Sentencia RP-877-22 — Registro 19251
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por los delitos de Facilitación de medios de transporte para el trafico de drogas y almacenamiento ilegal de armas, artefactos para el trafico y almacenamiento ilegal de armas, artefactos y explosivos de uso prohibido, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras y la seguridad del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
En ese orden de ideas, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el código vigente si bien prevé la sanción de prisión menos gravosas que la impuesta conforme al código penal contentivo en el decreto 144-83, en relación al delito de tenencia o portación ilegal de arma de fuego (prohibida), cuya pena abstracta, con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, queda de seis (6) a ocho (8) años de prisión, no sucede lo mismo en cuanto al delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, cuya pena abstracta es de siete (7) a diez (10) años, adicionalmente como ha quedado dicho, en cuanto a la multa establecida, excede por mucho la impuesta en la sentencia venida en revisión, por otro lado resulta agravante a la situación del ciudadano condenado, el agregarle una nueva pena, como la localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas. Por tanto, se concluye que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, adicionalmente en atención a que no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique conforme dispone el artículo 616 del código penal decreto 130-2017.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veintidós de abril de dos mil veinticinco. VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de revisión penal, interpuesto por el abogado HECTOR EDUARDO MARTINEZ RÍOS, a favor del señor PLINIO SANTOS AVELAR, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015), con relación a la causa que se instruyó contra el señor PLINIO SANTOS AVELAR, por haber sido condenado por los delitos de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO DE DROGAS y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS ARTEFACTOS Y EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente (EXP. No.424-2020-J3-JN). SON PARTES: 1.El abogado Héctor Eduardo Martinez Ríos como revisionistas; 2.La abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION “ PRIMERO: Que en fecha catorce de septiembre del año dos mil trece a eso de las seis y quince de la mañana, agentes de investigación se constituyeron en la colonia cerro grande, zona 4 bloque 26, casa n. 3302, pintada en color verde, con balcones de metal, y color blanco, donde residía el señor PLINIO SANTOS AVELAR y su familia, quienes fueron requeridos por la autoridad policial, autorizando el señor PLINIO SANTOS AVELAR el ingreso y registro de su vivienda, encontrando encima de un chifonier del cuarto de habitación del señor PLINIO AVELAR una bolsa plástica de color blanco, la cual contenía en su interior 72 envoltorios plásticos conteniendo en su interior cocaína, en la parte baja del chifonier se encontró dos granadas de color verde y gris una de ella se lee LOTMA-158-25 y la segunda con leyenda ilegible. SEGUNDO: Al realizarse un registro en el segundo piso de dicha vivienda se encontró una habitación que es utilizada como bodega, la cual tiene techo de concreto donde encontró entre otros bienes una bolsa plástica transparente la cual contenía en su interior 75 envoltorios plásticas de cocaína. TERCERO: Posteriormente se procedió a registrar los vehículos que se encontraban estacionados en el parqueo de la vivienda entre ellos un vehículo tipo turismo, color verde, con placa n. PBZ9263 en cuya cajuela se encontró un saco de color blanco el cual contenía en su interior 70 envoltorios de hierba seca marihuana; cuatro paquetes cubiertos con papel aluminio los cuales contenía en su interior marihuana; seis paquetes envueltos de papel periódico los cuales tenían en su interior marihuana; una bolsa plástica de color negro conteniendo en su interior marihuana, haciendo un peso total de 8,076.39 gramos de marihuana, y 36. 72 gramos de cocaína, asimismo un arma de fuego tipo fusil lanza granadas M 79, de fabricación norteamericana, calibre 40 mm, color café y verde, sin serie, de uso militar, en buen estado de funcionamiento.”1.En fecha quince (15) de septiembre de dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección judicial de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, la agente de tribunales del Ministerio Público, abogada TANIA LETICIA CANO VEGA, presentando requerimiento fiscal en contra los señores PLINIO SANTOS AGUILAR y RICARDO ALONSO SANTOS, por suponerlos responsables del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS, ARTEFACTOS Y EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, UNIFORMES DE USO EXCLUSIVO DE LA POLICÍA, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 2-7 del antecedente).2.Seguido el trámite correspondiente en fecha Diecinueve (19) de octubre de dos mil quince (2015), el tribunal de sentencia de Tegucigalpa, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al acusado PLINIO SANTOS AVELAR, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por suponerlo responsable de la comisión del delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN-DEL ESTADO DE HONDURAS a las penas principales de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L. 50,000.00). Misma que se ha de computar descontando el tiempo que el imputado ha permanecido privado de libertad por esta causa, como consecuencia de la imposición de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva y la que deberá cumplir el condenado en la respectiva Penitenciaria Nacional que determine el Juez de Ejecución competente. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al acusado PLINIO SANTOS AVELAR, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS, ARTEFACTOS Y EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCO MIL LEMPIRAS (L. 5,000.00) por cada arma y por cada granada. Misma que se ha de computar descontando el tiempo que el imputado ha permanecido privado de libertad por esta causa, como consecuencia de la imposición de la Medida Cautelar de Prisión Preventiva y la que deberá cumplir el condenado en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución competente. TERCERO: como consecuencia de la condena de reclusión por los delitos de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS, ARTEFACTOS Y EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, se condena al señor PLINIO SANTOS AVELAR, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al condenado PLINIO SANTOS AVELAR.QUINTO: Se declara la responsabilidad civil del señor PLINIO SANTOS AVELAR, por los delitos que ha sido condenado a favor del Estado de Honduras, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. SEXTO: Se ordena comiso y destrucción del arma Lanza granadas que se encuentra en el almacén de evidencias del Ministerio Público, así como la destrucción de la droga incautada, la cual deberá realizar el Juez de Ejecución de la pena en la fase de ejecución de esta sentencia. SEPTIMO: Absolver como en efecto absolvemos al señor RICARDO ALONSO SANTOS, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por suponerlo responsable de la comisión de los delitos de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRÁFICO ILICITO DE DROGAS Y ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS, ARTEFACTOS Y EXPLOSIVOS DE USO PROHIBIDO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por los cuales se le ha acusado. OCTAVO: Se ordena la inmediata libertad del señor RICARDO ALONSO SANTOS, a quien se le deberá entregar la respectiva Carta de Libertad definitiva una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 147-160 vuelto del antecedente).1.Esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal en fecha (03) de junio de dos mil veintidós, interpuesto por el abogado HECTOR EDUARDO MARTINEZ RÍOS, a favor del señor PLINIO SANTOS AVELAR acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando darle tramite de ley por el motivo señalado del en el artículo 96 numeral 8 de la ley sobre justicia constitucional. (Folios 1-5 del recurso de mérito) 2.En fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado FELIPE RENE SPEER LAINEZ, con la comparecencia de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de fiscal del Ministerio Público y el abogado HECTOR EDUARDO MARTINEZ RIOS, actuando en su condición de apoderado legal del señor PLINIO SANTOS AVELAR (Folios 29-32 del recurso de mérito).FUNDAMENTACIÓN 1.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. 1.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Héctor Eduardo Martínez Ríos, en representación de Plinio Santos Avelar, como revisionista; y, la abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Héctor Eduardo Martínez Ríos, expone que ratifica el recurso extraordinario de revisión penal presentado. Agrega que su representado fue condenado a la pena de 6 años, en aplicación código penal decreto 144-83, y del artículo 22 de la Ley sobre uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, por el delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico de drogas, no obstante, dice que en el decreto 130-2017, este delito fue modificado y el delito por el que fue condenado su representado no reúne ninguno de los requisitos establecidos el artículo 311; en relación al delito de almacenamiento ilegal de armas y artefactos explosivos señala que su representado fue condenado a 10 años, pero, en el nuevo código desapareció, ello porque en el mismo se establece en el artículo 581, que para que se pueda dar el concepto de almacenamiento debe reunir un numero de 10 armas y que a su representado solo se le encontraron un arma de uso prohibido y dos granadas que son consideradas municiones del arma, y siendo que la nueva norma en el articulo 580 lo señala como tenencia de arma de fuego y la pena esta comprendida entre 4 a 6 años, por lo que solicita se declare con lugar el recurso y se impongan las nuevas penas aplicables. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, ya que al revisar ambas leyes penales resulta lo siguiente: en cuanto al delito de FACILITACION DE LOCAL PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, por el cual se condenó al señor PLINIO SANTOS AVELAR, en aplicación del artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que impone la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y multa de cincuenta mil a cien mil lempiras; mientras que el Código Penal vigente sanciona el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en el artículo 311, con una pena de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos (500) días, que al relacionarlo con el artículo 53, la pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Arguye que del contenido de la norma trascrita se extrae que el delito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS tiene dos rangos de penas según el tipo de droga decomisada al encausado, por lo que al revisar los hechos declarados probados en la sentencia de mérito, se colige que al sentenciado le decomisaron la cantidad de 8,078.39 gramos de marihuana y 36.72 gramos de cocaína dispuesta en 72 envoltorios plásticos, por lo que de conformidad con dispuesto en el artículo 311 del Código Penal corresponde la imposición de la pena correspondiente a este último delito por contener la pena más grave, aumentada en un tercio (1/3), en virtud de apreciarse la existencia de un concurso ideal, que en el presente caso tenemos un mismo precepto (artículo 311 del nuevo Código Penal) que regula dos supuestos de hecho distintos, el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que no causan grave daño a la salud (marihuana) y el tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo de drogas que sí causan grave daño a la salud (cocaína), resultando una nueva pena abstracta de diez (10) años a trece (13) años cuatro (4) meses de prisión, y multa de quinientos (500) a seiscientos sesenta y seis (666) días multa, con un valor mínimo por día de veinte lempiras (L 20.00) y máximo de cinco mil lempiras (L 5,000.00). Por otra parte, el señor PLINIO SANTOS AVELAR fue condenado por el delito de ALMACENAMIENTO ILEGAL DE ARMAS ARTEFACTOS Y EXPLOSIVOS DE EXPLOSIVOS PROHIBIDO, el cual se regulaba en el artículo 332-A del Código Penal derogado que establecía: "La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con la pena de ocho (8) a diez(10) años de reclusión y multa de cinco mil (L.5,000.00) a diez mil (L.10,000.00) lempiras por cada arma incautada. De los hechos probados establecidos en la sentencia se establece que la conducta incoada al condenado era regulada en el artículo 332-A del Código Penal (Decreto 130-2017) que imponía una pena de ocho (8) a diez años (10) de reclusión; mientras que el actual Código Penal encuadra esa conducta delictiva en el ARTICULO 581, que dispone: DEPÓSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES O EXPLOSIVOS. Quien, sin autorización, posee un depósito de armas de fuego debe ser castigado con las penas siguientes: 1) De ocho (8) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego de uso permitido; y, 2) De diez (10) a doce (12) años y localización permanente de hasta cinco (5) años, si se trata de armas de fuego prohibidas. Si el depósito 1o fuera de municiones, las penas deben disminuir en sus respectivos casos en un tercio (1/3). Quien, sin autorización, posee un depósito y explosivos, debe ser castigado con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y localización permanente de hasta diez (10) años. A los efectos de este precepto se considera depósito de armas de fuego DEPÓSITO DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES O EXPLOSIVOS, la reunión de más de diez (10) armas. Respecto de las municiones y explosivos, el Órgano Jurisdiccional competente, teniendo en cuenta la cantidad y clase de las mismas, debe declarar si constituyen depósito a los efectos de este precepto. Del contenido de la norma transcrita y de la declaración de hechos probados establecidos en la sentencia se determina que a raíz de un allanamiento practicado al inmueble del condenado, encontraron en su interior dos (2) granadas de color verde y gris, un arma de fuego tipo lanza granada M-79de fabricación norteamericana, calibre 40mm, color café y verde, de uso militar y en buen estado de funcionamiento; por lo que a criterio de esta representación fiscal, teniendo en cuenta que la cantidad de armas (1) y municiones (2) son mínimas, se estima que la conducta reprochada al sentenciado se enmarca en el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS, contenido en el del artículo 580.2 del Código Penal vigente, el cual sanciona la tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de la licencias o permisos necesarios, con una pena de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas, misma que deberá ser aumentada en un tercio (1/3), por concurrir la agravante contenida en el numeral 4) del artículo 584, en virtud que el arma Y municiones de comisadas al sentenciado tienen una gran potencialidad de causar mal, resultando una pena de seis (6) a ocho (8) de prisión. Conforme a lo antes expuesto, el Ministerio Público aprecia que, si bien, con relación al delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS, con la aplicación del Decreto 130-2017 se aprecia una rebaja en la pena de 6 a 8 años de prisión por cada arma, con comparación a la impuesta con el Código Penal derogada (Decreto 144-83) que fue condenado a diez (10) años; no obstante, en lo que respecta al delito de TRÁFICO ILICITO DE DROGAS, la pena a imponer conforme el Código Penal vigentes resulta más onerosa, por lo tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación anterior, y por ende, no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente. Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de concurso real, los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se falló condenar a PLINIO SANTOS AVELAR como autor penalmente responsable de los siguientes delitos: i. Facilitación de Local para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, imponiéndole la pena de seis (6) años de reclusión y multa de cincuenta mil (50,000.00) lempiras; ii. Almacenamiento Ilegal de Armas, Artefactos y Explosivos de uso Prohibido, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena de diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (5,000.00) lempiras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Ahora bien, se procede a realizar la comparativa: i. la primera conducta por la cual fue condenado Plinio Santos Avelar, está prevista en el Código Penal 130-2017, en el artículo 311, que prevé una pena de cuatro (4) a siete (7) años de prisión si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; y de siete (7) a diez (10) años de prisión en los demás casos, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista verde del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971, en ambos supuestos se debe imponer una MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DIAS. Siendo que las sustancias encontrada al señor Plinio Santos Avelar son de tanto las no causan grave daño a la salud, como de las que causan grave daño a la salud, compete imponer la pena de siete (7) a diez (10) años, de prisión. Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al encausado, y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. En cuanto al concurso ideal que arguye la fiscalía del Ministerio Público, esta Sala observa que en la sentencia que se revisa no se verifica que el juzgador haya valorado un concurso ideal, por lo que no es posible hacer tal estimación. ii. En relación a la segunda conducta almacenamiento ilegal de armas, artefactos y explosivos de uso prohibido, al trasladar este escenario fáctico al Código Penal 130-2017, vemos que el mismo no ha sido despenalizado como erróneamente arguye y pretende el revisionista, el mismo encuadra cabal y perfectamente en el artículo 580 del CP 130-2017, el cual establece: “Tenencia o Portación Ilegal de Arma de Fuego (Prohibida): La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1)… 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas;…, a este margen abstracto debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 584 numeral 4, ello porque al sentenciado le fueron decomisadas dos granadas y un fusil lanza granadas M 79, armas, municiones o explosivos ilícitos que tienen una gran potencialidad para causar daño, lo que nos da un nuevo margen abstracto de seis (6) a ocho (8) años de prisión, y además, se le debe agregar un nueva pena, como es, la: “… de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas” iii. En ese orden de ideas, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el código vigente si bien prevé la sanción de prisión menos gravosas que la impuesta conforme al código penal contentivo en el decreto 144-83, en relación al delito de tenencia o portación ilegal de arma de fuego (prohibida), cuya pena abstracta, con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, queda de seis (6) a ocho (8) años de prisión, no sucede lo mismo en cuanto al delito de facilitación de local para el tráfico ilícito de drogas, cuya pena abstracta es de siete (7) a diez (10) años, adicionalmente como ha quedado dicho, en cuanto a la multa establecida, excede por mucho la impuesta en la sentencia venida en revisión, por otro lado resulta agravante a la situación del ciudadano condenado, el agregarle una nueva pena, como la localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas. Por tanto, se concluye que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, adicionalmente en atención a que no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique conforme dispone el artículo 616 del código penal decreto 130-2017. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la garantía constitucional de revisión penal interpuesta por el abogado Héctor Eduardo Martinez Ríos, en favor del señor Plinio Santos Avelar. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNÁNDEZ. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintidós de abril del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0877-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL