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha once de abril del año dos mil dieciocho mediante la cual se condenó al ciudadano JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, en aplicación de las reglas del Procedimiento Abreviado, con la rebaja en la imposición de las penas correspondientes, de un cuarto (1/4) de la pena imponible, no así, la de hasta la tercera parte de la pena imponible, cuando el imputado haya procedido a reparar las consecuencias del delito perjudiciales a la víctima. Asimismo, se impuso las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de SECUESTRO, en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima solicitada por el ente acusador; sin acreditación de circunstancias que agraven o atenúen la responsabilidad penal. Determinase que la pena concreta a imponer al penado conlleva la rebaja en un cuarto (1/4) de la pena prevista en las leyes penales aplicables (Arts. 403 y 404 del Código Procesal Penal). En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de SECUESTRO AGRAVADAO, previsto en el artículo 240, prevé una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión, por presentarse las circunstancias contenidas en los numerales 1), 3), 4) y 7) del artículo 240, a saber: a) El autor logra el cumplimiento de la condición; b) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; c) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años; y d) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, debiendo aplicarse la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena antes señalada, en atención a la aplicación de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, prevista en las leyes penales aplicables (Arts. 403 y 404 del Código Procesal Penal); obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, como autor del delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA, la pena principal de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES, a favor del señor JESUS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también como JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de abril del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la causa que se instruyó en contra del señor JESUS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, quien fue condenado por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR OBNILLA.ANTECEDENTES 1)En fecha veintisiete de julio del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, la Abogada MEY LIN IVONNE ZELAYA HERNANDEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor JESUS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, a quien se le acusa como responsable del delito de SECUESTRO, en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA. (Folios del 1-5 de la pieza de antecedentes del A-quo)2)Que en fecha Once (11) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia a través de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, mediante la cual falló: (Sic)“PRIMERO: CONDENANDO al imputado JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, por haber cometido el delito de SECUESTRO, en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA a título de autor, a una pena concreta de reclusión de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN que deberá cumplir en el Centro Penal de El Porvenir, Departamento de Francisco Morazán, sujeta a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario, ASIMISMO SE CONDENA A LA PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA.- TERCERO: No procede la condena en costas personales ni procesales…”. (Folios del 125-127fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 3)En fecha treinta de junio del año dos mil veintitrés, la Abogada RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, interponiendo Recurso de Revisión a favor del señor JESUS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también como JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del Principio de retroactividad Penal de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal Decreto 130-2017, que contempla una considerable disminución de las penas, dispuesto en el artículo 239, para el delito de Secuestro. (Folios 1-2 de los autos)4)En fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAÍNEZ, con la comparecencia de la Abogada RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES, en su condición de Apoderado Legal del señor JESUS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también como JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando la recurrente que ratifica el recurso de revisión presentado a favor de su representado, solicitando se aplique la pena que corresponde en el nuevo Código Penal para el delito de Secuestro, la cual es de 8 a 12 años de prisión.- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…”. (Folios del 19-21 de los autos)CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La garantista fundamenta su petición en los artículos 96 de la Constitución de la República y en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. La garantista en su escrito de interposición del Recurso señala que de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal Decreto 130-2017, contempla una considerable disminución según lo dispuesto en el artículo 239 en donde se establece una pena de ocho (8) a doce (12) años de prisión para el delito de Secuestro, por lo que procede aplicar la ley que más favorezca al señor Jesús Antonio Ramirez Romero, como la aplicación retroactiva de una ley penal por ser mas benigna, tal como lo manda el artículo 96 de la Constitución de la República, asimismo el articulo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha diecinueve de junio del año dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Rudi Sarahi Lozano Raudales, como garantista a favor del señor Jesús Antonio Ramirez Romero y la abogada Sagrario Rosibel Gutierrez Maldonado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada Rudi Sarahi Lozano Raudales, quien manifiesta que ratifica el recurso de revisión presentado, dado que su representado fue condenado a una pena de 15 años de reclusión con el código anterior y el mismo se sometió a un Procedimiento Abreviado para que la pena pudiera se más baja, por lo que la defensa considera que el nuevo Código Penal vigente en el artículo 239 habla de Secuestro, donde establece que la pena de Secuestro queda de 8 a 12 años de prisión, por lo que solicita la pena más favorable para su representado.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Sagrario Rosibel Gutierrez maldonado, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, 192 del Código Penal derogado y 240 del Código Penal vigente, expresando que: “… Del examen del fallo sub-judice, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia de mérito, que en el presente caso se acreditó que el día 18 de Julio de 2017, el ofendido se dirigía al colegio cuando fue interceptado por el hoy condenado, quien se comunicaba con otras personas, manteniéndole en cautiverio por 8 días, por lo que al concurrir las circunstancias agravantes señaladas en los numerales 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas y 7) el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, del artículo 240 Código Penal Vigente, se estima que el accionar ilícito del condenado se enmarca dentro del tipo penal de SECUESTRO AGRAVADO, en cuyo último párrafo señala que al concurrir dos (2) o más de las circunstancias señaladas en el precitado artículo, se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. De lo expuesto, se estima que en el presente caso la pena a imponer al condenado, de conformidad a los mismos términos de la sentencia impugnada, en la misma pena de 15 años de prisión, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al condenado, de conformidad con el criterio establecido en el tercer párrafo del artículo 616 de dicho cuerpo legal, por lo que no se cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley de Justicia Constitucional…” Siendo de la Opinión el Ministerio Público porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal.CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Juan Antonio Ramirez Romero, fue condenado mediante sentencia dictada a través de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, en fecha once de abril del año dos mil dieciocho, por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal del Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Secuestro, tipificado en el Artículo 192 de la norma derogada que disponía “Secuestro: Será sancionado con la pena de reclusión de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida, aun cuando no consiguiere su propósito, quien con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) Obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo; y c) Publicitarios o políticos…”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 239 “Secuestro. Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena”. Seguidamente el artículo 240 establece el aumento de la pena cuando en la comisión del hecho concurran las circunstancias agravantes en él enunciadas, siendo de aplicabilidad al caso las contenidas en los numerales 1), 3), 4) y 7) a saber: “Secuestro Agravado. El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; 2)…; 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4)La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años, mujer embarazada, persona de avanzada edad, especialmente vulnerable, o que padece una enfermedad que le impida valerse por sí misma; 5)…; 6)…; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado;… 8)…; 9)… Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. Si se causa, dolosa o imprudentemente, la muerte del secuestrado, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. -Lo resaltado y subrayado es añadido-CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es añadido-CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO (12): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en aplicación de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, mediante sentencia definitiva y firme de fecha ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, a la PENA PRINCIPAL de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de SECUESTRO, en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA; asimismo a las PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha once de abril del año dos mil dieciocho mediante la cual se condenó al ciudadano JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en el artículo 192 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de SECUESTRO. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, en aplicación de las reglas del Procedimiento Abreviado, con la rebaja en la imposición de las penas correspondientes, de un cuarto (1/4) de la pena imponible, no así, la de hasta la tercera parte de la pena imponible, cuando el imputado haya procedido a reparar las consecuencias del delito perjudiciales a la víctima. Asimismo, se impuso las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de SECUESTRO, en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima solicitada por el ente acusador; sin acreditación de circunstancias que agraven o atenúen la responsabilidad penal. Determinase que la pena concreta a imponer al penado conlleva la rebaja en un cuarto (1/4) de la pena prevista en las leyes penales aplicables (Arts. 403 y 404 del Código Procesal Penal). En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de SECUESTRO AGRAVADAO, previsto en el artículo 240, prevé una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de prisión, por presentarse las circunstancias contenidas en los numerales 1), 3), 4) y 7) del artículo 240, a saber: a) El autor logra el cumplimiento de la condición; b) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; c) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años; y d) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado, debiendo aplicarse la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena antes señalada, en atención a la aplicación de la figura procesal del Procedimiento Abreviado, prevista en las leyes penales aplicables (Arts. 403 y 404 del Código Procesal Penal); obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, como autor del delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA, la pena principal de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 24, 25, 34, 35, 38, 49, 239, 240, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada RUDI SARAHI LOZANO RAUDALES, a favor del señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, conocido también con el nombre de JUAN ANTONIO RAMIREZ ROMERO, por el delito SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JESÚS ANTONIO RAMIREZ ROMERO, como autor responsable del delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de la libertad de LUIS ROBERTO AGUILAR BONILLA, a la pena de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE PRISIÓN, más la prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el tiempo de la condena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo.- NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación de la Resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinticinco, recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0917-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL