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Sentencia RP-662-22 — Registro 19999

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por los delitos de extorsión y portación ilegal de arma de fuego de uso comercial, en perjuicio del testigo protegido con clave EG-108 y del orden público, respectivamente. (Exp. No. 05C1-2020-0050).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a ADAN ROSALES, las penas principales de SIETE AÑOS Y 6 MESES DE PRISIÓN y multa de 375 días, como pena principal por el delito de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido “EG-108; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, a la pena de TRES AÑOS DE PRISION como pena principal y una localización permanente de un año seis meses. La conducta por la cual fuera condenado ADAN ROSALES, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 cuyas penas principales son: prisión de DIEZ (10) a QUINCE (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. En cuanto al delito de Porte Ilegal de Fuego, esta prescrita en el artículo 580 numeral 1 del Código Penal Vigente, con la pena siguiente: de uno (01) a cuatro (04) años y localización permanente de hasta 2 años si se trata de armas permitidas y 2) de cuatro (04) a seis (06) años y localización permanente de hasta 3 años si se trata de armas prohibidas, aumentada en un tercio la prisión a quien porte las armas de fuego, anteriores, sin autorización. Por lo que al hacer el estudio correspondiente, encontramos que no hay necesidad de hacer conversión alguna para saber qué ley le es más favorable, pues lo que establece el revisionista en su exposición, es que al momento de dictar la sentencia a su representado, estaba en vigencia el Decreto 052-2017, que establecía la amnistía con el fin de registrar armas de uso comercial sin documento, decreto que se encontraba en vigencia al momento de dictar la sentencia condenatoria que hoy se conoce en revisión. Estimando esta Alzada, que en consecuencia, no es procedente la aplicación de dicho Decreto, pues este se encontraba en vigencia y por lo tanto, si el revisionista no estaba de acuerdo con la sentencia dictada, debió hacer uso de los recursos correspondiente para que se le aplicara dicho Decreto número 050-2017; asimismo, el señor Adán Rosales, fue condenado por el delito de Extorsión y en consecuencia, en aplicación del artículo 616 del Código Penal, primer párrafo, no es procedente admitir la revisión, pues este establece: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique…” o sea que en el presente caso no solamente debe de aplicarse la ley al delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego, sino también al delito de Extorsión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la ley penal, como lo pretende el revisionista, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADAES, a favor del señor ADAN ROSALES, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el señor ADAN ROSALES, por los delitos de EXTORSION Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE EG-108 Y DEL ORDEN PUBLICO, respectivamente. (Exp. No. 05C1-2020-0050). SON PARTE: Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADRES, en su condición de Representante del señor ADAN ROSALES. Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Agente del Ministerio Público. HECHO PROBADO PRIMERO: De acuerdo con las diligencias investigativas realizadas por agentes de investigación asignadas a FNAMP de esta ciudad, se ha llegado establecer que el testigo protegido EG-108, desde el 8 de febrero del 2020 fue objeto de extorsión por parte de los acusados quien bajo amenaza a muerte lo obligo a pagar L.300.00 lempiras, teniendo que acceder al pago de dicho cobro por temor a su vida y la de su familia, por lo que interpuso la denuncia antes las oficinas de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP). Pago que efectuó el día 17 de febrero del 2020 en donde los agentes de investigación realizaron una vigilancia controlada donde se observó que el acusado cobro al testigo protegido la cantidad exigida, que posteriormente fue requerido, encontrándoseles como evidencia el dinero a uno de ellos que fue seriado, así como un arma de fuego tipo pistola que se le encontró al ciudadano Adán Rosales, por lo que fueron detenidos y puestos a la orden de la autoridad competente. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de febrero del dos mil veinte (2020), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogado CARLOS SARMIENTO presentó requerimiento fiscal en contra ADÁN ROSALES Y DARWIN ALBERTO CÓRDONA BU, a quien se les supone responsables de la comisión de los delitos de EXTORSION en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE "EG-108", Y PORTACION ILEGAL DE RMA DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 01-05 del recurso de mérito). 2)Que en fecha catorce (14) de diciembre del dos mil veinte (2020), el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION, DE SAN PEDRO SULA, CORTES, dictó sentencia mediante la cual, “FALLA: Por todo lo anteriormente expuesto el suscrito Juez resuelve: 1.- DECRETAR con lugar la solicitud conjunta de procedimiento abreviado presentada por el Ministerio Publico y la Defensa, todo en virtud de llenar todos los requisitos que la Ley ya prevée. 2.- CONDENAR a los señores ADAN ROSALES Y DARWIN ALBERTO CARDONA BU, a una pena de 7 AÑOS Y 6 MESES DE PRISION, más una multa de 375 días como pena principal por el delito EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EG-108.-3.- CONDENAR al señor ADAN ROSALES Y DARWIN ALBERTO CARDONA BU, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el tiempo que dure la condena. 4.- CONDENAR al señor ADAN ROSALES, A UNA PENA DE TRES AÑOS DE PRISIONCOMO PENA PRINCIPAL Y UNA LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE un año seis meses por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGOen perjuicio del orden público. 5.- SE ORDENA el Comiso de la evidencia consistente en: Un arma de fuego, tipo pistola, calibre 9mm, marca Tanfoglio. Evidencia esta que la secretaria del despacho deberá de remitir con la debida cadena en custodia al almacén de evidencias de esta sección judicial. 6.- Y MANDA: Que si dentro del término Legal no se interpone recurso alguno contra el presente fallo, que quede firme el mismo. 7.- al secretario (a) del despacho remita una vez firme el fallo que antecede, el expediente de mérito al Juzgado de Ejecución de Sentencias con Jurisdicción Nacional con sede en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, con el fin darle fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal, en cuanto a la ejecución de las penas accesorias. - Notifíquese.” (Folios 118-121 del recurso de mérito). 3) En fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ADAN ROSALES. Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revise la Sentencia de fecha 14 de Diciembre del 2020, dictada por el Juzgado de Letras Con Competencia Territorial Nacional en Materia de Extorsión, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de su representado, estableciendo que de conformidad a las disposiciones contenidas en el Decreto 52-2017 existía una amnistía para registrar armas de fuego sin documentos, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)..., 3)..., 4) ...,5) ..., 6) ... 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,... relacionado con los artículos 615 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. El Ministerio Público, al dar lectura al argumento esgrimido por el revisionista en cuanto aplicar de manera retroactiva el Decreto 052-2017, que contenía la amnistía para registrar armas de uso comercial sin documento, el cual se encontraba aún en vigencia al momento de ser condenado su representado por el delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego; sobre el particular, advierte ésta representación fiscal, que al haberse sometido el condenado a la medida desjudicializadora de Procedimiento Abreviado, aceptó la comisión de los delitos al imputados; asimismo se deprende del Hecho Probado, que al sentenciado le decomisaron el arma de fuego al momento de ser capturado por el delito Extorsión delito por el cual también sufrió una condena, por ende no corresponde aplicar dicho beneficio vigente en ese momento, en vista que la finalidad del sentenciado no era la de portar el arma para efectuar el razón por la cual no corresponde la petitoria de retroactividad solicitada. III. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE NO SE OTORGUE la solicitud de Revisión presentada conforme los argumentos que anteceden. (Folios 37-39 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República, prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9, el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que: “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como, que: “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha dieciséis de mayo del año dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES a favor de ADAN ROSALES, como revisionista; y, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de fiscal del Ministerio Público. El Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ, funda su petición en el hecho que su representado fue condenado en virtud de un procedimiento abreviado a la pena de siete años y seis meses de prisión por el delito de Extorsión y más una multa de 375 días y por el Delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego, a la pena de Tres (03) años de prisión y localización permanente de un (01) año, seis (06) meses, y por lo tanto, establece que corresponde aplicar a su representado la amnistía del Decreto 052-2017, en vista que fue condenado y se encontraba vigente la amnistía para poder registrar armas de fuego de uso comercial sin documentos, por lo cual, solicita se aplique la retroactividad de la ley a favor de su representado. Por su Parte, la Agente Fiscal, SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, estima que el revisionista debe hacer la aplicación del principio de retroactividad de conformidad a las disposiciones contenidas en el Decreto 52-2017, que contiene la amnistía para registrar armas de fuego sin documentos, estableciendo que para determinar la ley penal mas favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorezca y rechazando lo que perjudique. El Ministerio Público considera, que en cuanto a lo peticionado que se aplique de manera retroactiva el Decreto 052-2017, que contenía la amnistía para registrar armas de uso comercial, sin documento, el cual se encontraba aun en vigencia al momento de ser condenado su representado, por el delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego, sobre el particular advierte que al haberse sometido el condenado a la medida desjudicializadora de procedimiento abreviado, aceptó la comisión de los delitos a el imputados, como se desprende el hecho probado, que al sentenciado le decomisaron el arma de fuego al momento de ser capturado por el delito de extorsión, delito por el cual también sufrió una condena, y por ende no corresponde aplicar dicho beneficio vigente en ese momento. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a) Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b) Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. C) Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala, le consultará a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a ADAN ROSALES, las penas principales de SIETE AÑOS Y 6 MESES DE PRISIÓN y multa de 375 días, como pena principal por el delito de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido “EG-108; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, a la pena de TRES AÑOS DE PRISION como pena principal y una localización permanente de un año seis meses. La conducta por la cual fuera condenado ADAN ROSALES, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 cuyas penas principales son: prisión de DIEZ (10) a QUINCE (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. En cuanto al delito de Porte Ilegal de Fuego, esta prescrita en el artículo 580 numeral 1 del Código Penal Vigente, con la pena siguiente: de uno (01) a cuatro (04) años y localización permanente de hasta 2 años si se trata de armas permitidas y 2) de cuatro (04) a seis (06) años y localización permanente de hasta 3 años si se trata de armas prohibidas, aumentada en un tercio la prisión a quien porte las armas de fuego, anteriores, sin autorización. Por lo que al hacer el estudio correspondiente, encontramos que no hay necesidad de hacer conversión alguna para saber qué ley le es más favorable, pues lo que establece el revisionista en su exposición, es que al momento de dictar la sentencia a su representado, estaba en vigencia el Decreto 052-2017, que establecía la amnistía con el fin de registrar armas de uso comercial sin documento, decreto que se encontraba en vigencia al momento de dictar la sentencia condenatoria que hoy se conoce en revisión. Estimando esta Alzada, que en consecuencia, no es procedente la aplicación de dicho Decreto, pues este se encontraba en vigencia y por lo tanto, si el revisionista no estaba de acuerdo con la sentencia dictada, debió hacer uso de los recursos correspondiente para que se le aplicara dicho Decreto número 050-2017; asimismo, el señor Adán Rosales, fue condenado por el delito de Extorsión y en consecuencia, en aplicación del artículo 616 del Código Penal, primer párrafo, no es procedente admitir la revisión, pues este establece: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique…” o sea que en el presente caso no solamente debe de aplicarse la ley al delito de Porte Ilegal de Arma de Fuego, sino también al delito de Extorsión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la ley penal, como lo pretende el revisionista, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADRES, en favor del señor ADAN ROSALES, a quien se le condeno por el delito de EXTORSION en perjuicio del testigo protegido CON CLAVE EG-108 y por el delito de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en perjuicio del señor ORDEN PUBLICO. Y MANDA Que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. Notifíquese Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de enero del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0662-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL