Sentencia RP-696-22 — Registro 20096
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal, numero SCO-0696-2022 contra la sentencia condenatoria como autor responsable del delito de parricidio, en perjuicio su compañera de hogar. Se declaro sin lugar, de los hechos probados determinados en la sentencia venida en revisión, se aprecia que el sentenciado con su accionar lesionó derechos jurídicamente protegidos, enmarcados en los artículos 194 y 196 del nuevo Código Penal, referente a los delitos de Parricidio Agravado y Aborto, puesto que dio muerte a su compañera de hogar, al inferirle un disparo en la cabeza, con un arma de fuego de su propiedad, quien se encontraba en estado de gestación en sus últimas semanas, provocando de igual manera la muerte de la hija no nacida, que se encontraba en el vientre de la madre.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “II. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de PARRICIDIO enmarcado en el artículo 118 establecía una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 194 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato. al concurrir la agravante de alevosía( Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando medios, modos o formar en la ejecución, que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido) estipulada en el artículo 193 del referido decreto, debiendo aumentar la pena en 1/3 resultando un rango de pena abstracta de veinticinco (25) a treinta y tres (33) años cuatro (4) meses de reclusión. En relación al delito de ABORTO, en el Código Penal, derogado, se encontraba regulado en el artículo 126 y estipulaba lo siguiente: “…1) Con tres (3) a seis (6) años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido; 2) Con seis (6) a ocho (8) años de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la Madre y sin emplear violencia o intimidación; 3) Con ocho (8) a diez (10) años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño.” En el Nuevo Código Penal, encontramos que ese tipo penal se encuentra definido en el artículo 196, y castiga con las mismas penas que establecía el Código Penal derogado. Estableciendo en el párrafo último: “Quien por actos de violencia ocasiona el aborto sin el propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la víctima, debe ser castigado con la pena de prisión de ocho (8) a diez (10) años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los actos de violencia que realice”. IV. De los hechos probados determinados en la sentencia venida en revisión, se aprecia que el sentenciado con su accionar lesionó derechos jurídicamente protegidos, enmarcados en los artículos 194 y 196 del nuevo Código Penal, referente a los delitos de Parricidio Agravado y Aborto, puesto que dio muerte a su compañera de hogar, al inferirle un disparo en la cabeza, con un arma de fuego de su propiedad, quien se encontraba en estado de gestación en sus últimas semanas, provocando de igual manera la muerte de la hija no nacida, que se encontraba en el vientre de la madre; Estableciendo la norma sustantiva vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años aumentada en un tercio al concurrir la agravante de alevosía, resultando una pena de veinticinco(25) a treinta y tres (33) años de prisión; por lo que atendiendo los criterios que señala la ley para aplicar la retroactividad, dicha pena impuesta en instancia de treinta y dos (32) años de reclusión se encuentra dentro del mismo marco penal de la pena prevista en el presente código; V.- En lo que respecta al delito de ABORTO, la pena a imponer conforme el Código Penal vigente es la misma de ocho (8) a diez (10) años de prisión. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y al verificar que la pena impuesta está dentro del mismo rango punible; El razonamiento anterior es fundamento suficiente para denegar el recurso, pero hay algo más que no beneficia al condenado, al hacer la aplicación retroactiva del NCP 130-2017; y es que el VCP 144-83 establece en su artículo 35 que la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta (30) años, siendo este su límite máximo de cumplimiento; entretanto, en el NCP 130-2017, el artículo 65 establece que en el caso de que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable exceda de veinte (20) años (en este caso el delito de Parricidio(25 a 33 años de prisión)), el máximo de cumplimiento efectivo de la pena es de cuarenta (40) años (límite objetivo extraordinario). Es decir, con la norma derogada el acusado deberá cumplir como límite máximo de la pena 30 años de reclusión, entretanto, si se aplica la retroactividad de la nueva ley penal que solicita el revisionista, el límite objetivo extraordinario es el atendible en el presente caso, lo cual agravaría el límite de cumplimiento respecto a la pena privativa de la libertad que deba cumplir el condenado. En ese orden de ideas, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal ya que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veinticinco (2025) el pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos, pronuncia.- En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal, numero SCO-0696-2022 Interpuesto por el Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, a favor de EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diez de febrero dos mil doce; mediante el cual Falló: Por todo ello, este Tribunal, por UNANIMIDAD PRIMERO: CONDENA al Señor EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como Autor responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio su compañera de hogar la señora NORELI YORELI MATAMOROS MORALES en consecuencia le impone la Pena de TREINTA Y DOS (32 AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de Inhabilitación Absoluta Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: CONDENA al Señor EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como Autor responsable del delito de ABORTO, en perjuicio de su hija no nacida, en consecuencia, le impone la Pena mínima de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. (Exp. No. 344-2013-JESPS) Son partes: 1) El abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, a favor de EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA, como revisionista.- 2) La abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico.- HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA PRIMERO: El día domingo primero de junio del año dos mil ocho, aproximadamente a las doce con cuarenta minutos de la mañana el señor EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA, quien se desempeñaba como guarda espalda privado y portaba un arma de fuego tipo pistola Smith & Wesson, Pavon negro, serie VFBU 2545, calibre 40 milímetros, llegó hasta a su morada ubicada en uno de los apartamentos en la colonia Jerusalén, sector del Estadio Olímpico de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes, donde se encontraba su compañera de hogar la señora NORELI YORELI MATAMOROS MORALES, quien se encontraba en las últimas semanas de un embarazo y junto a sus menores hijas, quienes al ver llegar a su padre salieron del cuarto a jugar fuera del apartamento.- SEGUNDO: Entre los señores EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA Y NORELI YORELI MATAMOROS MORALES, existía una relación conflictiva debido a celos, por lo que se inició una discusión mientras ella se encontraba sentada en la cama y el señor SEVILLA CARDONA, parado frente a ella, cuando saco su arma colocándosela en contacto directo con la región parietal derecha de la cabeza de ella, presionando el gatillo, infiriéndole un disparo, que debido a los gases expansivos rompió la elasticidad de la piel provocándole un gran desgarro a la cara de la señora MATAMOROS MORALES, que le causo la muere, al igual que la muerte al feto que ya tenía viabilidad.- ANTECEDENTES 1.-Del inicio del proceso penal.- Que en fecha ocho (08) de mayo de dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras de lo penal de la sección judicial de san pedro sula departamento de cortes, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado MARLON IVAN MEJIA CHIRINOS presentando requerimiento fiscal en contra de EDUAR GEOVANY SEVILLA MORALES a quien se les supone responsable a título de autor del delito de PARRICIDIO en perjuicio de NORELI YARELI MATAMOROS MORALES (Folios 1-3 del antecedente).- 2.- De la sentencia Condenatoria.- Que en fecha diez (10) de febrero de dos mil doce (2012), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES ,dictó sentencia mediante la cual FALLA: Por todo ello, este Tribunal, por UNANIMIDAD PRIMERO: CONDENA al Señor EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como Autor responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio su compañera de hogar la señora NORELI YORELI MATAMORC MORALES en consecuencia le impone la Pena de TREINTA Y DOS (3 AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de Inhabilitación Absoluta Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: CONDENA al Señor EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como Autor responsable del delito de ABORTO, en perjuicio de su hija no nacida, en consecuencia, le impone la Pena mínima de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSION, con las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: Se declara al condenado responsable civil del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los cuales es condenado. CUARTO: Se decreta el decomiso de una ojiva semideformada y un casquillo color amarillo que en su base se lee águila 400 S & W, evidencia recolectada en el lugar de los hechos. QUINTO: No procede condenar en costas al acusado EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA. NOTIFÍQUESE LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES PROCÉSALES. ASÍ POR ESTA NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS. (Folios 246 -255 del recurso de mérito).- 3) De la interposición del recurso de Revisión, y su admisión por la Sala Constitucional.- Que en fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el Abogado MAX ENRIQUE AVILA NOLASCO, presentando recurso de revisión penal a favor del señor EDUAR GEOVANY SEVILLA MORALES , solicitando el Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables; por lo que admitido, el mismo y recibido los antecedentes, se ordenó la audiencia de oposición y presentación de pruebas para el nueve de mayo del dos mil veinticuatro en horas de la mañana. (Folio 01 al 03 del recurso).- 4) De la Audiencia de Oposición y presentación de pruebas. Que en fecha nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, en su condición de apoderado legal del señor EDUAR GEOVANY SEVILLA MORALES, y la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 22 al 24 del recurso de mérito).- Fundamentación.- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . - CONSIDERANDO DOS (2): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.- CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO, en su condición de Apoderado Legal del señor EDUAR GEOVANY SEVILLA MORALES, quien manifestó lo siguiente: “Comparezco actuando en mi condición de representante procesal del señor EDUAR GEOVANY SEVILLA MORALES quien fue condenado por el delito de PARRICIDIO Y ABORTO en perjuicio de NORELI YARELI MATAMOROS MORALES Y SU HIJA NO NACIDA, ratificando la solicitud de RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA dictada en materia penal por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, peticionando ante esta Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se le conceda REBAJA DE LA PENA a mi representado, en vista de que existe un nuevo Código Penal que señala esta conducta en el artículo 194 con una pena mínima de veinte años ya que no incurre en ninguna de las circunstancias del asesinato, por lo que solicita el principio de retroactividad antes mencionado y se modifique la pena por delito de parricidio, a veinte años por ser la mínima, ya que este delito el código penal decreto 144-83 en su artículo señalaba una pena de treinta(30) a cuarenta(40) años, no hace referencia al delito de aborto porque las penas se mantienen igual que en condigo anterior . El Ministerio Público, a través de su agente fiscal Abogada DIANA ELIZABTH RODRIGUEZ COREA expuso lo siguiente: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en Su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia definitiva, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, el cual sanciona el delito de Parricidio con una pena más benigna, por 1o que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)..., 3) ... 4) ..,5) ... 6) ... 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,."relacionado con los artículos 615 Y 616 del nuevo Código Penal. Que, al realizar un análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de PARRICIDIO en su artículo 118, que señalaba: "Es reo de parricidio, quien, de muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o la persona con quien hace vida marital y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión". Por su parte, el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) tipifica el delito de PARRICIDIO en el artículo 194, que establece: "Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable, de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta un tercio (1/3) cuando la muerte a que se hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato" tal como acontece en el caso de autos, ya que de la declaración de hechos probados se estima que las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos se debe aumentar la pena en 1/3 quedando la pena de veinticinco (25)a treinta y tres (33) años cuatro (4) meses de reclusión, correspondiente al delito de Parricidio Agravado, por concurrir las causales de alevosía señaladas en artículo 193, por haber cometido el hecho aprovechando que la occisa se encontraba sentada en su cama y sacó su arma de fuego y se la coloco en contacto directo con la región parietal derecha de la cabeza de ella, y presiono el gatillo, infiriéndole un disparo que debido a los gases expansivos rompió la elasticidad de la piel provocándole un gran desgarro a la cara de la señora NORELI YORELI MATAMOROS MORALES tal como se constató con la certificación de Autopsia practicada a la ofendida. Asimismo el señor EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA fue condenado por el delito de ABORTO a la pena de ocho (8) años de reclusión y que al realizar un análisis comparativos de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de ABORTO en el artículo 126 numeral 3 del Código Penal y señalaba la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño y en el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), se encuentra regulado en el artículo 196 del mismo cuerpo legal y señala la pena de ocho (8) a diez (10) años de prisión.. ante las premisas expuestas se aprecia que al señor EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA se le condeno a una pena de TREINTA Y DOS por el delito de Parricidio y a ocho años conforme el delito de Aborto con la aplicación del decreto 130-2017 se aprecia una rebaja en la pena del delito de Parricidio Agravado, al concurrir la agravante de alevosía estipulada en el artículo 193 del referido decreto, debiendo aumentar la pena en 1/3 resultando un rango de pena abstracta de veinticinco (25) a treinta y tres (33) años cuatro (4) meses de reclusión. En lo que respecta al delito de ABORTO, la pena a imponer conforme el Código Penal vigentes es la misma de ocho (8) a diez (10) años de prisión, por lo tanto, no afecta la aplicación del artículo 196 conforme la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En consecuencia, en el presente caso no se cumplen los requisitos establecidos en la Constitución de la República para que aplique el actual Código Penal por no resultar más favorables al sentenciado, SIENDO DE LA OPINION porque NO Se OTORGUE la presente acción de revisión.- CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.- CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante Sentencia Condenatoria Y Firme de fecha diez(10) de febrero de dos mil doce(2012), a la pena de TREINTA Y DOS (32) AÑOS DE RECLUSIÓN como pena principal, por considerarlo responsable de la comisión del delito de PARRICIDIO en perjuicio de NORELI YOELI MATAMOROS MORALES Y A LA PENA DE OCHO AÑOS DE RECLUSION POR EL DELITO DE ABORTO en perjuicio de hija no nacida, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los ARTÍCULOS 118 Y 126 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de PARRICIDIO Y ABORTO respectivamente. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de PARRICIDIO enmarcado en el artículo 118 establecía una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión, y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 194 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato. al concurrir la agravante de alevosía( Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando medios, modos o formar en la ejecución, que tiendan directa y especialmente a asegurarlas, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido) estipulada en el artículo 193 del referido decreto, debiendo aumentar la pena en 1/3 resultando un rango de pena abstracta de veinticinco (25) a treinta y tres (33) años cuatro (4) meses de reclusión. En relación al delito de ABORTO, en el Código Penal, derogado, se encontraba regulado en el artículo 126 y estipulaba lo siguiente: “…1) Con tres (3) a seis (6) años de reclusión si la mujer lo hubiese consentido; 2) Con seis (6) a ocho (8) años de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la Madre y sin emplear violencia o intimidación; 3) Con ocho (8) a diez (10) años de reclusión si el agente emplea violencia, intimidación o engaño.” En el Nuevo Código Penal, encontramos que ese tipo penal se encuentra definido en el artículo 196, y castiga con las mismas penas que establecía el Código Penal derogado. Estableciendo en el párrafo último: “Quien por actos de violencia ocasiona el aborto sin el propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la víctima, debe ser castigado con la pena de prisión de ocho (8) a diez (10) años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los actos de violencia que realice”. IV. De los hechos probados determinados en la sentencia venida en revisión, se aprecia que el sentenciado con su accionar lesionó derechos jurídicamente protegidos, enmarcados en los artículos 194 y 196 del nuevo Código Penal, referente a los delitos de Parricidio Agravado y Aborto, puesto que dio muerte a su compañera de hogar, al inferirle un disparo en la cabeza, con un arma de fuego de su propiedad, quien se encontraba en estado de gestación en sus últimas semanas, provocando de igual manera la muerte de la hija no nacida, que se encontraba en el vientre de la madre; Estableciendo la norma sustantiva vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años aumentada en un tercio al concurrir la agravante de alevosía, resultando una pena de veinticinco(25) a treinta y tres (33) años de prisión; por lo que atendiendo los criterios que señala la ley para aplicar la retroactividad, dicha pena impuesta en instancia de treinta y dos (32) años de reclusión se encuentra dentro del mismo marco penal de la pena prevista en el presente código; V.- En lo que respecta al delito de ABORTO, la pena a imponer conforme el Código Penal vigente es la misma de ocho (8) a diez (10) años de prisión. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y al verificar que la pena impuesta está dentro del mismo rango punible; El razonamiento anterior es fundamento suficiente para denegar el recurso, pero hay algo más que no beneficia al condenado, al hacer la aplicación retroactiva del NCP 130-2017; y es que el VCP 144-83 establece en su artículo 35 que la duración de las penas acumuladas por varios delitos no excederá de treinta (30) años, siendo este su límite máximo de cumplimiento; entretanto, en el NCP 130-2017, el artículo 65 establece que en el caso de que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable exceda de veinte (20) años (en este caso el delito de Parricidio(25 a 33 años de prisión)), el máximo de cumplimiento efectivo de la pena es de cuarenta (40) años (límite objetivo extraordinario). Es decir, con la norma derogada el acusado deberá cumplir como límite máximo de la pena 30 años de reclusión, entretanto, si se aplica la retroactividad de la nueva ley penal que solicita el revisionista, el límite objetivo extraordinario es el atendible en el presente caso, lo cual agravaría el límite de cumplimiento respecto a la pena privativa de la libertad que deba cumplir el condenado. En ese orden de ideas, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal ya que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; código Penal Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado MAX ENRIQUE DAVILA NOLASCO a favor del señor EDUAR GEOVANY SEVILLA CARDONA, por los delitos de PARRICIDIO Y ABORTO, en perjuicio de NORELY YORELI MATAMOROS MORALES Y SU HIJA NO NACIDA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula departamento de Cortes en fecha diez de Febrero del dos mil doce. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. NOTIFÍQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco, certificación de fallo de fecha treinta de julio del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-0696-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL