Sentencia RP-656-22 — Registro 19126
Resumen
Se recurre en revisión de la sentencia de condena, con relación a la causa que se instruyó por delito de Secuestro, solicitud que se hace por entrada en vigencia legislación mas favorable al recurrente; admitiéndose el recurso en virtud que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de Suelen Gradicel Colindres Vásquez, Enzo Geovanny Argeñal Ferrera y Arlin William Triminio Espinal, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" Esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de Suelen Gradicel Colindres Vásquez, Enzo Geovanny Argeñal Ferrera y Arlin William Triminio Espinal, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: las Resoluciones que literalmente dicen: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de mayo de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de la señora SUELEN GRADICEL COLINDRES VASQUEZ, y Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Yessica Nayti Galeas Claros, a favor del señor ENZO GEOVANY ARGEÑAL FERRERA, contra la sentencia condenatoria dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil once, con relación a la causa que se instruyó contra de SUELEN GRADICEL COLINDRES VASQUEZ y ENZO GEOVANY ARGEÑAL FERRERA, y ARLIN WILLIAM TRIMINIO ESPINAL por haber sido condenados por el delito de Secuestro en perjuicio del señor IGNACIO EFRAIN RAUDALES RAUDALES. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO: El día veintidós de julio del año dos mil nueve, en horas de la mañana, el señor Ignacio Efraín Raudales Raudales se dirigía junto a un pariente a su negocio ubicado en el centro comercial Mayangle, bajándose del vehículo en tanto que su acompañante se dirigía a aparcar el mismo. En ese momento, el señor Efraín Raudales Raudales, fue interceptado por dos personas del sexo masculino, quienes le dijeron que los acompañara puesto que lo llevaban para una investigación, introduciéndolo a un vehículo diciéndole que se agachara y colocándole al instante un gorro en su cabeza, luego de lo cual lo trasladaron a otro vehículo, llevándolo hasta una casa ubicada en la colonia La Fuente de la ciudad de Comayagüela, en donde los sujetos procedieron a atarlo con los cordones de sus propios zapatos, acostándolo en una colchoneta y luego le solicitaron los números telefónicos de sus familiares, diciéndole que no se preocupara.SEGUNDO: Una vez obtenidos los números de teléfonos brindados por Ignacio Raudales, los sujetos procedieron a llamar en varias ocasiones a la familia de éste, indicándoles que les dieran la cantidad de ocho millones de lempiras y que a cambio les entregarían al señor Ignacio Efraín Raudales, caso contrario éste sufriría las consecuencias, Fue así como se realizaron varias negociaciones y finalmente, el día treinta y uno de Julio del año dos mil nueve, la familia del señor Ignacio Efraín Raudales, por medio del pastor de una iglesia, realizó la entrega de la cantidad de seiscientos veintiún mil lempiras (Lps.621,000.00), el cual fue depositado en el rótulo que da la bienvenida al departamento de Olancho, empero el señor Ignacio Efrain Raudales no fue entregado a su familia. TERCERO: En tanto se daban las negociaciones con la familia del señor Ignacio Efrain Raudales Raudales, éste permanecía en la casa ubicada en la Colonia La Fuente y era vigilado por los señores SUELEN GRACIDEL CALINDRES CASQUEZ, ENZO GEOVANY ARGEÑAL FERRERA Y ARLIN WILLIAN TRIMINIO ESPINAL, quienes además se encargaban de alimentarlo y atenderlo en todas sus necesidades, brindándoles las medicinas que necesitaba e inclusive el día del cumpleaños del señor Ignacio Raudales procedieron a partir un pastel en su honor.CUARTO: No obstante la cantidad de dinero que ya se había entregado y al no haberse logrado la entrega del señor Ignacio Raudales, la policía obtuvo información que le condujo hacia la casa ubicada en la Colonia La Fuente, en cuyo interior se encontraba el señor Ignacio Raudales Raudales y luego de solicitar el ingreso a la vivienda a una joven que abrió la puerta, la policía procedió a realizar el allanamiento a dicha vivienda en fecha siete de agosto del mismo año, encontrando en el interior de la misma al señor Ignacio Efrain Raudales sobre un colchón, y asimismo a la señora Suelen Gracidel Vásquez Colindres, al señor Enzo Geovany Argeñal Ferrera quien se encontraba en la cocina de dicha vivienda y llevaba consigo un arma de fuego tipo revólver calibre 38, cargada con cinco proyectiles sin percutir, la cual le fue decomisada, y al señor Arlin Willian Triminio Espinal quien se encontraba oculto en un ropero de un dormitorio, quienes resultaron detenidos, en tanto el señor Ignacio Efrain Raudales Raudales fue llevado a las oficinas del Grupo Antisecuestro y posteriormente a su casa de habitación.” 1) Que en fecha veintisiete de septiembre de dos mil once, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: Condenar como en efecto Condenamos a la señora SUELEN GRACIDEL COLINDRES VASQUEZ como coautora del delito de SECUESTRO en perjuicio del señor IGNACIO EFRAIN RAUDALES RAUDALES a la pena die VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION. Asimismo, Condenamos al señor ENZO GEOVANNY ARGEÑAL FERRERA como coautor del delito de SECUESTRO en perjuicio del señor IGNACIO EFRAIN RAUDALES RAUDALES a la pena de VEINTIUN (21) AÑOS DE RECLUSION. Finalmente Condenamos al señor ARLIN WILLIAN TRIMINIO ESPINAL como coautor del delito de SECUESTRO en perjuicio del señor IGNACIO EFRAIN RAUDALES RAUDALES a la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSION. Dichas penas deberán cumplirlas los condenados en la Penitenciaría Nacional que determine el Juzgado de Ejecución Competente, penas a las cuales deberá descontarse el tiempo en que los imputados hayan permanecido en detención como consecuencia de la detención judicial y la prisión preventiva que se les hubiere impuesto por esta causa. SEGUNDO: Condenar como en efecto Condenamos a los señores SUELEN GRACIDEL COLINDRES VASQUEZ, ENZO GEOVANNY ARGEÑAL FERRERA Y ARLIN WILLIAN TRIMINIO ESPINAL, a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de los condenados SUELEN GRACIDEL CALINDRES CASQUEZ, ENZO GEOVANNY ARGEÑAL FERRERA Y ARLIN WILLIAN TRIMINIO ESPINAL, a favor del señor IGNACIO EFRAIN RAUDAES RAUDALES, la que deberá ser tasada ante el Juez de Ejecución Competente. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los señores SUELEN GRAGIDEL COLINDRES VASQUEZ, ENZO GEOVANNY ARGEÑAL FERRERA Y ARLIN WILLIAN TRIMINIO ESPINAL. QUINTO: Se ordena declarar en comiso el arma de fuego tipo revolver, color gris oscuro, marca Smith & Wesson, calibre 38 mm, conteniendo cinco proyectiles sin percutir, con No. de serie ADL 0026, y con cacha de madera color café, misma que deberá permanecer en el Almacén de Evidencias del Ministerio Público hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme. SEXTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales…” (Folios 301-393 del antecedente). 2) En fechas veintisiete de abril y veinte de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, esta Sala tuvo por recibidos los recursos de Revisión Penal interpuesto por 1° por el Abogado Ramón Matamoros a favor de la señora Suelen Gradicel Colindres Vásquez (Reg. No. 656-2022); y, 2° por la Abogada Yessica Nayti Galeas Claros a favor del Señor Enzo Geovany Argeñal Ferrera (Reg. No. 805-2022), respectivamente; ambos recursos contra la sentencia condenatoria relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado.3) En fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, en su condición de Apoderado Legal de la señora Suelen Gradicel Colindres Vásquez y por la Abogada Yessica Nayti Galeas Claros, en su condición de apoderada legal del señor Enzo Geovany Argeñal Ferrera; El Ministerio Público fue de la opinión: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: Está representación del Ministerio Público, aprecia del escrito de interposición del recurso, que la revisionista solicita que se revea la Sentencia definitiva antes indicada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal vigente, A las nuevas que contempla una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1), 2), 3), 4), 5) 6) 7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,… Código Penal. Del examen del fallo sub-judice, el Ministerio Público aprecia de los hechos probados de la sentencia de mérito, que en el presente caso se acredito que el ofendido fue interceptado por dos individuos, quienes lo sometieron ingresándolo al vehículo en que se conducían, trasladándolo a una vivienda ubicada en la colonia vigilado por los condenados la fuente en donde era SUELEN GRADICEL COLINDRES VASQUEZ, ENZO GEOVANY ARGEÑAL Y ARLIN WILLIAN TRIMINIO ESPINAL, solicitándoles rescate a los familiares de la víctima consistente en la cantidad de ocho (8) millones, logrando entregarles la cantidad de seiscientos veintiún mil lempiras (Lps.621,000.00), manteniéndolo secuestrado desde el día 22 de julio del año 2009 al día 7 de agosto del mismo año, por lo que al concurrir dichas agravantes, el accionar ilícito de los imputados se enmarca conforme el Código Penal Vigente en el delito de SECUESTRO AGRAVADO, regulado en el artículo 240 que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición-2): 3) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas: 4) 5) delito se comete 6)...: 7) El en el ámbito de un grupo delictivo organizado...; 8) Si concurrieran dos (2) o más de las circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. De lo expuesto en el presente caso al concurrir las agravantes antes citadas en el delito de SECUESTRO AGRAVADO la pena a imponer a la condena será de 15 a 20 años de prisión, de conformidad a los mismos términos de la sentencia impugnada, en virtud de lo cual se aprecia que la aplicación de la nueva Ley penal resulta más favorable al condenado, por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” (Folios 58-60 del recurso de mérito).CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla, instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de los Abogados Ramón Matamoros, a favor de la señora Suelen Gradicel Colindres Vasquez, y la abogada Yessica Nayti Galeas Claros, a favor de Enzo Geovany Argeñal Ferrera, ambos como revisionista; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Los Abogados defensores, solicitan la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de la pena. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, si son más favorables al sentenciado, ya que el artículo 618 del código penal vigente, establece que se aplicaran las nuevas disposiciones del nuevo código penal, siempre que resulten más favorables tomadas en su conjunto; por lo que solicita que si se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. El artículo 186 de la Constitución de la República establece que: “ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas juzgadas en materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio”; además dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1), 2), 3), 4), 5) 6) 7), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. Esta Sala Constitucional aprecia que la presente garantía de revisión penal fue interpuesta a favor de dos de los condenados Suelen Gradicel Colindres Vásquez y Enzo Geovanny Argeñal Ferrera, habiendo un tercer condenado de nombre ARLIN WILLIAM TRIMINIO ESPINAL, que le fue impuesta la pena de 22 años de reclusión por el mismo delito de secuestro, por el cual está siendo revisada la presente sentencia, por lo que procede de oficio conocer la situación legal de Arlin William Triminio Espinal, de acuerdo con lo que establece el artículo 186.1 de la Constitución de la República, y el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. II. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a la señora Suelen Gradicel Colindres Vásquez, la pena de 20 años de reclusión, al señor Enzo Geovanny Argeñal Ferrera, la pena de 21 años de reclusión, y a Arlin William Triminio Espinal, la pena de 22 años de reclusión, todos por el delito de secuestro en perjuicio de Ignacio Efraín Raudales Raudales, delito que tenía una pena abstracta de 20 años de reclusión a privación de la libertad de por vida con el anterior código penal. La conducta por la cual fueron condenados Suelen Gradicel Colindres Vásquez, Enzo Geovanny Argeñal Ferrera y Arlin William Triminio Espinal, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de Secuestro Agravado, artículos 240.1.3.7, y penúltimo párrafo del mismo artículo que se castiga con la pena prisión de 15 a 20 años, al concurrir según los hechos probados dos o más de las circunstancias que agravan especialmente la pena, tales como “El autor logra el cumplimiento de la condición, en el presente caso al haberse entregado la cantidad de L. 621,000. mil lempiras; la privación de la libertad excedió las 72 horas; y el delito se cometió en el ámbito de un grupo delictivo organizado”; y al compararse las penas impuestas por el A-quo, que impuso a Suelen Gradicel Colindres Vásquez, la pena de 20 años de reclusión; a Enzo Geovanny Argeñal Ferrera, la pena de 21 años de reclusión, y a Arlin William Triminio Espinal, la pena de 22 años de reclusión, con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que la nueva pena de prisión les es más beneficiosa a los condenados, ya que su límite mínimo es de 15 años y su límite máximo es 20 años, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal por ser más favorable, imponiéndole las nuevas penas de la manera siguiente: para Suelen Gradicel Colindres Vásquez, la pena de 15 años de prisión, para Enzo Geovanny Argeñal Ferrera, la pena de 16 años de prisión, y para Arlin William Triminio Espinal, la pena de 17 años de prisión, y la prohibición de residencia por el doble del tiempo para cada uno, esta consistirá en la prohibición de residir en un lugar cercano a la residencia de la víctima. II. Esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de Suelen Gradicel Colindres Vásquez, Enzo Geovanny Argeñal Ferrera y Arlin William Triminio Espinal, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.8, 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 92, 240.1.3.7, y penúltimo párrafo del Código Penal vigente. FALLA: I). Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de la condenada SUELEN GRADICEL COLINDRES VASQUEZ, y por la Abogada Yessica Nayti Galeas Claros, a favor del condenado ENZO GEOVANY ARGEÑAL FERRERA, y conocida de oficio por esta Sala Constitucional en relacion con el condenado ARLIN WILLIAM TRIMINIO ESPINAL; contra la sentencia condenatoria dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil once. II). ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas a SUELEN GRADICEL COLINDRES VÁSQUEZ, ENZO GEOVANY ARGEÑAL FERRERA y ARLIN WILLIAM TRIMINIO ESPINAL, por el delito por el cual fueron condenados, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO a la señora SUELEN GRADICEL COLINDRES VÁSQUEZ, a la pena de QUINCE AÑOS (15) DE PRISIÓN, al señor ENZO GEOVANY ARGEÑAL FERRERA, a la pena de DIECISEIS AÑOS (16) DE PRISION, y al señor ARLIN WILLIAM TRIMINIO ESPINAL, a la pena de DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISION, todos por el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de IGNACIO EFRAIN RAUDALES RAUDALES; también se les impone la pena de LA PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA por el doble del tiempo de la condena para cada uno, esta consistirá en la prohibición de residir en un lugar cercano a la residencia de la víctima; así mismo, a la INHABILITACIÓN ABSOLUTA, para cada uno, la cual se impone durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo, con abono del tiempo que haya estado en prisión. Redactó el Magistrado VALLECILLO PAREDES. - NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE Firmada y sellada WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. SE EXTIENDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTICINCO, LA CERTIFICACIÓN DEL FALLO DE FECHA DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO. RECAÍDA EN EL RECURSO DE REVISION PENAL ACUMULADOS REGISTRADO EN ESTE TRIBUNAL CON EL NÚMERO SCO-656 Y 805-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL