Sentencia RP-649-21 — Registro 19837
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad en materia penal coautores responsables del delito consumado de Extorsión simple en perjuicio del Testigo protegido se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta conforme el nuevo código penal, es más grave que la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, la nueva pena excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."undamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO; las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION y una multa de cuatrocientos veintidós mil, cuatrocientos veinte lempiras (L.422,420.00), por ser autores penalmente responsables de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER-128, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fueron condenados dichos procesados está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y al concurrir la agravante especifica del ARTÍCULO 374, 1) Si el Culpable es miembro de un grupo delictivo organizado tal como ocurre en el presente caso ya que, de los hechos probados de la sentencia en curso, "se desprende que los encausados se identificaron como miembros de la MARA MS-13, advirtiéndole que si no pagaba lo matarían. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) por lo que la nueva pena abstracta es de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION lo que no resulta más beneficioso para los condenados, igualmente la pena de multa que es de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00), con el aumento del tercio por la agravante especifica señalada, Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta conforme el nuevo código penal, es más grave que la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, la nueva pena excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. "
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del año dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla, pronuncia: En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal número SCO 0649-2021, interpuesto por el Abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO, a favor de los señores MAYKOL JOSUE PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTINEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION de fecha cinco de marzo del dos mil veinte, mediante la cual falló: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos por conformidad expresa de las partes a los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO como coautores responsables del delito consumado de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO ER-128 imponiéndoles una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN misma que deberán de cumplir en el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir, Francisco Morazán, pena que debe de computarse desde el momento en que fueron detenidas y privadas de sus libertades, debiendo de trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos por conformidad expresa de TERCERO: Debemos condenar y condenamos a los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal del delito. CUARTO: Procede declarar y declaramos LA RESPONSABILIDAD CIVIL de los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTINEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No se declara el comiso de ningún elemento del delito en virtud de no haberlo solicitado el Ministerio Público. (Exp.No.122-2017). Son partes: 1) El abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO. En favor de MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO como revisionista. 2)La abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, Fiscal del Ministerio Publico. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA. ÚNICO: En el mes de Marzo del año dos mil diecisiete al centro de trabajo del testigo protegido llegaron varias personas quienes se identificaron como miembros de la mara MS-13, solicitándole el pago de mil Lempiras semanales a pagar los días miércoles, advirtiéndole que si no pagaba lo matarían, por lo que el testigo protegido interpuso denuncia en las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión el día dieciséis de Mayo de ese mismo año y un Agente de Investigación lo asesoró y el testigo protegido proporcionó un billete de quinientos lempiras y cinco de cien con lo cual elaboró un acta de seriado de dinero le sacó copia a los billetes y devolvió el dinero al testigo protegido, al día siguiente dos equipos de Agentes de Investigación realizaron vigilancia en el lugar de entrega del dinero y observaron a los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO, quienes se acercaron al testigo protegido y este le entregó el dinero a MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS retirándose del lugar, los Agentes de Investigación les dieron seguimiento por el espacio de cuatro cuadras y luego los requirieron encontrándole el dinero previamente seriado a MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS por lo que fueron detenidos. ANTECEDENTES. PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de lo penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el Abogado DAVID ACEITUNO, presentando requerimiento fiscal en contra de MAYCOL JOSUE PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTINEZ PAZ Y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de EXTORSION CONTINUADA Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE “ER-128 Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 1-6 del antecedente). SEGUNDO: De la sentencia Condenatoria. Que en fecha cinco (05) de marzo de dos mil veinte (2020), el Tribunal de sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos por conformidad expresa de las partes a los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO, como coautores responsables del delito consumado de EXTORSIÓN SIMPLE en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO ER-128, imponiéndoles una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, misma que deberán de cumplir en el Centro Penitenciario de Siria, El Porvenir, Francisco Morazán, pena que debe de computarse desde el momento en que fueron detenidas y privadas de sus libertades, debiendo de trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos por conformidad expresa de las partes a los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO, a la pena de MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS equivalentes a CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS (LPS. 422,420) por cada uno, la que deberán pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República en la fase de ejecución. TERCERO: Debemos condenar y condenamos a los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO como consecuencia de la condena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal del delito. CUARTO: Procede declarar y declaramos LA RESPONSABILIDAD CIVIL de los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTINEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No se declara el comiso de ningún elemento del delito en virtud de no haberlo solicitado el Ministerio Público. SEXTO: Notifíquese la sentencia a las partes procesales y una vez firme que se remita el expediente al Juzgado de Ejecución Correspondiente, así como una copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales de la Corte Suprema de Justicia y otra al Instituto Nacional Penitenciario para los efectos legales correspondientes. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos У firmamos. (Folios 418 -422 del recurso de mérito) TERCERO: De la Interposición del Recurso de revisión Penal y su admisión por la Sala de lo Constitucional. Que en fecha dieciocho de Junio de dos mil veintiuno, compareció ante la Sala de lo Constitucional, El Abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO, presentando recurso de revisión penal a favor de los señores, MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO, contra la sentencia condenatoria de fecha cinco de marzo de dos mil veinte (05-03-2020), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Extorsión, manifestando el recurrente que interpuso el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicaran las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 02 al 05 y 14 al 16 del recurso) CUARTO: De la Celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha nueve (09) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante JOSE RICARDO PINEDA MEDINA, con la comparecencia del abogado DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO actuando en su condición de Apoderado Legal de los señores MAYKOL JOSUE PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTINEZ PAZ Y OTROS; El Ministerio Público consideró: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes contenidas en el Código Penal vigente, el cual sanciona con una pena más benigna el tipo penal de EXTORSIÓN, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a sus representados, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)., 2).., 3).., 4) .., 5) .., 6) ., 7) ., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…" relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. Del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado sancionaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados" mientras que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) regula el delito de EXTORSIÓN en el Artículo 373 reformado que impone la misma pena de prisión de guince (15) a veinte (20) años, más multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. si producto de lo anterior se causare la muerte de una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La Extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". Asimismo, el ARTÍCULO 374, dispone: AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas, entre ellas el numeral 1) Si el Culpable es miembro de un grupo delictivo organizado tal como ocurre en el presente caso ya que, de los hechos probados de la sentencia en curso, "se desprende que los encausados se identificaron como miembros de la MARA MS-13, advirtiéndole que si no pagaba lo matarían. En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.-PENA DE DÍAS MULIA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). De las normas transcritas, se extrae que en el Código Penal vigente contempla una pena para el delito de Extorsión de 15 a 20 años de prisión, la que a su vez debe ser aumentada en 1/3 por la concurrencia de la agravante antes citada, por lo que la nueva pena abstracta es de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION. En cuanto a la PENA DE MULTA contenida en el artículo 53 de la norma sustantiva corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, debiendo aumentarse en un a tercio 1/3, quedando la pena de multa de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00). Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía pues deberá imponérsele una pena entre 20 años de prisión más la multa que resulta más gravosa, de ahí que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 45-47 vuelto del recurso de mérito). FUNDAMENTACION. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido, manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales de la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha nueve de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), con la comparecencia de la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO, actuando en su condición de revisionista en favor de los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO; El abogado Durón Valeriano, fundó su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la ley sobre Justicia Constitucional, solicitando se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal al señores mencionados, quienes fueron condenados por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio del Testigo Protegido ER-128-17, a una pena de quince (15) años de reclusión y una multa de cuatrocientos veintidós mil, cuatrocientos veinte lempiras( L.422,420.00) por cada imputado de conformidad al artículo 222 del Código Penal derogado, Solicitando la pena y multa señalada en el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días; solicitando la pena mínima en virtud de no concurrir agravante especificas del artículo 374 del código penal vigente, siendo lo más beneficioso en favor de sus representados. La representante del Ministerio Público consideró: “… que de la revisión de ambas leyes penales se determina que la sanción correspondiente al delito de Extorsión simple conforme al artículo 222 del código penal derogado era una pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos más las penas accesorias; mientras que el Código Penal Vigente sanciona esa misma figura delictiva en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, con la misma pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, Asimismo, el ARTÍCULO 374, dispone: AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas, entre ellas el numeral 1) Si el Culpable es miembro de un grupo delictivo organizado tal como ocurre en el presente caso ya que, de los hechos probados de la sentencia en curso, "se desprende que los encausados se identificaron como miembros de la MARA MS-13, advirtiéndole que si no pagaba lo matarían. por lo que la nueva pena abstracta es de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION Por otra parte, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000), debiendo aumentarse en un tercio 1/3, quedando la pena de multa de 667 a 1333 días, cuyo valor oscila en no menor de veinte Lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil Lempiras (L.5000.00); Conforme lo antes expuesto la fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía pues deberá imponérsele una pena entre 20 años de prisión más la multa que resulta más gravosa, de ahí que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia constitucional, siendo de la Opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión penal. (Folios 45-47 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO CINCO (5): Reglas de ponderación aplicables. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO OCHO (8): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO; las penas principales de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION y una multa de cuatrocientos veintidós mil, cuatrocientos veinte lempiras (L.422,420.00), por ser autores penalmente responsables de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido ER-128, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fueron condenados dichos procesados está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y al concurrir la agravante especifica del ARTÍCULO 374, 1) Si el Culpable es miembro de un grupo delictivo organizado tal como ocurre en el presente caso ya que, de los hechos probados de la sentencia en curso, "se desprende que los encausados se identificaron como miembros de la MARA MS-13, advirtiéndole que si no pagaba lo matarían. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) por lo que la nueva pena abstracta es de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION lo que no resulta más beneficioso para los condenados, igualmente la pena de multa que es de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00), con el aumento del tercio por la agravante especifica señalada, Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta conforme el nuevo código penal, es más grave que la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, la nueva pena excede por mucho el importe pecuniario impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado MARCO TULIO DURON VALERIANO, en favor de los señores MAYKOL JOSUÉ PINEDA RAMOS, MOISES ISAAC MARTÍNEZ PAZ, NELSON ARMANDO QUEZADA DUEÑAS, CARLOS ZAMUEL LEMUS MURILLO, DARWIN ADALID DARE CASTRO; contra la sentencia dictada por Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de Extorsión de fecha cinco de marzo del dos mil veinte(05-03-2020). Y MANDA: Que la secretaria del despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho corresponda. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha dos de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-649-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL