Sentencia RP-683-814-23 — Registro 19272
Resumen
Juzgado de Letras de lo Penal condenó a recurrente a una pena principal de once (11) años tres (3) meses de reclusión por el delito de extorsión, multa pecuniaria; y por el delito de portación ilegal de arma de uso prohibido una pena de seis (6) años de reclusión con multa; más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil en perjuicio de testigo protegido y la Seguridad interior del Estado de Honduras; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Junior Isaí Aceituno Valdez, por ser autor penalmente responsable de lo delitos de: 1) Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AC 429, las penas de once (11) años tres (3) meses de reclusión, y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83; 2) Por el delito de Portación ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio de La seguridad del Estado de Honduras, a la pena de seis (6) años de reclusión y multa de tres mil setecientos cincuenta lempiras (l.3750.00), comportamiento regulado en los artículos 332-A, del Código Penal derogado; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales del trabajo penitenciario..."..."se desprende que la nueva pena quedaría establecida en el rango abstracto de seis (6) hasta los ocho (8) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas; ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años; por lo cual se estima que no le resultan más favorables al garantista, las penas contempladas en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal; el cual prescribe una pena privativa de libertad igual, en su grado máximo, respecto a la pena concreta que se le impusiera efectivamente al ciudadano Junior Isaí Aceituno Valdez; no así en cuanto a la multa establecida, la cual, si bien no se recoge en el antedicho postulado penal especial, sí resulta agravante a la situación del ciudadano condenado, al agregarle una nueva pena, como es, la: “… de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas”. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Junior Isaí Aceituno Valdez, por ser autor penalmente responsable de lo delitos de: 1) Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AC 429, las penas de once (11) años tres (3) meses de reclusión, y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83; 2) Por el delito de Portación ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio de La seguridad del Estado de Honduras, a la pena de seis (6) años de reclusión y multa de tres mil setecientos cincuenta lempiras (l.3750.00), comportamiento regulado en los artículos 332-A, del Código Penal derogado; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales del trabajo penitenciario..."..."se desprende que la nueva pena quedaría establecida en el rango abstracto de seis (6) hasta los ocho (8) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas; ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años; por lo cual se estima que no le resultan más favorables al garantista, las penas contempladas en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal; el cual prescribe una pena privativa de libertad igual, en su grado máximo, respecto a la pena concreta que se le impusiera efectivamente al ciudadano Junior Isaí Aceituno Valdez; no así en cuanto a la multa establecida, la cual, si bien no se recoge en el antedicho postulado penal especial, sí resulta agravante a la situación del ciudadano condenado, al agregarle una nueva pena, como es, la: “… de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas”. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Junior Isaí Aceituno Valdez, por ser autor penalmente responsable de lo delitos de: 1) Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AC 429, las penas de once (11) años tres (3) meses de reclusión, y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83; 2) Por el delito de Portación ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio de La seguridad del Estado de Honduras, a la pena de seis (6) años de reclusión y multa de tres mil setecientos cincuenta lempiras (l.3750.00), comportamiento regulado en los artículos 332-A, del Código Penal derogado; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales del trabajo penitenciario..."..."se desprende que la nueva pena quedaría establecida en el rango abstracto de seis (6) hasta los ocho (8) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas; ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años; por lo cual se estima que no le resultan más favorables al garantista, las penas contempladas en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal; el cual prescribe una pena privativa de libertad igual, en su grado máximo, respecto a la pena concreta que se le impusiera efectivamente al ciudadano Junior Isaí Aceituno Valdez; no así en cuanto a la multa establecida, la cual, si bien no se recoge en el antedicho postulado penal especial, sí resulta agravante a la situación del ciudadano condenado, al agregarle una nueva pena, como es, la: “… de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas”. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Junior Isaí Aceituno Valdez, por ser autor penalmente responsable de lo delitos de: 1) Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AC 429, las penas de once (11) años tres (3) meses de reclusión, y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83; 2) Por el delito de Portación ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio de La seguridad del Estado de Honduras, a la pena de seis (6) años de reclusión y multa de tres mil setecientos cincuenta lempiras (l.3750.00), comportamiento regulado en los artículos 332-A, del Código Penal derogado; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales del trabajo penitenciario..."..."se desprende que la nueva pena quedaría establecida en el rango abstracto de seis (6) hasta los ocho (8) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas; ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años; por lo cual se estima que no le resultan más favorables al garantista, las penas contempladas en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal; el cual prescribe una pena privativa de libertad igual, en su grado máximo, respecto a la pena concreta que se le impusiera efectivamente al ciudadano Junior Isaí Aceituno Valdez; no así en cuanto a la multa establecida, la cual, si bien no se recoge en el antedicho postulado penal especial, sí resulta agravante a la situación del ciudadano condenado, al agregarle una nueva pena, como es, la: “… de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas”. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 192 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diez de abril de dos mil veinticinco.VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de revisión penal, acumulado SCO-683-2023 y SCO-814-2023, promovidos interpuesto por los abogados Ramón Matamoros y Carlos Yoheni Palma Ballejos, respectivamente, ambos recursos a favor del señor Junior Isaí Aceituno Valdez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra Junior Isaí Aceituno Valdez, por los delitos de Extorsión Simple y Portación Ilegal de Armas Prohibidas, en perjuicio de Testigo Protegido Ac-429 y la Seguridad Interior del Estado de Honduras, respectivamente. SON PARTES:1)El abogado, Ramon Matamoros y Carlos Yoheni Palma Ballejos como revisionistas; 2)La abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION“PRIMERO: El testigo protegido dice. Porque hace dos meses se acercó a mi negocio con una muchacha trigueña, gordita, acompañada de una persona del sexo no de tez trigueña, delgado, a decirme que eran de la Pandilla 18, exigiéndome mediante amenazas a muerte que anotara el número 99899-52-32, ordenándome que me comunicara a este número de teléfono para llegar a un acuerdo del pago del impuesto de guerra, y por temor a las represarías tuve que llamar a ese número, contestándome una persona del sexo masculino y este me exigió la cantidad de mil lempiras mensuales ordenándome que tenía que ir a dejar el dinero a la Colonia El Pedregal de Comayagüela, posteriormente me presente a las oficinas de la Fuerza Nacional anti Extorsión, ubicadas en la Colonia 15 de Septiembre, en la cual me asignaron un agente para que llevara mi caso, procediendo el Agente a asesorarme; es así que el día lunes tres de octubre, me presente a la oficina de Anti Extorsión ya que me había asesorado que antes de entregar el dinero yo les di dos billetes de quinientos lempiras, de los cuales tomaron la numeración y me tomaron la huella de la mano derecha, después el agente me devolvió los dos billete de quinientos lempiras, la entrega la tenía que hacer en la misma zona donde les había entregado la primera vez, por lo que ese mismo día se conformaron dos equipos de la Fuerza Nacional Anti Extorsión, quienes se trasladaron a la Colonia El Pedregal de Comayagüela, a realizar una vigilancia, mientras yo hacia la entrega, en eso llegaron dos personas a bordo de una motocicleta, era la misma pareja que la primera vez les había entregado el dinero, llego una muchacha que vestía una camisa negra y una licra negra y zapatos tipo tenis de color blanco, y un bolso de mano de color azul, se bajó de la motocicleta portando un casco de color azul, el varón andaba camisa azul calzoneta azul y casco verde y este se quedó en la moto agarrándose el arma como en una posición amenazándome, minutos después me moví y un poquito más al fondo y procedió a entregarle el paquete, minutos después me retire del lugar. Posteriormente, el agente de investigación me llamo y me dijo que me presentara de nuevo a la oficina Anti Extorsión a dar mi declaración, ya que habían capturado a estas personas.”ANTECEDENTES 1.En fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, el abogado Carlos Chávez, en su condición de agente fiscal del ministerio público, presentado requerimiento fiscal contra el señor Junior Isaí Aceituno Valdez, por suponerlo responsable de los delitos de Extorsión y Portación Ilegal de Armas de Uso Comercial, en perjuicio del Testigo Protegido “Ac 429” y la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 2-7 del antecedente)2.Seguido el trámite correspondiente, en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: CONDENAR al encausado JUNIOR ISAI ACEITUNO VALDEZ de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena principal de 1) ONCE (11) AÑOS 3 MESES DE RECLUSIÓN por el delito EXTORSION, y una multa de TREINTTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS 2) Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE USO PROHIBIDO una pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DE TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA (L. 3,750.00). MAS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "AC 429" у LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS misma que deberá cumplirse en la Penitenciaría Nacional de la Aldea de Tamara del Distrito Central de este Departamento. SEGUNDO: Se les condena a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL: Asimismo a TRABAJOS EN OBRAS PÚBLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENAL, lo anterior será por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: No procede la condena en costas procesales ni personales. ni gastos ocasionados en el Juicio. QUINTO: Se mantienen las medidas cautelares impuestas como ser las contempladas en el artículo 173 numeral 3 hasta el cumplimiento total de la sentencia. Y MANDA: Que, si no se interpone recurso alguno contra esta sentencia, una vez firme, se libren copias certificadas de la misma al Director de la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto; Antecedentes Penales y a la Coordinación de este Juzgado y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. - NOTIFIQUESE A LAS PARTES ESTE FALLO…” (Folios 92-95 del antecedente) 3.Esta Sala tuvo por recibidos los recursos de revisión penal en fecha veintitrés de mayo y quince de junio de dos mil veintitrés, respectivamente, ambos recursos, a favor de Junior Isaí Aceituno Valdez, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. 4.Se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, en fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, presidido por la Magistrada Integrante Marta Delia Merino Conde, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del ministerio público y el abogado Carlos Yoheni Palma Ballejos, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Junior Isaí Aceituno Valdez. (Folios 52-54 del recurso de mérito).FUNDAMENTACIÓN 1.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Carlos Yoheni Palma Ballejos, en representación de Junior Isaí Aceituno Valdez, como revisionista; y, la abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del ministerio público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Palma Ballejos, manifiesta que ratifica el contenido de la solicitud de revisión penal presentada, para que se le aplique el principio de retroactividad a su representado. Arguye que según el decreto 144-83, en su artículo 222 el delito de extorsión contemplaba una pena de 15 a 20 años, y 50 salarios mínimos, no obstante, el decreto 130-2017, según lo establece el artículo 373 con una pena menor y una multa de 500 a 1000 días; en relación al delito de portación ilegal de arma de uso prohibido por el decreto 144-83, contempla una pena de 8 a 10 años y el decreto 130-2017, en su artículo 580 dispone una pena de 4 a 6 años pero con las lecciones del procedimiento abreviado estas penas tiene una rebaja de ¼. Por su parte, el ministerio público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados; mientras que el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) regula esa misma conducta delictiva en el Articulo 373, el cual fue objeto de reforma mediante decreto 93-2021 a la fecha en que fue presentado el escrito del recurso de revisión penal (14 de junio 2023), el cual sanciona con la misma pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, que relacionado con el artículo 53 se establece que cada multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L5,000). Dichas penas deben ser rebajadas en ¼ por la aplicación de la figura procesal de procedimiento abreviado quedando una pena de 11 años 3 meses a 15 años de prisión y una multa de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (1,875,000.00). En relación al delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO PROHIBIDA era sancionado en el articulo 332-A con la pena de 8 a 10 años de reclusión y multa de 5000 a 10,000 lempiras por cada arma incautada; el nuevo código vigente (decreto 130-2017) lo regula en el articulo 580 numeral 2 con una pena de 4 a 6 años y localización permanente de hasta 3 años si se trata de armas o municiones prohibidas, conforme a lo anterior la pena se aumenta en 1/3, resultando una pena de 6 a 8 años de prisión, con la rebaja de ¼ por la aplicación del procedimiento abreviado quedaría en una pena de 4 años 6 meses a seis años. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer por el delito de extorsión se encuentra dentro del marco legal de la pena imponible y en relación a la multa es más gravosa, y en cuanto al delito de portación ilegal de arma de fuego prohibida hay una disminución, no obstante, de acuerdo al artículo 616 no se permite la fragmentación de la norma, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado.III.Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En los supuestos en donde la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá de realizarse conforme al límite único de cumplimiento de pena que establece el artículo 35 del VCP 144-83 versus los limites objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo que prevé el artículo 66 NCP 130-2017, debiendo excluir las penas de delitos que hayan sido despenalizados en la nueva normativa. Es importante tener presente que ningún límite es preferente a otro y por tanto se aplicará el límite que marque menor pena; así entonces: i. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá de realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al VCP144-83 y los límites del concurso real que regula el NCP130-2017, siguiendo los siguientes pasos: i. Si ambas legislaciones determinan un mismo límite de cumplimiento, se aplicará el principio de identidad, es decir el VCP 144-83; y, ii. Si las legislaciones definen límites de cumplimiento distinto, se aplicará aquel que le sea más beneficioso al acusado o reo (ello sin perjuicio de lo que se señala en el siguiente literal); y/o iii. Para hacer efectivo el limite subjetivo, que regula el NCP 130-2017 se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, develando así el límite máximo que puede cumplir el condenado: *. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite de conformidad con lo señalado en el literal anterior; **. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años; implica que el resultado matemático será el límite máximo de cumplimiento, el que deberá de ser objeto de comparación con el limite objetivo de cumplimiento del VCP144-83. b. Cuando las penas consideradas globalmente no superasen ninguno de los límites a los que se refiere el numeral anterior, el juzgador procederá a realizar la comparación de las penas que corresponda en una y otra legislación: i. En primera instancia la comparación se realizará entre las penas abstractas definidas en cada cuerpo sustantivo; el tribunal sumará todas las penas abstractas que correspondan imponer en concurso real de conformidad con el VCP 144-83 y todas las penas abstractas que prevea el NCP130-2017, las cuales comparará. Si de la comparación no es posible determinar cuál es más beneficiosa para el procesado, el tribunal deberá de proceder a realizar la individualización de las penas de cada delito primero conforme el VCP144-83 y después conforme el NCP130-2017, luego la suma global de dichas penas por cada código será comparada entre sí, determinando cual es el cuerpo normativo más beneficioso (siempre teniendo presente además el resto de las regulaciones normativas). Finalmente, si aun con las penas individualizadas no existe claridad cuál en su conjunto es más beneficiosa para el acusado, el tribunal le consultara para que éste señale cual le favorece más. ii. En segunda y única instancia la comparación se realizará entre la suma de todas las penas concretas impuestas en concurso real en la sentencia impugnada bajo el VCP 144-83 y la suma de todas las penas abstractas que define el NCP 130-2017. De dicho resultado el tribunal resolverá: *. Si las penas concretas en concurso real VCP 144-83 están dentro de la suma del margen abstracto de las penas del NCP 130-2017, no procederá la aplicación retroactiva de este último; **. Si la suma de las penas concretas VCP 144-83 no se encuentra dentro del marco abstracto de la suma de penas en concurso real del NCP 130-2017, se aplicará el cuerpo normativo que fije comparativamente las penas más leves, sin dejar de tener en consideración el resto de disposiciones de cada codificación para efectos comparativos; ***. Si el concurso real está compuesto por penas conjuntas, en donde algunas de ellas sean más beneficiosas y otras más gravosas respecto a la comparación hecha con el otro cuerpo legal; el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la pena de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. IV. Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal se impuso a Junior Isaí Aceituno Valdez, por ser autor penalmente responsable de lo delitos de: 1) Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AC 429, las penas de once (11) años tres (3) meses de reclusión, y multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83; 2) Por el delito de Portación ilegal de arma de uso prohibido en perjuicio de La seguridad del Estado de Honduras, a la pena de seis (6) años de reclusión y multa de tres mil setecientos cincuenta lempiras (l.3750.00), comportamiento regulado en los artículos 332-A, del Código Penal derogado; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, y las consecuencias legales del trabajo penitenciario. La primera conducta por la cual fue condenado el señor Junior Isaí Aceituno Valdez, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Respecto al delito de Portación ilegal de arma de uso prohibido, este se encuentra contemplado en el artículo 580 del CP 130-2017, el cual establece un marco de cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas o municiones prohibidas, aumentándose la pena de prisión en un tercio (1/3), a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Con la anterior operación aritmética, se desprende que la nueva pena quedaría establecida en el rango abstracto de seis (6) hasta los ocho (8) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas; ahora bien, las penas establecidas en el párrafo anterior se rebajan en un cuarto (¼), ya que el sentenciado se sometió al procedimiento abreviado quedando las como nuevo margen abstracto de cuatro (4) años seis (6) meses a seis (6) años de prisión, más la pena de localización permanente de hasta tres (3) años; por lo cual se estima que no le resultan más favorables al garantista, las penas contempladas en el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal; el cual prescribe una pena privativa de libertad igual, en su grado máximo, respecto a la pena concreta que se le impusiera efectivamente al ciudadano Junior Isaí Aceituno Valdez; no así en cuanto a la multa establecida, la cual, si bien no se recoge en el antedicho postulado penal especial, sí resulta agravante a la situación del ciudadano condenado, al agregarle una nueva pena, como es, la: “… de localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas prohibidas”. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la garantía constitucional de revisión penal interpuesta por los abogados RAMÓN MATAMOROS y CARLOS YOHENI PALMA BALLEJOS, en favor del señor JUNIOR ISAI ACEITUNO VALDEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNÁNDEZ. - NOTIFIQUESE- WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-683 Y 814-2023.Firma y Sello.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL”