Sentencia RP-777-22 — Registro 19134
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Trafico Ilícito de Drogas Agravado , en perjuicio de La salud de la población del Estado de Honduras, en aplicación del Principio de retroactividad, la sala Constitucional es del criterio en atención al principio pro homine o pro-persona conforme a la interpretación de las normas jurídicas atinentes a la protección de derechos humanos, que en el caso sub júdice es procedente la aplicación de una nueva norma penal, por ser más benigna en cuanto a la pena mínima a imponer.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
En el caso sub júdice, al señor JORGE ALBERTO ORTIZ se le impuso una pena mínima de veinte (20) años de reclusión, en atención a la ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y conforme a las penas establecidas en la nueva normativa, la pena mínima a imponer al condenado es de quince (15) años de prisión, lo que conlleva una reducción sustancial en la pena, por ello la Sala es del criterio en atención al principio pro homine o pro-persona conforme a la interpretación de las normas jurídicas atinentes a la protección de derechos humanos, que en el caso sub júdice es procedente la aplicación de una nueva norma penal, por ser más benigna en cuanto a la pena mínima a imponer. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición de la Fiscal del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 53, 57, 58, 69, 311, 312, 439, 615, 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJÍA, a favor del señor JORGE ALBERTO ORTIZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MAETRIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor JORGE ALBERTO ORTIZ, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JORGE ALBERTO ORTIZ, como autor responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, a las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de DIEZ MIL LEMPIRAS (L. 10,000.00), multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República… SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al acusado JORGE ALBERTO ORTIZ como consecuencia de la condena de prisión impuesta, la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos;
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
En el caso sub júdice, al señor JORGE ALBERTO ORTIZ se le impuso una pena mínima de veinte (20) años de reclusión, en atención a la ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y conforme a las penas establecidas en la nueva normativa, la pena mínima a imponer al condenado es de quince (15) años de prisión, lo que conlleva una reducción sustancial en la pena, por ello la Sala es del criterio en atención al principio pro homine o pro-persona conforme a la interpretación de las normas jurídicas atinentes a la protección de derechos humanos, que en el caso sub júdice es procedente la aplicación de una nueva norma penal, por ser más benigna en cuanto a la pena mínima a imponer. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición de la Fiscal del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 53, 57, 58, 69, 311, 312, 439, 615, 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJÍA, a favor del señor JORGE ALBERTO ORTIZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MAETRIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor JORGE ALBERTO ORTIZ, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JORGE ALBERTO ORTIZ, como autor responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, a las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de DIEZ MIL LEMPIRAS (L. 10,000.00), multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República… SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al acusado JORGE ALBERTO ORTIZ como consecuencia de la condena de prisión impuesta, la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos;
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de abril del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el Abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJIA, a favor del señor JORGE ALBERTO ORTIZ, contra la Sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha dos de febrero del año dos mil veinte, en relación a la causa que se instruyó contra el señor JORGE ALBERTO ORTIZ, quien fue condenado por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. ANTECEDENTES 1)Que en fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil quince (2015), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, recibió las diligencias procedentes del Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, M.D.C., que contienen la causa instruida contra los señores JOSE ALBERTO ORTIZ MARTINEZ, JUAN COA JULIO, JANETH AGUALIMPIA LOPEZ Y MELVIN ANTUNEZ LOPEZ, acusados por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folio 711 del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo)2)Que continuado que fue el proceso, en fecha dos (2) de febrero del año dos mil veinte (2020), el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, dictó Sentencia mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores JORGE ALBERTO ORTIZ, JUAN COA JULIO Y MELVIN ANTÚNEZ LÓPEZ, cuyas generales de identidad ya han sido mencionadas anteriormente, como autores responsable del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena principal de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION; debiéndose computar desde el día aprehendidos por esta causa, la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución estime pertinente. Así mismo se les impone la pena principal de Multa consistente en la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, PUNTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS (1.333,000.33). SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los acusados JORGE ALBERTO ORTIZ, JUAN COA JULIO, MELVIN ANTÚNEZ LÓPEZ, como consecuencia de la condena de reclusión por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula es sistema penitenciario nacional. TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los condenados JORGE ALBERTO ORTIZ, JUAN COA JULIO Y MELVIN ANTÚNEZ LÓPEZ. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil de los señores JORGE ALBERTO ORTIZ, JUAN COA JULIO, MELVIN ANTÚNEZ LÓPEZ, por el delito que ha sido condenado a favor del Estado de Honduras, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No se decreta la pena de comiso SEXTO: Se ordena que una vez cumplida la pena de reclusión impuesta al señor JUAN COA JULIO, sea expulsado del territorio hondureño. SEPTIMO: Declara parcialmente ha lugar los incidentes de Nulidad opuestos por ambas defensas. OCTAVO: Absolver como en efecto absolvemos a la señora JANETH AGUALIMPIA LOPEZ, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado por el cual venia siendo acusada, a quien deberá entregársele la respectiva carta de libertad una vez firme la presente sentencia…” (Folios del 1013-1052 del Tomo II de la pieza de antecedentes del A-quo).3)Que en fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJIA, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JORGE ALBERTO ORTIZ, contra la sentencia condenatoria de fecha dos de febrero del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la pena de la que se hace relación. (Folios 01-02 de los autos)4)Que en fecha ocho de junio del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJIA, en su condición de apoderado legal del señor JORGE ALBERTO ORTIZ y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no ser la misma más favorable para el condenado…”. (Folios del 15-17 de los autos)CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista fundamenta su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista en su escrito de interposición del Recurso, menciona que el 25 de junio del año 2020 entró en vigencia el Decreto 130-2017, contentivo del Código Penal, en el cual se establece el tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas en su forma más simple o básica en el artículo 311, el cual establece una pena de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos; rango de penas abstractas que es menor a la que establecía la Ley sobre Uso Indebido y Trafico ilícito de Drogas, que es de quince (15) a veinte (20) años de privación de libertad.CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha ocho de junio del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Carlo Francisco Trejo Mejía, como garantista a favor del señor Jorge Alberto Ortiz y la abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Se le cedió la palabra al abogado Carlo Francisco Trejo Mejía, quien expresa que esa Defensa ratifica la interposición del Recurso de revisión en Materia Penal, según lo establecido y en relación al Principio Constitucional de Retroactividad de la ley más favorable, el cual se encuentra en nuestra norma constitucional en su artículo 96, el cual dice que la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la ley favorezca al reo y en el caso que nos compete resulta evidente que el Decreto No. 130-2017 crea un nuevo Código Penal y en el artículo 311 establece un tratamiento más favorable para la persona que comete el delito de Tráfico de Drogas, puesto que el rango de pena abstracta a imponer es de siete (7) a diez (10) años, existiendo una reducción considerable a la pena que imponía la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas, la cual era de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, por lo que considera que es aplicable la retroactividad de la ley.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Marina Audely Varela Figueroa, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, artículo 18 de la derogada Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, 311 y 312 numerales 3), 5) y 7) del Código Penal vigente, en atención a las sanciones para el delito de Tráfico Ilícito de drogas; expresando que “…Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA es de veinte (20) años de reclusión, la cual se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible al delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA, con arreglo al Código Penal vigente, cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de Reclusión, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado, ya que lo peticionado por el revisionista no cumple los requisitos que establece el articulo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que regula el principio de retroactividad de la ley penal por ser más benigna al condenado…”, por lo que el Ministerio Público es de la opinión porque No se Otorgue la presente acción de revisión a favor del condenado Jorge Alberto Ortiz.CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal.CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos:a.Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente;b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; yc.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones:a.Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal.b.Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador.c.La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Jorge Alberto Ortiz, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha dos de febrero del año dos mil veinte, por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado, tipificado en el Artículo 18, relacionado con el artículo 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; normas que disponían en su orden: Artículo 18 “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras.”Artículo 28 “Cuando dos o más personas se organizan para la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal.”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 311 el delito de Tráfico de Drogas, relacionado con el artículo 312 a saber: Artículo 311 “Tráfico de Drogas. Quien realiza actos de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, comercio, transporte, tráfico o de cualquier forma promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posee para aquellos fines, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a siete (7) años si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud y de siete (7) a diez (10) años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, multa de cien (100) a quinientos días (500). Las penas de prisión a imponer deben ser, en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a cinco (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad. No se puede hacer uso de esta regla si concurre alguna de las agravantes contempladas en el artículo siguiente.”;Artículo 312 “Agravantes Específicas del Tráfico de Drogas. En el caso del párrafo primero del artículo anterior de deben imponer las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) …; 2)…; 3) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 4)…; 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 6)…; 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; 8)…; 9) La conducta se dirige al tráfico internacional. Si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5) o 7), las penas de prisión se deben incrementar en un tercio (1/3)”. (Énfasis y subrayado añadidos)CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO (12): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JORGE ALBERTO ORTIZ fue condenado por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán, mediante sentencia definitiva y firme de fecha dos de febrero del año dos mil veinte, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, a la PENA PRINCIPAL de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una MULTA DE UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, PUNTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS (Lps. 1,333,000.33); asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia condenatoria de fecha dos de febrero del año dos mil veinte mediante la cual se condenó al señor JORGE ALBERTO ORTIZ, estableció que en la sentencia definitiva y firme el Tribunal aplicó lo dispuesto en los artículos 18 relacionado con el artículo 28 de la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, estimando que el condenado cometió el delito de Tráfico Ilícito de Drogas Agravado. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más favorable, promulgada a que se alcanzara cosa juzgada mediante una sentencia firme; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión a favor del condenado JORGE ALBERTO ORTIZ. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JORGE ALBERTO ORTIZ, las penas principales de: 1) VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN; y 2) MULTA consistente en la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, PUNTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS (LPS. 1,333,000.33), con el aumento en la imposición de las penas correspondientes, de un tercio (1/3), en atención a la agravante contenida en el artículo 28 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, por considerar en el presente caso la concurrencia de la participación de dos o más personas, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Asimismo, fue condenado con las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal. Procediéndose, en consecuencia, por la judicatura competente Tribunal de Sentencia de con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán y de conformidad al artículo 69 del Código Penal derogado, a la imposición de la pena mínima acorde a la solicitud formulada por el ente acusador y el acuerdo de la Defensa, atendiendo a la falta de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal solicitada por las partes. En ese orden de ideas y conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRÁFICO DE DROGAS, con sus agravantes específicas, previsto en el artículo 312, prevé una pena abstracta de DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE TRESCIENTOS (300) A QUINIENTOS (500) DÍAS, por concurrir las circunstancias siguientes, según el factum de la sentencia: 3) El delito se somete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 5) La cantidad objeto del delito es de especial importancia; 7) Se utilizan medios extraordinarios de transporte; y 9) La conducta se dirige al tráfico internacional. La norma prevé que si concurre la circunstancia del numeral 3) junto con las previstas en los numerales 5) o 7), las penas de prisión de deben incrementar en un tercio (1/3). Con el incremento de un tercio (1/3) a la pena imponible, nos deja un marco penal abstracto definitivo de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE PRISIÓN y una MULTA DE QUINIENTOS (500) A SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (666) DÍAS; días multa que tienen un valor no menor de Veinte Lempiras (L. 20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5,000.00), según lo dispone el artículo 53 del Código Penal vigente. Obteniéndose, por consiguiente, que resulta conforme a derecho imponer al señor JORGE ALBERTO ORTIZ, como autor del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA DE QUINIENTOS (500) DÍAS, a razón de Veinte Lempiras (L 20.00) por día, lo que multiplicado asciende a la cantidad de Diez Mil Lempiras (L. 10,000.00), en atención a que en la sentencia anterior se aplicaron al condenado las penas mínimas, en consideración a la falta de circunstancias modificativas que agravaran las circunstancias del hecho. Siendo en consecuencia que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permite determinar que, en el presente caso, el Código Penal vigente prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme la Ley Sobre uso Indebido Y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, contenido en el Decreto Legislativo Número 126-89, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la Ley penal en favor del señor JORGE ALBERTO ORTIZ.CONSIDERANDO (14):En relación a la premisa enunciada por la Fiscal del Despacho en cuanto a que no se otorgue la presente garantía, por considerar que la pena impuesta al condenado se encuentra dentro del rango de pena abstracta imponible al delito de Tráfico Ilícito de Drogas, el párrafo cuarto del artículo 616 del Código Penal, al que alude la Fiscal del Despacho dispone: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal.” En el caso sub júdice, al señor JORGE ALBERTO ORTIZ se le impuso una pena mínima de veinte (20) años de reclusión, en atención a la ausencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y conforme a las penas establecidas en la nueva normativa, la pena mínima a imponer al condenado es de quince (15) años de prisión, lo que conlleva una reducción sustancial en la pena, por ello la Sala es del criterio en atención al principio pro homine o pro-persona conforme a la interpretación de las normas jurídicas atinentes a la protección de derechos humanos, que en el caso sub júdice es procedente la aplicación de una nueva norma penal, por ser más benigna en cuanto a la pena mínima a imponer. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición de la Fiscal del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 53, 57, 58, 69, 311, 312, 439, 615, 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado CARLO FRANCISCO TREJO MEJÍA, a favor del señor JORGE ALBERTO ORTIZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MAETRIA PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor JORGE ALBERTO ORTIZ, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JORGE ALBERTO ORTIZ, como autor responsable del delito de TRÁFICO DE DROGAS AGRAVADO, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA, a las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE PRISIÓN y MULTA de DIEZ MIL LEMPIRAS (L. 10,000.00), multa que deberá enterar en la Tesorería General de la República… SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos al acusado JORGE ALBERTO ORTIZ como consecuencia de la condena de prisión impuesta, la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA por el tiempo que dure la pena principal, ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente, para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la Magistrada Francisca Villela Zavala.- NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0777-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL