Sentencia RP-719-24 — Registro 20373
Resumen
Sentencia en revisión en causa por el delito de extorsión simple en perjuicio de testigo protegido AB-392, imponiendo una pena principal de quince (15) años de reclusión y multa pecuniaria; más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándole al condenado su responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia; Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia decreto No. 93-2021.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En el caso sub examine, el peticionario EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, compareció ante este Tribunal, el diez de junio de dos mil veinticuatro, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna, (Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), él fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Código Penal anterior, que en la figura de extorsión había sido reformado por decreto 16-2012 vigente a partir del 19 de abril de 2012, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, reformado por decreto 16-2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado pero con una pena de multa superior. El Ministerio Público fue de la opinión de que no se otorgue la acción de revisión penal,..."..."Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá compararse únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTROSION, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha trece de marzo de dos mil veinte a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS por un delito de extorsión en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-392; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y las penas que contempla actualmente el artículo 373 es, prisión de quince (15) a veinte (20) años Y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; Conforme el fallo emitido, el sentenciado cometió el delito de Extorsión el cual está previsto en el artículo 373 reformado del Código Penal vigente; también resulta que conforme a los hechos probados del fallo no es posible establecer la pertenencia del condenado a un grupo delictivo organizado y no se aprecia concurrencia de circunstancias agravantes ni atenuantes, por lo que el Ministerio Público solicitó la pena mínima, Ahora bien, el problema se presenta cuando el defensor del condenado, manifestó en audiencia que, si no se aplica la pena de extorsión conforme al nuevo código, por lo menos se declare que tiene derecho al beneficio de libertad condicional conforme al nuevo código para tener derecho a salir con media pena, esto trae una reflexión acerca del criterio que ha venido manteniendo esta sala sobre la no aplicación de normas que no estaban vigentes cuando se interpuso la acción de revisión y cuando se dicta la sentencia, pues por una parte la pena de prisión es la misma con el código anterior a la actualmente vigente pero la multa excedería por mucho la que le fue impuesta en la sentencia objeto de revisión. Mantener la pena de reclusión y multa conforme al código derogado y abrir la posibilidad de acceder al beneficio de libertad condicional conforme el artículo 81 del nuevo código penal, sería fragmentar las normas, lo que está proscrito en el nuevo código penal (artículo 616), ahora bien, reflexionando sobre la multa, si esta sala aplica el código nuevo para la pena de prisión y la multa así como para analizar los beneficios penitenciarios que existe en una y otra legislación, sería factible si mantener la misma pena de quince años de prisión pero la multa sería de quinientos a mil días en su nivel más alto, de modo que imponiendo el mínimo de la multa en su nivel más alto, quedaría en DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 2,5000.00), superando en mucho los CUATROCIENTOS VEINTEMIL LEMPIRAS que dispuso la sentencia, por ello es necesario examinar otros aspectos de ambas legislaciones porque la comparación debe ser completa, acudiendo incluso a los beneficios penitenciarios (artículo 616 párrafo tercero código penal) en ese sentido, encontramos que conforme el artículo 76 del código penal derogado, el condenado tendría acceso al beneficio de Libertad condicional al cumplir las tres cuartas partes de la pena, esto es, ONCE AÑOS Y TRES MESES de la pena y, conforme al artículo 81 del nuevo código penal, el acusado tendría que cumplir para acceder a ese mismo beneficio la mitad de la pena de prisión impuesta, esto es SIETE AÑOS Y SEIS MESES de la pena impuesta, ahora bien, conforme al nuevo código penal se impondría una pena de inhabilitación absoluta por un tiempo no superior a veinte años conforme a los artículos 43 y 58 (QUINCE AÑOS EN ESTE CASO), y la pena de suspensión de la ciudadanía en observación con el artículo 42 del código penal nuevo y 41 de la Constitución de la República. En este punto del análisis este Tribunal destaca que la multa es mucho más alta con el nuevo código penal, siendo mucho más perjudiciales las alternativas del nuevo código frente al impago de la multa (artículos 55 y 56 del nuevo código) frente a las que ofrece la legislación derogada, que no solo representa una multa mucho menor, sino que oportunidades más flexibles frente al impago de la misma (artículo 53 código penal derogado) Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es igual a la que correspondería imponerle con la nueva ley penal y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 98.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En el caso sub examine, el peticionario EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, compareció ante este Tribunal, el diez de junio de dos mil veinticuatro, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna, (Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), él fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Código Penal anterior, que en la figura de extorsión había sido reformado por decreto 16-2012 vigente a partir del 19 de abril de 2012, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, reformado por decreto 16-2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado pero con una pena de multa superior. El Ministerio Público fue de la opinión de que no se otorgue la acción de revisión penal,..."..."Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá compararse únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTROSION, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha trece de marzo de dos mil veinte a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS por un delito de extorsión en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-392; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y las penas que contempla actualmente el artículo 373 es, prisión de quince (15) a veinte (20) años Y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; Conforme el fallo emitido, el sentenciado cometió el delito de Extorsión el cual está previsto en el artículo 373 reformado del Código Penal vigente; también resulta que conforme a los hechos probados del fallo no es posible establecer la pertenencia del condenado a un grupo delictivo organizado y no se aprecia concurrencia de circunstancias agravantes ni atenuantes, por lo que el Ministerio Público solicitó la pena mínima, Ahora bien, el problema se presenta cuando el defensor del condenado, manifestó en audiencia que, si no se aplica la pena de extorsión conforme al nuevo código, por lo menos se declare que tiene derecho al beneficio de libertad condicional conforme al nuevo código para tener derecho a salir con media pena, esto trae una reflexión acerca del criterio que ha venido manteniendo esta sala sobre la no aplicación de normas que no estaban vigentes cuando se interpuso la acción de revisión y cuando se dicta la sentencia, pues por una parte la pena de prisión es la misma con el código anterior a la actualmente vigente pero la multa excedería por mucho la que le fue impuesta en la sentencia objeto de revisión. Mantener la pena de reclusión y multa conforme al código derogado y abrir la posibilidad de acceder al beneficio de libertad condicional conforme el artículo 81 del nuevo código penal, sería fragmentar las normas, lo que está proscrito en el nuevo código penal (artículo 616), ahora bien, reflexionando sobre la multa, si esta sala aplica el código nuevo para la pena de prisión y la multa así como para analizar los beneficios penitenciarios que existe en una y otra legislación, sería factible si mantener la misma pena de quince años de prisión pero la multa sería de quinientos a mil días en su nivel más alto, de modo que imponiendo el mínimo de la multa en su nivel más alto, quedaría en DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 2,5000.00), superando en mucho los CUATROCIENTOS VEINTEMIL LEMPIRAS que dispuso la sentencia, por ello es necesario examinar otros aspectos de ambas legislaciones porque la comparación debe ser completa, acudiendo incluso a los beneficios penitenciarios (artículo 616 párrafo tercero código penal) en ese sentido, encontramos que conforme el artículo 76 del código penal derogado, el condenado tendría acceso al beneficio de Libertad condicional al cumplir las tres cuartas partes de la pena, esto es, ONCE AÑOS Y TRES MESES de la pena y, conforme al artículo 81 del nuevo código penal, el acusado tendría que cumplir para acceder a ese mismo beneficio la mitad de la pena de prisión impuesta, esto es SIETE AÑOS Y SEIS MESES de la pena impuesta, ahora bien, conforme al nuevo código penal se impondría una pena de inhabilitación absoluta por un tiempo no superior a veinte años conforme a los artículos 43 y 58 (QUINCE AÑOS EN ESTE CASO), y la pena de suspensión de la ciudadanía en observación con el artículo 42 del código penal nuevo y 41 de la Constitución de la República. En este punto del análisis este Tribunal destaca que la multa es mucho más alta con el nuevo código penal, siendo mucho más perjudiciales las alternativas del nuevo código frente al impago de la multa (artículos 55 y 56 del nuevo código) frente a las que ofrece la legislación derogada, que no solo representa una multa mucho menor, sino que oportunidades más flexibles frente al impago de la misma (artículo 53 código penal derogado) Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es igual a la que correspondería imponerle con la nueva ley penal y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 98.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia y reposición que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticuatro de noviembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO a favor de SI MISMO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-392. ANTECEDENTES 1)En fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil diecisiete (2017), el Ministerio Público a través del agente de tribunales, la abogada, HEIDI MALDONADO, compareció ante EL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, presentando requerimiento fiscal contra los ciudadanos NOEL EXEQUIEL ALMENDARES HENRÍQUEZ Y EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO por considerarlos responsables de la comisión del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AB392" y a EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO por suponerlo responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 2-5 del recurso de mérito) 2) En fecha trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020),el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETRENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION ,dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Debemos condenar y condenamos a los jóvenes EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO y NOEL EXEQUIEL ALMENDARES HENRÍQUEZ cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsables de un delito consumado de EXTORSIÓN SIMPLE, en perjuicio de la propiedad del Testigo Protegido AB-392 a la pena principal de QUINCE AÑOS (15) AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS (LPS422,420) para cada uno. La pena de reclusión deberán cumplirla en la Penitenciaría Nacional de Ilama Santa Barbará, conocida comúnmente como El Pozo, debiéndose computar la misma desde el día en que fue detenido de manera efectiva y la pena de multa la deberá enterar en la Tesorería General de la República. SEGUNDO: Debemos Absolver y absolvemos a NOEL EXEQUIEL ALMENDARES HENRIQUEZ por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en virtud de que en la fecha en que sucedieron los hechos se encontraba vigente el decreto de veda número 052-2017. TERCERO Debemos condenar y condenamos, a los jóvenes EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO y NOEL EXEQUIEL ALMENDARES HENRÍQUEZ como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, en la forma señalada en esta sentencia; así como también a trabajar durante aquel tiempo en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. CUARTO: Debemos declarar y declaramos la responsabilidad civil de los condenados EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO y NOEL EXEQUIEL ALMENDAREZ HENRIQUEZ la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. QUINTO: No procede la condena de la acusada, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: No procede el comiso de la evidencia física en virtud de no haber sido solicitada por el Ministerio Público. SEPTIMO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales y una vez firme se remita al Juzgado de ejecución correspondiente y a la Unidad de Antecedentes penales del poder judicial y al Centro penitenciario donde se encuentra recluida la acusada. (Folios 396-404 del recurso de mérito) 3) En fecha diez (10) de junio de dos mil veinticuatro (2024), el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo acción de revisión penal contra la sentencia definitiva condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTROSION, en fecha trece de marzo de dos mil veinte, solicitando la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna. 4)En fecha diecinueve (19) de noviembre del dos mil veinticinco (2025), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ con la comparecencia del abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ actuando en su condición de Apoderado Legal del señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO y la abogada MARLA IRIS CARDENAS GUARDADO en su condición de Fiscal del Ministerio Público; El abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, en la condición con que actúa, manifestó que, ratifica el recurso de revisión presentado, solicitando el beneficio de retroactividad de la ley conforme el artículo 96 de la Constitución. La representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia firme antes citada, fundamentando su petición en que el nuevo Código Penal resulta más benigno a su representado, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3) .., 4) ..,5) ..., 6) ... 7) ..,8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del referido cuerpo legal. Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETBRMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... En atención a la petición del revisionista, que la nueva norma penal vigente le favorece a su representado, se procede a realizar el análisis de la norma derogada y vigente: El Código Penal derogado establecía el delito de Extorsión. Articulo 222.- Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas., intimidación o violencia y con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o compañero (a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con La víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. El Código Penal Vigente (decreto 130-2017) contiene el delito de EXTORSIÓN. "Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al conyugue, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad.". En atención o va expuesto estar representación fiscal estima que es imponible la nueva norma penal vigente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 616 del código penal. III. -OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. Acto seguido, cedió la palabra al Abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ apoderado legal del Señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO a efecto de que haga uso de su derecho a la Réplica, quien manifiesta: pues solo manifestarle que lo único que le solicito pues sabiendo de la capacidad de todos ustedes los magistrados que hoy estamos aquí presentes pues hacer el análisis y si le asiste el derecho a mi representado para que se le aplique este recurso y que sea favorable pues que sean ustedes los que decidan y de no ser así por considerarlo ustedes que no le asiste el derecho pues aplicarle este porque esto lo están solicitando en el juzgado de ejecución que sea la sala de lo constitucional que aplique en cuanto a si procede como él fue condenado a quince años si procede la aplicación de que el haga la mitad de acuerdo al artículo 81 de nuestro código penal vigente para que él pueda optar a su libertad ya condicional de inmediato si reúne los requisitos que ya reúne este artículo 81 de nuestro código penal solamente muchas gracias. (Folios 16-19 vuelto del recurso de mérito CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. -CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nula poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Sobre la aplicación de la ley penal intermedia. Se le denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso de marras se trata de una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO ONCE (11): En el caso sub examine, el peticionario EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, compareció ante este Tribunal, el diez de junio de dos mil veinticuatro, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna, (Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), él fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Código Penal anterior, que en la figura de extorsión había sido reformado por decreto 16-2012 vigente a partir del 19 de abril de 2012, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, reformado por decreto 16-2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado pero con una pena de multa superior. El Ministerio Público fue de la opinión de que no se otorgue la acción de revisión penal, poniendo de manifiesto una discusión doctrinal en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, ni cuando se dicta la presente sentencia. CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá compararse únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTROSION, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha trece de marzo de dos mil veinte a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS por un delito de extorsión en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-392; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y las penas que contempla actualmente el artículo 373 es, prisión de quince (15) a veinte (20) años Y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; Conforme el fallo emitido, el sentenciado cometió el delito de Extorsión el cual está previsto en el artículo 373 reformado del Código Penal vigente; también resulta que conforme a los hechos probados del fallo no es posible establecer la pertenencia del condenado a un grupo delictivo organizado y no se aprecia concurrencia de circunstancias agravantes ni atenuantes, por lo que el Ministerio Público solicitó la pena mínima, Ahora bien, el problema se presenta cuando el defensor del condenado, manifestó en audiencia que, si no se aplica la pena de extorsión conforme al nuevo código, por lo menos se declare que tiene derecho al beneficio de libertad condicional conforme al nuevo código para tener derecho a salir con media pena, esto trae una reflexión acerca del criterio que ha venido manteniendo esta sala sobre la no aplicación de normas que no estaban vigentes cuando se interpuso la acción de revisión y cuando se dicta la sentencia, pues por una parte la pena de prisión es la misma con el código anterior a la actualmente vigente pero la multa excedería por mucho la que le fue impuesta en la sentencia objeto de revisión. Mantener la pena de reclusión y multa conforme al código derogado y abrir la posibilidad de acceder al beneficio de libertad condicional conforme el artículo 81 del nuevo código penal, sería fragmentar las normas, lo que está proscrito en el nuevo código penal (artículo 616), ahora bien, reflexionando sobre la multa, si esta sala aplica el código nuevo para la pena de prisión y la multa así como para analizar los beneficios penitenciarios que existe en una y otra legislación, sería factible si mantener la misma pena de quince años de prisión pero la multa sería de quinientos a mil días en su nivel más alto, de modo que imponiendo el mínimo de la multa en su nivel más alto, quedaría en DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 2,5000.00), superando en mucho los CUATROCIENTOS VEINTEMIL LEMPIRAS que dispuso la sentencia, por ello es necesario examinar otros aspectos de ambas legislaciones porque la comparación debe ser completa, acudiendo incluso a los beneficios penitenciarios (artículo 616 párrafo tercero código penal) en ese sentido, encontramos que conforme el artículo 76 del código penal derogado, el condenado tendría acceso al beneficio de Libertad condicional al cumplir las tres cuartas partes de la pena, esto es, ONCE AÑOS Y TRES MESES de la pena y, conforme al artículo 81 del nuevo código penal, el acusado tendría que cumplir para acceder a ese mismo beneficio la mitad de la pena de prisión impuesta, esto es SIETE AÑOS Y SEIS MESES de la pena impuesta, ahora bien, conforme al nuevo código penal se impondría una pena de inhabilitación absoluta por un tiempo no superior a veinte años conforme a los artículos 43 y 58 (QUINCE AÑOS EN ESTE CASO), y la pena de suspensión de la ciudadanía en observación con el artículo 42 del código penal nuevo y 41 de la Constitución de la República. En este punto del análisis este Tribunal destaca que la multa es mucho más alta con el nuevo código penal, siendo mucho más perjudiciales las alternativas del nuevo código frente al impago de la multa (artículos 55 y 56 del nuevo código) frente a las que ofrece la legislación derogada, que no solo representa una multa mucho menor, sino que oportunidades más flexibles frente al impago de la misma (artículo 53 código penal derogado) Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es igual a la que correspondería imponerle con la nueva ley penal y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 222 del código penal derogado; 373, 615, 616 del nuevo código penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, en favor de sí mismo, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTROSION en fecha trece de marzo de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB-392”. Y MANDA Que a Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, tres de diciembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para resolver el recurso de reposición interpuesto por el abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, en su condición de apoderado del señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, contra la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, dictada en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO a favor de SI MISMO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-392. ANTECEDENTES 1)En fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinticinco, esta Sala de lo Constitucional dictó sentencia en la acción de revisión penal interpuesta por el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO a favor de SI MISMO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-392, sentencia en la cual se falló: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, en favor de sí mismo, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTROSION en fecha trece de marzo de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “AB-392” 2) En fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025),el abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, en su condición de apoderado del señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO, compareció ante esta Sala de lo Constitucional interponiendo recurso de reposición contra la sentencia dictada por esta sala en fecha veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), recordando que, solicitó la retroactividad de la ley penal a favor de su representado amparado en el artículo 96 constitucional, manifestando que su representado fue condenado con el código penal ya derogado y su solicitud está amparada en la ley intermedia, en el artículo 373 del decreto 130-2017 de fecha 18 de enero del año 2019, en el cual se establece una pena para el delito de extorsión de 10 a 15 años de prisión y una multa de 500 a 1000 días que fue el artículo estuvo vigente hasta la reforma del artículo 373 por el decreto 93-2021 de fecha 7 de octubre de 2021, por lo que solicita se aplique el artículo 373 del nuevo código sin la reforma que se dio posteriormente ya que es más gravosa para los intereses de su representado. Peticionando reponer la sentencia y declarar con lugar la acción de revisión penal. CONSIDERANDO (1): Conforme lo dispone el artículo 120 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad por la Sala de lo Constitucional, solo cabrá el recurso de reposición. CONSIDERANDO (2): Esta sala de lo Constitucional al examinar el escrito de reposición, observa que el recurrente reitera fundamentalmente los alegatos originarios plasmados al momento de incoar la acción de revisión penal, enfatizando que solicita la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia, pese a que, como lo expresamos al momento de dictar sentencia, esa ley ya no estaba vigente cuando se interpuso la acción de revisión penal y cuando se dictó la sentencia, de ahí que el análisis recaía únicamente entre la ley vigente con la cual fue condenado el señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO y la ley vigente al momento en que se dictó la sentencia, que es el artículo 373 del nuevo código penal reformado por el decreto 93-2021, por consiguiente, este tribunal constitucional, considera que no son de recibo los argumentos del recurrente. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 7 inciso 2), 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: 1.1, 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 184, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 4, 5, 7, 8, 9 No. 4 Y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el abogado DAVID ALFREDO AGUILAR LOPEZ, contra la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, dictada por esta Sala en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO a favor de SI MISMO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor EDGAR ANTONIO GARMENDIA LOZANO por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AB-392. Y MANDA: Con la certificación de esta resolución se remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre y tres de diciembre de dos mil veinticinco, respectivamente, recaídas en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-719-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL