Sentencia RP-615-23 — Registro 19716
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente como autor por el delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras a una pena de tres (3) años, nueve (9) meses y pena pecuniaria, declarándo su responsabilidad civil derivada del delito; La Sala concluyó que a la fecha de solicitud de revisión del fallo condenatorio y con la aplicación de la reforma del código penal (Artículo 439, Decreto 93-2021) el recurrente ya se encontraba gozando de libertad condicional, por lo tanto, no procede otorgar la retroactividad de le ley solicitada en base al Código Penal Vigente; En consecuencia, no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA Y OTROS, la pena de tres (3) años y nueve (9) meses de prisión y multa de 37.5% del valor de lo lavado, que asciende a QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 571,635.98) por ser autores penalmente responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito..."..."Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020 y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave...a Sala de lo Constitucional, pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que: «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, esta Sala encuentra, que si bien es cierto, al señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, se le dictó sentencia condenatoria por el delito de Lavado de Activos y no se encuentra acreditado que haya cometido otros delitos, no acreditó la procedencia de la cantidad de dinero que tuvo bajo su disposición; asimismo, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), fecha en que se solicitó revisión de la sentencia condenatoria de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, y que se aplicara el artículo 439 del Código Penal Reformado, establecido en el Decreto 93-2021, al momento de dicha solicitud, él ya se encontraba gozando de libertad condicional, tal como se establece en la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte ( folio 93) y por lo tanto, no se puede aplicar para otorgar la retroactividad de la ley solicitada, pues el artículo 618 del Código Penal Vigente establece: “Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión DE LA MISMA. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional.” como ocurre en el presente caso. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye, que no es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA; Y por lo tanto, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 439 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 622 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
a
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
a
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
a
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado ADAM ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, a favor del señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la SEGURIDAD SOCIAL. PARTES INTERVINIENTES: Abogado ADAN ALFREDO CASTELANOS ALVARADO, en su condición de Representante procesal del señor JAVIER JOEL ALFARO. Abogada ROSAURA BERNARDEZ GUITY, En su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público .HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL“PRIMERO: En fecha 02 de noviembre del año 2017, se ejecutaron 18 allanamientos y una inspección, al negocio Auto Lote Diversas, dichas diligencias se realizaron con el objetivo de buscar indicios que confirmaran la comisión del delito de Tráfico de Drogas, por parte de la estructura criminal liderada por José Luis Oliva Meza, alias "EL SEÑOR DE LOS CIELOS o EL PATRON", a quien se le dio detención junto con los señores Elizabeth Johana Cáceres, Fredy Hernán Reyes y Santiago Daniel Oliva Meza, así mismo se recolectaron indicios con los cuales se logra identificar la participación de los mismos y junto a otras personas que forman parte de su estructura en la comisión del delito de Lavado de Activos. SEGUNDO: En el allanamiento realizado a Edificio ubicado en la Colonia Bella Vista, ciudad de La Ceiba, coordenadas 15.7745 -86.7815, donde se observa una edificación de tres niveles construida de material, en el primer nivel se encuentra un negocio de nombre Mini Market Abigail y un local utilizado para la venta de comida para perros llamado AGROMAS, en el cual se encontró: 1.- Escritura pública de compra venta, otorgada por ALEXANDER ALFONSO JEREZANO LOPEZ, a favor de JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, la cual está registrada en el Instituto de la Propiedad del Departamento de Colon, bajo el número de matrícula 1590642. TERCERO: Respecto a este inmueble fue allanado y por el motivo que anteriormente era utilizado para realizar trabajos de agricultura por JOSE LUIS OLIVA MEZA, ubicado frente al cementerio en la Colonia Gallardo, Aldea de Rio Esteban, Municipio de Balfate, Departamento de Colon, en las coordenadas N15.8030 W-86.2887, estaba registrado a favor de ALEXANDER ALFONSO JEREZANO LOPEZ, pero fue traspasado a JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, quien desembolso la cantidad de un millón cuatrocientos mil lempiras (L. 1, 400,000.00), según escritura del inmueble fue traspasado en fecha 27 de septiembre del año 2017. Las visitas de JOSE LUIS OLIVA MEZA y sus trabajadores continuaron en el inmueble sin importar que había sido traspasado a otra persona, lo que resulta sospechoso es que el señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, identidad 0101-1994-03244, tiene una edad de 24 años, por lo cual la única justificación para obtener ese dinero, que desembolso es que sea de una familia que tenga un estatus económico alto, de lo contrario podría considerarse como un presta nombre. 2.- Escritura de comerciante individual, otorgada por OSCAR HUMBERTO VALLECILLO ARRIOLA, a favor del mismo, actuando como comerciante individual de la denominada empresa TRANSPORTE VALLECILLO, sufrió modificación la empresa antes mencionada y ahora se denomina AGROMAS, la cual está inscrita en Registro Mercantil, de la ciudad de la Ceiba, Atlántida, bajo el tomo 274 asiento 48. CUARTO: En el allanamiento y registro realizado al negocio AGROMAS, se encontraron los documentos de escritura pública de compra venta, otorgada por CASH $ ORO ROATAN, a favor de JAIME ENRIQUE REYES BODDEN, sobre un lote de terreno ubicado en la quinta etapa de la Residencial el Toronjal y registrado en el Instituto de la Propiedad de la Ceiba Atlántida, bajo matricula 3460603, estas escrituras pertenecen a la vivienda donde residía CARMEN JOLYBETH VASOUEZ MENDOZA. Es preciso señalar que, al momento del allanamiento de la referida vivienda, se encontraba CARMEN JOLYBETH VASOUEZ MENDOZA, quien manifestó ser pareja sentimental de JOSE LUIS OLIVA MEZA y que producto de esta relación nació un hijo y relato que la persona que le dio la casa para que viviera fue JOSE LUIS OLIVA MEZA. 6.- Escritura pública otorgada por ALEXANDER ALFONSO JEREZANO LOPEZ, a favor de OSCAR HUMBERTO VALLECILLO ARRIOLA, donde se encuentra registrado el negocio AGROMAS. 5041901530350009226558879840007.-Documentos del vehículo marca Nissan, modelo Frontier, color Rojo, con Placa PED6471, a nombre de Alexander Alfonso Jerezano López, el cual fue decomisado a JOSE LUIS OLIVA MEZA Y ELIZABETH JOHANA CACERES PAVON y una constancia extendida donde certifica que en grupo Q el señor ALEXANDER ALFONSO JEREZANO LOPEZ, maneja préstamo y tiene la garantía de un vehículo Nissan Frontier, tipo pick-up, modelo Frontier, color rojo, motor YD25638554P, año 2016, chasis 3N6CD33BOZK359058, la constancia se extiende con la finalidad que pueda proceder con el trámite de reposición de placa. Denuncia con número DPI 742-2016, hecha por ALEXANDER ALFONSO JEREZANO LOPEZ, donde manifiesta perdida de placa delantera del vehículo, un vehículo Nissan Frontier, tipo pick-up, modelo Frontier, color rojo, motor YD25638554P, año 2016, chasis 3N6CD33BOZK359058. QUINTO: En el allanamiento que se realizara en el Inmueble ubicado en La Aldea Lucinda, Municipio de Balfate, Departamento de Colon, a la vivienda donde vive RAFAEL BRIZUELA RODAS, la que consiste en una casa construida de material, pintada de color verde, con techo de aluzinc, color verde, con champas de manaca y bases de madera, cercado con postes de madera y alambres de púas, se encontraron documentos como ser: 4 escrituras de documentos privados de compra venta, los cuales fueron adquiridos en fecha 14 de Mayo del año 2015, 16 de marzo del año 2015, 02 de junio del año 2017 y 12 de septiembre del año 2017, en total de dinero pagado por los inmuebles fue de un millón trescientos cincuenta y cinco mil lempiras (L. 1,355,000.00), cabe señalar que el momento del allanamiento en el inmueble se encontraban los siguientes vehículos: Toyota Hilux, color negro, placa PDV 2721, Mini volqueta color blanco, marca Isuzu, placa AAR4440, una cuatrimotor placa MB3718 y un tractor color verde marca John Deere, la maquinaria pesada era la que trabaja en las propiedades de JOSE LUIS OLIVA y es importante destacar que este tipo de automotores tienen un alto precio en el mercado. SEXTO: Después de haberse realizado los allanamientos se procedió a realizar diligencias de ubicación de las personas que se identificaron con relación a los investigados, con el objetivo de obtener información en cuanto a la relación con los mismos, diligencias que se detallan de la siguiente manera: A.- OSCAR HUMBERTO VALLECILLO ARRIOLA, brindó información referente al contrato de arrendamiento de la vivienda allanada en la Residencial Rancho Lima 2, en el bloque H, Lote número 2, ciudad de Ceiba, Departamento de Atlántida, en las coordenadas 15.7822 -86.7218, se observa una casa construida de material, pintada de color blanco, porche y techo de aluzinc, pintado de color rojo, vivienda donde se encontró a José Luis Oliva Meza.” ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinte (2020), el juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal, dictó sentencia mediante la cual FALLA: CONDENAR: AI señor OSCAR HUMBERTO VALLECILIO ARRIOLA de generales ya conocidas, como responsable penalmente e concepto de Autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES, COMO PENA MÍNIMA DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE CIENTO DOCE PUNTO CINCO POR CIENTO (112.5%) DE LO LAVADO, QUE EQUIVALE A DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIl VEINTITRES PUNTO CUATRO LEMPIRAS (L. 10,299,023.4), como pena principal, la pena de prisión la deberá cumplir en la Penitenciaria Nacional, ubicada en la Aldea de Tamara, de este Departamento de Francisco Morazán o la que el Juez de Ejecución Con Jurisdicción Nacional estime pertinente, debiendo computarse el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa y en el caso de la multa, deberá pagarla a favor del Estado de Honduras a través de la Tesoreria General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia, quedando obligado a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. JIP/JN/PJ. S Sentencia § expediente No. 48-20171P. FOLIO No._411: CÖNDENAR: Al señor RAFAEL BRIZUELA RODAS, de generales ya conocidas, como responsable penalmente en concepto de Autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SIETE (7) AÑOS SEIS (6) MESES, COMO PENA MÍNIMA DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE CIENTO DOCE PUNTO CINCO POR CIENTO (112.5%) DE LO LAVADO, QUE EQUIVALE A SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PUNTO VEINTISEIS LEMPIRAS (L.7,868,892.26), como pena principal, la pena de prisión, la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, ubicada en la Aldea de Tamara, de este Departamento de Francisco Morazán o la que el Juez de Ejecución Con Jurisdicción Nacional estime pertinente, debiendo computarse el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa y en el caso de la multa, deberá pagarla a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia, quedando obligado a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. CONDENAR: Al señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, de generales ya conocidas, como responsable penalmente en concepto de Autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, TRES (3) AÑOS NUEVE (9) MESES, COMO PENA MÍNIMA DE PRISIÓN Y UNA MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO POR CIENTO (37.5%) DE LO LAVADO, QUE EQUIVALE A QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS, (L. 571,635.98), como pena principal, la pena de prisión la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional, ubicada en la Aldea de Tamara, de este Departamento de Francisco Morazán o la que el Juez de Ejecución Con Jurisdicción Nacional estime pertinente, debiendo computarse el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión por la presente causa y en el caso de la multa, deberá pagarla a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia, quedando obligado a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. CONDENAR: Al señor OSCAR HUMBERTO VALLECILLO ARRIOLA, a la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, por el tiempo que dure la condena principal. Se declara a los señores OSCAR HUMBERTO VALLECILLO ARRIOLA, RAFAEL BRIZUELA RODAS Y JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, responsables civilmente. Se declara el comiso de los activos y los instrumentos o medios con que éste se ha cometido, que le fueron decomisados a los acusados, OSCAR HUMBERTO VALLECILLO ARRIOLA, RAFAEL BRIZUELA RODAS Y JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, consistentes en moneda nacional, bienes muebles e inmuebles y productos financieros siguientes: A).- Productos Financieros del imputado Oscar Humberto Vallecillo Arriola: 1.- BANCO ATLÁNTIDA, cuenta de depósito de ahorro en lempiras No. 31520057683. 2.- BAC HONDURAS, cuenta de ahorro en lempiras No. 726357801, cuenta en dólares No. 722692871. 3.- BANCO DE LOS TRABAJADORES, cuenta de ahorro en lempiras No. 234014652.- 4.- BANCO DE OCCIDENTE, cuenta No. 21-910-011076-6. 5.- DAVIVIENDA, cuenta de ahorro en lempiras No. 3061109271, cuenta de ahorro en lempiras No. 6303081877 y cuenta de cheques en lempiras No.6303078868.- 6.- COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA CEIBEÑA, cuenta en aportaciones y en ahorro retirables en lempiras No.001-0032003.- B) Productos Financieros del acusado Rafael Brizuela Rodas:1.- BANCO DE OCCIDENTE, cuenta de ahorro en lempiras No. 21-905- 006606-8.- 2.- BANCO POPULAR, cuenta de ahorro MIPYME en lempiras No. 11-207-001017-5.- C) Productos Financieros del encausado Javier Joel Alfaro Barahona, 1.- BAC CREDOMATIC, cuenta de ahorro en lempiras No 729267841.2.- BANCO DE OCCIDENTE, cuenta de ahorro en lempiras No. 21-901-043870-3. 2.- FICOHSA, cuenta de ahorro en lempiras No. 200004466267, 3. DAVIVIBNDA, cuenta de ahorro en lempiras No. 3061163411 y cuenta de ahorro en lempiras No. 3110053858.- D) Bien Inmueble del imputado Oscar Humberto Vallecillo Arriola, ubicado en la Colonia Villa Gabriela, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, inscrito bajo el Tomo 1834, asiento 19.- B) Bienes Inmuebles y Registros de Claves Catastral del acusado Rafael Brizuela Rodas, ubicado en la Colonia Margarita, Aldea de Rio Esteban, Municipio de Balfate, Departamento de Colon, registrado bajo matricula 1583537 y Registros de Claves Catastrales (propiedades): 1.- Clave de Catastro No. 0202140101299, ubicado en la Aldea Lucinda, Colonia Maradiaga, Municipio de Balfate, Departamento de Colon.- 2.- Clave de Catastro No. 0202140101416.- 3.- Clave de Catastro No. 020214010177.- 4.- Clave de Catastro No. 0202140101417.- 5.- Clave de Catastro No. 0202170101102. 6.- Clave de Catastro No. 0202170701028. 7.- Clave de Catastro No. 0202170701391.- F) Bienes Inmuebles (propiedades) del encausado Javier Joel Alfaro Barahona, ubicado en la Colonia Margarita de Rio Esteban, Municipio de Balfate, Departamento de Colon, registrado bajo matricula 1590642.- G) Bienes Muebles (vehículos) del acusado Oscar Humberto Vallecillo Arriola: 1.- Vehículo, Tipo Autobús, Modelo TC200, Marca Blue Bird, Color Amarillo, Placa AAP4087, Año 1999. - 2.- Vehículo Tipo Turismo, Marca Toyota, Modelo Corolla, Color Negro, Año 2006, Placa PDF4897.-3.- Vehículo Tipo Motocicleta Cuatrimoto, Marca Shinera, Color Rojo, Año 2016, Modelo XY 200ST6, Placa MPC1035.-H) Bienes Muebles (vehículos) del acusado Rafael Brizuela Rodas: 1.-Vehículo Tipo Volqueta, Marca Isuzu, Año 2006, Modelo NPR66G04, Color Blanco, Placa AAR4440.- 2.- Vehículo Tipo Motocicleta, Marca Génesis, Color Negro, Año 2015, Modelo HJ125-2D, Placa MAT7805.- 3.- Vehículo Tipo Motocicleta, Marca Génesis, Modelo RKS150S- SPOR, Año 2017, Color Negro, Placa MDF1231.-4.- Vehículo Tipo Motocicleta, Marca Génesis, Modelo HJ125-7, Año 2017, Color Negro, Placa MWW9246.- 5.- Vehículo Modelo Pick-Up, Marca Toyota, Modelo 4x4, Año 1993, Placa PBY4113.-6.- Vehículo. Tipo Pick-Up, Marca Toyota, Año 2016, Placa PDB2721.- 7.-Vehículo tipo Motocicleta, Marca Yamaha, Año 2018, Placa MVU0415.- I) Bienes Muebles (vehículos) del encausado Javier Joel Alfaro Barahona vehículos: 1.- Vehículo Tipo Motocicleta, Marca Génesis, año 2016, Placa MDE7467.- 2.- Vehículo Tipo motocicleta, Marca Génesis, Año 2014, Placa MAT1266.- J) Sociedad Mercantil del imputado Oscar Humberto Vallecillo Arriola, sociedad denominada como Agropecuaria AGROMAS, inscrita bajo el tomo 2/4, asiento 48 del Registro Mercana do la ciudad de la Ceiba Atlántida. 2.- Dinero decomisado en el allanamiento realizado en la Residencial Villa Gabriela, de cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y seis lempiras (L. 53,446.00). No procede el comiso de bienes muebles (vehículos) e inmuebles (propiedades) solicitado por el Agente Fiscal del Ministerio Público, por haber transcurrido doce (12) meses contados a partir de la fecha del secuestro, en virtud que no se cumplen con el requisito establecido en el articulo 76 párrafo primero de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos Decreto No. 144-2014, por ser una ley especial, por lo que se declara sin lugar la solitud planteada por el Agente Fiscal del Ministerio Público, de comiso de los bienes muebles (vehículos) e inmuebles (propiedades) que a continuación se detallan: Bienes inmuebles inscritos en el Registro de La Propiedad de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida: 1.- Inscrito bajo tomo 1276, asiento 66. 2.- Inscrito bajo tomo 1757, asiento 98. 3.- Matricula 1545298. 4.- Matricula 1609777. 5.- Matricula 1609779. 6.- Matricula 1087332. 7.- Matricula 1655467. 8.- Matricula 863540. 9.- Matricula 890916. 10.- Matricula 1700753. 11.- Matricula 1700751. 12.-Matricula1704633. 13.- Matricula 835285.- Bienes muebles (vehículos): 1.-Vehículo Turismo, Placa PDE6471. 2.- Vehículo Turismo Placa PDM1804, Vehículo Turismo Placa PCD1022. 3.- Vehículo Turismo Placa PED8255. 4.-Vehículo Turismo Placa PCA7600. 5.- Vehículo Tipo Camión placas AAL2518. 6.- Vehículo Placa AAK1818. 7.- Vehículo Tipo Camioncito, Placa AAP3726.- 8.- Vehículo Turismo, Placa AAL1060.- 9.- Vehículo Turismo, Placa AAP1478. 10.- Vehículo Placa PCS9621. 11.- Vehículo Tipo Motocicleta MDE7467. 12.- Vehículo Tipo Motocicleta, Placa MDE3829. 13.- mina camioncito, Chasis 2CNDL73FX56174766. No se condena en costas procesales, personales, ni por gastos ocasionados por el juicio. No procede otorgar la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena de Prisión, ya que no se ha satisfecho hasta este momento la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo, siendo lo procedente es que una vez que se cumpla este requisito, el Juez de Ejecución pueda determinar la procedencia del mismo. Si no se interpone recurso alguno contra este veredicto, una vez firme se libre copia certificada de la misma al Director de la Penitenciaría Nacional "Marco Aurelio Soto", ubicada en la Aldea de Tamara, de este Departamento de Francisco Morazán; asimismo que se libre copia certificada de dicha sentencia al Juzgado de Ejecución Con Jurisdicción Nacional, para los efectos legales correspondientes.- NOTIFIQUESE A LAS PARTES ESTE FALLO.- Redactó este Fallo el Juez, Abogado CLAUDIO DAMEL AGUILAR ELVIR.- LESBIA VERENICE VALLEJO SANCHEZ.- SECRETARIA. (Folios 1 -13 del recurso de mérito). 2) En fecha once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante MARTHA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la abogada ROSAURA BERNARDEZ GUITY, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA. El Ministerio Público consideró: EL Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020, dictó Sentencia Condenatoria mediante la aplicación de Procedimiento Abreviado contra JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS, imponiendo la pena de TRES AÑOS (3) NUEVE (9) MESES DE RECLUSION y la pena de multa equivalente al TREINTA Y SIETE, PUNTO CINCO POR CIENTO (37.58) DE LO LAVADO que equivale a la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PUNTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS (L.571,635.98); y a las penas accesorias del COMISO de los bienes asegurados, INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena. Se responsabilidad civil del encausado. II. declara la APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha Dieciséis (16) de diciembre del año dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las disposiciones vigentes contenidas en el decreto 93-2021 de fecha 1 de noviembre del año 2021, y publicado en el diario La Gaceta número 35,760, que contiene la reforma al artículo 439 del nuevo Código Penal, ya que a su parecer despenaliza la conducta por la cual fue condenado su representado, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)...3) .., 4) ..,5) ..., 6) ... 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,." relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. De lo expuesto por el revisionista, y del examen de la sentencia objeto de revisión, se aprecia que el señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, aplicando el artículo 439 del Código Penal vigente; por 10 que, si bien es cierto, la reforma del artículo en comento derogó lo atinente a no tener causa o justificación económica o licita de la procedencia de los activos, no menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional contenidas en el numeral 7) del artículo 5 de la convención de Viena, la cual exhorta a los Estados Parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): "LOS Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la Índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas". De ahí que al ser el Estado de Honduras, parte de estos Tratados internacionales, constituye obligatorio cumplimiento conforme al principio fundamental (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en la Convención de Viena de 1969, en el artículo 26: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe", mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice: "Sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos. Aunado a lo anterior, el ente acusador presentó ante la Sala de 10 Constitucional recurso de Inconstitucionalidad POR VÍA DE ACCIÓN POR RAZON DE FORMA Y CONTENIDO CONTRA EL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 93-2021, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NÚMERO 35,750 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2021, POR COLISIONAR CON EL CONTENIDO ESENCIAL DE LOS ARTÍCULOS 16, 18, 63, 232 Y 320 DE NUESTRA LEY FUNDAMENTAL. En razón a ello el Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de 10 Constitucional aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021 en 10 atinente "..que no tenga causa o justificación económica o lícita de Su procedencia, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 16-19 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha once de mayo del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, en representación de JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, como revisionista; la Abogada ROSURA BERNARDEZ GUITY, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña; por su parte el Apoderado legal de señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, manifestó que: “EL Decreto 93-2021 de fecha primero de noviembre del año veintitrés, modifica de manera parcial el delito como tal al desaparecer la obligatoriedad que devenía a la parte acusada de la acreditación del origen de dichos bienes contrario sensu exigiéndole al Ministerio Fiscal una investigación exhaustiva para acreditar la precedencia delictiva que debería de enmarcarse de tipos penales contemplamos en el esquema de criminalidad organizada; de ahí, pues, que su representado fue acusado bajo la norma en donde existía lo que se conocía como inversión probatorio, importante relacionar que su representado a raíz de la entrada en vigencia de la nueva norma penal fue condenado por dicha norma no así porque no estaba vigente para ese entonces la reforma de ese artículo relativo al delito de lavado de activos. Importante también establecer, que su representado como tal, obtuvo una pena de tres años y nueve meses como pena privativa de libertad y fue condenado también a una pena de multa como pena principal de treinta siete punto cinco por ciento que equivalía a quinientos setenta y un mil seiscientos treinta y cinco punto noventa y ocho, porque la cantidad imputada para ese momento era de un millón y medio aproximadamente y en ese sentido establece que su representado cumplió en un cien por ciento su condena privativa de libertad, no obtuvo ningún beneficio a posteriori, se tramite un beneficio en el Juzgado de Ejecución, en donde pudo salir pero quedó sujeto a la cancelación de la multa de treinta siete punto cinco por ciento, que equivalía a quinientos setenta y un mil seiscientos treinta y cinco punto noventa y ocho; en ese sentido, interpone esta acción; considerando que para ese momento histórico que su representado fue condenado no existía la nueva normativa que originó; por lo tanto, el Ministerio Púbico no acreditó lo que exige la norma penal, que por eso interpone este recurso con la finalidad siendo que el ya purgó su pena privativa de libertad de que se ordene el cese de ese pago de multa que es una orden el cese de ese pago de multa, que es una condena principal y asimismo, que se proceda a la devolución de sus bienes que son fondos que son mínimos, los fondos en cuatro cuentas de banco y dos motocicletas. Por su parte el Ministerio Público a través de la abogada ROSAURA BERNANDEZ GUITY, establece que se aprecia que el señor Javier Joel Alfaro Barahona, fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, aplicando el artículo 439 del Código Penal Vigente, por lo que, si bien es cierto, la reforma del artículo en comento derogó lo atinente a no tener causas o justificación económica o lícita de la procedencia de los activos, no menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional contenidas en el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena, la cual exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen ilícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad. En la medida que ello se conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. En esa razón el Ministerio Público solicita a esta Sala de lo Constitucional, aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021, en lo atinente ”…que no tenga causa o justificación económica o ilícita de su procedencia por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte. De ahí que se estima que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el Principio de Retroactividad de la Ley. Por lo que se pronuncia porque no se otorgue la presente acción de revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala, le consultará a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA Y OTROS, la pena de tres (3) años y nueve (9) meses de prisión y multa de 37.5% del valor de lo lavado, que asciende a QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 571,635.98) por ser autores penalmente responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Para dictar el fallo condenatorio, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del NCP 130-2017, entrado en vigencia a partir del 25 de junio de 2020 y el cual establecía como una de sus modalidades criminosas para la realización del delito, la no justificación de la procedencia lícita de los activos; es decir, según la construcción objetiva del tipo penal, bastaba al ente acusador demostrar la no justificación legal de los activos sin necesidad de que procedan de algún delito de los enumerados en el tipo penal o algún delito considerado grave. Por su parte, el sentenciado devenía obligado a acreditar la condición de licitud de los activos en descargo de la acusación o, que no procedían de un delito de los enlistados en el tipo penal o considerado grave. No obstante, mediante el decreto legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 439 del decreto legislativo 130-2017, contentivo del nuevo Código Penal y hace modificaciones a la descripción del tipo penal de lavado de activos, ya no se establece como modalidad criminosa que el sujeto no tenga justificación lícita de los activos, determinando el legislador que este supuesto de hecho no debe ser reprochable penalmente, debiendo el Ministerio Público acreditar que los activos son productos de un delito grave y a los cuales busca dárseles condición de licitud. En el caso bajo estudio, en el hecho probado de la sentencia, solo establece que, al sentenciado JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, compró por la cantidad de Un millón Cuatrocientos Lempiras, un bien inmueble, cantidad de dinero del cual no tenían justificación lícita de su procedencia. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal convirtiéndolo en atípico al no tener relevancia jurídico penal con la nueva legislación. Por otra parte, la fiscalía expuso en síntesis que no procedía la retroactividad de la ley penal arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicita “se decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto legislativo 93-2021, en lo atinente: “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Considera que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena, que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno; y, la convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”; así como también, considera lesionados el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. De lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional, pone de relieve que los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República establecen que: «Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales», y que, «los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno», se deduce con certeza que el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia generada en virtud de él, es una fuente fundamental de la que derivan otros derechos humanos en el marco del constitucionalismo hondureño. En este sentido, haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía, esta Sala encuentra, que si bien es cierto, al señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA, se le dictó sentencia condenatoria por el delito de Lavado de Activos y no se encuentra acreditado que haya cometido otros delitos, no acreditó la procedencia de la cantidad de dinero que tuvo bajo su disposición; asimismo, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), fecha en que se solicitó revisión de la sentencia condenatoria de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veinte, y que se aplicara el artículo 439 del Código Penal Reformado, establecido en el Decreto 93-2021, al momento de dicha solicitud, él ya se encontraba gozando de libertad condicional, tal como se establece en la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución Penal con Jurisdicción Nacional, de fecha siete de diciembre del año dos mil veinte ( folio 93) y por lo tanto, no se puede aplicar para otorgar la retroactividad de la ley solicitada, pues el artículo 618 del Código Penal Vigente establece: “Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión DE LA MISMA. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional.” como ocurre en el presente caso. Por lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional concluye, que no es procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA; Y por lo tanto, siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: PRIMERO: Declara SIN Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO a favor del señor JAVIER JOEL ALFARO BARAHONA. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. Notifíquese Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1346-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL