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Sentencia RP-641-23 — Registro 20006

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Parricidio en aplicabilidad del Principio de Retroactividad de la Ley en materia penal, la Sala Constitucional concluye que, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales permite determinar que, el Código Penal vigente, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado, por lo que sí es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal contenida en el Decreto Legislativo número 130-2017, por resultar mas beneficiosa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales permite determinar que, el Código Penal vigente, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado, por lo que sí es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal contenida en el Decreto Legislativo número 130-2017, en favor del señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ; debiendo aplicársele la pena media hasta el límite máximo, en vista a concurrir circunstancias modificativas agravantes, conforme al artículo 32, numeral 8) de la nueva norma jurídico penal, atinente a acometer el delito con motivo o razones de género, por tratarse de su pareja; circunstancia que, por otra parte, se encuentra consumida por el tipo penal especial del delito de PARRICIDIO, sin concurrir ninguna circunstancia modificativa atenuante, en cambio; lo cual conlleva a revisar la pena, imponiendo la estipulada en la primera sección del artículo 194 del Código Penal vigente, al tenor del artículo 70, literal b), ambos del Decreto Legislativo número 130-2017, en su límite máximo; anulando, en lo conducente, la parte de la sentencia que condena al señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de MARTHA ALICIA VARGAS GIRON; por resultar más gravosa, en definitiva, para el sentenciado, y ahora beneficiario del presente recurso."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por la Abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTE a favor del señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha diez de octubre de dos mil once, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de MARTHA ALICIA VARGAS GIRON. (Exp. No.285-11). ANTECEDENTES 1) Que en fecha seis (06) de Agosto del dos mil nueve (2009) el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, JUAN CARLOS POSADAS presentando REQUERIMIENTO FISCAL, en contra de JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ, a quien se le atribuye la comisión del ilícito de PARRICIDIO en perjuicio de quien en vida fuera MARTHA ALICIA VARGAS GIRON. (Folios 01-06 del recurso de mérito) 2) Que en fecha diez (10) de octubre del dos mil once (2011), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al señor JUAN MANUEL SALGADO MARTÍNEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena principal de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN por considerarlo responsable del delito de PARRICIDIO en perjuicio de la señora MARTHA ALÍCIA VARGAS GIRÓN, la que deberá cumplir en la penitenciaría que corresponda de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. SEGUNDO: Asimismo, lo condenamos a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del condenado el señor JUAN MANUEL SALGADO MARTÍNEZ, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No se declara el comiso por no haber puesto la orden del Tribunal ninguna pieza de convicción o ejecución del delito. OCTAVO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. NOVENO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS. (Folios 150-159 del recurso de mérito) 3) En fecha diecinueve (19) de octubre del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ con la comparecencia de la abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y de la abogada MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ; Sobre las alegaciones del recurrente para que se aplique al sentenciado las penas mínimas del artículo 194 delito de parricidio del Código Penal vigente, (decreto 130-2017) (decreto 130-2017) que castiga con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, a quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior; el Ministerio Público refiere que conforme al fallo emitido, el condenado JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ el 20 de julio del 2004 ejecutó mediante estrangulamiento la muerte de quien en vida fuera su compañera de hogar de nombre MARTHA ALICIA VARGAS GIRON. Durante la vista pública respecto a este hecho probado del fallo se concluyó el conocimiento y voluntad del imputado para realizarlo, el hecho de que fuera un hombre fuerte de contextura gruesa, presionara el cuello de la ofendida, que era una persona de talla menuda con un peso de 130 libras que medía 1.55, con la intensidad y fuerza suficiente como para comprimir sus carótidas, solo es posible comprenderlo como un acto violento tendiente a quitarle la vida. II. Conforme al fallo emitido quedó establecida la circunstancia agravante de ejecución mediante abuso de superioridad, (por la fuerza del ejecutor al propinar los golpes físicos y estrangular a víctima) la situación familiar de ser pareja, ser mujer y convivir en el mismo domicilio y aprovechar las circunstancias de lugar, al haberlo cometido en las horas de la noche, hasta haberla hecho sufrir de acuerdo a las evidencias del cadáver, llevaría a que se aplique el párrafo segundo del artículo 194 que señala el aumento de la pena un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia este, se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato, en este caso la alevosía y el ensañamiento. Y también se tendría que hacer aplicación del artículo 32 del nuevo Código Penal por concurrir las agravantes señaladas en el artículo 32 numerales 2), 4) y 8) en relación con el artículo 70 imponiendo la pena en su límite máximo por la concurrencia de las agravantes observadas. III. Conforme a lo antes expuesto la pena de parricidio de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión del artículo 194 del Código Penal vigente, con el aumento de un tercio (1/3) resulta en una pena abstracta de veinticinco años (25) a treinta y tres años, cuatro meses (33 años, 4 meses), pena de prisión que al tomar en consideración todas las circunstancias concurrentes con la aplicación completa del nuevo Código Penal, para la Individualización concreta de la pena, se tendría que imponer la pena de treinta y tres años, cuatro meses de prisión, que es más del tiempo que la impuesta de treinta años de reclusión. III. EN CONCLUSION: El Ministerio Público considera NO HA LUGAR el recurso de revisión interpuesto por la abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTES a favor del condenado JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ por no ser la aplicación completa del presente código penal. (Folios 13-15 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone, entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, según dispone el numeral ocho del referido artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, mientras tanto, dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen de la interposición de la Garantía Constitucional de Revisión para que se aplique la retroactividad de una Ley Penal por resultar más benigna. La recurrente, abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTE, funda su petición garante en promoción de recurso de revisión penal interpuesto a favor del condenado, señor JUAN MANUEL SALGADO MARTÍNEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha diez de octubre de dos mil once, con fundamento en el artículo 96 y demás aplicables de la Constitución de la República y los artículos 615, 616, 621 y 35 del vigente Código Penal (Decreto No. 130-2017), aduciendo que resulta más benigna la aplicación retroactiva de la nueva ley penal a su representado, en comparación a la pena concreta que le fuera impuesta, por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de su esposa, la señora MARTHA ALICIA VARGAS GIRÓN. Solicita, en consecuencia, se le aplique a su representado, la penalidad establecida en el artículo 194 del vigente Código Penal (Decreto No. 130-2017); en sustitución de la pena mínima prevista en el artículo 118 del Código Penal derogado; de lo cual colegiría se debe sustituir la pena impuesta de 30 años de reclusión, por una nueva pena en su rango mínimo, la cual ascendería concretamente a 20 años de prisión; reduciéndola en 10 años de reclusión; solicitando de esta honorable Corte Suprema de Justicia, que sea quien conforme el tiempo de reducción de pena correcto. CONSIDERANDO (4): Resumen de lo argumentado por las partes en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión promovida a favor del señor JUAN MANUEL SALGADO MARTÍNEZ, se celebró en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de las abogadas MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA, a favor del señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ, y de la abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Cedida que fue la palabra a la Abogada Defensora Sustituta, MIRLA AUXILIADORA REYES OSEGUERA, quien ratificó lo conceptos relacionados en interposición del presente recurso. Cedida que fue la palabra a la Agente de Tribunales de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, manifestó que, al examinar lo peticionado por la revisionista, no encuentra conforme a derecho el otorgamiento de la presente garantía constitucional. Fundamenta su oposición en vista a que el señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ fue condenado por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de su señora esposa, MARTHA ALICIA VARGAS GIRÓN a la pena impuesta de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN y a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, en fecha diez de octubre de dos mil once; en aplicación de lo que estipulaban los artículos 118 y 32 del Código Penal derogado para el delito de PARRICIDIO; delito el cual, según el pertinente análisis jurídico, se regula en el nuevo Código Penal en el artículo 194, sancionando con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años a quien de muerte a sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza; lo cual acaeció en el presente caso, según refiere conforme el fallo emitido, en fecha 20 de julio de 2004, cuando el condenado, señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ cometió el delito de PARRICIDIO por estrangulamiento en perjuicio de su esposa, la señora MARTHA ALICIA VARGAS GIRÓN. Fundamenta el anterior aserto, la representación del Ministerio Público, en que, durante la vista pública respecto a este hecho probado del fallo, se concluyó en el conocimiento y voluntad del imputado para realizarlo; el hecho de que fuera un hombre fuerte, de contextura gruesa el hechor, mientras la ofendida una persona de tal menuda, con un peso de 130 libras, con una altura de 1.55; considerando conforme al fallo emitido, la circunstancia agravante de ejecución mediante abuso de superioridad (por la fuerza del ejecutor al propinar los golpes físicos y estrangular a la víctima); la situación familiar de ser pareja, el hecho de ser mujer la víctima y convivir en el mismo domicilio; así como aprovechar las circunstancias de lugar, el haberlo cometido en horas de la noche, hasta haberla hecho sufrir de acuerdo a las evidencias del cadáver; todo lo cual conllevaría a un sufrimiento causado a la víctima, de acuerdo a las evidencias del cadáver y, jurídicamente, a que la comisión de este delito se estipule en una modalidad agravada, que prescribe el aumento de la pena abstracta en un tercio (1/3), de concurrir circunstancias de alevosía y ensañamiento, calificadas para el delito de ASESINATO, en fundamentación a lo establecido en los artículos 32, numerales 2), 4) y 8), en relación al artículo 70, todos del Código Penal vigente, para las circunstancias agravantes comunes y la determinación concreta de la pena. En conclusión, debido a que el nuevo Código Penal sanciona el delito de PARRICIDIO, en su modalidad agravada, con una pena en el rango abstracto de entre VEINTICINCO (25) y TREINTA Y TRES (33) AÑOS CUATRO MESES DE PRISIÓN; de lo cual se infiere que la pena privativa de libertad impuesta al beneficiario del recurso, conforme a la legislación derogada, como es la de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, resultaría menor a la que le sería aplicable, tomando en consideración las circunstancias concurrentes, con la aplicación completa del nuevo Código Penal, con arreglo a las reglas de determinación previstas en el vigente Código Penal. Por todo lo cual se pronuncia la Fiscalía del Ministerio Público porque no se otorgue la presente acción de revisión penal, al no resultar beneficiosa respecto a la pena impuesta al garantista, con base a la legislación penal anteriormente vigente. Tal es, en resumen, la argumentación expuesta por las partes comparecientes, en Audiencia de oposición y presentación de pruebas. CONSIDERANDO (5): Que el texto del artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable. CONSIDERANDO (6): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración, según dispone el referido artículo, se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. El párrafo cuarto del consabido artículo 616 del Código Penal, establece, por su parte: “Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código Penal sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena”. Cabe hacer mención, en ese orden de ideas, que mediante sentencia emitida por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha diez de octubre de dos mil once, el señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ fue condenado por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de su señora esposa, MARTHA ALICIA VARGAS GIRÓN a la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN y a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. Para efectuar la revisión solicitada, debe tenerse en cuenta, la comparación de preceptos penales, entre lo establecido en el artículo 118 del Código Penal derogado y el artículo correlativo del Código Penal vigente; los cuales disponen, por su orden, lo siguiente: “Artículo 118. Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión”. Mientras que, el artículo 194 del Código Penal vigente, estimado como más favorable por el garantista, establece; “Artículo 194.- PARRICIDIO. Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia este se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato”. CONSIDERANDO (8): Que, Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente, la exigencia de lex praevia, determina que, un hecho sólo puede ser sancionado como delito, si previamente así lo ha prescrito la Ley. CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que, se conoce mediante el presente Recurso, la revisión de la sentencia dictada por parte del TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha diez de octubre de dos mil once, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de MARTHA ALICIA VARGAS GIRON, imponiéndole la pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, en conjunto a las penas accesorias de ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, conforme las disposiciones del Código Penal (Decreto Legislativo número 130-2017), el delito de PARRICIDIO, del artículo 194 del Código Penal vigente, estimado como más favorable por el garantista, prevé una pena abstracta de veinte (20) a veinticinco (25) años, a quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior; acción acometida por el condenado, señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ, en fecha 20 de julio del 2004, mediante estrangulamiento de quien en vida fuera su compañera de hogar, la señora MARTHA ALICIA VARGAS GIRON, provocándole la muerte. Según se desprende de los hechos probados en la sentencia que se revisa, tal acción se realizó con conocimiento y voluntad del imputado para realizarlo dolosamente, resultando así probados los elementos típicos del delito de PARRICIDIO; mas no así de la concurrencia de las circunstancias agravantes comunes del artículo 32, numerales 1) y 3), con relación al delito cualificado de los artículos 193 y 194 del Decreto Legislativo número 130-2017. CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, la comparativa de penas entre las dos (2) legislaciones penales permite determinar que, el Código Penal vigente, prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83, ahora derogado, por lo que sí es procedente la aplicación retroactiva de la norma penal contenida en el Decreto Legislativo número 130-2017, en favor del señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ; debiendo aplicársele la pena media hasta el límite máximo, en vista a concurrir circunstancias modificativas agravantes, conforme al artículo 32, numeral 8) de la nueva norma jurídico penal, atinente a acometer el delito con motivo o razones de género, por tratarse de su pareja; circunstancia que, por otra parte, se encuentra consumida por el tipo penal especial del delito de PARRICIDIO, sin concurrir ninguna circunstancia modificativa atenuante, en cambio; lo cual conlleva a revisar la pena, imponiendo la estipulada en la primera sección del artículo 194 del Código Penal vigente, al tenor del artículo 70, literal b), ambos del Decreto Legislativo número 130-2017, en su límite máximo; anulando, en lo conducente, la parte de la sentencia que condena al señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ a la pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de MARTHA ALICIA VARGAS GIRON; por resultar más gravosa, en definitiva, para el sentenciado, y ahora beneficiario del presente recurso. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 32, 70, 580 Numeral 2, 615 y 616 del Código Penal; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada LILIAN GUTIERREZ CARABANTE a favor del señor JUAN MANUEL SALGADO MARTINEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS en fecha diez (10) de octubre del año dos mil once (2011), y; III) SE MODIFICA LA SENTENCIA REVISADA, en el sentido de reformar el capítulo primero de la parte resolutiva, la cual deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al señor JUAN MANUEL SALGADO MARTÍNEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena principal de VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN por considerarle responsable del delito de PARRICIDIO en perjuicio de la señora MARTHA ALÍCIA VARGAS GIRÓN, la que deberá cumplir en la Penitenciaría que corresponda de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado cumpliendo la pena de reclusión impuesta”; ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-641-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL