Sentencia RP-766-23 — Registro 19839
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad en materia penal, revisionista fueron condenados como Coautores del delito de Asesinato en base a testimonio de testigos de cargo, que posteriormente fueron procesados por falso testimonio en el presente proceso y señala que con el Código Penal Vigente la pena a imponer por el delito de Asesinato es más benigna, revisionista invoca la causal que haya sido condenado en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, Este tribunal consideró que la primera declaración que brindaron los testigos son las que merecieron valor probatorio al vincularlas con otros medios de prueba, no así las segundas versiones por las que fueron procesados por el Ministerio Publico por el delito de falso testimonio, y por las que fueron condenados algunos, en consecuencia, no es aplicable la causal señalada , razón por la cual se declara su improcedencia, además si se aplica la retroactividad de la nueva ley penal que solicita el revisionista, el límite objetivo extraordinario es el atendible en el presente caso, lo cual agravaría el límite de cumplimiento respecto a la pena privativa de la libertad que deba cumplir los condenados, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima, que no se cumple con los requisitos exigidos para otorgar la presente Garantía Constitucional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."con la norma derogada el acusado deberá cumplir como límite máximo de la pena 30 años de reclusión, (VCP144-83) entretanto, si se aplica la retroactividad de la nueva ley penal que solicita el revisionista, el límite objetivo extraordinario es el atendible en el presente caso, lo cual agravaría el límite de cumplimiento respecto a la pena privativa de la libertad que deba cumplir los condenados, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima, después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Sentencia de Revisión al Penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos, Pronuncia. En nombre del Estado de Honduras La sentencia que resuelve el recurso de Revisión Penal SCO-0766-2023, promovido por el abogado TIRSO SADY ULLOA ULLOA, a favor de los señores MERLIN OMAR REYES GOMEZ Y ROMULO REYES MARTINEZ , contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con competencia territorial Nacional en materia penal , en fecha dieciocho (18) de Agosto de dos mil diecisiete (2017), que FALLÓ: PRIMERO: Condenar como en efecto condenamos a los señores ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como COAUTORES penalmente responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio de ARLET SUYAPA FLORES CANTARERO, por el cual se le ha acusado a la pena de TREINTA Y CINCO (35) AÑOS DE RECLUSIÓN, pena a la que se le ha de descontar el tiempo que dichos acusados hayan estado privados de su libertad como consecuencia de la imposición de la medida cautelar impuesta en este caso y que deberán cumplir los condenados, en la penitenciaría nacional que determine el Juez de Ejecución Competente. SEGUNDO: Condenar como en efecto condenamos a los señores ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Declarar la responsabilidad Civil de ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ, la que deberá ser fijada en la fase de ejecución de la pena. CUARTO: No se condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los acusados ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ. (EXP.N0.20-4-2014) SON PARTES: 1) El abogado TIRSO SADY ULLOA, en favor de los condenados ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ como revisionistas. 2) la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, Agente Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA PRIMERO: En fecha 18 de febrero del año dos mil doce, el señor Rómulo Reyes Martinez salió de la comunidad de San Miguelito, departamento de Intibucá, en compañía del señor Merlín Omar Reyes Gómez a eso de las once veintiocho horas del día y se dirigió hacia San Pedro Sula, Cortés, lugar al que llegó en horas de la tarde, dirigiéndose a unas canchas de la colonia Modelo de dicha ciudad, donde abordó a tres personas con el fin de ofrecerles dinero a cambio de que realizaran una labor consistente en darle muerte a la señora Arlet Suyapa Flores Cantarero, aceptando dichas personas el trato, por lo que el señor Rómulo Reyes se quedó en dicha ciudad de San Pedro Sula, en tanto que dos de los individuos, de nombre Elvin Gáleas y Wilmer Mendoza se trasladaron en la noche de ese mismo día a la ciudad de San Miguelito junto con el señor Merlín Omar Reyes Gómez, quienes se ubicaron a eso de las ocho de la noche, a inmediaciones del lugar donde laboraba la señora Arlet Suyapa Flores Cantarero en la Dirección Distrital de Educación de San Miguelito Intibucá, permaneciendo ambos individuos en dicha ciudad, hasta que regresaron al día siguiente, es decir el día 19 de Febrero del mismo año, a la ciudad de San Pedro Sula. SEGUNDO: Posteriormente, en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil doce, los señores Wilmer Mendoza, Elvin Aracely Gáleas y Nazario Castro en compañía de una menor, se trasladaron desde San Pedro Sula hasta San Miguelito, a bordo de un vehículo tipo turismo, color champagne, y entre la una y una y treinta de la tarde, del día veintidós (22) de febrero, se trasladaron en el vehículo a inmediaciones de la Dirección Distrital de Educación de San Miguelito, bajándose del vehículo, el señor Nazario quien entró a dicha institución con un arma de fuego que portaba, disparando en reiteradas ocasiones a la señora Arlet Suyapa Flores Cantarero, quien a consecuencia de ello, perdió la vida quedando tendida en el lugar, en tanto que el señor Nazario y sus acompañantes huyeron a bordo del vehículo antes mencionado. En instantes inmediato posteriores, y después de ser identificado el lugar por donde salieron de San Miguelito huyendo los hechores, estos lograron ser detenidos aproximadamente media hora después, en la comunidad de Yamaranguila, por agentes de la policía de dicha localidad a quienes se les había alertado respecto a dichos individuos que iban en el referido vehículo, decomisándoseles el arma de fuego con la que se le disparo a la víctima. TERCERO: De manera previa y en momentos inmediatos al hecho, existió comunicación telefónica entre el señor WILMER MENDOZA con el numero 98832010 como interlocutor intermediario, luego con MERLIN REYES GOMEZ y seguidamente CON ROMULO REYES. ANTECEDENTES Primero: Del inicio del proceso penal. Que en fecha ocho de abril del dos mil trece, el juez de Instrucción del Juzgado de Letras de La Esperanza, Intibucá, decretó auto de formal procesamiento en contra del encausado ROMULO REYES MARTINEZ, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO en perjuicio de ARLET SUYAPA FLORES CANTARERO, y en fecha veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015), la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal presentó oficio al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, pidiendo la ampliación de la prisión preventiva por seis meses, en contra del referido imputado. (Folios 500- 501 del antecedente) Segundo: De la sentencia Condenatoria Que en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: PRIMERO: Condenar como en efecto condenamos a los señores ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como COAUTORES penalmente responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio de ARLET SUYAPA FLORES CANTARERO, por el cual se le ha acusado a la pena de TREINTA Y CINCO (35) AÑOS DE RECLUSIÓN, pena a la que se le ha de descontar el tiempo que dichos acusados hayan estado privados de su libertad como consecuencia de la imposición de la medida cautelar impuesta en este caso y que deberán cumplir los condenados, en la penitenciaría nacional que determine el Juez de Ejecución Competente. SEGUNDO: Condenar como en efecto condenamos a los señores ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Declarar la responsabilidad Civil de ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ, la que deberá ser fijada en la fase de ejecución de la pena. CUARTO: No se condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los acusados ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ. QUINTO: No se decreta el Comiso alguno por no haberse puesto a la disposición pieza de ejecución o efecto del delito. SEXTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales, haciéndoles saber que tienen el término de veinte días para interponer el recurso de casación. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 788-834 del recurso de mérito) Tercero: De la interposición del Recurso de Revisión penal su admisión por la Sala de lo Constitucional En fecha siete (07) de junio de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado TIRSO SADY ULLOA ULLOA, a favor de los señores ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando que el auto de admisión de la presente acción se suspenda la ejecución de la sentencia y que se imponga mientras de sustancia el presente recurso medidas cautelares a favor de los sentenciados.(Folios 1-5 del recurso de mérito) Cuarto: De la Celebración de la Audiencia de Oposición y presentación de prueba.- En fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado TIRSO SADY ULLOA ULLOA, actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores ROMULO REYES MARTINEZ Y MERLIN OMAR REYES GOMEZ; El Ministerio Público consideró: Que al hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida mediante Juicio oral y Público de fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, fundamentando su petición que sus representados fueron condenados en base a testimonio de testigos de cargo, que fueron procesados por falso testimonio en el presente proceso, y señala que con el Código Penal Vigente la pena a imponer por el delito de Asesinato es más benigna y solicita su revisión de la pena; y tal como lo dispone el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) ...2) ...3) ...4) ...5) "Haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme". 6)...7) ... 8):"Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna", relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal. PRIMERO: En cuanto a la solicitud de revisión fundamentada en que su representado fue condenado en base al testimonio de los testigos de cargo nominados DAVID GEOVANY VALLE ENAMORADO, MARIA AMPARO MEJIA REYES Y CARLO ALBERTO SANTOS Ramos, quienes fueron procesados por el Ministerio Público por el delito de Falso testimonio; esta representación fiscal aprecia que el Tribunal de Sentencia al valorar la probanza de cargo hizo un análisis de los testimonios rendidos por los testigos de cargo DAVID GEOVANY VALLE ENAMORADO, MARIA AMPARO MEJIA REYES Y CARLO ALBERTO SANTOS RAMOS, tanto en la primera audiencia, como en el juicio oral y público, valorando cada uno de sus dichos y concluyendo que lo declarado con detalles como lo hicieron es porque efectivamente así ocurrió y no por el efecto de una inventiva o adivinación, sino porque en efecto así debió pasar. Es por esas circunstancias que el tribunal consideró que la primera declaración que brindaron los testigos son las que merecen valor probatorio, no así las segundas versiones. Asimismo, el recurrente ha referido que estos testigos fueron procesados por el Ministerio Publico por el delito de falso testimonio, sin encontrar en los autos una sentencia condenatoria contra estos por el referido delito, en consecuencia, no es aplicable la causal señalada por el recurrente. Cabe señalar que nuestra normativa procesal penal establece los términos y oportunidades procesales para que las partes propongan sus medios de prueba, los que el Juez de garantías efectúa un control de la prueba admitida en el juicio observando los principios de utilidad, pertinencia, proporcionalidad e inmediación, apreciándose en el presente caso que el Tribunal sentenciador sustentó su fallo en un conjunto probatorio consistente en toda la prueba propuesta y Aniso que le permitió formar su convicción, y dictar una sentencia condenatoria. Conforme a lo señalado, en los numerales anteriores resulta de importancia reiterar que el recurso de revisión no es otra instancia del procedimiento, ya que constituye un recurso extraordinario de carácter excepcional, al estar dirigido contra una sentencia firme con efecto de cosa Juzgada, el objeto de la revisión al invocar las causales alegadas, es demostrar de manera concluyente como hechos o circunstancias extrañas, independientes y desligadas formal y materialmente del proceso principal, influyeron en éste para la obtención de la sentencia, por lo que a criterio de la suscrita las circunstancias esgrimidas por el recurrente resultan infundadas, razón por la cual solicito se declare su improcedencia. SEGUNDO: Por otra parte, el revisionista fundamenta su solicitud de revisión en la aplicación del principio de retroactividad de la ley por ser más benigna y solicita se revise la condena y se haga un nuevo cómputo de conformidad a la ley penal vigente. Sobre el particular, al examinar el fallo condenatorio sub-iudice se extrae que los señores MERLIN OMAR REYES GOMEZ Y ROMULO REYES MARTINEZ, fueron condenados por el delito de ASESINATO, en perjuicio de ARLET SUYAPA FLORES CANTARERO, imponiendo una pena de TREINTA Y CINCO (35) años de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 numeral, 2 y 4 del Código Penal derogado; con la entrada en vigencia de la norma sustantiva contenida en el Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO es sancionado en el artículo 193 con la pena de prisión de 20 a 25 años; no obstante, debemos acotar que de acuerdo a las circunstancias en que se suscitaron los hechos declarados probados en la sentencia de mérito, se desprende que en el caso de autos concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, ya que en fecha dieciocho (18) de noviembre del 2012, el señor ROMULO REYES MARTINEZ salió de la comunidad de San Miguelito, departamento de Intibucá, en compañía del señor MERLIN OMAR REYES GOMEZ, a eso de las 11:28 de la mañana, con dirección a San Pedro Sula, Cortés; una vez en dicho lugar, se dirigieron a unas canchas ubicadas en la colonia Modelo donde abordó a tres personas con el fin consistente en darle muerte a la señora ARLETH SUYAPA FLORES CANTARERO, aceptando dichas personas el trato... procedieron a darle muerte a la señora ARLETH SUYAPA FLORES CANTARERO Y regresando el día 19 de febrero del mismo año a la ciudad de San Pedro Sula. Se constató que momentos inmediatos al hecho existió comunicación telefónica entre el señor WILMER MENDOZA con el número 98832010, como interlocutor intermediario, luego con MERLIN REYES GOMEZ y seguidamente con ROMULO REYES. Consecuencia de lo anterior, la pena a imponer debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Asimismo, consta en autos que concurren las circunstancias agravantes señaladas en los numerales 1) y 5) del artículo 32 del Código Penal vigente, relacionado con el artículo 70 inciso e), que establece: "Cuando concurren varias y ninguna atenuante se aplica la pena en su límite máximo" por lo que resulta una pena concreta de 30 años de reclusión. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque No SE OTORGUE la presente acción de revisión de conformidad al artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional numeral 8): "Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna"(Folios 26-29 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía: que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en dos motivos: Primero el fallo emitido por el Tribunal de sentencia, en contra de sus poderdantes según la norma sustantiva código penal de 1984 en el artículo 116 establece una pena de 15 a 20 años de reclusión no obstante el código penal vigente en su artículo 193 establece como circunstancia agravante para imponer una pena de 25 a 30 años de reclusión que medie, recompensa o promesa remuneratoria a juzgar por los hechos derivativos que antecedieron a la parte dispositiva del fallo impugnando a sus poderdantes se les juzgo como autores intelectuales del delito que nos ocupa en perjuicio de la señora Arlet Suyapa Flores cantarero; y un Segundo motivo: La declaración testifical de tres testigos confesos por el delito de falso Testimonio misma que rindieron declaración ante el tribunal de sentencia con Jurisdicción nacional, estos individuos declararon en la primera etapa del proceso haber observado y tener pleno conocimiento que sus poderdantes pagaron a los individuos ELVIN GALEAS Y WILMER MENDOZA trato que según la sentencia cuestionada fue sellada con el recibo de cien mil lempiras en la ciudad de San pedro Sula regresándose estos últimos, según el libelo del fallo proferido con el señor Merlín Omar Reyes Gómez a ejecutar el hecho que acabo con el asesinato de la señora ARLET SUYAPA FLORES CANTARERO, señala como preceptos autorizantes el contenido en el numeral cinco y ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando “Haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso, por sentencia firme” y cuando procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señalan en los antecedentes: “Que, debido a la entrada en vigencia del actual Código Penal, beneficiará a sus representados, ya que el artículo 193 establece una pena de hasta treinta años y considerando que su representados fueron condenados a una pena de treinta y cinco (35) años, se le puede reducir la pena, por lo cual solicita se revise la sentencia y se imponga la pena más favorable. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia de oposición: El recurrente expuso que: “Ratifica la solicitud interpuesta en base al principio Constitucional de retroactividad en materia penal, siendo que sus representados fueron condenados por el delito de Asesinato a la pena de 35 años , fundamenta su solicitud de revisión en la aplicación del principio de retroactividad de la ley por ser más benigna y solicita se revise la condena y se haga un nuevo cómputo de conformidad a la ley penal vigente. El Ministerio Público consideró: que al hacer un estudio del presente caso, Primero en cuanto a la solicitud de revisión fundamentada en que sus representados fueron condenados en base al testimonio de los testigos de cargo nominados DAVID GEOVANY VALLE ENAMORADO, MARIA AMPARO MEJIA REYES Y CARLO ALBERTO SANTOS Ramos, quienes fueron procesados por el Ministerio Público por el delito de Falso testimonio; sin embargo aprecia que el Tribunal de Sentencia al valorar la probanza de cargo hizo un análisis de los testimonios rendidos por los testigos de cargo DAVID GEOVANY VALLE ENAMORADO, MARIA AMPARO MEJIA REYES Y CARLO ALBERTO SANTOS RAMOS, tanto en la primera audiencia, como en el juicio oral y público, valorando cada uno de sus dichos y concluyendo que lo declarado con detalles como lo hicieron es porque efectivamente así ocurrió y no por el efecto de una inventiva o adivinación, sino porque en efecto así debió pasar. Es por esas circunstancias que el tribunal consideró que la primera declaración que brindaron los testigos son las que merecen valor probatorio, no así las segundas versiones por las que fueron procesados por el Ministerio Publico por el delito de falso testimonio, y por las que fueron condenados algunos, en consecuencia, no es aplicable la causal señalada por el recurrente. Por otra parte, en relación a su solicitud de revisión en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal por ser más benigna y solicita se revise la condena y se haga un nuevo cómputo de conformidad a la ley penal vigente. Sobre el particular, al examinar el fallo condenatorio sub-iudice se extrae que los señores MERLIN OMAR REYES GOMEZ Y ROMULO REYES MARTINEZ, fueron condenados por el delito de ASESINATO, en perjuicio de ARLET SUYAPA FLORES CANTARERO, imponiendo una pena de TREINTA Y CINCO (35) años de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 numeral, 2 y 4 del Código Penal derogado; con la entrada en vigencia de la norma sustantiva contenida en el Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO es sancionado en el artículo 193 con la pena de prisión de 20 a 25 años; no obstante, debemos acotar que de acuerdo a las circunstancias en que se suscitaron los hechos declarados probados en la sentencia de mérito, se desprende que en el caso de autos concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, ya que en fecha dieciocho (18) de noviembre del 2012, el señor ROMULO REYES MARTINEZ salió de la comunidad de San Miguelito, departamento de Intibucá, en compañía del señor MERLIN OMAR REYES GOMEZ, a eso de las 11:28 de la mañana, con dirección a San Pedro Sula, Cortés; una vez en dicho lugar, se dirigieron a unas canchas ubicadas en la colonia Modelo donde abordó a tres personas con el fin consistente en darle muerte a la señora ARLETH SUYAPA FLORES CANTARERO, aceptando dichas personas el trato... procedieron a darle muerte a la señora ARLETH SUYAPA FLORES CANTARERO Y regresando el día 19 de febrero del mismo año a la ciudad de San Pedro Sula. Se constató que momentos inmediatos al hecho existió comunicación telefónica entre el señor WILMER MENDOZA con el número 98832010, como interlocutor intermediario, luego con MERLIN REYES GOMEZ y seguidamente con ROMULO REYES. Consecuencia de lo anterior, la pena a imponer debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Asimismo, consta en autos que concurren las circunstancias agravantes señaladas en los numerales 1) y 5) del artículo 32 del Código Penal vigente, relacionado con el artículo 70 inciso e), que establece: "Cuando concurren varias y ninguna atenuante se aplica la pena en su límite máximo" por lo que resulta una pena concreta de 30 años de reclusión. Siendo de la opinión que No SE OTORGUE, la presente acción de revisión.” CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía Constitucional de Revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente los señores MERLIN OMAR REYES GOMEZ Y ROMULO REYES MARTINEZ fueron condenados según sentencia de fecha dieciocho de agosto del dos mil diecisiete(18-08-2017) como coautores penalmente responsables del delito de ASESINATO en perjuicio de ARLET SUYAPA FLORES CANTARERO a cumplir una pena de Treinta y cinco(35) años de reclusión, más la pena de inhabilitación absoluta e interdicción civil; en relación al motivo que los encausados fueron condenados con testimonio de testigos que declararon con falso testimonio, y de la cual el revisionista invoca la causal número cinco(5) del artículo 96 de la ley sobre justicia constitucional el cual establece” haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o testimonio declarado después falso , por sentencia firme” Cabe señalar que nuestra normativa procesal penal establece los términos y oportunidades procesales para que las partes propongan sus medios de prueba, los que el Juez de garantías efectúa un control de la prueba admitida en el juicio, observando los principios de utilidad, pertinencia, proporcionalidad e inmediación, apreciándose en el presente caso que el Tribunal sentenciador sustentó su fallo en un conjunto probatorio consistente en todas las pruebas propuestas y dando valor probatorio a las declaraciones tomadas como prueba anticipada , que le permitió formar su convicción, y dictar una sentencia condenatoria. Conforme a lo señalado, en los numerales anteriores resulta de importancia reiterar que el recurso de revisión no es otra instancia del procedimiento, ya que constituye un recurso extraordinario de carácter excepcional, al estar dirigido contra una sentencia firme con efecto de cosa Juzgada, el objeto de la revisión al invocar las causales alegadas, es demostrar de manera concluyente como esos hechos o circunstancias, unidos a los testimonios, influyeron en éste para la obtención de la sentencia, por lo que tal como lo refiere el ministerio público, el tribunal consideró que la primera declaración que brindaron los testigos son las que merecen valor probatorio al vincularlas con otros medios de prueba, no así las segundas versiones por las que fueron procesados por el Ministerio Publico por el delito de falso testimonio, y por las que fueron condenados algunos, en consecuencia, no es aplicable la causal señalada por el recurrente, razón por la cual se declara su improcedencia. II.- En relación a la aplicación retroactiva de una ley penal, Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Sobre el particular, al examinar el fallo condenatorio sub-iudice se extrae que los señores MERLIN OMAR REYES GOMEZ Y ROMULO REYES MARTINEZ, fueron condenados por el delito de ASESINATO, en perjuicio de ARLET SUYAPA FLORES CANTARERO, imponiendo una pena de TREINTA Y CINCO (35) años de reclusión, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 numeral, 2 y 4 del Código Penal derogado; con la entrada en vigencia de la norma sustantiva contenida en el Decreto 130-2017, el delito de ASESINATO es sancionado en el artículo 193 con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años; no obstante, debemos acotar que de acuerdo a las circunstancias en que se suscitaron los hechos declarados probados en la sentencia de mérito, se desprende que en el caso de autos concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, Consecuencia de lo anterior, la pena a imponer debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Asimismo, consta en autos que concurren las circunstancias agravantes señaladas en los numerales 1) y 5) del artículo 32 del Código Penal vigente, relacionado con el artículo 70 inciso e), que establece: "Cuando concurren varias y ninguna atenuante se aplica la pena en su límite máximo" por lo que resulta una pena concreta de 30 años de reclusión; Al hacer la comparativa global de la pena concreta impuesta en instancia versus la pena abstracta que le corresponde con el NCP, se verifica que la venida en revisión de 35 años reclusión, Es decir, la pena concreta impuesta en instancia se encuentra dentro del margen abstracto de la pena a imponer según el NCP 130-2017. El razonamiento anterior es fundamento suficiente para denegar el recurso, pero hay algo más que no beneficia a los condenados, al hacer la aplicación retroactiva del NCP 130-2017; y es que el VCP 144-83 establece en su artículo 35 que la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta (30) años, siendo este su límite máximo de cumplimiento; entretanto, en el NCP 130-2017, el artículo 65 establece que en el caso de que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable exceda de veinte (20) años (en este caso el de asesinato(20 a 25 años de prisión)), el máximo de cumplimiento efectivo de la pena es de cuarenta (40) años (límite objetivo extraordinario). Es decir, con la norma derogada el acusado deberá cumplir como límite máximo de la pena 30 años de reclusión, (VCP144-83) entretanto, si se aplica la retroactividad de la nueva ley penal que solicita el revisionista, el límite objetivo extraordinario es el atendible en el presente caso, lo cual agravaría el límite de cumplimiento respecto a la pena privativa de la libertad que deba cumplir los condenados, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala estima, después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado TIRSO SADY ULLOA ULLOA, en favor de los señores MERLIN OMAR REYES GOMEZ Y ROMULO REYES MARTINEZ. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho, notifique en legal y debida forma lo resuelto al recurrente, para los efectos legales que en derecho correspondan. Notifíquese Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0766-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL