Sentencia RP-809-23 — Registro 19719
Resumen
Se interpone recurso de revisión contra la sentencia de condena firme por delito de Lavado de Activos por entrar en vigencia legislación mas favorable, del estudio se declara con lugar el recurso por que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Siguiendo este orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión en favor de los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y REYNIERIO VALLE VALLE, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos no se debe ejecutar, en vista que la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021, vigente al momento de peticionar la presente acción de revisión penal. IV.- Como efecto de la aplicación de la ley penal vigente al momento de la interposición del Recurso de Revisión Penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a conceder la libertad de los sentenciados, esto sin perjuicio de otras causas pendientes que pudieran tener los encausados. Asimismo, y en aplicación de lo establecido en el numeral 3) del artículo 101 en comento, debe ordenarse la devolución de los efectos del cómico, si ello es posible y que se encuentran detallados en el ordinal “SEXTO” de la sentencia que se revisa y de igual forma debe declararse el cese de la inhabilitación absoluta a la que fueron condenados como pena accesoria..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96. 6. 8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada MICHELLE ELOIZA SOLORZANO RAUDALES, a favor de los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y JOSÉ REYNIERIO VALLE VALLE, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), con relación a la causa que se instruyó y condenó a los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y JOSÉ REYNIERIO VALLE VALLE, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce (14) de junio del año dos mil veintiuno (2021), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dio inicio la Audiencia de Juicio Oral y Público en contra de los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y JOSÉ REYNIERIO VALLE VALLE, por suponerlos responsables del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 4746-4780fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, al señor OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Imponiéndole la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, y MULTA igual al 150% del valor no justificado, la cual es de 61, 572, 174.06 millones de lempiras, pena de prisión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine; debiendo de igual manera, computársele el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa, y la pena de Multa deberá enterarla en la Tesorería General de la República. Además, se le impone la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. SEGUNDO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, al señor JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Imponiéndole la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, Y igual al 150% del valor no justificado la cual es de 37,885,656.05 millones de Lempiras, pena de Prisión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine; debiendo de igual manera, computársele el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa, y la pena de Multa deberá enterarla en la Tesorería General de la República. Además, se le impone la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. TERCERO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, al señor JOSÉ REYNIERIO VALLE VALLE, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Imponiéndole la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, y MULTA igual al 150% del valor no justificado la cual es de 16,417,608.05 millones de Lempiras, pena de Prisión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine; debiendo de igual manera, computársele el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa, y la pena de Multa deberá enterarla en la Tesorería General de la República. Además, se le impone la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. CUARTO: Se declara a los condenados JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA, JOSÉ REYNERIO VALLE VALLE Y OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, responsables civilmente. QUINTO: No se condena a los señores JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA, JOSÉ REYNERIO VALLE VALLE Y OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, en costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: Se decreta EL COMISO sobre los siguientes objetos: comiso de los productos financiero, bienes muebles, inmuebles e inscripciones de registro mercantil siguientes: Productos financieros asegurados al señor OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, siendo: No.InstituciónTipo De Cuenta/MonedaNo. De Cuenta1Banco AtlántidaDepósito de ahorro en Lempiras112003165262Banco AtlántidaCuenta de Cheques sin Interés en lempiras307110001713Banco de OccidenteCuenta de cheque en lempiras11-103-000838-94Banco de occidenteCuenta de Ahorro en lempiras21-103-017114-65Banco de occidenteCuenta de Ahorro en Dólares22-103-0011986-46BanruralCuenta de ahorro en Lempiras042010100125587BanruralCuenta corriente en lempiras042030100021368BanruralCuenta corriente en lempiras042030100032339Banco AztecaCuenta de captación en lempiras6548010656101510Banco de los TrabajadoresBase de datos del fideicomiso de administración y pago, proceso de liquidación forzosa de banco continental cuenta11Banco de los TrabajadoresCuenta de Ahorro en lempiras02-19-036985Bienes inmuebles a nombre del señor OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, los cuales se encuentran registrados a su nombre en los Institutos de la Propiedad de Tela, Santa Rosa de Copán en el Libro del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas, siendo los siguientes: N°Matricula, TomoAsientoUbicación1851214Aldea Esparta Centro del Municipio de Esparta, Atlántida2851160Aldea de Esparta Centro del municipio de Esparta3797876Aldea agua Caliente del municipio de Esparta4797866Aldea Agua Caliente del municipio de Esparta516888El Rosario, Florida Copán615293Aldea El Espíritu, Florida Copán7155501Aldea Quita Sueño, Macuelizo, Santa BarbaraBienes muebles registrados a nombre del señor OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE en el Instituto de la Propiedad Registro Vehicular: PLACAMARCATIPOMODELOCOLORSERIEPDE-5052ToyotaPick-upHiluxCafé grisMR0FZ29G701623901MZZ-2002YumboMotocicletaCargo 150RojoLZSHCKZD3BA004325AAR-5947InternationalCamión3800DT466Blanco1HTMKAAN42H510015MDL-4582SerpentoMotocicletaDefenderVerdeL6UA4GA29HA003922AAR-5539InternationalCabezal940016X4Gris2HSCNAMR21C005098PO-350GZQToyotaPick-upNegroJT4RN01P0L7018000Del dinero en efectivo consistente en la cantidad de 171,050.00 Lempiras, que le fueran incautados en el domicilio del señor Oscar Guillermo Cuestas Valle, localizado en villas del bosque, en fecha 04 de febrero del año 2019. Del ganado decomisado en el rancho El Bendecido, el cual al momento del aseguramiento consistía en 62 terneros, 68 vacas, 1 toro, 18 novillos los cuales son en total de 149 Bovinos; así como también 2 caballos, una mula para un total de 3 equinos, y 6 ovejos (ovinos). Dentro de los semovientes anteriormente descritos, mediante venta anticipada la Oficina Administradora de bienes Incautados (OABI), vendió 17 semovientes lo que ascendiendo a la cantidad de ciento cincuenta y siete mil novecientos noventa y dos Lempiras (L 157,992.00), monto del cual también se solicita el comiso. Del equipo agrícola y del menaje del inmueble denominado Rancho El Bendecido, que se encuentra en Administración de la OABI, con matrículas 851214, 851160, 797866 y 797876 del municipio de Esparta, Atlántida. El equipo agrícola consiste en: Una mesa de madera con dos sillas, un televisor de 14 pulgadas, una mesa plegables y 3 sillas, dos sillas negras plegables, una refrigeradora color negro, marca Cetron, una estufa eléctrica de 4 hornillas, marca Avanti, un frízer mediano marca Cetron, una cama Queen, marca Stelaris, una cama unipersonal, una televisor plasma de 32 pulgadas, un a/c marca GRS, una planta eléctrica marca Coleman, una motosierra color naranja marca Steel, una máquina de cortar césped, un frízer blanco marca frigidaire, tres máquinas para fumigar, una bomba grande para fumigar, una cortadora color verde, una cortadora color verde marca John Deere, una maquina chapeadora marca John Deere y una báscula color verde, las características están descritas en el listado proporcionado por la OAIB. De los Productos Financieros asegurados al señor JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA, los cuales son: No.InstituciónTipo De Cuenta/MonedaNo. De Cuenta1Banco AtlántidaDepósito de ahorro en Lempiras112005531772BanruralCuenta de Ahorro en lempiras018010100110573Banco AztecaCuenta de captación en lempiras087001052130344BanpaísCuenta de Ahorro en lempiras21-080-001952-05BanpaísCuenta de ahorro 21-080-000093-26Banco de los trabajadoresBase de datos del fideicomiso de administración y pago, proceso de liquidación forzosa de banco continental 042010100125587Banco de los trabajadoresCuenta de ahorro en lempiras02-59-0038128Bac CredomaticCuenta de ahorro en lempiras722028611De los siguientes bienes inmuebles a nombre del señor JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA, los cuales se encuentran registrados a su nombre en el Instituto de la Propiedad de Copán en el Libro del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas, siendo: N°Matricula, TomoAsientoUbicación1129642Barrio El Centro, La Entrada Copán281312Ave. La cuesta, calle 18 conejo, Copán RuinasLa cancelación como Comerciante individual del Asiento 83, tomo 38, del registro de la Propiedad de Nueva Arcadia, Copán. De los siguientes bienes muebles registrados a nombre del señor JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA en el Instituto de la Propiedad Registro Vehicular tales como: PLACAMARCATIPOMODELOCOLORSERIEPBD-7706ToyotaPick-upDesconocidoRojo VinoJT4RN81A1P5166569PBN-7175ToyotaPick-upHiluxBlancoJTFKE626X00127733PBX-1552ToyotaPick-upHiluxBlanco8AJFZ29G906012896PDE-6912ToyotaCamionetaLand CruiserBlancoJTMHVO5J704059979El comiso de los Productos Financieros asegurados al señor de JOSÉ REYNIERIO VALLE VALLE, siendo los siguientes: No.InstituciónTipo De Cuenta/MonedaNo. De Cuenta1Banco AztecaCuenta de captación en lempiras87001021986082Banpaís Cuenta de ahorro en lempiras21-080-001052-33BanpaísCuenta de ahorro en Dólares22-080-000012-64Banco de OccidenteCuenta de Ahorro en lempiras11-103-001627-65Banco de OccidenteCuenta de ahorro en dólares22-117-000230-16BanhcafeCuenta de cheque en lempiras176040001537Cooperativa Nueva Vida LimitadaCuenta de ahorro retirable/aportaciones005-002-5282El comiso de los siguientes bienes inmuebles a nombre del señor JOSÉ REYNIERIO VALLE VALLE, los cuales se encuentran registrados a su nombre en el instituto de la Propiedad de Tela y santa Rosa de Copán, en el Libro del Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas, tales como: N°Matricula, Tomo, Clave catastralDireccion1894087Las Palmas, lote N°1, Tela2764990Aldea quebrada abajo, Tela3041001C0223T080001Aldea el Espíritu, florida, Copán4N° 51, tomo 1126Techin o Villa hermosaLa cancelación de la escritura de Comerciante individual inscrito en el asiento 19, tomo 40 a nombre de José Reynerio Valle Valle, denominado "Finca los Tres Reyes del registro de la propiedad Inmueble y mercantil de Copán. Los cuales están en poder del Ministerio Público y de la oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para los fines legales pertinentes, se exceptúan aquellos bienes cuya propiedad corresponde a terceros de buena fe, que no hayan tenido ninguna vinculación al proceso. Así mismo se decreta y ordena la cancelación la cancelación de la inscripción de Comerciante individual inscrito en el asiento 19, tomo 40 a nombre de José Reynerio Valle Valle, denominado "Finca los Tres Reyes del registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Copán; y, la inscripción de Comerciante individual del señor José Huberto Gutiérrez, inscrita en el Asiento 83, tomo 38, del registro de la Propiedad de Nueva Arcadia, Copán. El comiso alcanzara hasta el valor económico estimado por el Tribunal en los hechos determinados como probados en la presente causa. SEPTIMO: Se suspende la ciudadanía de los señores EDGAR DAVID ZEPEDA VÁSQUEZ, MIGUEL SALOMÓN CASTILLO CRUZ Y DARWIN JAVIER CASTRO, por el tiempo que duren las condenas en virtud del precepto Constitucional artículo 4.2. NOTIFIQUESE LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES PROCESALES. ASI LO DECLARAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios del 4789-4845 de la pieza de antecedentes) 3) En fecha trece (13) de junio del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Abogada MICHELLE ELOIZA SOLORZANO RAUDALES, interponiendo recurso de revisión Penal a favor de los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA Y JOSÉ REYNERIO VALLE VALLE, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando se aplique el principio de la retroactividad de la ley penal, por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal decreto 130-2017, por contener disposiciones que favorecen a los condenados, en cuanto a que la conducta imputada ya no constituye delito. (Folios del 1-5 de los autos) 4) En fecha veintiocho (28) de agosto del año do mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Abogada MICHELLE ELOIZA SOLORZANO CUESTAS VALLE, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALE y el Abogado MARLON REINIERY DUARTE AMADOR, en su condición de Apoderado Legal de los señores JOSE HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y JOSE REYNERIO VALLE VALLE; en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que solicita se aplique la retroactividad de la ley, establecida en el articulo 1, 615, 96 constitucional, establecido en el Decreto 93-2021 por estar vigente en su momento y posterior condena de sus representados.- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la solicitud presentada conforme a los argumentos que anteceden…”; y el Representante de la Procuraduría General de la República, solicita que no se otorgue la medida solicitada por la Defensa. (Folios del 41-45 de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República y el numeral seis del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de los condenados cuando el hecho cometido no es punible. Aduciendo que el decreto 93-2021 despenaliza la conducta por la cual fueron declarados culpables sus representados. CONSIDERANDO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017 vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), que contiene el Código Penal Vigente, así como las reformas al mismo contenido en el Decreto No.93-2021 de fecha 7 de octubre de 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de noviembre de 2021. En su Artículo 1 párrafo cuarto establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD… La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: “Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará.” El Artículo 616 dice: “Criterios para Determinar la Ley más Favorable. “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal…”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: “Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.” CONSIDERANDO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución de la República establece: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Énfasis y subrayado añadidos- CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido…”. -Subrayado añadido- CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO (11): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y JOSÉ REYNIERIO VALLE VALLE, fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintidos (2022), a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, a cada uno de ellos y MULTA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 439 numeral 3) del Código Penal decreto 130-2017, estimando que los condenados cometieron el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número seis, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar dicho articulado; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (12): I.- En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 96.6 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación del numeral 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, específicamente que el hecho cometido, no es punible, o se ha despenalizado, se debe tomar en consideración los hechos probados y si estos no encuadran con ningún tipo penal, se razona que el hecho no es castigado por la ley penal. II.- El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores, tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y si esos hechos se encuentran despenalizados en el Nuevo Código Penal. III.- Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión Penal, se impuso a los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y REYNIERIO VALLE VALLE, las penas principales de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA igual al 150% del valor no justificado, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por haber sido encontrados responsables como autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. Para la emisión de dicho fallo el tribunal sentenciador estimó probados los siguientes hechos: (Sic) “PRIMERO: En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2003 al 2014 el señor JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVAS, era comerciante individual y se dedicaba a la venta de ganado y café en el municipio de Nueva Arcadia en el departamento de Copán; estas actividades le permitieron el ingreso de cantidades de dinero; sin embargo, luego de las investigaciones se puso establecer que para el periodo de tiempo entre los años 2005-2014, el señor José Humberto Gutiérrez, obtuvo bienes muebles e inmuebles los cuales están en esa misma jurisdicción; y manejó en el sistema bancario nacional, cantidades de dinero de al menos 25,257,104.03, de lempiras, activo de los cuales se desconoce el origen de su procedencia. SEGUNDO: Para el periodo de tiempo entre los años 2003-2014, el señor JOSÉ REINERIO VALLE VALLE, se dedicaba al cultivo y comercialización de café, así mismo, a la venta de ganado, en el municipio de Florida, en el departamento de Copán, actividades comerciales que le permitieron obtener varias cantidades de dinero; pero luego de las investigaciones de pudo establecer que el señor Valle Valle, para los años 2005 al 2013, mantuvo varios productos financieros en el sistema bancario nacional por grandes cantidades de dinero los cuales oscilan entre 10,945,072.3 de lempiras, de los cuales el señor Valle Valle, no justificó cual es el origen o procedencia de estos activos. TERCERO: En tanto que el señor OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, durante los años 2003 al 2014 realizó actividades propias de la agricultura y ganadería, tales como el cultivo de palma africana, venta leche, venta de ganado, cultivo de caña de azúcar y maíz, así como también a la comercialización de estos productos, actividades que desarrollaba en los municipios de Esparta, Atlántida, San Antonio, Florida, en el departamento de Copán, actividades que le generaron ingresos de dinero; sin embargo, para el periodo de tiempo entre los años 2006-2014 el señor Cuestas Valle, reflejó un aumento en sus movimientos bancarios, así como em la obtención de ganado, bienes muebles tales como vehículos, maquinaria agrícola, y bienes inmuebles, así como dinero en efectivo que fue encontrado en su casa de habitación, de todo lo cual se desconoce la se encuentra ubicada en el Municipio de la Entrada, Nueva Arcadia, Copán; de todo lo cual se desconoce el origen de al menos 41,048,116.04 lempiras, cantidad que manejo el señor Cuestas en el periodo de tiempo antes señalado. CUARTO: Luego de realizarse las investigaciones pertinentes y allanamientos en los domicilios de los señores JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA, OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLES y JOSÉ REINERIO VALLE VALLE, fueron estos detenidos y puestos a la orden de las autoridades correspondientes.” IV.- Que en el caso sub examine, la peticionaria, abogada MICHELLE ELOIZA SOLORZANO RAUDALES, compareció ante este Alto Tribunal en fecha trece (13) de junio del año dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, por considerar que los hechos ejecutados por sus representados no se encuentran enmarcados dentro del Decreto Legislativo No. 93-2021 que contiene reformas al nuevo Código Penal Decreto 130-2017. En consideración a que sus representados, los señores OSCAR GUILLERMO CEUSTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y JOSÉ REYNERIO VALLE VALLE, fueron condenados por el delito de LAVADO DE ACTIVOS contenido en el artículo 439 del Decreto legislativo 130-2017, artículo este que fue reformado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del Decreto 130-2017 y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos a saber: (Sic) “ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. Las conductas…” V.- En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021 puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, los condenados hayan adquirido, convertido, invertido, poseído, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados y probados por el Tribunal sentenciador solo se establece en relación al señor JOSÉ HUMBERTO GUTIÉRREZ CUEVAS “sin embargo luego de las investigaciones se pudo establecer que para el periodo de tiempo entre los años 2005-2014, el señor José Humberto Gutierrez, obtuvo bienes muebles e inmuebles los cuales están en esa misma jurisdicción; y manejó en el sistema bancario nacional cantidades de dinero de al menos 25,257,104.03, de lempiras, activos de los cuales se desconoce el origen de su procedencia.”; en relación al señor JOSÉ REINERIO VALLE VALLE, el Tribunal establece que “pero luego de las investigaciones de pudo establecer que el señor Valle Valle, para los años 2005 al 2013, mantuvo varios productos financieros en el sistema bancario nacional por grandes cantidades de dinero los cuales oscilan entre 10,945,072.3 de lempiras, de los cuales el señor Valle Valle, no justificó cual es el origen o procedencia de estos activos.”; asimismo y en cuanto al señor Oscar Guillermo Cuestas Valle, el Tribunal relaciona una serie de bienes que obtuvo el condenado, para establecer: “de todo lo cual se desconoce el origen de al menos 41,048,116.04 lempiras, cantidad que manejo el señor Cuestas en el periodo de tiempo antes señalado”. No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en la norma penal vigente al momento de la petición de la presente acción de revisión, convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en el Código Penal vigente al momento de la interposición del recurso de mérito. CONSIDERANDO (13): I.- En el caso que nos ocupa, la fiscalía expuso que no procedía la retroactividad de la ley penal, arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones de carácter convencional solicitando “se aplique el Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto 93-2021, que dicho sea de paso fue derogado por el Decreto 43-2023, por contravenir tratados internacionales de los Honduras forma parte”. Expresando que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”. En relación a lo expuesto, de la lectura conjunta de los artículos 15 y 16 constitucionales que establece que «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal», y que «Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», por ello se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En esa línea es menester de la Corte Suprema de Justicia y su jurisdicción jerárquica resolver asuntos respetando las normas de derecho internacional que vinculan al Estado hondureño, ya sea a través del control de convencionalidad difuso derivado máximo y difuso derivado mínimo. Haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía esta Sala no encuentra una relación de la norma convencional que invoca la fiscalía con el caso sometido a esta jurisdicción. En otras palabras, no es acorde con la situación jurídica bajo estudio. Recordando que el núcleo de este caso es sobre un tipo penal y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso e incautación, por lo tanto, no establecen un tipo penal conformado por una descripción y una pena que contraste con la situación jurídica concreta. II.- Aunado a ello y en relación a lo argumentado por la Fiscal del Ministerio Público, en cuanto a que el Decreto 93-2021, fue derogado por el Decreto 43-2023, es menester referir que la acción en estudio fue presentada ante la Sala de lo Constitucional en fecha 13 de junio del año 2023, estando en vigencia aun el Decreto 93-2021, invocado por la peticionaria; en relación a ello es preciso mencionar que, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada en fecha 28 de agosto del año 2024, la defensa de los condenados invocó la aplicación de la Ley Intermedia, por ello es preciso dilucidar que se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisionomía normativa. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. III.- Siguiendo este orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión en favor de los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y REYNIERIO VALLE VALLE, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos no se debe ejecutar, en vista que la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021, vigente al momento de peticionar la presente acción de revisión penal. IV.- Como efecto de la aplicación de la ley penal vigente al momento de la interposición del Recurso de Revisión Penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que proceda a conceder la libertad de los sentenciados, esto sin perjuicio de otras causas pendientes que pudieran tener los encausados. Asimismo, y en aplicación de lo establecido en el numeral 3) del artículo 101 en comento, debe ordenarse la devolución de los efectos del cómico, si ello es posible y que se encuentran detallados en el ordinal “SEXTO” de la sentencia que se revisa y de igual forma debe declararse el cese de la inhabilitación absoluta a la que fueron condenados como pena accesoria. CONSIDERANDO (14): Esta Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 6) y 8), 99 párrafo primero, 101 y 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 1, 439, 614, 615 y 616 del Código Penal vigente; artículo 4 del Decreto 93-2021. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MICHELLE ELOIZA SOLORZANO RAUDALES, a favor de los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y JOSÉ REYNIERIO VALLE VALLE. II) SE REFORMA la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil veintidós (2022).- III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el sentido de dejar sin valor y efecto las penas principales y accesorias impuestas contra los señores OSCAR GUILLERMO CUESTAS VALLE, JOSÉ HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA y JOSÉ REYNIERIO VALLE VALLE, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS, ordenando la inmediata libertad de los sentenciados, sin perjuicio de otras causas penales que pudieran tener pendientes; el cese de la inhabilitación absoluta, con la devolución de los efectos del comiso, si ello es posible, detallados en el ordinal SEXTO de la sentencia que se revisa. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes y proceda a emitir orden de libertad por esta causa, sin perjuicio de otras causas pendientes que pesen sobre los encausados. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de octubre del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veinticinco de agosto del do mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0809-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL