Sentencia RP-882-22 — Registro 19721
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de lavado de activos en perjuicio de la Seguridad Social.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a LELSY SUYAPA GARCIA Y LUIS ALONSO CARIAS, la pena de quince (15) años de prisión y comiso de los bienes incautados, por ser autores penalmente responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, que establece que el que incurre en ese delito, será sancionado con quince (15) a veinte (20) años de reclusión. En cambio, el artículo 439 del nuevo Código Penal, Decreto 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el Decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto legislativo 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de Lavado de Activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia, solo establece que a los condenados LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS, en sus bienes que poseían como parejas, sobrepasan los dos millones en bienes muebles y muebles sin especificar de donde obtuvieron esa cantidad de dinero y no tenían justificación lícita de su procedencia. Del estudio de la fundamentación de la sentencia se desprende, que se le impone la pena mínima por haberla solicitado el Ministerio Público y a la vez por no tener atenuantes y agravantes, que modificaran la pena a imponer; asimismo, no se desprende de los hechos probados, que la obtención de esos bienes muebles e inmuebles sean producto de un delito. Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que los condenados están prófugos y que por ello no se les debe otorgar la retroactividad de la ley, con respecto a lo anterior esta Alzada estima que si bien consta en autos que ambos condenados LUIS ALONSO CARIAS Y LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR, se encuentran prófugos y que no se encuentran cumpliendo la sentencia condenatoria dictada en su contra; también lo es que en la audiencia para escuchar la sentencia señalada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en virtud de no haber comparecido ambos condenados, el Tribunal deliberó y por unanimidad de votos, en aplicación del artículo 109 del Código Procesal Penal, se les decretó en rebeldía a los condenados; en consecuencia si es procedente aplicar la retroactividad de la ley, en virtud de ser más favorable para los condenados. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la Fiscalía, esta Sala encuentra, que no se puede aplicar para otorgar la retroactividad de la ley solicitada. El artículo 618 del Código Penal Vigente establece: “Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional” como ocurre en el presente caso. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye, que es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor de los condenados señores LELSY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS y por lo tanto, es procedente anular la sentencia objeto de revisión. Imponiéndoles las penas establecidas en el Código Penal Vigente, artículo 439, que establece que: … ¡….”. Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Dos millones de Lempiras (L. 2,0000.000.00) y no exceda a cinco millones de lempiras (L.5.0000.0000.000) se debe imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor…”, aplicando dicho artículo, la pena a imponer a los condenados en virtud de solicitar en la audiencia de individualización de la pena el Ministerio Público la aplicación de la pena mínima, es procedente sancionar a los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS, imponer una pena de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA IGUAL AL CIEN POR CIENTO (100%) DE DICHO VALOR. Por superar la cantidad en bienes muebles e inmuebles a la cantidad de dos millones de lempiras.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 616 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 439 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la Resolución que literalmente dice.” CORTE SUPREMA DE JUVISTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ a favor de los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha Veintiocho de mayo del año dos mil nueve, con relación a la causa que se instruyó contra los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la SEGURIDAD SOCIAL. SON PARTES INTERVINIENTES Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, en su condición de representante procesal de los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA.- Abogada RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Entre los años mil novecientos noventa y seis al año dos mil cinco, los señores LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA y LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR, ambos compañeros de hogar, obtuvieron un crecimiento económico injustificado, con el cual, el señor LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, realizo depósitos hasta por un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil, quinientos cincuenta y cuatro lempiras con ochenta y ocho centavos (1,452,554.88) y retiros de un millón cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y nueve lempiras con treinta y tres centavos de la cuenta 21-205-025482-7 del Banco de Occidente y pagó prestamos en forma anticipada otorgados por la misma institución bancaria a un plazo de cinco años, por la cantidad de ciento veinticinco mil lempiras (125,000.00) y doscientos doce mil lempiras (212,000.00). SEGUNDO: La señora LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR realizo depósitos en las cuentas número 10002045 del Banco de Occidente hasta por la cantidad de treinta y dos mil lempiras (32/000,00), sin retirar su saldo llegando a tener disponible la cantidad de cien mil cuatrocientos treinta y uno lempiras con cincuenta y ocho centavos (100, 431.58), procediendo ambos señores a la construcción de una vivienda de dos plantas, en una propiedad previamente obtenida mediante herencia, ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo de la ciudad de Puerto Cortes, además de cuatro casas de una sola planta, una área para negocios y tres apartamentos con un valor de un millón trescientos ochenta y cuatro mil, ciento diecinueve lempiras, con cincuenta centavos (1, 384, 119.50), la cual se encuentra registrada bajo número 347, del asiento 99 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la sección judicial de Puerto Cortes, una propiedad de ocho hectáreas ubicada en el barrio El Zapadril de Puerto Cortes, con un valor de cincuenta mil lempiras, (Lps 50,000.00), la cual se encuentra registrada bajo el número 100 del tomo 567 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, una propiedad de 720. V 2 ubicada en el barrio Planes de Medina, la cual se encuentra registrada bajo el número 67 del tomo 281 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil con un valor de ochocientos lempiras, una propiedad ubicada en el mismo barrio Planes de Medina con una extensión de 1440 V 2 con un valor de mil lempiras ( Lps 1000.00), la cual se encuentra registrada bajo el número 80, del tomo 281, del Registro de la propiedad Inmueble y Mercantil, adquirido asimismo dos vehículos al crédito por un valor de 240,000.00 y 250.000.001 los cuales fueron cancelados. “ANTECEDENTES.- 1) Que, en fecha trece de agosto del año dos mil cinco, el Ministerio Público, a través del abogado Walter Leonel Ramírez, interpuso requerimiento fiscal contra los señores LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, VICTOR MANUEL CARIAS ORTEGA Y LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR, por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS y POSESION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) En fecha 28 de mayo del año dos mil nueve, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual “FALLA: PRIMERO: ABSOLVER al acusado LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, cuyas generales de identidad ya han sido mencionadas en el preámbulo de esta sentencia de un delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: CONDENAR a los acusados LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA y LESLY SUYAPA GARCIA RODRIGUEZ, cuyas generales de identidad ya han sido mencionadas en el preámbulo de esta sentencia a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION como pena principal, por su participación en un delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; pena que deberá cumplir en la Penitenciaría de San Pedro Sula, Cortes, con abono del tiempo que hayan permanecido en efectiva prisión preventiva; además esta pena lleva consigo la imposición como accesorias de la Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil y a trabajar en obras públicas durante el tiempo de duración de la condena. TERCERO: Se DECRETA EL COMISO de I.-A).- Las mejoras identificadas como tres casas de habitación, una vivienda en construcción de dos plantas, en la primera planta dos cuartos, un baño, una sala, una cocina, en la segunda planta cinco cuartos, una sala y dos baños, con pisos de cerámica blanca. Una casa de habitación color salmón, de dos plantas, la primera planta dividida por arcos que funciona como cocina y sala, en la segunda planta que consta de cinco cuarto y un baño, ubicadas en un terreno ubicado en el barrio Pueblo Nuevo, entre 4 y 5 avenida, 3 Y 4 calle, de la ciudad de Puerto Cortes, inscrito bajo numero 347, del asiento 99 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la sección judicial de Puerto Cortes. B).- Un terreno de ocho hectáreas ubicado en la comunidad de Zapadril, municipio de Puerto Cortes, vendido al señor Luis Carias por el señor José Eduardo Zúñiga Barahona, inscrito bajo tomo 567, asiento numero 100, del libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la sección judicial de Puerto Cortes. C).- Una propiedad de 720.V2 ubicada en el barrio Planes de Medina, la cual se encuentra registrada bajo el numero 67 del tomo 281 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de la ciudad de Puerto Cortes. D).- Una propiedad ubicada en el mismo barrio Planes de Medina con una extensión de 1440 V2, la cual se encuentra registrada bajo el numero 80, del tomo 281, del Registro de la propiedad Inmueble y Mercantil. de la ciudad de Puerto Cortes. II.- Sobre las cuentas bancarias que7005955760476000 pertenecen a los señores LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA y LESLY SUYAPA GARCIA RODRIGUEZ y que a continuación se detallan: A).- Cuenta número 10006050 de la Cooperativa Mixta COMPOL, a nombre de Martha Luisa Carias Garcia, con un saldo de cuatro mil ochocientos treinta y cuatro lempiras con cinco centavos (4,843.05) B).- Cuenta número 10006049 de la Cooperativa Mixta COMPOL, a nombre de Julissa Lizeth Carias Garcia, con un saldo de cuatro mil novecientos noventa y cuatro lempiras con sesenta y seis centavos (4,994.66) C).- Cuenta numero 10001894 de la Cooperativa Mixta COMPOL nombre de la señora Lesly Suyapa Garcia Aguilar, con un saldo de con un saldo de cien mil cuatrocientos treinta y uno lempiras, punto cincuenta y ocho centavos (100,431.58), D).- Cuenta numero 30-203-105400 de Banco Ficohsa nombre de la señora Lesly Suyapa Garcia Aguilar, con un saldo de veintidós mil ciento uno lempiras con veintidós centavos ( 22,101.22) E).- Cuenta numero 201-02-240-001173 de banco Futuro nombre de la señora Lesly Suyapa Garcia Aguilar, con un saldo de ocho mil novecientos ochenta y siete dólares con cincuenta y cuatro centavos (8,987.54) F).- Cuenta numero 208002-240-11736 de banco Lafice nombre de la señora Lesly Suyapa Garcia Aguilar, con un saldo de once mil doscientos trece dólares (11,213.08).- III.- de los vehículos: A) Marca Toyota, color rojo, pick up, placas PAA-2617, modelo 1989, año 1989, inscrito el 06 de enero del 2001 a nombre de la señora Lesly Suyapa Garcia; B) Vehículo marca Chevrolet Pick-up, año 2000, color blanco, placa No. PAC4057; C).- Vehículo marca Hino, modelo desconocido, tipo camión, año 1993, color blanco, con placas numero AAC4954.- IV.- de dinero en efectivo por la cantidad de: A).- La cantidad de doscientos cinco mil seis cientos sesenta y cinco lempiras (Lps.205,665.00); B).- La cantidad de trescientos cinco dólares ($ 305); V.-En las joyas doscientas treinta y cuatro (234) piezas, mas cinco (5) fragmentos; y once (11) relojes. VI.- Se procede a decretar el comiso de todos los bienes anteriores.- Todos estos bienes quedan a disposición de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), quien será la encargada de velar por la guarda y administración de todos los bienes, productos o instrumentos del delito, que le han sido puestos en depósito y de los intereses que los mismos generen. CUARTO: Se declara a los condenados responsables civilmente. QUINTO: No procede condenar en costa a los acusados. QUEDAN NOTIFICADAS EN ESTRADO DE ESTA SENTENCIA LAS PARTES PROCESALES. ASI POR NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS.”. 3) En fecha tres de junio del año dos mil veintidós, compareció ante la Secretaría de la Sala Constitucional, el abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, presentando Recurso de Revisión a favor de los señores LELSY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, sentencia que se dictó por el delito de Lavado de Activo en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURA.- 4) En fecha uno de junio del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, encontrándose presentes el Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, quien actúa en su condición de apoderado legal de los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA; asimismo, el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, acreditado ante este Tribunal. El Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, apoderado legal de los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, manifiesta: “que ratifica el recurso de Revisión extraordinario, contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de cortés, en donde condenó a mis representados LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, a la pena de quince años de reclusión, por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; haciendo la comparación de ambas normas tanto la derogada bajo el decreto 144—83 y el decreto 1302017, que es el código vigente, esta representación conforme al artículo 439, ha hecho el análisis y le resulta más favorable a mis representados; no obstante hay que hacer mención también del decreto 93-2021 y refiriéndonos a los delitos relacionados al Lavado de Activos, en este caso en el expediente de mérito, podemos apreciar que mi representada o mi representado nunca fueron condenados por delitos precedentes por los cuales no tienen condenas anteriores ni han tenido ya el decreto 93— 2021 es claro y nos dice que para que una persona pueda ser condenada por el delito de lavado de activos debe de haber delitos precedentes y una investigación previa de cinco años no obstante esto no ha pasado en este caso en caso de no ser así que se aplique lo que establece el artículo 439 párrafo primero en una pena enmarcada de cinco a ocho años de prisión y la multa que en derecho corresponde esto con fundamento en los artículos 96 constitucional 96 numeral 8 de la ley sobre justicia constitucional y 9 de la convención americana sobre derechos humanos relacionándolos al 615 y 616 del código penal decreto 130—2017 muchas gracias.” Por su parte el Fiscal Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, manifiesta: “accionando en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, designado y debidamente acreditado ante esa Honorable Corte Suprema de Justicia, para conocer de los casos que por ley es llamado a conocer esta representación fiscal, refiriéndose al Recurso extraordinario de Revisión Penal interpuesto por la Abogado; VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, a favor de los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de fecha veintiocho (28) de mayo del año Dos mil nueve (2009), mediante la cual se condenó a los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; al respecto el Ministerio Público en base a lo establecido en el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se permite manifestar lo siguiente: 1.ANTECEDENTE: Lo constituye la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiocho (28) de mayo del año Dos mil nueve (2009), mediante la cual se condenó al señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; por la cual se les impuso la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias inhabilitación absoluta interdicción civil y se declara la responsabilidad civil de los condenados. II.ANALISIS JURÍDICO: Que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia definitiva antes indicada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor de los condenados, en virtud que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal contemplan una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a sus representados, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre 6800215271208500Justicia Constitucional, que dispone: 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna..." relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. II.HECHOS RELEVANTES DEL CASO. El Ministerio Público al hacer un análisis de la sentencia traída a revisión, aprecia que el día 15 de octubre del 2005, se realizó un allanamiento en el Municipio Pueblo Nuevo, Departamento de Cortés, en el domicilio de los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, quienes vendían drogas, encontrándose en el interior de las viviendas 392 piezas de joyas, así como el comiso de una casa en el Barrio pueblo nuevo donde se construye un complejo habitacional con registro No 91 tomo 278 valorada en UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L 1,384,119.50), una Casa hipotecada a favor de Banco de Occidente por el valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L 831, 471.70) y depósitos en cuenta bancaria de Banco de Occidente por el monto de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS. (L 1, 452, 554. 88), TRESCIENTOS CINCO DOLARES ($ 305.00) al cambio equivale a SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS, más 12 cabezas de ganado y 14 cabezas de cerdo, haciendo un total aproximado de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (LPS. 3,675,770.08) entre otros bienes que fueron decomisados pero que no han sido valorados. El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales se establece que Ley contra el Lavado de Activos sancionaba el delito de LAVADO DE ACTIVOS en su artículo 3 con una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION. El Código Penal Vigente (Decreto 130—2017) regula el delito de LAVADO DE ACTIVOS en el artículo 439, desprendiéndose de la sentencia que el dinero y los demás bienes que han sido objeto de comiso en la sentencia, tienen como delito precedente directos o indirectos el delito de tráfico ilícito de drogas. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1) Cuando el valor de a los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (L. 2.000,000) se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (2.000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (5. 000, 000), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; y, 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco Millones de Lempiras (5.000,000) se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. Las penas anteriores se deben aumentar en un cuarto (1/4) en los casos siguientes: Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, Mas el incremento de un tercio por haberse cometido el delito dentro de una estructura de criminalidad organizada, quedando una nueva pena de DIESCISEIS (16) AÑOS OCHO (8) MESES. Sin embargo, los imputados actualmente andan prófugos de la justicia y pende sobre ellos una orden de captura, lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy pretende se revea y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de pena, por otra parte, en el caso de autos no se ha realizado el computo de la pena. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, conforme los argumentos expuestos en el presente libelo. “FUNDAMENTACIÓN JURIDICA CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9, el Principio de Legalidad y de Retroactividad, que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…” Así como que: “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha uno de junio del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado VICTOR ALEXIS ANDINO QUIROZ, apoderado legal de los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, expresa que ratifica el recurso de Revisión extraordinario contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil nueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en donde condenó a sus representados LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, a la pena de quince años de reclusión, por el delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, haciendo la comparación de ambas normas tanto la derogada bajo el decreto 144—83 y el decreto 1302017, que es el código vigente, esta representación conforme al artículo 439 ha hecho el análisis y le resulta más favorable a sus representados, no obstante hay que hacer mención también el decreto 93-2021 y refiriéndonos a los delitos relacionados al Lavado de Activos, en este caso, en el expediente de mérito podemos apreciar que sus representados nunca fueron condenados por delitos precedentes, por los cuales no tienen condenas anteriores ni han tenido, ya el Decreto 93—2021, es claro y nos dice que para que una persona pueda ser condenada por el delito de Lavado de Activos debe de haber delitos precedentes y una investigación previa de cinco años; no obstante, esto no ha pasado en este caso, de no ser así, que se aplique lo que establece el artículo 439 párrafo primero, en una pena enmarcada de cinco a ocho años de prisión y la multa que en derecho corresponde, esto con fundamento en los artículos 96 Constitucional, 96 numeral 8 de la ley sobre justicia constitucional y 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, relacionándolos al 615 y 616 del código penal, Decreto 130—2017. Por su parte el Fiscal Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, adscrito a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, accionando en representación, defensa y protección de los intereses generales de la sociedad, designado y debidamente acreditado ante esa Honorable Corte Suprema de Justicia, expresa que mediante sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés de fecha veintiocho (28) de mayo del año Dos mil nueve (2009), se condenó a los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; al respecto el Ministerio Público en base a lo establecido en el artículo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se permite manifestar lo siguiente: II.ANALISIS JURÍDICO: Que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia definitiva antes indicada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor de los condenados, en virtud que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal contemplan una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a sus representados, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre 6800215271208500Justicia Constitucional, que dispone: 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna..." relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. II.HECHOS RELEVANTES DEL CASO. El Ministerio Público al hacer un análisis de la sentencia traída a revisión, aprecia que el día 15 de octubre del 2005, se realizó un allanamiento en el Municipio Pueblo Nuevo, Departamento de Cortés, en el domicilio de los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS ORTEGA, quienes vendían drogas, encontrándose en el interior de las viviendas 392 piezas de joyas, así como el comiso de una casa en el Barrio pueblo nuevo donde se construye un complejo habitacional con registro No 91 tomo 278 valorada en UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L 1,384,119.50), una Casa hipotecada a favor de Banco de Occidente por el valor de OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L 831, 471.70) y depósitos en cuenta bancaria de Banco de Occidente por el monto de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS. (L 1, 452, 554. 88), TRESCIENTOS CINCO DOLARES ($ 305.00) al cambio equivale a SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS, más 12 cabezas de ganado y 14 cabezas de cerdo, haciendo un total aproximado de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (LPS. 3,675,770.08) entre otros bienes que fueron decomisados pero que no han sido valorados. El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales se establece que Ley contra el Lavado de Activos sancionaba el delito de LAVADO DE ACTIVOS en su artículo 3 con una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION. El Código Penal Vigente (Decreto 130—2017) regula el delito de LAVADO DE ACTIVOS en el artículo 439, desprendiéndose de la sentencia que el dinero y los demás bienes que han sido objeto de comiso en la sentencia, tienen como delito precedente directos o indirectos el delito de tráfico ilícito de drogas. Las conductas descritas en el párrafo anterior deben ser castigadas conforme a las reglas siguientes: 1) Cuando el valor de a los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (L. 2.000,000) se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor; 2) Cuando el valor de los activos objeto del lavado sea superior a Dos Millones de Lempiras (2.000,000) y no exceda los Cinco Millones de Lempiras (5. 000, 000), se deben imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor; y, 3) Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Cinco Millones de Lempiras (5.000,000) se deben imponer las penas de prisión de diez (10) a trece (13) años y multa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) de dicho valor. Las penas anteriores se deben aumentar en un cuarto (1/4) en los casos siguientes: Cuando los bienes o activos proceden de delitos relativos al tráfico de drogas, Mas el incremento de un tercio por haberse cometido el delito dentro de una estructura de criminalidad organizada, quedando una nueva pena de DIESCISEIS (16) AÑOS OCHO (8) MESES. Sin embargo, los imputados actualmente andan prófugos de la justicia y pende sobre ellos una orden de captura, lo que representa una franca contravención a lo que establece la condena impuesta en la sentencia que hoy pretende se revea y consecuentemente contraviene la garantía de ejecución de pena, por otra parte, en el caso de autos no se ha realizado el computo de la pena. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, conforme los argumentos expuestos en el presente libelo.- CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP 144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala, le consultará a éste para que señale la que más le favorece.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a LELSY SUYAPA GARCIA Y LUIS ALONSO CARIAS, la pena de quince (15) años de prisión y comiso de los bienes incautados, por ser autores penalmente responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, aplicó lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, que establece que el que incurre en ese delito, será sancionado con quince (15) a veinte (20) años de reclusión. En cambio, el artículo 439 del nuevo Código Penal, Decreto 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020, y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el Decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto legislativo 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de Lavado de Activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia, solo establece que a los condenados LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS, en sus bienes que poseían como parejas, sobrepasan los dos millones en bienes muebles y muebles sin especificar de donde obtuvieron esa cantidad de dinero y no tenían justificación lícita de su procedencia. Del estudio de la fundamentación de la sentencia se desprende, que se le impone la pena mínima por haberla solicitado el Ministerio Público y a la vez por no tener atenuantes y agravantes, que modificaran la pena a imponer; asimismo, no se desprende de los hechos probados, que la obtención de esos bienes muebles e inmuebles sean producto de un delito. Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que los condenados están prófugos y que por ello no se les debe otorgar la retroactividad de la ley, con respecto a lo anterior esta Alzada estima que si bien consta en autos que ambos condenados LUIS ALONSO CARIAS Y LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR, se encuentran prófugos y que no se encuentran cumpliendo la sentencia condenatoria dictada en su contra; también lo es que en la audiencia para escuchar la sentencia señalada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en virtud de no haber comparecido ambos condenados, el Tribunal deliberó y por unanimidad de votos, en aplicación del artículo 109 del Código Procesal Penal, se les decretó en rebeldía a los condenados; en consecuencia si es procedente aplicar la retroactividad de la ley, en virtud de ser más favorable para los condenados. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la Fiscalía, esta Sala encuentra, que no se puede aplicar para otorgar la retroactividad de la ley solicitada. El artículo 618 del Código Penal Vigente establece: “Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional” como ocurre en el presente caso. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye, que es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor de los condenados señores LELSY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS y por lo tanto, es procedente anular la sentencia objeto de revisión. Imponiéndoles las penas establecidas en el Código Penal Vigente, artículo 439, que establece que: … ¡….”. Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a Dos millones de Lempiras (L. 2,0000.000.00) y no exceda a cinco millones de lempiras (L.5.0000.0000.000) se debe imponer las penas de prisión de ocho (8) a diez (10) años y multa igual al cien por ciento (100%) de dicho valor…”, aplicando dicho artículo, la pena a imponer a los condenados en virtud de solicitar en la audiencia de individualización de la pena el Ministerio Público la aplicación de la pena mínima, es procedente sancionar a los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS, imponer una pena de OCHO AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA IGUAL AL CIEN POR CIENTO (100%) DE DICHO VALOR. Por superar la cantidad en bienes muebles e inmuebles a la cantidad de dos millones de lempiras.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado VICTOS ALEXIS ANDINO QUIROZ, a favor de los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS. SEGUNDO: ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, veintiocho de mayo del dos mil nueve; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta a los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS, por el delito LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA SEGURIDAD DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO los señores LESLY SUYAPA GARCIA AGUILAR Y LUIS ALONSO CARIAS, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, a la pena de OCHO (08)) AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DEL CIEN (100%) DE VALOR DE LOS ACTIVOS, EN PERJUICIO DE LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Mas las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. - NOTIFÍQUESE y CUMPLASE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-0882-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL