Sentencia RP-659-23 — Registro 20363
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria por el delito de extorsión continuada en aplicabilidad de el principio de retroactividad de le Ley en materia penal en perjuicio de Testigo protegido, La Sala Constitucional concluye no podría adoptarse ese criterio doctrinal, porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión y no lo está al momento de pronunciar esta sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."16) En el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Tribunal, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna que según el peticionario estaba vigente en ese momento,(Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que su representado fue condenado por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADO estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión (prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días), al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: (prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto). Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque la encausada, fue condenada por el delito de Extorsión continuado, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. La doctrina ha discutido el tema, en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión y no lo está al momento de pronunciar esta sentencia. CONSIDERANDO DIECISIETE (17) Este Tribunal Constitucional no considera de recibo el argumento del Ministerio Público, en relación a dar al presente caso un tratamiento como si se tratase de concurso real, pues el ente fiscal interpreta que cuando el nuevo código establece que “La misma regla se observa en caso de delito continuado”, está mandando proceder igual que el concurso medial en tanto forma concursal suprimida en el nuevo código, pero no ha de entenderse de esa forma por cuanto el delito continuado que como forma concursal continúa vigente de conformidad con el artículo 68 del nuevo código, por consiguiente no puede recibir el mismo tratamiento del concurso medial. No obstante, este tribunal constitucional, ha considerado que no procede la acción de constitucional incoada. "
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."16) En el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Tribunal, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna que según el peticionario estaba vigente en ese momento,(Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que su representado fue condenado por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADO estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión (prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días), al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: (prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto). Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque la encausada, fue condenada por el delito de Extorsión continuado, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. La doctrina ha discutido el tema, en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión y no lo está al momento de pronunciar esta sentencia. CONSIDERANDO DIECISIETE (17) Este Tribunal Constitucional no considera de recibo el argumento del Ministerio Público, en relación a dar al presente caso un tratamiento como si se tratase de concurso real, pues el ente fiscal interpreta que cuando el nuevo código establece que “La misma regla se observa en caso de delito continuado”, está mandando proceder igual que el concurso medial en tanto forma concursal suprimida en el nuevo código, pero no ha de entenderse de esa forma por cuanto el delito continuado que como forma concursal continúa vigente de conformidad con el artículo 68 del nuevo código, por consiguiente no puede recibir el mismo tratamiento del concurso medial. No obstante, este tribunal constitucional, ha considerado que no procede la acción de constitucional incoada. "
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."16) En el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Tribunal, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna que según el peticionario estaba vigente en ese momento,(Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que su representado fue condenado por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADO estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión (prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días), al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: (prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto). Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque la encausada, fue condenada por el delito de Extorsión continuado, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. La doctrina ha discutido el tema, en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión y no lo está al momento de pronunciar esta sentencia. CONSIDERANDO DIECISIETE (17) Este Tribunal Constitucional no considera de recibo el argumento del Ministerio Público, en relación a dar al presente caso un tratamiento como si se tratase de concurso real, pues el ente fiscal interpreta que cuando el nuevo código establece que “La misma regla se observa en caso de delito continuado”, está mandando proceder igual que el concurso medial en tanto forma concursal suprimida en el nuevo código, pero no ha de entenderse de esa forma por cuanto el delito continuado que como forma concursal continúa vigente de conformidad con el artículo 68 del nuevo código, por consiguiente no puede recibir el mismo tratamiento del concurso medial. No obstante, este tribunal constitucional, ha considerado que no procede la acción de constitucional incoada. "
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de octubre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor de la Señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, en fecha seis de junio de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra la Señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDONEZ por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX359. (Exp. No. 994-2017-J4). ANTECEDENTES 1) En fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil catorce (2014), el Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal, contra CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ y otros, por suponerlos responsables a título de autor directo de la comisión del delito de EXTORCIÓN CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX 359. 2) En fecha seis (06) de junio del dos mil dieciséis (2016),el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA ,MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores OSBAL JAVIER DIAZ MENDEZ y MARIO ENRIQUE DIAZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX359, a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSIÓN que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución competente y a la que se le ha de descontar el tiempo en que la imputada ha estado privada de libertad SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsable penalmente del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX359, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que determine el Juez de Ejecución competente y a la que se le ha de descontar el tiempo en que la imputada ha estado privada de libertad. Asimismo, se le impone la pena de MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO CINCO (83.5) SALARIOS MINIMOS, que deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia. TERCERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores OSBAL JAVIER DIAZ MENDEZ, MARIO ENRIQUE DIAZ y CLAUDIA LIZETH MORGA ORDONEZ, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. CUARTO: Se declara a la condenada responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado los señores OSBAL JAVIER DIAZ MENDEZ, MARIO ENRIQUE DIAZ y CLAUDIA LIZETH MORGA ORDONEZ. QUINTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a los señores OSBAL JAVIER DIAZ MENDEZ, MARIO ENRIQUE DIAZ y CLAUDIA LIZETH MORGA ORDONEZ. SEXTO: Se ordena la devolución televisor marca Sony de 40 pulgadas con serie 5015178023C, al Testigo Protegido "AX 359ª el que se encuentra en el almacén de evidencias del Ministerio Público. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer el recurso de casación dentro del término legal de veinte días. Así, por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 1244- 1261 del recurso de mérito) 3) En fecha diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el abogado RAMON MATAMOROS, representando a la señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ, compareció ante esta Sala de lo Constitucional, interponiendo recurso extraordinario de Revisión Penal, contra la sentencia condenatoria de fecha seis (06) de junio de dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, solicitando la revisión de la sentencia y se aplique la retroactividad de la ley penal conforme el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 4) En fecha cinco (05) de junio del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERATO con la comparecencia del abogado MARIO RENIERY AMADOR ESPINAL actuando en su condición de Apoderado Legal de la señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ y de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y; El abogado MARIO RENIERY AMADOR ESPINAL actuando en su condición de Apoderado Legal de la señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ, en el uso de la palabra ratificó el recurso de revisión, alegando que su representada fue condenada a las penas de veinticinco años de reclusión y multa de ochenta y tres punto cinco salarios mínimos por el delito de extorsión continuada conforme el artículo 222 reformado y 37 del código penal decreto 144-83, solicitando la aplicación del original artículo 373 del decreto 130-2017, en el que se fija para dicho delito en la modalidad de continuado las penas abstractas de doce años seis meses a quince años de prisión y multa de setecientos cincuenta a mil días. La representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de seis (06) de junio de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenada su representada es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más les favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)....3)..., 4) ..., 5) ..., 6) ... 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna..., relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION CONTINUADA por el cual se condenó a CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ Por el Delito de EXTORSION: el artículo 222 del Código Penal derogado, establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS y multa de cincuenta salarios mínimos, en su nivel más alto, mas las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión se considera consumada y corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo percibido con la violencia intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, por medio de transferencia electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio, producto del delito". Relacionado con el artículo 37 del mismo cuerpo legal que establecía: Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se consideraran como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos tercios (2/3). En caso de duda, se tendrá por mas grave la pena que tenga señalado el máximo más alto... Por lo que la nueva pena abstracta queda de veinticinco (25) años a treinta a tres (33) años con cuatro (4) meses de reclusión y una multa de 83.5 salarios mínimos. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSIÓN se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021 EXTORSIÓN. “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". Al tenor del artículo 616, en caso de delito continuado se observa la misma regla que en el caso de concurso real, expuesto de la siguiente manera en los párrafos séptimo al noveno: "Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado". En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación.". En este sentido, y siendo que de conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia de fecha seis (06) de junio de dos mil dieciséis (2016), emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y cuya revisión se solicita, la señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ fue encontrada responsable a título de autor de la comisión de varias acciones de EXTORSION, los cuales se llevaron a cabo mediante amenazas de causarle daño al ofendido y a sus familiares, a girar cantidades de dinero que en total, fueron 22 transferencias desde el 18 de abril 2012 al 04 de octubre de 2013, recibiendo un monto total de DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS (LPS 210,400.00), razón por la cual fue condenado por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en ese sentido y a la luz del artículo 616 del Código Penal vigente, para efectos de determinar la ley penal más favorable la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, siendo la pena global impuesta en la sentencia la de VEINTICINCO (25) Años y una multa de 83.33 salarios mínimos; y la pena que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley conforme a lo solicitado por el revisionista, sería de varias acciones las cuales se desarrollaron a través de 22 transferencias desde abril de 2012 a octubre 2013, (según se desprende de los hechos probados), de ahí, que la pena de 15 a 20 por cada delito (que se produjo 22 veces sería de trescientos treinta (330) AÑOS DE PRISIÓN a UNA MAXIMA DE cuatrocientos cuarenta (440) años, estando el máximo de cumplimiento determinado que no puede exceder de TREINTA (30) AÑOS de conformidad con el artículo 66 del Código Penal vigente; en cuanto a la pena de multa si se le hubiese impuesto la pena mínima de QUINIENTOS (500) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO por cada delito, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del mismo Código el valor de CINCO MIL LEMPIRAS (15,000) por lo que la pena mínima sería el equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.2,500,000.00), por cada delito (que se produjo 22 veces desde abril de 2012 hasta el octubre del 2013). Esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado al resultar la penas por el delito de Extorsión Continuada más gravosas, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 61-65 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Así mismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Artículo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO CINCO (5): El texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO SIETE (7): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO OCHO (8): La Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO ONCE (11): En el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, en consideración a que la señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ, fue condenada por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, estando vigente el Decreto 144-83, siendo este derogado, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017, que establecía una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Posteriormente entró en vigor el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017, estableciendo nuevamente una pena para el delito de Extorsión de quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. La Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente la señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN Y UNA PENA DE MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO CINCO (83.5) SALARIOS MINIMOS, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX359; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II- Esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y alegatos del garantista, que en la sentencia condenatoria antes relacionada mediante la cual se condenó a la señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ, el Tribunal Sentenciador aplicó lo dispuesto en los ARTÍCULO 222 Y 37 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que la condenada cometió el delito de EXTORSION CONTINUADA. III- Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ, la Pena de VEINTICINCO (25) DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO CINCO (83.5) SALARIOS MINIMOS, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AX3599; Así mismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. CONSIDERANDO CATORCE (14): La comparación de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSION, establecido en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. Y al considerarse delito continuado en aplicación del artículo 37 del Código Penal derogado, se aumentó la pena en dos tercios, quedado la pena abstracta de veinticinco (25)a treinta y tres (33) años cuatro (4) meses de reclusión y la multa en ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, habiéndose impuesto en la sentencia la pena mínima de VEINTICINCO AÑOS DE RECLUSIÓN y DE MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO CINCO (83.5) SALARIOS MINIMOS. El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Como se puede apreciar, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados plasmados en la sentencia revisada. Sin embargo, en el nuevo código penal, el artículo 374 establece agravantes específicas para el delito de extorción, coligiéndose del hecho probado único que la imputada es miembro de un grupo delictivo organizado, lo que constituye una agravante específica que implica el aumento de un tercio de la pena conforme lo dispone el artículo 374 preámbulo y número 1 del mismo código, por consiguiente la pena abstracta, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69 preámbulo y numeral 1) del nuevo código penal, queda establecida de 20 a 26 años 8 meses de prisión y multa de 1000 a 1333 días en su nivel más alto, luego, en atención a que el delito fue cometido de manera continuada el Código Penal decreto 130-2017 señala en su ARTÍCULO 68: “Quien en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realiza una pluralidad de acciones u omisiones que ofenden a uno o varios sujetos e infringen el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, debe ser castigado como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada para la infracción más grave que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3)”, quedando una pena abstracta de VEINTITRES (23) AÑOS CUATRO (4) meses A TREINTA Y CINCO (35) AÑOS CON SEIS (6) MESES DE PRISION Y MULTA DE 1166 A 1777 en su nivel más alto. y como se le impondría la pena concreta mínima, la pena con el nuevo código a imponer sería de VEINTITRÉS (23) AÑOS CUATRO (4) MESES de prisión Y MULTA DE UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS (1166) DÍAS lo que equivale a DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS (L 2,332,000.00). Ahora bien, significando la pena que correspondería con el nuevo código una leve rebaja en la pena de prisión, es necesario examinar otros aspectos de ambas legislaciones porque la comparación debe ser completa, acudiendo incluso a los beneficios penitenciarios (artículo 616 párrafo tercero) en ese sentido, encontramos que conforme el artículo 76 del código penal derogado, la condenada tendría acceso al beneficio de Libertad condicional al cumplir las tres cuartas partes de la pena, esto es, DIECIOCHO AÑOS NUEVE MESES DE RECLUCIÓN y, conforme al nuevo código penal, el acusado tendría que cumplir para acceder a ese mismo beneficio dos tercios de la pena impuesta, esto es, QUINCE AÑOS SIETE MESES Y DIEZ DIAS DE PRISIÓN, ahora bien, conforme al nuevo código penal se impondría una pena de inhabilitación absoluta por un tiempo no superior a veinte años conforme a los artículos 43 y 58, y la pena de suspensión de la ciudadanía en observación con el artículo 42 del código penal nuevo y 41 de la Constitución de la República. En este punto del análisis este Tribunal destaca que la multa es mucho más alta con el nuevo código penal, siendo mucho más perjudiciales las alternativas del nuevo código frente al impago de la multa (artículos 55 y 56 del nuevo código) frente a las que ofrece la legislación derogada, que no solo representa una multa mucho menor, sino que oportunidades más flexibles frente al impago de la misma (artículo 53 código penal derogado) CONSIDERANDO QUINCE (15): Al revisar la pena de reclusión y de multa que fue impuesta en la sentencia conforme al código penal derogado, confrontada con las que le podrían corresponder con el nuevo código penal y los eventuales beneficios penitenciarios a que podría acceder el condenado, se constata que las penas del nuevo código penal no le benefician y por consiguiente no procede la revisión de la condena, por lo que no se considera más favorable el nuevo código y por ello no procede la aplicación retroactiva de la ley penal en favor de la señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ. CONSIDERANDO DIECISEIS (16) En el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Tribunal, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna que según el peticionario estaba vigente en ese momento,(Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que su representado fue condenado por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADO estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión (prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días), al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, entró en vigencia antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: (prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto). Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque la encausada, fue condenada por el delito de Extorsión continuado, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. La doctrina ha discutido el tema, en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión y no lo está al momento de pronunciar esta sentencia. CONSIDERANDO DIECISIETE (17) Este Tribunal Constitucional no considera de recibo el argumento del Ministerio Público, en relación a dar al presente caso un tratamiento como si se tratase de concurso real, pues el ente fiscal interpreta que cuando el nuevo código establece que “La misma regla se observa en caso de delito continuado”, está mandando proceder igual que el concurso medial en tanto forma concursal suprimida en el nuevo código, pero no ha de entenderse de esa forma por cuanto el delito continuado que como forma concursal continúa vigente de conformidad con el artículo 68 del nuevo código, por consiguiente no puede recibir el mismo tratamiento del concurso medial. No obstante, este tribunal constitucional, ha considerado que no procede la acción de constitucional incoada. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 37 y 222 del Código Penal decreto 144-83; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58, 373, del Código Penal vigente, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021; FALLA: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, en favor de la señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENICA DE TEGUCIGALPA, en fecha seis de junio de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra la Señora CLAUDIA LIZETH MORGA ORDOÑEZ por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE "AX359" Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha ocho de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0659-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL