Sentencia RP-667-22 — Registro 19412
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la Ley en materia penal. por el delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido .La Sala Constitucional considera que siendo procedente dictar la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal; por no resultar más benigna , que la que se encontraba vigente al momento de dictársele sentencia condenatoria. y que el mismo fue presentado por el garantista, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que este último prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración para ello, que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 29 de abril del año 2022, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021. CONSIDERANDO (13): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional; no siendo procedente dictar la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal; por no resultarle más benigna al señor JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, que la que se encontraba vigente al momento de dictársele sentencia condenatoria.
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor del señor JOSE ROBERTO MARTINEZ VASQUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE ROBERTO MARTINEZ VASQUEZ, por haber sido condenado por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “BB-577” (EXP. N0. 031-2020-JN). ANTECEDENTES 1) En fecha veintisiete (27) de junio de dos mil diecinueve (2019), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en materia de Extorsión, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada KEYRI JOHANA MONTALVAN, presentando requerimiento fiscal en contra los señores EDY OMAR MARTINEZ BARAHONA, JOSE ENRIQUE TURCIOS FUNES Y JOSE ROBERTO MARTINEZ VASQUEZ, por suponerlos responsables del delito de EXTORSIÓN, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO “BB-577”. (Folios 1-8 del antecedente) 2) Que en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve (2019), el Juzgado de Letras Penal con competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: “PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ haber cometido el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "BB-577» a las penas principales de ONCE (11) AÑOS TRES (03) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALA MÍNIMOS, penas que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio ubicada en el Valle de Tamara Departamento de Francisco Morazán, quedando obligado a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario.-COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION Ciento ochenta FOLIO No.180. SEGUNDO: CONDENANDO al imputado JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VASQUEZ, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. - TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del imputado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. - CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales. - QUINTO Que se notifique la presente Sentencia a las Partes intervinientes.” (Folios 179-181 del recurso) 3) En fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor del señor JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VASQUEZ, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando darle trámite de ley al recurso extraordinario de revisión en el motivo señalado del artículo 96 numeral 8), de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 4) En fecha Catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y del Abogado RAMON MATAMOROS, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ; El Ministerio Público consideró, por su parte: “ANÁLISIS JURÍDICO: Sobre las alegaciones del recurrente para que se aplique al sentenciado retroactivamente las penas mínimas del artículo 373 de extorsión del Código Penal vigente a partir del 10 de marzo del 2020, ésta representación del Ministerio Público, señala que cuando interpuso el recurso de revisión el 29 de abril del 2022, el artículo 373 ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación; contemplando penas de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; reforma actual con la que en todo caso debe valorarse si resulta o no beneficiosa su aplicación retroactiva al reo. II. Conforme el fallo emitido, el sentenciado cometió el delito de Extorsión contemplado en el artículo 373 reformado del Código Penal vigente, puesto que, con intimidación y ánimo de lucro, obligó al testigo protegido "BB577" a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio; pero además resulta que de los hechos probados se establece que el imputado se identificó como miembro de la banda MS, exigiendo el pago del impuesto de guerra, situación o circunstancia que el artículo 374 contempla como agravante cuando señala que se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado. Lo anterior debe tenerse en cuenta para realizar una completa aplicación de la legislación que pueda favorecer o no al sentenciado. III. Para determinar si la nueva ley penal es más favorable Y realizar el ejercicio de comparación de penas entre una Y otra legislación penal (la derogada y la vigente) se observa que al hacer aplicación de los artículos 53, 69, 373, 374 numeral 1; 615, 616 del Código Penal vigente) la pena privativa de libertad para el delito de Extorsión actualmente es de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; por lo que al realizarse el aumento de 1/3 a dichas penas resulta una pena abstracta de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión, que al ser rebajada en ¼ por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda en una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión, pena privativa de la libertad que queda más gravosa que la sentencia dictada. IV. En cuanto a la pena de multa, el artículo 373 del actual Código Penal impone una multa quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que con el aumento de un 1/3 por concurrir la agravante supra relacionada, resulta de 1000 a 1333 días multa (1000 + 1/3 = 1333 cifra máxima) que con la rebaja de ¼ por haberse aplicado el procedimiento abreviado (1000 - 1/4 = 750 días multa) resulta en un rango de multa mínimo de 750 a 1000 días multa y al hacer la conversión de días multa (750 días x L.5,000.00) resulta una pena de multa de L. 3, 750,000.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS). Evidentemente mucho más gravosa que la impuesta en sentencia. III. en Conclusión Ministerio Público considera no procede el recurso de revisión interpuesto por el abogado defensor RAMON MATAMOROS a favor del encartado JOSE ROBERTO MARTINEZ VASQUEZ por no ser aplicable el principio de retroactividad de la ley penal más favorable.” (Folios 20-22 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del garantista expuestos en el escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista, Abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante esta Sala en fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, cuyo contenido prescriptivo se transcribe en el Antecedente 2); por la cual se le condena por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO BB-577 a la pena de 11 AÑOS 3 MESES DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS; solicitando se le imponga una pena mínima conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020, en cuyo artículo 373 establece que la pena para el delito de EXTORSIÓN es de 10 a 15 años y multa de 500 días. Tal sería, en resumen, la argumentación jurídica expuesta por las partes comparecientes a la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, según se desprende de Antecedentes. CONSIDERANDO (4): Que el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable. CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (6): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, mediante la sentencia emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión en fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia contra al señor JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, por la que fue condenado a la pena de 11 AÑOS 3 MESES DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS; condena principal acompañada por las condenas accesorias correspondientes y la respectiva condena por responsabilidad civil. Cabe mencionar que, la revisión penal se ha solicitado conforme a lo normado en el nuevo Código Penal, en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, el cual tipifica el delito de EXTORSIÓN, de la siguiente forma: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. Debe mencionarse, asimismo, que el artículo 373 del Código Penal vigente, en referencia, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Núm. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021, y vigente al día siguiente de su publicación; cuyo nuevo texto dispondría: ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. CONSIDERANDO (7): ADSCRIPCIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, la cual, una vez en vigor, forma parte de nuestro derecho interno, comprometiéndose nuestro país como Estado suscriptor originario de la Convención, a respetar los derechos y libertades en ella reconocidos. En su artículo 9, la Convención o Pacto de San José establece el Principio de Legalidad y de Retroactividad, por el cual dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha sostenido que: “… en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.” -Lo resaltado y subrayado es añadido-. CONSIDERANDO (8): EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD exige que, toda medida limitativa de derechos fundamentales debe encontrarse prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, la Ley penal deberá ser scripta, stricta, certa, praevia y válida; transgrediéndose, de lo contrario, el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO (9): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa. Para el jurista René SUAZO LAGOS reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema, otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo.” CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, se aprecia que el ciudadano JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, fue condenado a las penas principales y accesorias puestas de manifiesto en el Antecedente 2) de la presente sentencia (11 AÑOS 3 MESES DE RECLUSIÓN MÁS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MÍNIMOS, en lo relativo a la pena privativa de libertad y de otros derechos). No obstante, considera esta Sala de lo Constitucional que, el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia; a la luz del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho); el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae (El juzgador conoce el derecho); en virtud de no ser más benigna la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, la cual se encontraba en vigencia al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017 para el delito de Extorsión, el artículo 373 prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. De ello se desprendería, que el referido Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, contemplaría, aparentemente, una pena privativa de libertad más benigna, en relación con el delito de Extorsión, según contemplado en el Decreto 144-1983, bajo el cual resultó condenado el ciudadano JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ. No obstante, no puede soslayarse, por parte de la Sala, que tal norma penal fue reformada posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando el garantista, Abogado RAMON MATAMOROS, no lo hubiere peticionado; resulta de obligatoria aplicación la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, en vista al momento temporal en que el recurso fuera promovido; ya que se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto el cual incrementa nuevamente las penas, para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Como bien lo ha indicado la Fiscal para la Defensa de la Constitución, en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, celebrada ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, en fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés; no debía otorgarse la acción de revisión en vista a que las disposiciones contenidas en la reforma del Código Penal, en comparando, no resultan más favorables al sentenciado, pues resulta igual a la pena de reclusión impuesta; mientras que, en cuanto a la pena de multa, resultaría ésta más gravosa, incluso, que la que fue impuesta en la sentencia que se revisa. Por todo lo cual, con base a lo establecido en los artículos 53 y 616 del Código Penal vigente, no resultaría aplicable el artículo 96 de la Constitución de la República; en cuanto a la no retroactividad de las leyes penales, salvo en caso de favorabilidad para el procesado, o delincuente. CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al ciudadano JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que este último prevé sanciones iguales, o más gravosas, que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado. Por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley por el delito de EXTORSIÓN, tomando en especial consideración para ello, que el recurso de revisión fue presentado por el garantista en fecha 29 de abril del año 2022, es decir, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021. CONSIDERANDO (13): Que, la subsunción del caso bajo estudio a través de la garantía constitucional de revisión en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige la cumplimentación de los requisitos exigidos, tanto en la norma sustantiva, como en la Ley Sobre Justicia Constitucional; no siendo procedente dictar la aplicación retroactiva de la norma penal vigente, al momento de incoarse la presente garantía de revisión penal; por no resultarle más benigna al señor JOSÉ ROBERTO MARTÍNEZ VÁSQUEZ, que la que se encontraba vigente al momento de dictársele sentencia condenatoria. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 373, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor del señor JOSE ROBERTO MARTINEZ VASQUEZ. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-667-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL