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Sentencia RP-632-23 — Registro 19413

Resumen

Se interpone acción de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria firme, con relación a la causa que se instruyó por el delito de Secuestro; en base a existencia de nueva legislación mas favorable, la que después de su estudio se declaró con lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada..." …" … Está prevista en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) en el artículo 239 como delito de SECUESTRO cuyas penas es de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena y según los hechos probados al haberse privado a la víctima de la libertad por más de setenta y dos horas y por haberse cometido el delito en el ámbito de un grupo delictivo organizado, por lo que corresponde imponer una pena entre quince a veinte años de prisión, de conformidad con el artículo 240 números 3 y 7 en relación con el artículo 136 del nuevo código penal, y al considerar que medió acuerdo de estricta conformidad para imponer la pena mínima, se verifica que la nueva pena privativa de la libertad que corresponde con el nuevo código (15 años de prisión), es más beneficiosa, en consecuencia, es procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por que representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 del nuevo código penal..." …" Que debemos condenar y condenamos a los señor EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA Y JOSE NEPTALI JIMENEZ, por ser autores responsable penalmente de UN DELITO DE SECUESTRO, en perjuicio del señor RONAL AMILCAR PEÑA PEÑA, en consecuencia, les condena a la pena de QUINCE(15) AÑOS DE PRISION, a la cual deberá deducirse el tiempo en que los condenado hayan estado privados de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal (decreto 130-2017... …"

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, a favor de los señores Edvin Gerardo Siliezar Lara y José Neptalí Jiménez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Edvin Gerardo Siliezar Lara y José Neptalí Jiménez, por haber sido condenados por el delito de Secuestro, en perjuicio de Ronald Amílcar Peña Peña. ANTECEDENTES 1) En fecha diez de enero de dos mil dieciocho el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, a los señores EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA, NIMER IVAN BLANCO ZACAPA, SANTOS MARTIR BARAHONA GOMEZ Y JOSE NEPTALI JIMENEZ, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsable penalmente del delito de Secuestro, en perjuicio de del señor RONAL AMILCAR PEÑA PEÑA, por el cual se les impone una pena de Veinte años (20 años), como pena principal, penas que deberá cumplir en un Centro Penitenciario del País; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además, se le impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena. SEGUNDO: Se declara a los condenados responsable civilmente. TERCERO: Se decreta el comiso de 1) Un teléfono color azul y negro. 2.- Un teléfono celular marca SANSUNG, color negro y gris. 3.- Teléfono celular color negro marca ALCATEL. 4.- Un Teléfono color negro con franja roja, marca LG, sin tapadera. CUARTO: No se condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. NOTIFIQUESE A LAS PARTES PROCESALES DE LA PRESENTE SENTENCIA…” (Folios 1-8 del antecedente) 2) En fecha dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, a favor de los señores Edvin Gerardo Siliezar Lara y José Neptalí Jiménez, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 3) En fecha veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Marvin Rigoberto Espinal Pinel, con la comparecencia de la Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, actuando en su condición de Apoderada de los señores Edvin Gerardo Siliezar Lara y José Neptalí Jiménez y la Abogada Sandra Lorena Zuniga García, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix en la condición con que actúo, ratificó la acción de revisión, arguyendo que el tribunal de primera instancia dictó sentencia contra sus representados, condenándolos a una pena de veinte años de reclusión por el delito de secuestro fundamentando la sentencia en el artículo 195 del Código Penal decreto 144-1983, el cual señalaba una pena de veinte años de reclusión a privación de libertad de por vida y amparada en el artículo 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y en vista que el veinticinco de junio de dos mil veinte, entró en vigencia el decreto legislativo 130-2017, en relación a lo que establece el artículo 96 de la Constitución de la República, basado en el principio de legalidad y en el artículo 240 del Código Penal vigente según decreto 130-2017, que establece una pena para el delito de secuestro agravado de doce a quince años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena, por lo que la pena que se encuentra en el Código Penal es más benigna. El Ministerio Público consideró citó: “…Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por la revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de SECUESTRO por el cual se condenó a los hoy imputados GERARDO SILIEZAR LARA Y JOSE NEPTALI JIMENEZ. EL delito de SECUESTRO se sancionaba en el artículo 192 del Código Penal derogado, con una pena de 20 AÑOS A PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE POR VIDA, "Aun cuando no consiguiere su propósito, quien, con violencia, intimidación, engaño u otra forma que vicie el consentimiento, sustraiga, retenga, desplace, oculte o prive de cualquier otra manera de su libertad a una o más personas, con cualesquiera de los propósitos siguientes: a) Obtener a cambio de la libertad de la o las personas secuestradas, dinero, bienes, títulos u otra utilidad o beneficio; b) c) ". En el Nuevo Código Penal Vigente, el delito de SECUESTRO se encuentra regulado en el Articulo 239. "Quien priva de la libertad a otra persona exigiendo alguna condición para liberarla, debe ser castigado con las penas de prisión de 8 A 12 AÑOS Y PROHIBICIÓN DE RESIDENCIA POR EL DOBLE TIEMPO DE LA CONDENA". Sin embargo, y siendo que de los hechos probados se desprende que en el hecho participaron tres personas y conforme al artículo 136 del Código Penal, se define al GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO, como lo siguiente: "Se considera grupo delictivo organizado estructurado de tres (3) a más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados conforme lo dispuesto en el presente Código"; asimismo la victima estuvo privado de su libertad por más de 72 horas, concurriendo las causales previstas en los numerales 3 y 7 del artículo 240 de la norma sustantiva en comento, que señala: "El hecho previsto en el artículo anterior debe ser castigado con las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1… 2) La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) hora. 3)… 4)… 5)… 6)…7) el delito se comete en el ámbito de un grupo organizado 8)…9)… Si concurrieran dos o más circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años. De tal manera que al haber sido condenado a la pena mínima corresponde que se aplique bajo la misma circunstancia. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, que reza: Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. Por lo que concluimos que las disposiciones del actual Código Penal son más favorables al sentenciado, en tanto es procedente aplicar el Principio de Retroactividad en virtud que lo peticionado por la revisionista se encuentra conforme a Derecho. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…” (Folios 26-28 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (10): Esta Sala de lo Constitucional reitera : La Constitución de la República dispone que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno y concatenado con las disposiciones de la Ley sobre Justicia Constitucional, esta se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales, por ello se vuelve imperativo consolidar la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la interpretación que este Tribunal Internacional ha realizado en relación al principio de la ley penal más favorable; se vuelve importante también hacer referencia al principio pro homine o pro persona en atención a la interpretación de las normas jurídicas atinentes a la protección de derechos humanos; al respecto Constanza Núñez, citando la obra de Mónica Pinto, señala: “es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre”. La autora también cita en el mismo sentido a la Corte Constitucional Colombiana, quien se ha referido a éste de la siguiente manera: “El principio de interpretación pro homine, impone aquella interpretación de las normas jurídicas que sea más favorable al hombre y sus derechos, esto es, la prevalencia de aquella interpretación que propenda por el resto de la dignidad humana y consecuentemente por la protección, garantía y promoción de los derechos humanos y de los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional”; por ello la interpretación que realice este Alto Tribunal de Justicia Constitucional del contenido del artículo 616 del nuevo Código Penal, debe ser congruente con la interpretación pro homine, en protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República, específicamente el artículo 96 que propende a la aplicación del principio de la ley penal más favorable al delincuente o procesado. CONSIDERANDO DIEZ (11): La sentencia que hoy se estudia en revisión penal, estableció como “HECHOS PROBADOS: PRIMERO: En fecha 30 de noviembre del año 2015, siendo aproximadamente las 5:30 a.m, el señor RONAL AMILCAR PEÑA PEÑA salió de su casa de habitación ubicada en la Aldea de Carbónales del Municipio Bonito Oriental, departamento de Colon, quien se conducía en su vehículo Toyota, 2.8 color azul quien se conducía a realizar labores agrícolas y a poca distancia de su vivienda fue interceptado por tres individuos, dos de ellos la víctima los pudo observar que iban armados, quienes fueron identificados los dos como Santos Martir Barahona Gómez y Jose Neptali Jiménez, quienes mediante amenaza con arma de fuego obligaron al señor RONAL AMILCAR PEÑA PEÑA abordar un vehículo, marca Nissan frontier, color blanco crema, doble cabina, lo introdujeron en la parte trasera del vehículo, le colocaron una bolsa de tela de color negro en la cabeza y se le llevaron con rumbo desconocido, transcurriendo 40 minutos aproximadamente de haber sido interceptado el señor Ronal Peña, el vehículo detuvo su marcha, bajaron a la víctima del carro lo obligaron a caminar hasta llegar a un punto alto de la montaña, procedieron amarrarlo, siendo cuidado por los señores Edvin Gerardo Siliezar Lara Nimer Ivan Blanco Zacapa, Jose Neptali Jimenez Antunez. SEGUNDO: Como a eso de las 5:30 de la tarde de ese mismo día el señor HERNAN ROBERTO PEÑA recibió una comunicación a su abonado celular llamada proveniente del 9584-8805 donde una voz masculina le comunicó que tenía a su hijo y que se preparara, más tarde siendo aproximadamente las 7:00 p.m., el señor HERNAN ROBERTO PEÑA nuevamente recibe una comunicación donde le dicen que tiene a su hijo y que por su liberación le exigen la cantidad de tres millones quinientos mil lempiras exactos (L.3,500,000.) y que de no hacerlo le quitarían la vida a su hijo. El día martes 01 de diciembre del año 2015, siendo aproximadamente las tres de la tarde el señor HERNAN ROBERTO PEÑA recibe otra comunicación en esta ocasión utilizaron otro número de celular 9583-9515 donde le preguntaron si ya tenía el dinero que le estaban solicitando, con toda esta investigación se procedió a dar inicio a la labor de búsqueda del señor RONAL AMILCAR PEÑA PEÑA interviniendo a través de la Unidad de Intervención de las Comunicaciones UIC las líneas de donde se estaban realizando las llamadas exigiendo el pago del rescate de la víctima es por ello que se produce información donde se establece que el aparato celular en uso de los secuestradores con IMEI No.359903055571830 para el día 02 de diciembre del mismo año se comunicó con el señor HERNAN ROBERTO PEÑA donde le realizaban nuevamente la exigencia económica, a través de la información proporcionada por la Sala de Intervenciones de las Comunicaciones, se estableció que en este IMEI en este aparato se introdujo el No.9698-0149 quien lo portaba era el señor NIMER IVAN BLANCO quien era una de las personas que realizaba las llamadas negociando con el padre de la víctima, para la entrega del dinero, en fecha 05 de diciembre del año 2015 el señor SANTOS MARTIR BARAHONA GOMEZ portando el número de celular 9894-2881 se comunicó con el señor NIMER IVAN BLANCO portador del número celular 9521-9981. Con toda esta información los agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros, ya tenían identificado a JOSE NEPTALI JIMENEZ Y SANTOS MARTIR BARAHONA GOMÉZ, a quien le seguían la pista, siendo investigados, así que se trasladaron a la zona, el 08 de diciembre de 2015 realizan trabajos de vigilancia en el sector es por ello que siendo aproximadamente 10:15 p.m., los investigadores observan a una persona de sexo masculino a bordo de una bicicleta llevando en la mano una bolsa quien al ver la presencia policial quiso darse a la fuga, por lo que los agentes procedieron a darle detención en el Barrio la Ceiba de Tocoa en el departamento de Colón, a quien se identifica con el nombres SANTOS MARTIR BARAHONA GOMEZ portador del número 9894-2881, posteriormente la unidad de intervención de las comunicaciones les reporta a los agentes que Jose Neptali Jiménez se comunicó con Nimer Ivan Blanco donde le manifiesta que se reunieran en el lugar denominado Carbonales, y siendo aproximadamente las 23:30 p.m cuando transitaban los agentes por el puente de carbonales logran observar a 2 personas sospechosas por lo que procedieron a identificarse y los requirieron y corroboran que los numero que estos portaban eran los mismos números que les había reportado la Unidad de Intervención de las Comunicaciones que estaban siendo utilizados por los secuestradores, y procedieron a darle formal detención identificados como JOSE NEPTALI JIMENEZ y NIMER IVAN BLANCO, los agentes realizaron recorrido por el sector de las Pilas, Tesorito de Trujillo, departamento de Colón, según información recibida ese era el lugar de cautiverio de la víctima, se acercaron al lugar y vieron tres individuos que al ver la presencia de la autoridad se dieron a la fuga, uno de ellos comenzó a dispararles a los agentes y salió huyendo del lugar los otros dos se quedaron siendo identificados EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA y la otra persona era la victima RONAL AMILCAR PEÑA PEÑA, por lo que los agentes le dan detención a SILIEZAR quien cuidaba a la víctima y posteriormente procedieron a liberar a la víctima”. Asimismo, en la sentencia se falló: “PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, a los señores EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA, NIMER IVAN BLANCO ZACAPA, SANTOS MARTIR BARAHONA GOMEZ y JOSE NEPTALI JIMENEZ, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsable penalmente del delito de Secuestro en perjuicio de del señor RONAL AMILCAR PEÑA PEÑA, por el cual se les impone una pena de Veinte años (20 años), como pena principal, penas que deberá cumplir en un Centro Penitenciario del País; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional; además, se le impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; ambas penas accesorias se imponen durante el tiempo de duración de la condena. SEGUNDO: Se declara a los condenados responsable civilmente. TERCERO: Se decreta el comiso de 1) Un teléfono color azul y negro. 2.- Un teléfono celular marca SANSUNG, color negro y gris. 3.- Teléfono celular color negro marca ALCATEL. 4.- Un Teléfono color negro con franja roja, marca LG, sin tapadera. CUARTO: No se condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.”. La conducta por la cual fueron condenados los señores EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA Y JOSE NEPTALI JIMENEZ, está prevista en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) en el artículo 239 como delito de SECUESTRO cuyas penas es de prisión de ocho (8) a doce (12) años y prohibición de residencia por el doble del tiempo de la condena y según los hechos probados al haberse privado a la víctima de la libertad por más de setenta y dos horas y por haberse cometido el delito en el ámbito de un grupo delictivo organizado, por lo que corresponde imponer una pena entre quince a veinte años de prisión, de conformidad con el artículo 240 números 3 y 7 en relación con el artículo 136 del nuevo código penal, y al considerar que medió acuerdo de estricta conformidad para imponer la pena mínima, se verifica que la nueva pena privativa de la libertad que corresponde con el nuevo código (15 años de prisión), es más beneficiosa, en consecuencia, es procedente la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por que representa un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme disponen los artículos 616 del nuevo código penal. CONSIDERANDO ONCE (12): Este Tribunal Constitucional advierte que el Ministerio Público, es del criterio que se acceda a lo peticionado por la defensa por considerar que es procedente la aplicación del nuevo código penal por ser más beneficioso para el condenado. CONSIDERANDO DOCE (13): Conforme lo previsto por el artículos 57 y 58 del Código Penal vigente, la pena de prisión por más de cinco años, lleva consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. CONSIDERANDO (14): De conformidad con el artículo 118 del Código Penal, el procesado está obligado a reparar los daños y perjuicios causados. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la opinión favorable del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y segundo y 101 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 192 del Código Penal de 1983; 1, 25, 58, 239, 240 número 3 y 7 y párrafo segundo, 615 y 616 del Código Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 322 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada LILI ROXANA CHINCHILLA CALIX, a favor de los señor EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA Y JOSE NEPTALI JIMENEZ contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, de fecha diez de enero de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Edvin Gerardo Siliezar Lara y José Neptalí Jiménez, por haber sido condenados por el delito de Secuestro, en perjuicio de Ronald Amilcar Peña Peña. Segundo: Se Anula parcialmente la sentencia definitiva firme únicamente en relación a los señores EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA Y JOSE NEPTALI JIMENEZ, misma que fue dictada en fecha diez (10) de enero del año dos mil dieciocho (2018), por el por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN por considerarlos responsables del delito de Secuestro, en perjuicio de Ronald Amilcar Peña Peña. Tercero: Se pronuncia nuevo fallo únicamente en relación a los señores EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA Y JOSE NEPTALI JIMENEZ, en consecuencia, se modifica la sentencia revisada, cuyo parte resolutiva deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señor EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA Y JOSE NEPTALI JIMENEZ, por ser autores responsable penalmente de UN DELITO DE SECUESTRO, en perjuicio del señor RONAL AMILCAR PEÑA PEÑA, en consecuencia, les condena a la pena de QUINCE(15) AÑOS DE PRISION, a la cual deberá deducirse el tiempo en que los condenado hayan estado privados de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal (decreto 130-2017. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA Y JOSE NEPTALI JIMENEZ, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2). TERCERO: Se declara la responsabilidad civil de los señores EDVIN GERARDO SILIEZAR LARA Y JOSE NEPTALI JIMENEZ Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0632-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL