Sentencia RP-674-22 — Registro 19314
Resumen
Se interpone recurso de revisión penal en relacion a la condena por el delito de Homicidio, Robo de Vehículo, Portación Ilegal de Armas y Asociación Ilícita, por entrada en vigencia de legislación mas favorable.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante le sea más favorable.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA fue condenado por el delito de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO, en perjuicio de ALLAN EDUARDO CHIRINOS LOBO, a una pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS EN PERJUCIO DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de TRES (3) AÑOS 6 MESES DE RECLUSION. Ya con el Código Penal (Decreto 130-2017), tenemos, que el delito de asesinato se encuentra contemplado en el artículo 193, con una pena abstracta de 20 a 30 años de prisión, la cual en este caso se debe de aumentar en un tercio (1/3) conforme lo dispone el artículo 67 del mismo cuerpo legal, por haber cometido el delito en concurso ideal con el delito de robo, de ahí que la pena abstracta resulta de 25 a 33 años, 4 meses de reclusión, pena que corresponde rebajar en un cuarto (1/4) por someterse el sentenciado a procedimiento abreviado, resultando una pena abstracta de 18 años, 9 meses a 25 años de prisión. En relación al DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, este delito se contempla en él artículo 580 del nuevo Código Penal, dándole una pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas y municiones permitidas. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas y municiones prohibidas. - Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio 1/3, quien porta las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En atención a lo descrito se establece que la pena que corresponde al delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL es de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, mas localización permanente de dos (2) años, aumentada en 1/3 por portar arma sin autorización, resuelta una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS A CINCO (5) AÑOS CON CUATRO (4) MESES, misma que al haberse sometido a procedimiento abreviado, corresponde rebajar en un cuarto (1/4) su pena mínima, determinándose así una pena abstracta de TRES (3) años de prisión, mas localización permanente de dos (2) años. Por lo anterior, se puede observar que la pena señalada en el nuevo Código Penal con respecto al delito PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL antes referido, es DESFAVORABLE para el recurrente ya que prevé pena más grave por la localización permanente establecida en el artículo 580.1 del Código Penal creado mediante Decreto 130-2017, sin que le represente por ese efecto al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal.- Por lo anterior, se debe declarar sin lugar la presente garantía constitucional de revisión penal..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante le sea más favorable.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA fue condenado por el delito de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO, en perjuicio de ALLAN EDUARDO CHIRINOS LOBO, a una pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS EN PERJUCIO DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de TRES (3) AÑOS 6 MESES DE RECLUSION. Ya con el Código Penal (Decreto 130-2017), tenemos, que el delito de asesinato se encuentra contemplado en el artículo 193, con una pena abstracta de 20 a 30 años de prisión, la cual en este caso se debe de aumentar en un tercio (1/3) conforme lo dispone el artículo 67 del mismo cuerpo legal, por haber cometido el delito en concurso ideal con el delito de robo, de ahí que la pena abstracta resulta de 25 a 33 años, 4 meses de reclusión, pena que corresponde rebajar en un cuarto (1/4) por someterse el sentenciado a procedimiento abreviado, resultando una pena abstracta de 18 años, 9 meses a 25 años de prisión. En relación al DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, este delito se contempla en él artículo 580 del nuevo Código Penal, dándole una pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas y municiones permitidas. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas y municiones prohibidas. - Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio 1/3, quien porta las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En atención a lo descrito se establece que la pena que corresponde al delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL es de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, mas localización permanente de dos (2) años, aumentada en 1/3 por portar arma sin autorización, resuelta una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS A CINCO (5) AÑOS CON CUATRO (4) MESES, misma que al haberse sometido a procedimiento abreviado, corresponde rebajar en un cuarto (1/4) su pena mínima, determinándose así una pena abstracta de TRES (3) años de prisión, mas localización permanente de dos (2) años. Por lo anterior, se puede observar que la pena señalada en el nuevo Código Penal con respecto al delito PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL antes referido, es DESFAVORABLE para el recurrente ya que prevé pena más grave por la localización permanente establecida en el artículo 580.1 del Código Penal creado mediante Decreto 130-2017, sin que le represente por ese efecto al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal.- Por lo anterior, se debe declarar sin lugar la presente garantía constitucional de revisión penal..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintinueve de enero de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado IVAN ALEXIS AYALA MEJIA, a favor del señor HARBIN ERNESTO GODOY MOLINA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete de junio de dos mil nueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA Y EL ESTADO DE HONDURAS, por haber sido condenado por el delito de HOMICIDIO, ROBO DE VEHICULO, PORTACION ILEGAL DE ARMAS Y ASOCIACIÓN ILICITA en perjuicio de ALLEN EDUARDO CHIRINOS LOBO. ANTECEDENTES 1).- En fecha veintiocho de febrero de dos mil nueve, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la Abogada IRIS SAGRARIO GOMEZ ERAZO, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra el señor HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, ROBO DE VEHICULO, PORTACION ILEGAL DE ARMAS Y ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de ALLAN EDUARDO CHIRINOS LOBO. (Folios 1-5 del expediente del A-quo). 2).- Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil nueve, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“PRIMERO: CONDENANDO A LOS IMPURADOS CARLOS ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ Y HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA a la pena principal de TREINTA DE RECLUSIÓN POR EL DELITO DE ASESINATO SEGUIDO DE ROBO en perjuicio de ALLAN EDUARDO CHIRINOS LOBO.- A TRES AÑOS 6 MESES DE RECLUSION por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS EN PERJUCIO DEL ESTADO DE HONDURAS la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara de este Departamento.- SEGUNDO: CONDENAR como pena principal la multa de VEINTE MIL LEMPIRAS por el delito de USURPACIPON DE FUNCIONES a CARLOS ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ EN PERJUCIO DE LA FE PUBLICA.- TRCERO: CONDENAR a CARLOS ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ Y HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley.- CUARTO: Estando firme la presente sentencia, que la Secretaría del Despacho remita copia certificada de la misma al Director de la Penitenciaria Nacional y a la Secretaría del Juzgado de Ejecución”. (Folios 119-124 del antecedente). 3).- En fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, el Abogado IVAN ALEIS AYALA MEJIA, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Revisión a favor del señor HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representada. (Folios 1-6 del recurso de mérito).4).- En fecha ocho de junio del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado DAVID ALEJANDRO ANARIVA HERNANDEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA; El Ministerio Público consideró: “…. I. ANTECEDENTES: En fecha 17 de junio del 2009, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, condenó bajo la figura desjudicializadora de Procedimiento Abreviado al señor HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA a la pena principal de treinta (30) años de reclusión por el delito de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO en perjuicio de ALLAN EDUARDO CHIRINOS LOBO y a la pena de tres (3) años a seis (6) meses de reclusión por el ilícito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS: más las penas accesorias que correspondan. II.- PRENSION DEL REVISIONISTA. Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia de fecha 17 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, los delitos por los cuales fue condenado su representado son sancionados con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su presentado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán sr revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguiente; 1)…, 2)…., 3)…, 4)…, 5)…, 6)…, 7)…., 8) proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615: “RETROACTIVDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS. Que el Código Penal derogado contemplaba el delito de Asesinato seguido de Robo, en el artículo 117 último párrafo “La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria o se acompañe de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad. La norma sustantiva vigente contenida en el Decreto 130-2017, instituye el delito de ASESINATO en el artículo 193, y lo sanciona con pena de prisión de 20 a 25 años, misma que debe aumentarse en un tercio (1/3) conforme lo dispone el artículo 67 de dicha norma sustantiva, por haber cometido el delito en concurso ideal con el delito de Robo, de ahí que la pena abstracta resulta de 25 a 33 años, 4 meses de reclusión, pena que corresponde rebajar en 2/4 por someterse el sentenciado a procedimiento abreviado resultando una pena de 18 años, 9 meses a 25 años de prisión. El delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL el Código Penal Derogado lo contemplaba en el artículo 332-B, instruyendo: Quién, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea…incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión… la nueva norma penal vigente enmarca el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO el artículo 580 que establece: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigado con las penas siguientes: de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas y municiones permitidas. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas y municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio 1/3, quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En atención a lo descrito se establece que la pena que corresponde al delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL es de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, aumentada en 1/3 por portar el arma sin autorización, resulta una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS a CINCO (5) AÑOS con CUATRO (4) MESES, misma que corresponde rebajar en ¼ al haberse sometido a procedimiento abreviado determinándose así una pena abstracta de TRES (3) a CUATRO (4) años de prisión. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub-examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal no le son favorables al condenado, ya que la pena impuesta respecto al delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal, en atención a lo que establece el artículo 616 del nuevo Código Penal, por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, ya que el único delito que le favorece es el de Asesinato y Robo en concurso ideal, sin embargo no puede fragmentarse la norma, aplicando lo que le favorece y rechazando lo que le perjudica, tal como lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal, en relación al artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- IV.- OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia que se DECLARE SIN LUGAR la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”. CONSIDERANDO UNO (1): Que en fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, el abogado IVAN ALEXIS AYALA MEJIA, presentó ante este alto Tribunal, un Recurso de Revisión Penal a favor de HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA; y, contra la Sentencia condenatoria firme dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecisiete (17) de Junio de dos mil nueve (2009), fundamentando su acción en el Artículo 96 numeral 8) de la Ley de Justicia Constitucional. Asimismo, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), enmarcándolo en el artículo 193, 360 y 580, al referir que por el delito de Asesinato se establece una pena de 20 a 25 años; para el delito de Robo la pena de 2 a 4 años; para el delito de Portación Ilegal de Armas a la pena de 1 a 4 años de prisión. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión Penal. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo adopta la garantía Constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte de un proceso penal, pueda practicar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentra firme; en este sentido manda que la Ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir.- En ese orden el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que las sentencias condenatorias penales pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedido de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. CONSIDERANDO TRES (3): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado Hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos del Garantista expresados en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral seis (6) y ocho (8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y 186 de la Constitución de la República, que determinan la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.CONSIDERANDO CINCO (5): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que en fecha ocho de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, con la comparecencia de la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado DAVID ALEJANDRO ANARIBA HERNANDEZ, en su condición de Apoderada Procesal del Señor HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión. (Folios del 25 al 27 del recurso de mérito). CONSIDERANDO SEIS (6): Sentencia que se recurre a través de la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. La emitida por el Juzgado de Letras de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil nueve (2009), mediante la cual Falló: (SIC):“PRIMERO: CONDENANDO A LOS IMPURADOS CARLOS ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ Y HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA a la pena principal de TREINTA DE RECLUSIÓN POR EL DELITO DE ASESINATO SEGUIDO DE ROBO en perjuicio de ALLAN EDUARDO CHIRINOS LOBO.- A TRES AÑOS 6 MESES DE RECLUSION por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS EN PERJUCIO DEL ESTADO DE HONDURAS la que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara de este Departamento.- SEGUNDO: CONDENAR como pena principal la multa de VEINTE MIL LEMPIRAS por el delito de USURPACIPON DE FUNCIONES a CARLOS ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ EN PERJUCIO DE LA FE PUBLICA.- TRCERO: CONDENAR a CARLOS ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ Y HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley.- CUARTO: Estando firme la presente sentencia, que la Secretaría del Despacho remita copia certificada de la misma al Director de la Penitenciaria Nacional y a la Secretaría del Juzgado de Ejecución”. CONSIDERANDO SIETE (7): Fundamentos de la parte recurrente en la interposición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal. Que según expone el Abogado IVAN ALEXIS AYALA MEJIA, interpone el presente Recurso Extraordinario de Revisión en vista del cambio de la norma jurídica, por lo que solicita se realice revisión de la pena y se aplique retroactividad de la Ley Penal más favorable a su representado, refiriendo que con la entrada en vigencia del Decreto 130-2017 del Poder Legislativo relativo al nuevo Código Penal, que fue publicado en fecha diez de mayo de dos mil diecinueve, el artículo 193 para el que comete el delito de asesinato debe de ser castigado con la pena de 20 a 25 años de reclusión, en el artículo 360 establece que la persona que cometa el delito de robo debe de ser castigado a una pena de 2 a 4 años de reclusión y el artículo 580 establece que, quien comete el delito de portación o tenencia ilegal de armas la persona deberá ser castigada con la pena de 1 a 4 años de reclusión. Considera que debe de ser revisada la sentencia condenatoria por la Sala Constitucional y que aplique la retroactividad de la ley penal, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por lo anterior considera que se le debe de dar a su representado las penas mínimas que corresponden a 20 años por el delito de asesinato, 2 años por el delito de robo y 1 año por el delito de Portación Ilegal de Armas, haciendo un total de 23 años de reclusión. CONSIDERANDO OCHO (8): Criterio esgrimido por el Ministerio Público en cuanto a la presente Garantía Constitucional de Revisión Penal. Siendo que el joven HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA, fue condenado mediante sentencia de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil nueve (2009), emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, a una pena concreta de TREINTA (30) años de reclusión por el delito de Asesinato seguido de Robo, en perjuicio de Allan Eduardo Chirinos Lobo; Y a TRES (3) AÑOS, SEIS (6) MESES por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS, en perjuicios del ESTADO DE HONDURAS. Que la causal de revisión invocada por la revisionista se encuentra contenía en el numeral 8 del Artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo lo por la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3)..., 4)..., 5)...; 6)..., 7)..., 8).- Procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más Benigna. Para determinar la Ley Penal más favorable, se comparara la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la Legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS. Que el Código Penal derogado contempla el delito Asesinato Seguido de Robo, en el artículo 117 último párrafo “La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometa mediante pago, recompensa o promesa remunerada o se acompañe de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a prisión de por vida de la libertad. La norma sustantiva vigente contenida en el decreto 130-2017, instituye el DELITO DE ASESINATO en el artículo 193 y lo sanciona con pena de prisión de 20 a 30 años, misma que debe de aumentarse un tercio (1/3) conforme lo dispone el artículo 67 de dicha norma sustantiva, por haber cometido el delito en concurso ideal con el delito de robo, de ahí que la pena abstracta resulta de 25 a 33 años, 4 meses de reclusión, pena que corresponde rebajar en ¼ por someterse el sentenciado a procedimiento abreviado, resultando una pena de 18 años, 9 meses a 25 años de prisión. En cuanto al DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, el Código Penal derogado lo contempla en el artículo 332-B, estableciéndole una pena en este caso de tres (3) a seis (6) años de reclusión, la nueva norma vigente enmarca el delito de tenencia o porte ilegal de armas de fuego en el artículo 580, dándole una pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas y municiones permitidas. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas y municiones prohibidas. - Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio 1/3, quien porta las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En atención a lo descrito se establece que la pena que corresponde al delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL es de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, aumentada en 1/3 por portar arma sin autorización, resuelta una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS A CINCO (5) AÑOS CON CUATRO (4) MESES, misma que corresponde rebajar ¼ al haberse sometido a procedimiento abreviado, determinándose así una pena abstracta de TRES (3) A CUATRO (4) años de prisión. Ante las premisas expuestas, estima la representación Fiscal que en el presente caso, las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal no le son favorables al condenado, ya que la pena respecto al delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO conforme a la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al presente Código Penal, en atención a lo que establece el artículo 616 del mismo Código Penal, por lo que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley, ya que el único delito que le favorece es el asesinato y robo en concurso ideal, sin embargo no puede fragmentarse la norma, aplicando lo que le favorece y rechazando lo que le perjudica, tal y como lo dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal, en relación con el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por lo tanto es de la OPINION QUE NO SE OTORGUE LA PRESENTE ACCIÓN DE REVISIÓN PENAL. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que de conformidad con el Código Penal creado mediante Decreto Legislativo 130-2017, publicado el diez (10) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en el diario oficial “La Gaceta” y vigente a partir del veinte (20) de junio del año dos mil veinte (2020), específicamente en su artículo 615 dispone: La retroactividad de la Ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidas hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están Juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. De igual manera el artículo 616 prevé “Los criterios para determinar la Ley penal más favorable. - Determinando que se comparara la pena que hubiese podido corresponder al concreto hecho cometido o enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. CONSIDERANDO DIEZ (10): Principio de Legalidad. - Exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre previstas en la Ley. Tradicionalmente se denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; consagrado en la declaración universal de los Derechos Humanos (Articulo 11.2) y en la Convención Americana sobre Derechos Humana (Articulo 9). Encontrándose a su vez en el Artículo 84 de la Constitución de la Republica, que establece “Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley”. La presente norma constitucional, se encuentra desarrollada en el artículo 1 del Código Penal al referir: “Que nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta”.CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala hace su exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal: I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la presente garantía constitucional de revisión penal, esta Sala aprecia que efectivamente el Señor HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA fue condenado por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de Junio de dos mil nueve (2009) a la pena principal de TREINTA DE RECLUSIÓN POR EL DELITO DE ASESINATO SEGUIDO DE ROBO en perjuicio de ALLAN EDUARDO CHIRINOS LOBO.- A TRES AÑOS 6 MESES DE RECLUSION por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS EN PERJUCIO DEL ESTADO DE HONDURAS la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara de este Departamento y a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. II.- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes señalada, el Órgano Jurisdiccional competente aplico lo dispuesto en el Artículo 62, 69, 117, 217, 294 párrafo tercero, 332, 332 b), todos del Código Penal; 1, 403 y 404 del Código Procesal Penal. CONSIDERANDO DOCE (12): Que de la aplicación de la Norma contenida en el Artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional se desprende, que si bien para la interposición de la garantía constitucional de revisión en materia penal se puede invocar está bajo el caso de que procede la aplicación retroactiva de una Ley Penal por ser más benigna, que el alcance y la aplicación de este motivo va orientado a que la nueva pena contemplada para el tipo penal por el cual ha sido condenado el impetrante le sea más favorable.- Se señala lo anterior, pues en el presente caso de autos, el ahora recurrente HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA fue condenado por el delito de ASESINATO SEGUIDO DE ROBO, en perjuicio de ALLAN EDUARDO CHIRINOS LOBO, a una pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS EN PERJUCIO DEL ESTADO DE HONDURAS a una pena de TRES (3) AÑOS 6 MESES DE RECLUSION. Ya con el Código Penal (Decreto 130-2017), tenemos, que el delito de asesinato se encuentra contemplado en el artículo 193, con una pena abstracta de 20 a 30 años de prisión, la cual en este caso se debe de aumentar en un tercio (1/3) conforme lo dispone el artículo 67 del mismo cuerpo legal, por haber cometido el delito en concurso ideal con el delito de robo, de ahí que la pena abstracta resulta de 25 a 33 años, 4 meses de reclusión, pena que corresponde rebajar en un cuarto (1/4) por someterse el sentenciado a procedimiento abreviado, resultando una pena abstracta de 18 años, 9 meses a 25 años de prisión. En relación al DELITO DE PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, este delito se contempla en él artículo 580 del nuevo Código Penal, dándole una pena de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas y municiones permitidas. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas y municiones prohibidas. - Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio 1/3, quien porta las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En atención a lo descrito se establece que la pena que corresponde al delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL es de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, mas localización permanente de dos (2) años, aumentada en 1/3 por portar arma sin autorización, resuelta una pena abstracta de CUATRO (4) AÑOS A CINCO (5) AÑOS CON CUATRO (4) MESES, misma que al haberse sometido a procedimiento abreviado, corresponde rebajar en un cuarto (1/4) su pena mínima, determinándose así una pena abstracta de TRES (3) años de prisión, mas localización permanente de dos (2) años. Por lo anterior, se puede observar que la pena señalada en el nuevo Código Penal con respecto al delito PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL antes referido, es DESFAVORABLE para el recurrente ya que prevé pena más grave por la localización permanente establecida en el artículo 580.1 del Código Penal creado mediante Decreto 130-2017, sin que le represente por ese efecto al recurrente ventaja alguna con la aplicación retroactiva de lo señalado en el nuevo Código Penal.- Por lo anterior, se debe declarar sin lugar la presente garantía constitucional de revisión penal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia el pronunciamiento del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los Artículos 1.1, 9, 11.2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 62, 69, 117, 217 y 332b, todos del Código Penal (Decreto 144-83); 1, 67, 193 y 580 del Código Penal Vigente (Decreto 130-2017); 1, 99 párrafo primero y 105 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado IVAN ALEXIS AYALA MEJIA, a favor del señor HARVIN ERNESTO GODOY MOLINA; Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redacto la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. - NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintinueve de enero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0674-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL