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Sentencia RP-648-24 — Registro 19475

Resumen

Se interpuso recurso de revisión penal por el delito de robo agravado en perjuicio del testigo protegido dos, ya definido y circunstanciado a la pena principal de ocho (8) años ocho (8) meses de reclusión. Se declaró la responsabilidad civil del condenado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a ALLAN JOSUE ALVARADO CRUZ, la pena de OCHO (8) años, ocho (8) meses de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de Robo agravado, en perjuicio de testigo protegido dos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado ALLAN JOSUE ALVARADO CRUZ, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Robo con violencia cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del NCP, ello porque el sentenciado hizo uso de armas de fuego para doblegar cualquier acción de defensa que pudiesen emplear las víctimas y por tratarse de un instrumento altamente peligroso para la integridad física e incluso la vida de los ofendidos; lo que nos da un nuevo margen abstracto de ocho( 8) años a diez (10) años y 8 meses de prisión; por lo que lo que no es más favorable el decreto NCP 130-2017 como lo invoca el revisionista; Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena, pues al concurrir agravante se encuentra dentro de mismo rango punitivo en comparación con la pena impuesta en la legislación penal anterior, conforme disponen los artículo 616, del NCP-130-2017.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE REVISIÓN PENAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Wagner Vallecillo Paredes pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0648-2024, promovido por el Abogado GABRIEL EDUARDO OSEGUERA VARELA en favor de ALLAN JOSUE ALVARADO CRUZ, contra la sentencia de fecha veinticinco (25) de Agosto de dos mil cuatro (2004), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al acusado ALLAN JOSUÉ ALVARADO CRUZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por su participación a título de autor del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO DOS, ya definido y circunstanciado a la pena principal de OCHO (8) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN. Pena deberá computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto, al tenor de lo dispuesto en el Código Penal. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos, al acusado ALLAN JOSUÉ ALVARADO CRUZ, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del condenado ALLAN JOSUÉ ALVARADO CRUZ, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. SON PARTES: 1) El Abogado GABRIEL EDUARDO OSEGUERA VARELA, en favor de ALLAN JOSUE ALVARADO CRUZ como revisionista. 2) La abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ, Fiscal del Ministerio Publico. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL. UNICO: El día dos de agosto de dos mil tres, siendo aproximadamente las tres de la tarde, en un bus de la ruta urbana UNAH-CARRIZAL, se conducían los testigos 1 y 2, cuando a la altura de la gasolinera Shell Centro América, por la puerta frontal del bus se subió a éste el señor Allan Josué Alvarado, quien portaba una arma de fuego y era acompañado de dos personas de generales desconocidas los cuales se subieron por la parte trasera del bus. En ese momento, el señor Allan Josué Alvarado, haciendo uso del arma de fuego que portaba, les dijo a todos los pasajeros del bus que era un asalto y que dieran todo lo que tenían, ordenándoles a las otras dos personas que le acompañaban que quitaran todos los objetos a los pasajeros y despojando estos al testigo 2 de una gorra, un reloj y doscientos lempiras que portaba. Una vez que había despojado a los pasajeros del bus de sus pertenencias, el señor Allan Josué Alvarado junto con las dos personas que le acompañaban se bajaron de bus y se fueron del lugar. ANTECEDENTES PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha diez de octubre de dos mil tres, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada Ritza Yolanda Antúnez Reyes, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Allan Josué Alvarado Cruz, por suponerlo responsable del delito de Robo Agravado, en perjuicio de Eder Alí Calix Álvarez. (Folios 1-4 del antecedente) SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil cuatro, el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia por mayoría de votos, mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos al acusado ALLAN JOSUÉ ALVARADO CRUZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, por su participación a título de autor del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO DOS, ya definido y circunstanciado a la pena principal de OCHO (8) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN. Pena deberá computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto, al tenor de lo dispuesto en el Código Penal. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos, al acusado ALLAN JOSUÉ ALVARADO CRUZ, como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del condenado ALLAN JOSUÉ ALVARADO CRUZ, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales, teniendo la parte interesada el término de veinte días para la interposición del recurso de casación contra la presente sentencia. Así por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos…” (Folios 103-111 del antecedente) TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. En fecha veinticuatro de mayo de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Gabriel Eduardo Oseguera Varela, a favor del señor Allan Josué Alvarado Cruz, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-4 del recurso de mérito) CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Gabriel Eduardo Oseguera Varela, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Allan Josué Alvarado Cruz; El Ministerio Público consideró: “…II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición. del recurso, solicita que se revise la Sentencia firme dictada por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil cuatro (2004); fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, los delitos por el cual fue condenado su representado ahora se sancionan con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispones "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la sala de 10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes 11. 2) 3)4151617), 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,... relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal, vigente. Del análisis de la sentencia objeto de revisión y del examen de hechos declarados probados, se desprende que el sentenciador condeno ALLAN JOSUE ALVARADO CRUZ, por el delito de ROBO AGRAVADO, a la pena de OCHO (8) AÑOS, OCHO (8) MESES DE RECLUSIÓN, en aplicación del artículo 218 párrafo primero, relacionado con el artículo 219 del Código Penal derogado, que señalaba la pena de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión, aumentada en 1/3. Por su parte, el Código Penal vigente (decreto 130- 2017); sanciona esta conducta en el ARTÍCULO 361, tipificada como ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN, el cual es sancionada con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, misma que deberá ser aumentada en un tercio (1/3) por concurrir la agravante señalada en el numeral 9) del artículo 363 del mismo cuerpo legal, al haberse cometido los hechos empleando armas, resultando una pena a imponer de ocho (8) años a diez (10) años ocho meses, advirtiéndose que la pena impuesta al condenado se encuentra dentro del mismo rango punitivo imponible tanto en el código penal derogado como en el código penal vigente. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, por no cumplir los requisitos establecidos en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado y se solicita se mantenga la pena impuesta. III OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por las razones antes expuestas…” (Folios 29-31 vuelto del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeració taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado GABRIEL EDUARDO OSEGUERA VARELA, en favor de ALLAN JOSUE ALVARADO CRUZ, como revisionista; y, la Abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA , en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado Gabriel Eduardo Oseguera Varela, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que hay una disminución de la pena para el delito de Robo Agravado, por lo que pide la aplicación retroactiva del NCP 130-2017. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que se trata de un delito de robo con violencia, el cual es sancionado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, misma que deberá ser aumentada en un tercio (1/3) Por concurrir la agravante señalada en el numeral 9) del artículo 363 del mismo cuerpo legal, al haberse cometido los hechos empleando armas, tal como se desprende de la declaración de hechos probados y fundamentación jurídica de la sentencia que se pretende revisar, resultando una pena a imponer de ocho (8) años a diez (10) años ocho meses, advirtiendo que la pena impuesta al condenado se encuentra dentro del mismo rango punitivo imponible tanto en el código penal derogado como en el código penal vigente por lo que es del parecer porque SE DENIEGUE la presente acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. El artículo 616 del Código Penal prevé (CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE) que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a ALLAN JOSUE ALVARADO CRUZ, la pena de OCHO (8) años, ocho (8) meses de reclusión, por ser autor penalmente responsable del delito de Robo agravado, en perjuicio de testigo protegido dos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado ALLAN JOSUE ALVARADO CRUZ, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Robo con violencia cuyas penas son prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. i. El margen abstracto imponible de 4 a 8 años de prisión debe aumentarse en un tercio (1/3) al concurrir la agravante específica del artículo 363 numeral 9) del NCP, ello porque el sentenciado hizo uso de armas de fuego para doblegar cualquier acción de defensa que pudiesen emplear las víctimas y por tratarse de un instrumento altamente peligroso para la integridad física e incluso la vida de los ofendidos; lo que nos da un nuevo margen abstracto de ocho( 8) años a diez (10) años y 8 meses de prisión; por lo que lo que no es más favorable el decreto NCP 130-2017 como lo invoca el revisionista; Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena, pues al concurrir agravante se encuentra dentro de mismo rango punitivo en comparación con la pena impuesta en la legislación penal anterior, conforme disponen los artículo 616, del NCP-130-2017. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado GABRIEL EDUARDO OSEGUERA VARELA en favor del señor ALLAN JOSUE ALVARADO CRUZ. Y MANDA: Que la secretaria del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-648-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL