Sentencia RP-833-22 — Registro 19720
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente por el delito de Tráfico ilícito de drogas agravado en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras, a una pena de veinte años de reclusión más multa pecuniaria, además de penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándole su responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ la pena principal de VEINTE años de reclusión más una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS en perjuicio de la SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, de igual manera se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal para cada uno de los delitos por los cuales han sido condenados..."..."Haciendo la comparativa de normas y tomando en consideración las agravantes específicas del delito en cuestión podemos observar que en el presente caso de estudio la nueva norma, no resulta más beneficiosa a los hoy condenados, por lo que no concurren las circunstancias establecidas en el articulo 96 de la Ley de Justicia Constitucional ni se cumple con los criterios establecidos en el articulo 615 del Código Penal para determinar la Ley más favorable. Es decir que al hacer la comparación en concreto y considerando las circunstancias del hecho el delito, resulta igualmente agravado, y, al estimar la correspondiente pena, resulta igual que la pena impuesta en la sentencia que se revisa. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ la pena principal de VEINTE años de reclusión más una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS en perjuicio de la SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, de igual manera se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal para cada uno de los delitos por los cuales han sido condenados..."..."Haciendo la comparativa de normas y tomando en consideración las agravantes específicas del delito en cuestión podemos observar que en el presente caso de estudio la nueva norma, no resulta más beneficiosa a los hoy condenados, por lo que no concurren las circunstancias establecidas en el articulo 96 de la Ley de Justicia Constitucional ni se cumple con los criterios establecidos en el articulo 615 del Código Penal para determinar la Ley más favorable. Es decir que al hacer la comparación en concreto y considerando las circunstancias del hecho el delito, resulta igualmente agravado, y, al estimar la correspondiente pena, resulta igual que la pena impuesta en la sentencia que se revisa. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el abogado RAMOM MATAMOROS a favor de los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ contra la Sentencia Condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES en fecha dos de octubre de dos mil doce con relación a la causa que se instruyó contra los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS (Ex No 293-2028-JESPS) A N T E C E D E N T E S 1)Que, en fecha diecisiete de agosto de dos mil diez (2010) agente fiscal del Ministerio Publico la abogada NORMA MARCELA MARTINEZ compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES presentando requerimiento fiscal contra los señores: JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 01 al 04 de la pieza de antecedentes) 2) Que, continuado que fue el proceso, en fecha dos (02) de octubre de dos mil doce (2012) el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PERDO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: PRIMERO: Debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS a los señores JAVIER ALEXANDER GARCIA HERCULES,JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ cuyas menciones generales de identidad han sido anteriormente detalladas por su participación a título de autores de un delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS AGRAVADO a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSION mas una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS de igual manera se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABASOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que diré la condena principal de cada uno de los delitos por los cuales han sido condenados. SEGUNDO: Debemos ABSOLVER y al efecto ABSOLVEMOS al señor FAVIO ANDRES VELASQUEZ TOCORA cuyas menciones generales de identidad han sido anteriormente detalladas por supuesta participación en el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. TERCERO: Debemos declarar y declaramos la responsabilidad civil de los condenados JAVIER ALEXANDER GARCIA HERCULES, JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: Se ordena el comiso de los objetos utilizados en el delito como ser 1) Vehículo marca Toyota, modelo Tacoma, color blanco placas PBL 9507 2) Vehículo marca Ford tipo camioneta color verde, placa PBU -5934 3) Vehículo tipo volqueta, marca internacional color blanco, placas AAJ-8012 y de los celulares a) celular marca Nokia, color gris y negro IMEI 0121/90/00/958367/ con chip. b) celular Nokia color gris y negro IMEI 012236/00/953594/ C) celular Nokia color y gris y negro IMEI 012064/00/830048/7 CON CHIP 9725-0669 d) una celular marca BlackBerry color negro IMEI 35196045990216 una tarjeta de débito de banco ficohsa, un arma de fuego nueve milímetros, una pistola calibre nueve milímetros, marca baretta serie ver 41898, tres cargadores de pistola cincuenta y tres proyectiles calibre nueve milímetros, un porta cargador una funda de pistola, un arma de fuego tipo pistola marca glock, calibre nueve milímetros, once proyectiles, dos cargadores de treinta y un proyectiles llenos, en un porta cargador doble de caucho de color negro, arma de fuego tipo pistola calibre nueve milímetros serie AB 8360 color negro permiso de portación de armas, un chips Tigo 89504024, no así la droga incautada, pues se ha acreditado que la misma fue destruida. QUINTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ovacionados por juicio. SEXTO: Si procede declarar la responsabilidad civil. SEPTIMO: que se notifique esta sentencia a través de la secretaria a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de casación dentro el plazo de veinte días. Asimismo, que la secretaria del tribunal, una vez que quede firme esta sentencia, envía certificación al juez de Ejecución y al Director del respectivo centro penal. QUE SE NOTIFIQUE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES PROCESALES ASI LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS. (Folios 1268 al 1281 de la pieza de antecedentes). 3)Que en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, el abogado RAMOM MATAMOROS presentando recurso de revisión penal a favor de los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA , JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ contra la sentencia condenatoria de fecha dos (02) de octubre de dos mil dos mil doce (2012),dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01 y 05 del recurso) 4)Que en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el abogado RAMOM MATAMOROS favor de los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ de la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “ NO SE OTORGUE la presente acción de revisión en los términos supra señalados. (Folios 36 al 38 del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN JURIDÍCA CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. La Constitución de la Republica en su artículo 186 prohíbe abrir juicios fenecidos, salvo en causas de materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados. A pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. Sin embargo, adopta la Garantía Constitucional de Revisión que se debe ejercer exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (2): la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que; ningún poder ni autoridad, puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas Juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de Oficio. En consecuencia, toda persona agraviada que hubiere sido parte en el proceso o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en el plazo de 6 meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación. CONSIDERANDO (3): Resumen de los alegatos interpuestos por el Garantista y el Ministerio Publico en la Audiencia de Oposición de la Garantía Constitucional de Revisión: “Buenos días se ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, se solicita respetuosamente que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal a los Señores José Exequiel Vargas Paz, Wilmer Alexander Cruz Perla, José Luis Castillo Lopez, por el delito de Trafico de Drogas en perjuicio de la Población del Estado de Honduras, a una pena de 20 años de reclusión y una multa mínima de 1,000,000 Lps del articulo 18 de la Ley de uso Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Sustituirle la pena y multa por el articulo 311 del Código Penal Vigente, establece a 500 días, Que lo más beneficioso para los intereses personales de los condenados es una pena mínima de 7 años y una multa de 100 días. Se ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada la presente pieza de autos” Una vez concluida la exposición del recurrente se le cede la palabra a la Fiscal Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, a efecto de que esta presente la oposición den ente acusador al recurso de revisión de merito y presente las pruebas que estime pertinentes, haciéndolo de la siguiente manera: “El Ministerio Publico, a través de su agente fiscal XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ, adscrita a la Fiscalía Especial para la defensa de la Constitución con carne de colegiación numero 4239, de este domicilio accionando en representación y defensa y protección de los intereses generales de la sociedad designada y debidamente acreditada ante esta honorable Corte Suprema de Justicia, para conocer de los casos que por ley es llamado a conocer el Ministerio Público, refiriéndose al Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor de los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA en fecha dos de octubre del Dos Mil doce, mediante la cual fuera condenado por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo que el Ministerio Publico se permite rendir el siguiente: I. ANTECEDENTES… El Ministerio Publico procede a revisar ambas leyes penales invocadas por el compareciente y que señalan las sanciones correspondientes al delito de Trafico Ilícito de Drogas, por le cual se condeno a los señores JOSEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRZ PERLA Y JOSE LUIS CASTILLO, verificándose que conforme al articulo 18 de la Ley de Trafico Ilícito de Drogas y Estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras.” El Código Penal vigente decreto 130-2017, tipifica en el artículo 311.- Trafico de drogas quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, trafico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete años si se tratad de drogas que no causan grave daño a la salud y de diete (7) a diez (10) años en los demás casos, en ambos supuestos se debe imponer además multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una mayor gravedad. Sin embargo, en el presente caso de autos no se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el articulo 312.- AGRAVANTES ESPECIFICAS DEL TRAFICO DE DROGAS. En el caso del párrafo primero del articulo anterior se deben imponer las penas de prisión de diez (10)a quince (15) años y multa de trescientos (300)a quinientos (500)días, si concurre alguna de las circunstancias del articulo 312 del Código Penal “ en el caso de autos concurren las agravantes de los numerales 3) el delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; La cantidad objeto del delito es de especial importancia; (500 kilos), se utilizan medios extraordinarios de transporte(La droga se transportó en avioneta). Se emplean armas en la comisión del hecho. Si concurre la circunstancia del numeral 3. Junto con las previstas en los numerales 5) o 7) las penas se deben incrementar en un tercio (1/3). Quedando una nueva pena a imponer para este delito TRAFICO ILICITO DE DROGAS de QUINCE A VEINTE (20) DE PRISIÓN y una multa de quinientos (500) días seiscientos sesenta y seis (666) días; Que en el caso de autos se les impuso a los imputados JOSE EXQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ a la pena de VEINTE AÑOS DE RECUSIÓN y una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS (1,000.00.00)ya que la pena de prisión impuesta de veinte años resulta también imponible conforme a la nueva normativa, en consecuencia la misma no es susceptible de revisión y siendo que el articulo 616 del Código Penal vigente señala que para determinar la ley más favorable, se debe analizar la aplicabilidad de las normas comparadas completas, por lo que en el caso concreto no es más favorable a condenado la normativa invocada por el revisionistas, siendo que ser aplicada en su totalidad como prescribe la ley, no le resulta mayor benefició. III Opinión: Visto el razonamiento anterior el Ministerio Publico se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. CONSIDERANDO (4): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República en su artículo 96 establece que: “La Ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, salvo cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”, este precepto constitucional comprende el cumplimiento de ciertos requisitos para ser aplicable; a. Que el sujeto haya cometido acción que sea tipificada y sancionada como delito., b. Que el legislador posteriormente establezca que esa misma acción o conducta tendrá consecuencias legales distintas a aquellas previstas en la Ley anterior y finalmente que esta nueva norma signifique para el condenado una mejora conforme a su situación individual que sea menos gravosa en comparación a la pena impuesta en su condena. CONSIDERANDO (6): Que, Honduras como suscriptor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se compromete a respetar el principio de legalidad y retroactividad que el precitado Instrumento establece en su artículo 9; “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. CONSIDERANDO (7): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas CONSIDERANDO (8): Que, la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (10): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, por tanto, en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Sí de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. ANÁLISIS JURÍDICO CONSIDERANDO (11):Que, del examen realizado a las presentes diligencias y tomando en consideración las normas jurídicas aplicables al caso concreto, haciendo la comparación de penas que manda el artículo 616 del Código Penal (decreto 130-2017) entre las disposiciones establecidas por su orden, en el Decreto 144-1983; que contiene el Código Penal derogado y el DecretoNo.130-2017, que contiene el Código Penal Vigente, resulta lo siguiente; 1) Qué, mediante sentencia definitiva de fecha dos(2) de octubre del año dos mil doce (2012),el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula Cortes condenó a los señores JOEL EXCEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ a titulo de autores por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGRAS AGRAVADO a la pena de VEINTE años de reclusión más una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, de igual manera se les condena a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal para cada uno de los delitos por los cuales han sido condenados. SEGUNDO… TERCERO…, CUARTO…, QUINTO…, SEXTO…, SEPTIMO…. 2) Observando los criterios para determinar la Ley más Favorable establecidos en el artículo 616 del Código Penal Vigente que ya hemos referido anteriormente y aplicando además los criterios establecidos en los artículos 32 y 70 del Código Penal Vigente la comparación resulta así; Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. En ese sentido, en el caso de autos, el peticionario compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinticinco (25) de mayo del dos mil veintidós (2022), presentando Recurso extraordinario de Revisión de la sentencia condenatoria penal y en consecuencia solicitando la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, en el sentido de aplicar las normas contenidas en el Decreto Legislativo 130-2017, a los hoy condenados JOEL EXCEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ, por considerarlas ser más beneficiosas a su interés personal. CONSIDERANDO (12): Que, la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal: a. Que, esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que, en la sentencia condenatoria, antes relacionada mediante la cual se condenó a los señores JOEL EXCEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA, JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ, El tribunal juzgador aplico las normas establecidas en los artículos 18 Y 28 de la Ley de Uso indebido y tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, que en su artículo 18 establecía lo siguiente: “Artículo 18. El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras” y el artículo 28: “. Cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los 12 delitos establecidos en la presente Ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal”, estimando que los condenados cometieron el delio de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Agravado. b. estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso a los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ la pena principal de VEINTE años de reclusión más una multa de UN MILLON DE LEMPIRAS en perjuicio de la SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, de igual manera se les condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal para cada uno de los delitos por los cuales han sido condenados. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 311, establece: “Trafico de Drogas. Quien realiza actos de siembra, cosecha, elaboración, comercio, transporte, trafico o de cualquier forma promueve , favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además multa de cien (100) a quinientos (500) días. Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente. Articulo 312. Agravantes especificas del Trafico de Drogas. En el caso del párrafo primero del articulo anterior se deben imponer penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) Las sustancias objeto del delito se facilitan a menores de dieciocho (18) años, personas con discapacidad o personas sometidas a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación o se les utiliza para la actividad del tráfico., 2) El culpable se aprovecha de su carácter publico o de su implicación en el área de las ciencias de la salud para realización del hecho., 3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 4) el hecho puede poner en grave peligro la vida de o la salud de la victima como consecuencia de la pureza de la sustancia, su adulteración mezcla, manipulación o de cualquiera otra circunstancia controlada por el culpable, 5) La cantidad del objeto del delito es de especial importancia; 6) La conducta se dirige a unidades militares, policiales o establecimientos penitenciarios o de detención, docentes de desintoxicación o rehabilitación; 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; 8)Se emplea violencia, intimidación armas en la comisión del hecho; o ; 9) la conducta se dirige al trafico internacional. Si concurre a circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5)o 7) las penas de prisión se deben incrementar en un tercio (1/3). Haciendo la comparativa de normas y tomando en consideración las agravantes específicas del delito en cuestión podemos observar que en el presente caso de estudio la nueva norma, no resulta más beneficiosa a los hoy condenados, por lo que no concurren las circunstancias establecidas en el articulo 96 de la Ley de Justicia Constitucional ni se cumple con los criterios establecidos en el articulo 615 del Código Penal para determinar la Ley más favorable. Es decir que al hacer la comparación en concreto y considerando las circunstancias del hecho el delito, resulta igualmente agravado, y, al estimar la correspondiente pena, resulta igual que la pena impuesta en la sentencia que se revisa. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor de los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado RAMÓN MATAMOROS a favor de los señores JOEL EXEQUIEL VARGAS PAZ, WILMER ALEXANDER CRUZ PERLA Y JOSE LUIS CASTILLO LOPEZ. contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencias de San Pedro Sula, Departamento de Cortes en fecha dos del mes de octubre del año dos mil doce. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTO Magistrada ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-833-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL