Sentencia RP-89-23 — Registro 20087
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por el delito de trafico ilícito de droga en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. Anula parcialmente la sentencia y se modifica la sentencia revisada a la pena de cuatro (4) años de prisión más una pena multa de 100 días a razón de cincuenta Lempiras (50.00) por día, para un monto de cinco mil Lempiras exactos (L 5.000.00).
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “En el caso sub examine, no se deduce tampoco, con base a los hechos declarados probados, que el revisionista actuare en el ámbito del Grupo Delictivo Organizado, como fue posicionado por la fiscalía del Ministerio Público, en la Audiencia de estilo; según se desprende, también taxativamente, de lo prescrito en el artículo 136 del Código Penal (Decreto No. 130-2017). Asimismo, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal (Decreto No. 130-2017) sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, haciendo la revisión con identidad de circunstancias en la fundamentación jurídica y tomando en cuenta que, la droga encontrada fue marihuana y al no estimarse probada por el Tribunal Sentenciador la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, efectuar pronunciamiento judicial con base a penas mínimas; aplicando al sentenciado, señor JOSÉ ANTONIO SOLORZÁNO LOZANO, conforme a los parámetros legalmente establecidos la pena mínima para el delito de TRÁFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA ascendería a: CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE CIEN (100) DÍAS, a razón de cincuenta lempiras (50.00) por día, conforme lo prescrito en el artículo 53 del Código Penal Vigente; lo que equivale a la cantidad de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5, 000.00); manteniendo así la aplicación de la pena mínima para el delito revisado, con base al principio pro homine, y tomando en consideración los criterios jurídico penales y dogmáticos que quedan aquí expresados. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. III- Que, en conclusión, efectuando el comparando entre la legislación penal anterior, respecto a la legislación penal vigente, atendiendo a la situación particular del sentenciado, se puntualiza que los hechos por los cuales fue condenado el señor JOSÉ ANTONIO SOLORZÁNO LOZANO, según estatuidos en la sentencia respectiva, tendrían como consecuencia una pena privativa de libertad menor al beneficiario del presente recurso de revisión penal, con base a la legislación penal actualmente en vigor; por lo cual devendría en norma penal más beneficiosa, conforme al análisis jurídico – penal resultante. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que, finalmente y como lo dispone el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”; en relación a una norma derogada, aplicada anteriormente, siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; concluyéndose, después del estudio detenido de las diligencias, que la solicitud del revisionista cumple ajustadamente con los requisitos exigidos, tanto por la Norma Constitucional, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para su otorgamiento; resultando procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal a favor del señor JOSÉ ANTONIO SOLORZANO LOZANO, por resultarle más benigna. - Procede también, por efecto del otorgamiento del presente recurso, aplicar lo señalado en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional: “La ejecución de la nueva pena o la práctica de un nuevo computo, cuando en la nueva sentencia se imponga pena al condenado, con abono del tiempo de que haya estado en prisión”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice:” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA a favor del señor JOSE ANTONIO SOLORZANO LOZANO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE ANTONIO SOLORZANO LOZANO por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. (Cert. No. 683-2022) ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce (14) de octubre del dos mil quince (2015) el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado LUIS ALFREDO GODOY, presentando REQUERIMIENTO FISCAL, en contra JOSE ANTONIO SOLORZANO LOZANO Y NORA ONEYDA ARRAZOLA SOLORZANO quien se supone como responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS Y CONTRA JAIRO ANTONIO SOLORZANO ARRAZOLA por el delito de VIOLACION A LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA;. (Folios 4-5 del recurso de mérito) 2) Que en fecha veintiséis (26) de junio del dos mil dieciocho (2018), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al señor JOSE ANTONIO SOLÓRZANO LOZANO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de un delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, ya definido y circunstanciado a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; debiéndose computar desde el día en que el acusado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara y a la pena de multa de UN MILLON DE LEMPIRAS, la que deberá hacer efectiva a favor de la hacienda pública. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos, al acusado JOSE ANTONIO SOLORZANO LOZANO, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se decreta el comiso de una bolsa de plástico transparente conteniendo en su interior 41 envoltorios de plástico transparente conteniendo cada uno hierba seca (marihuana), con un peso neto de 100,50 gramos; así como hierba seca (marihuana) con un peso total de 242,92 gramos; Una bolsa de color negro conteniendo en su interior una cantidad de hierba seca (marihuana) con un peso de 208,33 gramos; una bolsa de plástica transparente conteniendo en su interior cierta cantidad de hierba seca supuesta marihuana y una bolsa plástica transparente, conteniendo en su interior dos envoltorios de papel periódico vacíos y una bolsa plástica transparente conteniendo en su interior 3,6 gramos de marihuana, haciendo un peso neto total según el dictamen de toxicología de 571, 75 gramos de marihuana más los 4, 6 gramos de marihuana que le fueron decomisados al testigo protegido Repollo; de igual manera, una bolsa de plástico transparente conteniendo en su interior 130 billetes de denominación de L1.00 lempira, 20 billetes de la denominación de L2.00 lempiras 152 billetes de la denominación de L5.00 lempiras, 41 billetes de la denominación de L10.00 lempiras, 3 billetes de la denominación de L20.00 lempiras; una bolsa de plástico transparente conteniendo en su interior una balanza de color gris y rojo; una paila plástica de color azul con su respectiva viñeta de embalaje. Se ordena la destrucción en la fase de ejecución de la sentencia de 571,75 gramos de marihuana decomisados al señor José Solórzano y 4,6 gramos que fueron decomisados al testigo protegido Repollo; los que se encuentran en el Almacén de evidencias del Ministerio Público. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del condenado JOSE ANTONIO SOLÓRZANO LOZANO, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. QUINTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio para los condenados. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación, dentro del plazo de veinte días. Así por nuestra sentencia la pronunciamos, mandamos y firmamos (Folios 272-284 del recurso de mérito) 3) En fecha diecinueve (19) de octubre del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ con la comparecencia de la abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE ANTONIO SOLORZANO LOZANO;; Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida de fecha Veintiséis (26) de Junio del año dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal (Decreto 130-2017) el cual es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los siguientes: 1).. 2) ..3) .. 4).. 5).. 6)...7) ... 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna" relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. Del análisis comparativo de ambas leyes penales se puede determinar que la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas derogado, sancionaba en su artículo 18 el delito de TRÁPICO DE DROGAS, estupefacientes o sustancias controladas, con pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de un millón a cinco millones de lempiras; mientras que el código Penal Vigente (decreto 130-2017) regula esa misma conducta en el artículo 311, que es castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos, en ambos supuestos se debe imponer además multa de cien (100) a quinientos (500) días. Del examen de los antecedentes y de la declaración de hechos probados expuestos en la sentencia objeto de revisión, se extrae que la acción cometida por el hoy condenado debe ser enmarcado en un ilícito de mayor gravedad como es el delito de Tráfico de Drogas Agravado, al estimar que era un hecho punible de alto riesgo en cuanto a las circunstancias en que ocurrieron 10s hechos y que además se trataba de una cantidad Importante de cocaína que conforme al dictamen toxicológico Forense tenía un peso de 420,871.11 gramos; de aquí que se estime que en la presente causa concurren las circunstancias agravantes especificas contenidas en los numerales 3), 5) y 7) del artículo 312 del mismo cuerpo legal, que refieren: 1)...: 2) ...; 3) El delito se cometo en el ámbito de un grupo delictivo organizado.. 4) ...; 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia. 6)...: 1) ...8) ... 9) .... Si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5) o 7) las penas de prisión se deben incrementar en un tercio (1/3), es decir, la pena de prisión diez (10) a quince (15) años y multa de trecientos (300) a quinientos (500) días se deben incrementar en Un tercio (1/3), quedando una pena de 15 a 20 años de reclusión, oscila de 500 a 666.66 días: por 10 más la pena de multa que en aplicación al precitado artículo 53 del Código Penal vigente, cada día de multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L 20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L 5,000.000). Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior Impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGA es de quince (15) años de reclusión, la cual se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible al delito de TRAFICO ILICITO DE DROGA, con arreglo al Código Penal vigente, cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años Reclusión, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado, ya que lo peticionado por el revisionista no cumple 10s requisitos que establece el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no ser la misma más favorable para el condenado. Acto seguido, cedió la palabra al Abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA apoderado legal del señor JOSE ANTONIO SOLORZANO LOZANO a efecto de que haga uso de su derecho a la Réplica, quien manifiesta: gracias si en ese sentido, creo que el análisis comparativo no es el adecuado. El artículo 18 de la Ley de Tráfico ilícito de drogas que se le aplicó en ese entonces, pues la pena era de 15 y actualmente el Código Penal, en su artículo 311 se maneja un rango de 4 a 7 y el otro es de 8 a 10 y si mal no lo recuerdo, en ese sentido la pena del actual Código es más benigna, es menos en ese sentido, sí procede la aplicación de la retroactividad de la ley, porque es una pena menor. Entonces, si hacemos la comparación la pena actual de nuestro Código Penal vigente es menor a la que se le aplicó en aquel entonces según el artículo 18 de la Ley de Tráfico ilícito de droga, solamente Señoría. (Folios 43-46 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión, o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Posicionamiento de las partes en audiencia de oposición. El abogado de la parte recurrente expuso: Compareció a la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, el Abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA, manifestando que ratificaba el recurso de revisión de fecha veinte de enero del año dos mil veintitrés, en la que se solicita la revisión de la sentencia de fecha veintiséis de junio del año dos mil dieciocho, en la que el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, condenó a su representado, señor JOSÉ ANTONIO SOLORZANO LOZANO, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; debiéndose computar desde el día en que el acusado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara y a la pena de multa de UN MILLON DE LEMPIRAS, la que deberá hacer efectiva a favor de la hacienda pública. Todo ello, con base a que la nueva ley o Código Penal consigna en su artículo 311 una pena más benigna en cuanto al delito de TRAFICO DE DROGAS, por lo cual, solicita la aplicación del principio de retroactividad penal más favorable; conforme a la cual, su representado debe ser castigado con las penas de prisión que oscilan entre CUATRO A SIETE AÑOS, y Multa de cien (100) a quinientos (500) días, dentro del rango mínimo. - La agente fiscal manifestó en audiencia: Compareció a la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, manifestando su discrepancia con la petición garantista, basada en que las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal establecen, efectivamente, penas mayores para el beneficiario del presente recurso; por cuanto los hechos por los cuales resultó sentenciado, resultan especialmente agravados; por razones concurrentes de tratarse de: “… Una cantidad importante de cocaína”, que conforme al dictamen toxicológico forense tenía un peso de 420, 871.11 gramos. Por todo lo cual, en comparativa a las disposiciones penales conforme a las cuales fue condenado, correspondería imponer penas más desfavorables al condenado, en virtud a lo fundamentado en los numerales 3), 5) y 9) del artículo 312 del actual y vigente Código Penal. Por todo lo cual procedía dictar sentencia denegatoria a la presente acción de revisión penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. "En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): Que según el artículo 96 de la Constitución de la Republica: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte de nuestro derecho interno. Al suscribirse tan importante instrumento interamericano de derechos humanos, el Estado de Honduras se compromete a respetar, promover y proteger los derechos y libertades allí reconocidos. Establece la Convención en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Las cursivas y el subrayado son añadidos-. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su interpretación sobre el principio de retroactividad, ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay; “… el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que discriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que atinente a la interpretación del bloque de constitucionalidad que acuerpa el ejercicio responsable de la función jurisdiccional, con miras a la integridad del ordenamiento jurídico y con atención al objetivo teleológico principal, que es la protección efectiva que es debida a la persona humana; reitera la Sala de lo Constitucional sujeción a lo establecido en el artículo 2 de la Ley Sobre Justicia Constitucional (Decreto No. 244-2003); según el cual, sus disposiciones: “Se interpretaran y aplicaran de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los Tribunales Internacionales.“ CONSIDERANDO DIEZ (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala expone a continuación, la motivación decisoria para el otorgamiento, o no, de la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes acompañados, observa esta Sala que, mediante sentencia definitiva y firme de fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, condenó al señor JOSE ANTONIO SOLORZANO LOZANO, por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; debiéndose computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y a cumplirse en el Centro Penitenciario Nacional de Támara; así como a la pena de multa de UN MILLON DE LEMPIRAS; y, como consecuencia de la pena de reclusión impuesta, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena; así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Finalmente, se declara la responsabilidad civil del condenado, a ser objeto de tasación durante la fase de ejecución de la sentencia. CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. II- Que el cómputo de las penas a imponer, se desglosaría así, acorde la comparativa entre las dos (2) legislaciones penales en mención, determinando que se impuso al sentenciado, conforme a la LEY SOBRE USO INDEBIDO Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS (DECRETO NÚMERO 126-89), la pena correspondiente para el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS la cual oscila de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION y MULTA DE UN MILLÓN (L 1,000 000.00) a CINCO MILLONES (L 5, 000, 000.00) DE LEMPIRAS; mientras que, el artículo 311 del vigente CÓDIGO PENAL (DECRETO No. 130-2017), por su parte, regula dos (2) supuestos diferenciados de TRÁFICO DE DROGAS, acorde se trate, o no, de drogas que causen grave daño a la salud; oscilando la nueva pena entre CUATRO (4) A SIETE (7) AÑOS, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana, como acaece en el presente caso; y de SIETE (7) A DIEZ (10) AÑOS en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971). En ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. En el caso sub examine, no se deduce tampoco, con base a los hechos declarados probados, que el revisionista actuare en el ámbito del Grupo Delictivo Organizado, como fue posicionado por la fiscalía del Ministerio Público, en la Audiencia de estilo; según se desprende, también taxativamente, de lo prescrito en el artículo 136 del Código Penal (Decreto No. 130-2017). Asimismo, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal (Decreto No. 130-2017) sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, haciendo la revisión con identidad de circunstancias en la fundamentación jurídica y tomando en cuenta que, la droga encontrada fue marihuana y al no estimarse probada por el Tribunal Sentenciador la concurrencia de circunstancias modificativas o eximentes de la responsabilidad penal, efectuar pronunciamiento judicial con base a penas mínimas; aplicando al sentenciado, señor JOSÉ ANTONIO SOLORZÁNO LOZANO, conforme a los parámetros legalmente establecidos la pena mínima para el delito de TRÁFICO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA ascendería a: CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE CIEN (100) DÍAS, a razón de cincuenta lempiras (50.00) por día, conforme lo prescrito en el artículo 53 del Código Penal Vigente; lo que equivale a la cantidad de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5, 000.00); manteniendo así la aplicación de la pena mínima para el delito revisado, con base al principio pro homine, y tomando en consideración los criterios jurídico penales y dogmáticos que quedan aquí expresados. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. III- Que, en conclusión, efectuando el comparando entre la legislación penal anterior, respecto a la legislación penal vigente, atendiendo a la situación particular del sentenciado, se puntualiza que los hechos por los cuales fue condenado el señor JOSÉ ANTONIO SOLORZÁNO LOZANO, según estatuidos en la sentencia respectiva, tendrían como consecuencia una pena privativa de libertad menor al beneficiario del presente recurso de revisión penal, con base a la legislación penal actualmente en vigor; por lo cual devendría en norma penal más beneficiosa, conforme al análisis jurídico – penal resultante. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que, finalmente y como lo dispone el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…, 2)…, 3)…, 4)…,5)…, 6) … 7)…, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”; en relación a una norma derogada, aplicada anteriormente, siendo cosa juzgada mediante una sentencia firme; concluyéndose, después del estudio detenido de las diligencias, que la solicitud del revisionista cumple ajustadamente con los requisitos exigidos, tanto por la Norma Constitucional, como por la Ley Sobre Justicia Constitucional, para su otorgamiento; resultando procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal a favor del señor JOSÉ ANTONIO SOLORZANO LOZANO, por resultarle más benigna. - Procede también, por efecto del otorgamiento del presente recurso, aplicar lo señalado en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia Constitucional: “La ejecución de la nueva pena o la práctica de un nuevo computo, cuando en la nueva sentencia se imponga pena al condenado, con abono del tiempo de que haya estado en prisión”.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición de la Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 4, 69, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 2, 8.1, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 numeral 4) y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 25, 35, 36, 38, 42, 51, 53, 58, 65, 66, 239, 240 Numeral 7), 570, 580 numeral 1), 615, y 616 del Código Penal Vigente, FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado LUIS ENRIQUE LARIOS FONSECA a favor del señor JOSE ANTONIO SOLORZANO LOZANO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, con relación a la causa seguida contra el señor JOSE ANTONIO SOLORZANO LOZANO por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS; SEGUNDO: ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; y, TERCERO: SE MODIFICA la sentencia revisada, la cual deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR al señor JOSÉ ANTONIO SOLORZÁNO LOZANO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de TRÁFICO DE DROGAS a la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN más una pena MULTA de 100 DÍAS a razón de CINCUENTA LEMPIRAS (50.00) POR DÍA, para un monto de CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L 5.000.00), conforme lo estipulado en el artículo 53 del Código Penal Vigente, y; CUARTO: SE INSTRUYE Al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que realice un nuevo cómputo, con abono del tiempo que ha estado en prisión, el señor JOSÉ ANTONIO SOLORZÁNO LOZANO, por el delito por el cual fue condenado; acorde a lo prescrito en el artículo 101 numeral 4 de la Ley sobre Justicia. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que se proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha once de diciembre del dos mil veinticinco, recaído en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0089-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL