Sentencia RP-72-23 — Registro 19223
Resumen
Recurso de revisión de sentencia condenatoria por el delito de Usurpación argumentando recurrentes como causal un hecho nuevo, la Sala Constitucional considera que las partes no interpusieron ningún recurso, que las partes consintieron cada solicitud y resolución, se observa que recurrentes cumplieron la condena por conmuta en el año 2014, de ahí podemos deducir que la finalidad de la revisión va encaminada a que se declare nula la sentencia impugnada, a efecto que no se continúe ordenando el desalojo, de los peticionarios, al respecto esta sala es de parecer que las pretensiones del revisionista, no pertenecen al orden Constitucional, sino que el presente conflicto debe dirimirse en la vía civil.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
En relación a la violación al debido proceso, derecho de defensa y derecho de propiedad alegados por el revisionista, no son de recibo, pues no son propios a dilucidar en este recurso de revisión, siendo trascendental mencionar que contra la sentencia que ahora se revisa no se interpuso ningún recurso, es decir, que las partes consintieron cada solicitud y resolución, por lo que resulta desacertado que ante estos hechos y sin haber recurrido en su momento procesal oportuno la defensa alegue el quebrantamiento a sus derechos, cuando no hizo uso de los recursos ordinarios que la ley le provee.11.3 Dentro del análisis realizado se observa que los sentenciados cumplieron la condena por conmuta en el año 2014, de ahí podemos deducir que la finalidad de la revisión va encaminada a que se declare nula la sentencia impugnada, a efecto que no se continúe ordenando el desalojo, de los peticionarios, al respecto esta sala es de parecer que las pretensiones del revisionista, no pertenecen al orden Constitucional, sino que el presente conflicto debe dirimirse en una vía distinta, siendo más idónea la vía civil, donde se deberá dilucidar las pretensiones o derechos que les conciernen a cada una de las partes. 12. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala estima que la resolución impugnada en esta vía constitucional no se encuadra en ninguna de las causas señaladas en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por consiguiente, no puede ser revisada la sentencia firme que ha sido recurrida y que fue dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 9 de noviembre del año 2004. Por todas las razones anteriormente expuestas, este Alto Tribunal es del criterio porque se declare sin lugar el recurso de revisión interpuesto
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
En relación a la violación al debido proceso, derecho de defensa y derecho de propiedad alegados por el revisionista, no son de recibo, pues no son propios a dilucidar en este recurso de revisión, siendo trascendental mencionar que contra la sentencia que ahora se revisa no se interpuso ningún recurso, es decir, que las partes consintieron cada solicitud y resolución, por lo que resulta desacertado que ante estos hechos y sin haber recurrido en su momento procesal oportuno la defensa alegue el quebrantamiento a sus derechos, cuando no hizo uso de los recursos ordinarios que la ley le provee.11.3 Dentro del análisis realizado se observa que los sentenciados cumplieron la condena por conmuta en el año 2014, de ahí podemos deducir que la finalidad de la revisión va encaminada a que se declare nula la sentencia impugnada, a efecto que no se continúe ordenando el desalojo, de los peticionarios, al respecto esta sala es de parecer que las pretensiones del revisionista, no pertenecen al orden Constitucional, sino que el presente conflicto debe dirimirse en una vía distinta, siendo más idónea la vía civil, donde se deberá dilucidar las pretensiones o derechos que les conciernen a cada una de las partes. 12. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala estima que la resolución impugnada en esta vía constitucional no se encuadra en ninguna de las causas señaladas en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por consiguiente, no puede ser revisada la sentencia firme que ha sido recurrida y que fue dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 9 de noviembre del año 2004. Por todas las razones anteriormente expuestas, este Alto Tribunal es del criterio porque se declare sin lugar el recurso de revisión interpuesto
Jerarquía: Reiterativa
En relación a la violación al debido proceso, derecho de defensa y derecho de propiedad alegados por el revisionista, no son de recibo, pues no son propios a dilucidar en este recurso de revisión, siendo trascendental mencionar que contra la sentencia que ahora se revisa no se interpuso ningún recurso, es decir, que las partes consintieron cada solicitud y resolución, por lo que resulta desacertado que ante estos hechos y sin haber recurrido en su momento procesal oportuno la defensa alegue el quebrantamiento a sus derechos, cuando no hizo uso de los recursos ordinarios que la ley le provee.11.3 Dentro del análisis realizado se observa que los sentenciados cumplieron la condena por conmuta en el año 2014, de ahí podemos deducir que la finalidad de la revisión va encaminada a que se declare nula la sentencia impugnada, a efecto que no se continúe ordenando el desalojo, de los peticionarios, al respecto esta sala es de parecer que las pretensiones del revisionista, no pertenecen al orden Constitucional, sino que el presente conflicto debe dirimirse en una vía distinta, siendo más idónea la vía civil, donde se deberá dilucidar las pretensiones o derechos que les conciernen a cada una de las partes. 12. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala estima que la resolución impugnada en esta vía constitucional no se encuadra en ninguna de las causas señaladas en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por consiguiente, no puede ser revisada la sentencia firme que ha sido recurrida y que fue dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 9 de noviembre del año 2004. Por todas las razones anteriormente expuestas, este Alto Tribunal es del criterio porque se declare sin lugar el recurso de revisión interpuesto
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diez de abril de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de revisión penal, interpuesto por el abogado Roque Erwin Germer Galindo, a favor de los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Hosman Ramón Baquedano Diaz, Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Jesús Argelio Baquedano Diaz (difunto), Natalia Díaz Raudales (difunta) y Alfonso de Jesús Lagos, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, de fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Hosman Ramón Vaquedano Diaz, Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Jesús Argelio Vaquedano Diaz (difunto), Natalia Díaz Raudales (difunta) y Alfonso de Jesús Lagos, por haber sido condenados por el delito de Usurpación, en perjuicio de la señora Transito Carbajal conocida también como María del Transito Carbajal.SON PARTES:1.El abogado, Roque Erwin Germer Galindo como revisionista; 2. La abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, fiscal del Ministerio Público. 1. En fecha catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal del departamento de Francisco Morazán, la señora Transito Carbajal conocida también como María del Transito Carbajal, presentando ACUSACIÓN POR EL DELITO DE USURPACIÓN…, contra los señores Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Nelson Maradiaga Diaz, Argelio Maradiaga Díaz, Natalia Diaz, Ramón Maradiaga Diaz y Alfonso Lagos. (Folios 1-3 del antecedente).2. Seguido el trámite correspondiente, en fecha nueve de noviembre de dos mil cuatro, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…CONDENANDO a los señores JESUS ARGELIO BAQUEDANO DIAZ, NATALIA DIAZ RAUDALES, NELSON GEOVANY BAQUEDANO DIAZ, SANTOS CRECENCIO BAQUEDANO MARADIAGA, OSMAN RAMON BAQUEDANO DIAZ Y ALFONZO DE JESUS LAGOS de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto y en el Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), ubicados en la localidad de Tamara, Francisco Morazán, LA PENA DE DOS AÑOS DE RECLUSION como autores del delito de USURPACION en perjuicio de MARIA DEL TRANSITO CARBAJAL, además se les condena a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena y sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal.- Y MANDA: Que de no interponerse recurso alguno contra este fallo dentro del término legal, después de notificadas las partes el mismo quede firme de acuerdo a la normativa procedimental vigente. NOTIFIQUESE. Redacto el Abogado José Miguel Valdez Garay…” (Folios 311-317 del antecedente). 3..En fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el abogado Roque Erwin Germer Galindo, a favor de los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Hosman Ramón Vaquedano Diaz, Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Jesús Argelio Vaquedano Diaz (difunto), Natalia Díaz Raudales (difunta) y Alfonso de Jesús Lagos, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la revisión de la sentencia, con base en el numeral 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.(Folios 1-108 del recurso de mérito). 4. Se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas, en fecha veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público y el abogado Osman Danilo Muñoz, actuando en su condición de apoderado legal de los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Hosman Ramón Vaquedano Diaz, Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Jesús Argelio Vaquedano Diaz (difunto), Natalia Díaz Raudales (difunta) y Alfonso de Jesús Lagos; (Folios 351-354 del recurso de mérito)1.Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” 2. Resumen de la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa de la cual se solicita su revisión. La sentencia contra la cual se interpone recurso de revisión en materia penal es la dictada en fecha nueve (9) de noviembre del año dos mil cuatro (2004), por el Juzgado de Letras Penal de la Sección judicial de Tegucigalpa, mediante la cual CONDENÓ a los señores JESUS ARGELIO BAQUEDANO DIZ, NATALIA DIAZ RAUDALES, NELSON GEOVANY BAQUEDANO DIAZ, SANTOS CRECENCIO BAQUEDANO MARADIAGA, OSMAN RAMON BAQUEDANO DIAZ y ALFONZO DE JESUS LAGOS, a LA PENA DE DOS AÑOS DE RECLUSION como autores del delito de USURPACION en perjuicio de MARIA DEL TRANSITO CARBAJAL, además se les condena a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, el juzgado estimó como hechos probados los siguientes: “…PRIMERO: Con la fotocopia de debidamente autenticada de un Título Supletorio extendido por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de este Departamento de Francisco Morazán, la señora MARIA DEL TRANSITO CARBAJAL acredita que es la propietaria del inmueble inscrito en dicho Registro bajo el Numero 15 del Tomo 1041, el cual está ubicado en las faldas del Picacho, contiguo a la carretera que conduce al centro de diversiones del mismo nombre, el cual mide aproximadamente dos manzanas, el cual se conoce con el nombre de La Estanzuela.- SEGUNDO: Como propietaria de dicho inmueble ha venido pagando en la Alcaldía Municipal de este Distrito Central los correspondientes impuestos de bienes inmuebles y dicha propiedad se encuentra registrada en dicha alcaldía bajo la Clave Catastral Numero 08002017. CONSIDERANDO: Que indagados que fueron los encausados manifiestan que la ahora ofendida les ha pedido el terreno porque es de su propiedad, pero ellos manifiestan que el mismo es propiedad del Estado de Honduras y que están arreglando con el Congreso Nacional para darles a cada uno su terreno. Y siendo que el ilícito penal es de naturaleza excarcelable bajo caución se rindió fianza suficiente a su favor y se les extendió su carta de libertad provisional y orden de excarcelación… CONSIDERANDO: Que en el momento procesal oportuno únicamente el Abogado Julio Cesar Matute Arita en su condición de Representante Acusador propuso y solicito que se tengan por evacuados los medios de prueba siguientes: Documental: Documento de Registro de Clave Catastral Numero 08002017 (Folio 17), Recibo de Pago de Bienes Inmuebles realizados a la Alcaldía Municipal del Distrito Central por la señora Maria del Transito Carbajal (folios 18, 19, 20 y 21), Documental consistente en el Plano de la Propiedad (Folio 31), Testifical, consistente en las declaraciones de los señores ANGELA AGUILERA y AURELIO ALVARADO ALONZO (Folios 25 y 26), Inspección: Acta de Inspección realizada en el Registro de la Propiedad Inmueble y mercantil de Francisco Morazán (Folio 27), Acta de Inspección practicada en los Archivos del Departamento de Catastro de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a la clave Numero 08002017 perteneciente a Maria del Transito Carbajal y que obra a Folio 28, Acta de Inspección al lugar denominado La Estanzuela. El Picacho, Aldea El Hatillo (Folio 29). CONSIDERANDO: Que este Juzgador considera que con la prueba testifical, pericial y documental llegada al proceso queda plenamente probado que los señores JESUS ARGELIO BAQUEDANO DIAZ, NATALIA DIAZ RAUDALES, NELSON GEOVANY BAQUEDANO DIAZ, SANTOS CRECENCIO BAQUEDANO MARADIAGA, OSMAN RAMON BAQUEDANO DIAZ Y ALFONZO DE JESUS LAGOS han incurrido en el delito de USURPACION en perjuicio de la señora MARIA DEL TRANSITO CARBAJAL, por no haber aportado en juicio documento alguno que los acredite como dueños del inmueble en disputa, por lo que procede un fallo condenatorio en su contra…” (Folios del 311 al 317) de la pieza de antecedentes de instancia).3. Resumen sobre los alegatos del garantista expuestos en su escrito de interposición de la garantía constitucional de revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral 6 del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional. El garantista expresa de manera resumida que el hecho por el cual fueron acusados sus representados no existió y no es punible, puesto que sus clientes han habitado desde los años 80 y nunca usurparon con violencia, ni intimidación, sino que realizaron tramites de legalización de su Colonia Crucitas, y, por lo tanto, la aplicación del artículo 227 del código penal decreto 144-83, no se encuadran en el delito de usurpación. El recurrente hace una cronología de cómo les fue extendido el título de propiedad a sus representados de la siguiente manera: (1) El Congreso Nacional mediante decreto 152-2004, autoriza a la Procuraduría General de la República el traspaso de dominio pleno a favor del Fondo Social para la Vivienda (FOSOVI) de un área de 7.3 manzanas, para que legitimara la propiedad a los adjudicatarios de Colonia Las Crucitas del Picacho; (2) Mediante decreto PCM 018-2013, de fecha 9 de abril de 2013, se procede a la expropiación del bien inmueble denominado Colonia las Crucitas del Picacho por motivo de necesidad publica; (3) El Estado de Honduras a través del Instituto de Propiedad (IP), procedió a extender títulos de propiedad con sus respectivos planos a los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Natalia Diaz Raudales (difunta), Alfonso de Jesus Lagos Castro (difunto), Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Hosman Román Baquedano Diaz y Jesus Argelio Baquedano Diaz (difunto) y las demás personas de la comunidad, dichas propiedades fueron inscritas en el Registro de la Propiedad de Francisco Morazán; (4) Las propiedades fueron inscritas en el Instituto de la Propiedad con matricula 771922, 773458 y 1537900 a los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Hosman Ramon Baquedano Diaz y Santos Crescencio Baquedano Maradiaga respectivamente. 4. Es así que denuncia que la sentencia emitida en fecha 9 de noviembre de 2004, vulnera los derechos y garantías constitucionales de sus representados como ser el derecho de defensa establecido en el artículo 82 de la Constitución de la Republica en relación con el artículo 8 numeral 1 y 2 de la convención americana sobre derechos humanos, el derecho de propiedad artículo 61 de la Constitución de la Republica y el derecho al debido proceso instituido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, en resumen, garantista, expone la violación de los derechos constitucionales de la siguiente manera: 1.En relación al derecho de defensa, manifiesta que desde que se dictó sentencia condenatoria en fecha 9 de noviembre de 2004, emitida por el juzgado de letras penal no le fue permitido la utilización y presentación de documentos que acreditaban que en ese momento el Estado de Honduras estaba legalizando las tierras (La Crucitas del Picacho), que habitaban sus representados documentos que no fueron valorados por el juez, considerando que los elementos probatorios se pueden presentar en cualquier etapa del proceso, asimismo, dice que una vez que obtuvieron las escrituras y fueron presentadas se continuó ordenando el desalojo por el juzgado de ejecución, incluso existe un desalojo programado para el 9 de enero de 2023; 2. Reclama que ha sido vulnerado el derecho de propiedad relacionado el articulo 61 y 59 de la Constitución de la Republica, en virtud que, teniendo documentos de propiedad, siguen siendo desalojados una y otra vez, a pesar de contar con documentos de propiedad privada extendidos por el Estado de Honduras a través de procedimiento de expropiación. 3. Referente al debido proceso expresa que ha sido obviado desde la emisión de la sentencia condenatoria impugnada, no valoro la prueba presentada como ser decretos de expropiación, escrituras, y oficios que se encuentran en el expediente original del juzgado de letras penal de Tegucigalpa. Reclama que el órgano de primera instancia no valoró la documentación presentada con la cual demostraba que sus representados no eran usurpadores que tenían mas de 20 años de residir y en posesión y además en proceso de legitimar su propiedad, no obstante, señala que a pesar de haber presentado tal documentación el juzgado le dio mas valor a una copia de titulo supletorio que presentó la señora Maria del Transito Carbajal, que a las escrituras extendida por el Estado a favor de sus patrocinados. Con ello no consideraron lo establecido en los artículos 198 y 202 del código procesal penal en cuanto a la finalidad y valoración de la prueba. 5. Para acreditar la causal alegada propone los siguientes medios de prueba: 1. Expediente número 969-02 J-2, del juzgado de ejecución de Tegucigalpa,2.. Expediente numero 1677-99-3 del juzgado pena de Tegucigalpa:3. Copia de la sentencia condenatoria de fecha 9 de noviembre de 2004;4. Copia de certificación de la procuraduría General de la Republica de fecha 21 de mayo de 1987;5. Constancia del Centro de Informática y Estudios Legislativos (CIEL) del Congreso Nacional de fecha 17 de enero 2001, donde consta que se esta realizando un estudio de las condiciones jurídicas de las faldas del Picacho con el propósito de traspasarlo al FOSOVI; 6. Oficio No. 233-2001/SCN de fecha 15 de noviembre de 2001, mediante el cual solicitan opinión del proyecto decreto para traspasar a FOSOVI y este a su vez a los adjudicatarios del patronato de la Colonia las Crucitas del Picacho;7. Decreto No. 152-2004, de fecha 17 de diciembre de 2004, que autoriza a la procuraduría el traspaso de dominio peno con escritura numero 5, tomo 5325 a favor de FOSOVI, con un área de 7.3 manzanas para 63 lotes, aprobando que se vendiera la propiedad por 60 lempiras sin intereses por vara cuadrada a los adjudicatarios de la Colonia Las Crucitas del Picacho; 8.Decreto ejecutivo No. PCM 018-2013, de fecha 9 de abril de 2013, publicado en La Gaceta en fecha 16 de abril de 2013, donde señala que es procedente la expropiación del bien inmueble por motivos de necesidad publica;9. Matricula numero 771922, a nombre del señor Nelson Yovany Baquedano Diaz; 10.Matricula numero 773458, a nombre del señor Hosman Ramon Baquedano; 11.Matricula numero 1537900, a nombre del señor Santos Crescencio Baquedano Maradiaga; 12.Claves Catastrales de la Alcaldía Municipal del Distrito Central; 13.Copia de orden de desalojo, recortes de periódico; 14.Oficio No. SDP-SG-222-2010, de fecha 15 de octubre de 2010; 15.Escritura número 5, adjudicación otorgada por Ethel Suyapa Deras a favor de FOSOVI de fecha 10 de febrero de 2011; 16.Nota de fecha 19 de mayo de 1998, de la Alcaldía Municipal del Distrito Central al Procurador general de la Republica; 17.Mapa de la Colonia Las Crucitas del Picacho, de fecha noviembre de 2013; 18.Documentos nacionales de identificación de los señores Nelson Yovany Baquedano Díaz, Hosman Ramón Vaquedano Díaz y Santos Crescencio Baquedano Maradiaga; 19.Expediente DGRP-0712-2012-85-E, ubicación de los terrenos expropiados de fecha 11 de diciembre de 2012; 20.Cronología de los hechos de obtención de los títulos; 21.La Gaceta decreto 253-2005 de fecha 4 de octubre de 2005, articulo 10; 22.Decreto 258-2005, del Congreso Nacional de fecha 01 de septiembre de 2005. 6. Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Osman Danilo Muñoz, en representación de los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Hosman Ramon Vaquedano Diaz, Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Jesús Argelio Vaquedano Diaz (difunto), Natalia Diaz Raudales (difunta) y Alfonso de Jesús Lagos, como revisionistas; y, la abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña.El abogado Osman Danilo Muñoz, manifiesta que ratifica el contenido de la solicitud de revisión penal presentada y detalla: 1.En el año 1954, el Estado de Honduras adquiere mediante compra venta a la señora Coralia Mejía de Gómez un predio ubicado en el lugar denominado la Estanzuela y lo anexa a tierras nacionales del parque El Picacho en donde se encuentra la Colonia Crucitas del Picacho. 2.En el año 1980, sus representados se asientan en parte de dicho predio ocupando un área de lo que constituye el título obtenido por el Estado. 3.En el año 1999, sus representados fueron acusados por la señora Maria del Transito Carbajal de haber cometido el delito de Usurpación, y el año 2004, son condenados por dicho delito, señala que al momento de la acusación y condena la señora María Del Transito Carbajal solo cuenta con un título supletorio de dominio, el cual fue obtenido sobre el título de las tierras nacionales del Estado. 4.En el año 2011, el Estado de Honduras fundamentado en el Decreto Legislativo No 152- 2004, de fecha 17 de diciembre de 2004, realiza un traspaso de 7.7 manzanas al FOSOVI para que a su vez este adjudique las parcelas que ocupan los vecinos de la Colonia Crucitas del Picacho. 5.El Estado de Honduras en el año 2013, mediante decreto declara zona expropiada por causa de necesidad publica y otorga los títulos de propiedad debidamente georreferenciados a cada uno de los adjudicatarios de dicha colonia. Agrega que actualmente, los herederos de la señora Carbajal pretenden ejecutar un desalojo, utilizando como base el fallo del cual se solicita revisión, y el cual debe ser revisado por los siguientes puntos: 1.La sentencia no contiene ni ordena en su parte dispositiva el desalojo del bien; 2.La parte acusadora sustentó su supuesto derecho en un título supletorio de dominio otorgado sobre bienes nacionales; 3.El juzgador no tomó en cuenta ni se profundizó mediante los mecanismos que a ley le otorga para intervenir, a fin de constatar la veracidad del título que se exhibía por la parte acusadora; 4. No tomó en cuenta ni valoró el título de propiedad a favor del Estado de Honduras; 5.No precisó el acusador, ni el juez lo hizo oficiosamente mediante un auto para mejor proveer, acerca de la determinación del área reclamada como usurpada por parte de la acusadora, es decir, no se efectuó un levantamiento técnico topográfico y catastral para precisar que efectivamente el área reclamada correspondía al título que exhibía la señora Carbajal, basto con una inspección in situ cuando en este tipo de casos se hace necesario mediante las herramienta técnicas y las pericias para determinar el bien que está siendo objeto del proceso; 6.No se tomó en cuenta el tiempo de posesión quieta pacifica e ininterrumpida que habían ejercido los acusados lo que convertía a todas luces en aquel entonces dicho proceso en el tipo de los que deben ser conocidos en la instancia civil; 7.Se reusó el juzgador a aceptar y valorar el hecho de que el derecho de posesión de que gozaban estaba en proceso de estudio por parte del Congreso Nacional para emitir el decreto número 152-2004. Señala que posterior a la condena de sus representados se emitió. 1.La Ley de Propiedad decreto 82-2004, de fecha 29 de junio de 2004; 2.La titulación por parte del Estado, que beneficia a los condenados propietarios de los predios que motivaron la acusación y la condena; 3.Los pretendientes de dicho bien inmueble no han exhibido en ninguna de las instancias sentencia dictada por juzgado competen que decrete la nulidad del título que ostenta el Estado de Honduras; y, 4.tampoco sentencia que decrete la nulidad de los títulos otorgados por el Estado de Honduras generados a partir del decreto de expropiación. Finalmente expresa, que, si bien sus representados fueron condenados por el delito de usurpación, posterior a la sentencia de condena y de la cual se pide su revisión, fueron favorecidos con la titularidad de los bienes que motivaron el proceso penal, por lo que al desalojarlos se estaría violentando el derecho de propiedad, debido proceso y derecho de defensa, en consecuencia, y en apego al numeral 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional la sentencia debe revisada. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que al examinar las diligencias se extrae que efectivamente se condenó a JESUS ARGELIO BAQUEDANO DIAZ (ya fallecido), NATALIA DIAZ RAUDALES, NELSON GEOVANY BAQUEDANO DIAZ, SANTOS CRECENCIO BAQUEDANO MARADIAGA, OSMAN RAMON BAQUEDANO DIAZ Y ALFONZO DE JESUS LAGOS (ya fallecido) por el delito de USURPACION en perjuicio de MARIA DEL TRANSITO CARBAJAL a la pena de DOS (02) AÑOS DE RECLUSIÓN MÁS LAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, sin embargo, el Principio de retroactividad de la Ley Penal ha sido creado atendiendo una serie de principios orientados a la protección de aquellos que han sido sentenciados y se encuentran cumpliendo condena por la comisión de delitos o que están siendo sometidos en el proceso penal, lo cual, no ocurre en el caso de autos, considerando que la pena de reclusión se cumplió el 30 de mayo del año 2014, para tal efecto el artículo 622 de la nueva norma sustantiva señala que no se revisaran las penas ya ejecutadas completamente, por lo que esta Representación fiscal es de la opinión que en el caso sub examine no es procedente la Acción de Revisión, preceptuado en el artículo 96, numeral 6, de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 96 Constitución de la República, que reza: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.". De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula principio de retroactividad de la Ley penal, OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.7.Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Como ha quedado dicho el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica, en aquellos casos en que una persona haya sido condenada injustamente, no contemplar lo anterior, esto es que una sentencia pueda ser revisada por el más Alto Tribunal del país, deviene en una situación inadmisible en un Estado de Derecho. En este sentido, la revisión penal plantea el problema de articular dos supuestos fundamentales del ordenamiento jurídico, por un lado el principio de seguridad jurídica, que conduce a que la sentencia de fondo y, en general, cualquier resolución judicial, en un momento determinado, sea irrevocable, y el principio de Justicia, que en su sentido jurídico lo entendemos como el conjunto de leyes que garantizan que los órganos jurisdiccionales apliquen sin discriminaciones o privilegios las leyes igualmente para todos, como también que excepcionalmente se pueda hacer revisión de una sentencia firme, y con ello reconocer el derecho fundamental que le asiste al condenado de que su causa pueda ser conocida nuevamente cuando el mismo estime que se le ha condenado injustamente. 8.En aquellos casos en que se produzca un choque o colisión entre ambos principios, tal es el caso de sentencias firmes que fuesen manifiestamente injustas, se plantea el problema de si debe darse prevalencia al principio de seguridad jurídica y, en consecuencia, no permitir la posibilidad de que se pueda revocar dicha sentencia, o, por el contrario, dar prioridad al principio de justicia y admitir, que, en ciertos casos, la cosa juzgada puede quedar sin efecto. El fundamento del recurso de revisión, como antes queda dicho responde a ésta última opción, es decir, a la prevalencia de la justicia que, junto a la libertad, la cultura, el bienestar económico y social de los habitantes de la República, constituyen las bases en que descansa el Estado de Derecho, esto al tenor de lo establecido por el artículo uno (01) de nuestra Constitución Política. 9.En tal sentido, la revisión penal, al margen o con independencia de que se le considere un recurso propiamente dicho o un procedimiento autónomo, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. 10.La causal de rescisión o anulación de la sentencia condenatoria firme, invocada por el recurrente, es la que se encuentra prevista en el numeral 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esto es cuando: Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo. Del artículo en referencia se distinguen tres supuestos, a saber: a) que el hecho no existió, este supuesto se presentará cuando el hecho delictivo por el cual se juzgó al o los imputados no se ha producido en el mundo real; b) que el condenado no lo cometió, cuando estando acreditada la existencia de un hecho tipificado como delito, resulta evidente y sin ningún asomo de duda, que el condenado(s) no intervino en su comisión; supuesto este por el cual entendemos que teniendo rango constitucional el principio general de inocencia que se ve consagrado en el artículo 89 de nuestra carta magna, la excepción al mismo lo tenemos en la inversión de tal principio cuando se impone una sentencia condenatoria, pasada en autoridad de cosa juzgada, como ocurre en el caso de autos; y c) que el hecho cometido no es punible o se encuadra en una norma más favorable, se da cuando el hecho por el cual fue condenado el imputado (s) no es punible o el mismo encuadra en una norma más favorable para el condenado (s).11.Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la procedencia del recurso de revisión penal.Pues bien, la Sala de lo Constitucional al estudiar las presentes diligencias da respuesta a lo demandado por el revisionista en la presente garantía constitucional de revisión penal, así: 11.1 En el caso sub examine, el recurrente plantea a esta Sala de lo Constitucional como hecho nuevo, posterior al fallo condenatorio dictado en contra de sus representados por el juzgado de letras penal de Tegucigalpa, que al hecho por el cual fueron condenados los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Hosman Ramón Vaquedano Diaz, Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Jesús Argelio Vaquedano Diaz (difunto), Natalia Díaz Raudales (difunta) y Alfonso de Jesús Lagos, no le es aplicable el artículo 227 del código penal decreto 144-83, ello porque los hechos no se encuadran en el delito de usurpación, debido que el hecho no existió y no es punible, puesto que sus representados habitaban en ese lugar desde los años 80, sin violencia, ni intimidación, asimismo, realizaron el trámite de legalización de su Colonia Crucitas. Al tenor de los alegatos esgrimidos, menester será entonces que, se considere sí lo planteado como hechos nuevos sobrevinientes al fallo condenatorio dictado contra los condenados son procedentes y con ello pudiese dar lugar a que la sentencia firme dictada en su contra pueda ser revisada en esta instancia constitucional, en tal sentido al revisar y analizar los medios de prueba ofrecidos (relacionados en el numeral 5 de los fundamentos), esta Sala verifica que lo expresado por el revisionista no se subsume en la causal 6 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, ello porque como se explicó anteriormente la causal invocada exige que la concurrencia de esos hechos o elementos de prueba nuevos evidencien que el hecho no existió o que habiéndose producido éste, el o los imputados no lo han cometido, todo ello de una forma tan exacta y certera que no permita abrigar duda alguna, resaltando, de una parte el error cometido en la sentencia revocada y de otra, la notoria inculpabilidad del o los condenados. Del estudio realizado se desprende en primer lugar que los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Hosman Ramón Vaquedano Diaz, Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Jesús Argelio Vaquedano Diaz (difunto), Natalia Díaz Raudales (difunta) y Alfonso de Jesús Lagos, se encontraban ubicados ocupando un espacio de terreno, del cual no poseían documentación que acreditara ser los propietarios del mismo, y su argumento de defensa fue manifestar que el Estado de Honduras tenía la titularidad del bien; segundo, el bien fue reclamado por una tercera persona quien presentó la documentación (título supletorio), mediante la cual en ese momento respaldó su pretensión. En referencia a la posición del Estado de Honduras, la Procuraduría General de la República, a través de una manifestación de fecha 10 de enero 2000 (f-93), señala que en fecha 16 de marzo de 1999, el Estado de Honduras presentó acusación contra Maria del Transito Carbajal y otras personas por suponerlas responsables del delito de usurpación del espacio de suelo correspondiente a los jardines y áreas verdes del Parque de las Naciones Unidas (El Picacho). No obstante, mediante, sentencia de fecha 6 de abril del año 2000 (F-103 al 104), la Corte Primera de Apelaciones de Francisco Morazán, este tribunal resolvió indicándole a la Procuraduría General de la República, que ante el dominio reclamado por el Estado y el Titulo Supletorio presentado por la acusadora Maria del Transito Carbajal, sobre el mismo bien, debe acudir a la jurisdicción civil entablando la acción pertinente con miras a invalidad el título supletorio que le sirve de fundamento a la parte acusadora en la acción penal, resolución que no fue recurrida por ninguna de las partes personadas en el proceso. Es importante también puntualizar que los documentos o títulos de propiedad presentados por el revisionista con los cuales ahora manifiesta que sus representados son propietarios de las tierras y que fueron otorgados por el Estado de Honduras a través del Instituto de Propiedad (IP), se extendieron en el año 2013, con posterioridad a la emisión de la sentencia condenatoria (emitida en noviembre de 2004), es decir, que aun y cuando en este momento cuenten con un título, no significa que el hecho por el que fueron condenados no haya existido y en consecuencia haya infringido la ley. Con lo antes dicho, queda evidenciado efectivamente que el hecho si existió en el mundo real, los revisionistas si participaron y por último el hecho se encontraba tipificado en el artículo 227 del código penal decreto 144-83. 11.2 Alega también el revisionista que, durante la tramitación de proceso en el juzgado de instancia le violentaron el derecho de defensa, ello porque el juez no les permitió utilizar y presentar documentos que acreditaban que el Estado de Honduras realizaba trámites para legalizar de la tierra (Colonia Crucitas del Picacho), que fueron acusador de usurpar; el derecho de propiedad, en virtud que aun habiendo presentado los documentos (los títulos de dominio pleno), otorgados por el Estado, siguen siendo desalojados; y el debido proceso, porque el juez le confirió más valor probatorio a una copia de título supletorio que presentó la señora Maria del Transito Carbajal, y no valoró la prueba como ser decretos de expropiación, escrituras, y oficios que se encuentran en el expediente original del juzgado de letras penal de Tegucigalpa, ofrecidas por sus representados. En relación a la violación al debido proceso, derecho de defensa y derecho de propiedad alegados por el revisionista, no son de recibo, pues no son propios a dilucidar en este recurso de revisión, siendo trascendental mencionar que contra la sentencia que ahora se revisa no se interpuso ningún recurso, es decir, que las partes consintieron cada solicitud y resolución, por lo que resulta desacertado que ante estos hechos y sin haber recurrido en su momento procesal oportuno la defensa alegue el quebrantamiento a sus derechos, cuando no hizo uso de los recursos ordinarios que la ley le provee.11.3 Dentro del análisis realizado se observa que los sentenciados cumplieron la condena por conmuta en el año 2014, de ahí podemos deducir que la finalidad de la revisión va encaminada a que se declare nula la sentencia impugnada, a efecto que no se continúe ordenando el desalojo, de los peticionarios, al respecto esta sala es de parecer que las pretensiones del revisionista, no pertenecen al orden Constitucional, sino que el presente conflicto debe dirimirse en una vía distinta, siendo más idónea la vía civil, donde se deberá dilucidar las pretensiones o derechos que les conciernen a cada una de las partes. 12. Como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala estima que la resolución impugnada en esta vía constitucional no se encuadra en ninguna de las causas señaladas en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por consiguiente, no puede ser revisada la sentencia firme que ha sido recurrida y que fue dictada por el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha 9 de noviembre del año 2004. Por todas las razones anteriormente expuestas, este Alto Tribunal es del criterio porque se declare sin lugar el recurso de revisión interpuesto. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 numeral 6), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado Roque Erwin Germer Galindo, en favor de los señores Nelson Yovany Baquedano Diaz, Hosman Ramón Baquedano Diaz, Santos Crescencio Baquedano Maradiaga, Jesús Argelio Baquedano Diaz (difunto), Natalia Díaz Raudales (difunta) y Alfonso de Jesús Lagos. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la magistrada Bustillo Hernández. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0072-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL