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Sentencia RP-594-23 — Registro 20372

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad de la ley en materia penal por el delito de Extorsión , en perjuicio de Testigo protegido, la Sala concluye En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente la “ley intermedia”; esta sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente; de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En el presente caso que nos ocupa, de los hechos probados se desprende que el condenado cometió varias conductas de extorsión en diversos momentos volviéndose un delito continuado conforme a la legislación vigente, por lo que correspondería aplicar un concurso real con la nueva ley, y al compararse con la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión (25 años), la nueva pena no resultaría más beneficiosa. Razón por la cual, al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente la “ley intermedia”; esta sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente; de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. "...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo y Resolución que literalmente dicen.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado José Rafael Erazo Paisano, a favor del señor Raúl Enrique Cobos Reyes, contra las sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha nueve (9) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se instruyó contra el señor RAUL ENRIQUE COBOS REYES, por el delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTPEC150316.- HECHO PROBADO DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “UNICO: A inicios del mes de Diciembre del dos mil quince, el señor RAUL ENRIQUE COBOS REYES, llego a un negocio ubicado en la colonia Ideal de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortes, e intimidando con arma blanca, obligo al dueño del negocio TESTIGO PROTEGIDO JPTPEC 150316, a pagar semanalmente la cantidad de trescientos lempiras, amenazando que de no hacerlo lo mataría a el y a sus empleados, razón por la cual el TESTIGO PROTEGIDO JPTPEC 150316 comenzo a entregar dicha cantidad todos lo días lunes a RAUL ENRIQUE COBOS REYES, quien llegaba a recogerlo, hasta que en fecha once de marzo del dos mil dieciséis, que el TESTIGO PROTEGIDO JPTPEC 150316 decidio denunciar lo que sucedia a la Fuerza Nacional Anti Extorsión, quienes sabiendo que en fecha catorce de marzo de ese mismo año haría el siguiente pago, procedieron a seriar los billetes que el TESTIGO PROTEGIDO JPTPEC 150316 entrego los mismos billetes anteriormente seriados, y al salir el sujeto, fue requerido por los Agentes Policiales, encontrándole en su poder los billetes referidos y un teléfono celular, siendo identificado como RAUL ENRIQUE COBOS REYES, por lo que fue detenido y puesto a la orden de autoridad competente.”.- A N T E C E D E N T E S.- 1) En fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado Rafael Antonio Beltrán Rodríguez, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor RAUL ENRIQUE COBOS REYES, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE “R-44”). (Folios 1-4 del expediente del A-quo).- 2) Que en fecha nueve de marzo del año dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: Primero: Condenar al acusado Raúl Enrique Cobos Reyes como autor responsable penalmente del delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido JPTPEC 150316, a la pena de veinticinco (25) años de reclusión, más una multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos. Multa que deberá ser efectiva en la Tesorería General de la República o en la institución Financiera que el estado determine, SEGUNDO: ……….. TERCERO: …………... CUARTO……(Folios 120-123 vuelto).- 3) En fecha diez de mayo del año dos mil veintitrés, el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Revisión a favor de del señor RAUL ENRIQUE COBOS REYES, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-5 del recurso de mérito).- 4) En fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia del Abogado José Rafael Erazo Paisano, en su condición de apoderado legal del señor Raúl Enrique Cobos Reyes y la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Ministerio Público consideró, que no obstante lo anterior, en el caso de autos resulta procedente aplicar la regla descrita en los párrafos séptimo y octavo del artículo 616 que establece: “Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real con la nueva ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado”. Al examinar la sentencia que se pretende revisar, se desprende de la declaración de hechos probados que el Testigo Protegido JPTPEC, pagó desde el mes de diciembre del año 2015, hasta el once (11) de marzo del año 2016, la cantidad de trescientos lempiras, que entregó todos los días lunes al que en aplicación de la norma supra referida correspondiente, aplicar las penas correspondiente al delito de extorsión en concurso real, es decir imponer penas independientes por cada acción ilícita cometida, es así, que al desprender del testimonio de los ofendidos que fue un total de catorce (14) semanas que pagaron el impuesto de guerra al sentenciado, corresponde imponer la pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión por los 14 delitos cometidos, que aún y cuando se impusiere la pena mínima resultaría una pena de 210 años de prisión; aunado a ello, la pena de multa sería 500 días por 5000 lempiras, por corresponder el nivel más alto, resultando la cantidad de DOS MILLONES QUINEINTOS MIL LEMPIRAS (Lps.2,500,000.00), por cada delito cometido, haciendo un total de treinta y cinco millones de lempiras (L.35,000,000.00), advirtiéndose que no aplica la retroactividad peticionada al no favorecer la nueva norma sustantiva al sentenciado, y por ende, no se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 96 de la Constitución de la República; ni 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. III. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados.”.- FUNDAMENTACION.- CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.- CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado José Rafael Erazo Paisano, a favor del señor Raúl Enrique Cobos Reyes, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El Abogado José Rafael Erazo Paisano, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, quien fue condenada por el delito de Extorsión Continuada, a la pena de 25 años de reclusión y una multa de 83.33 salarios mínimos. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables a la sentenciada, en virtud que la pena a imponer es de mayor cuantía. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Raúl Enrique Cobos Reyes, las penas principales de 25 años de reclusión y una multa de 83.33 salarios mínimos por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión Continuado. En el código penal vigente la regla descrita en los párrafos séptimo y octavo del artículo 616 que establece: “Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real con la nueva ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado”. En el presente caso que nos ocupa, de los hechos probados se desprende que el condenado cometió varias conductas de extorsión en diversos momentos volviéndose un delito continuado conforme a la legislación vigente, por lo que correspondería aplicar un concurso real con la nueva ley, y al compararse con la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión (25 años), la nueva pena no resultaría más beneficiosa. Razón por la cual, al comparar las penas impuestas por el A-quo, con las penas que establece el nuevo código penal, se evidencia que las nuevas penas no resultan más favorables que las establecidas en el anterior código penal, tanto en la prisión, como la pena de multa la que se eleva considerablemente el importe a pagar, en comparación con el código penal derogado. 2. En cuanto a la solicitud que hace el recurrente de aplicar retroactivamente la “ley intermedia”; esta sala recuerda, que la Constitución de la República establece que: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. Para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente, y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan a los acusados o condenados cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente; de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuera favorable, por lo que no es procedente en el caso concreto la aplicación de una ley intermedia. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 373 y 616 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado José Rafael Erazo Paisano, en favor del señor RAUL ENRIQUE COBOS REYES. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo Paredes.- Notifíquese. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. -. WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”……..”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los doce días del mes de febrero del año dos mil veintiséis.- Visto: el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, en fecha siete de octubre del dos mil veinticinco (Folio 153), en su condición de apoderado legal del señor RAUL ENRIQUE COBOS REYES, contra la sentencia de fecha veinte de junio del año dos mil veinticinco, dictada en Recurso de Revisión, interpuesto por el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, a favor del señor RAUL ENRIQUE COBOS REYES, que Declaró sin lugar la garantía Constitucional de Revisión Penal(folios 34-37). Esta Alzada, al efecto, hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: El recurso de reposición tiene por finalidad permitir al tribunal o al funcionario judicial que dictó la providencia impugnada, revisar su decisión y corregir aquellos errores de orden fáctico o jurídico en que hubiere podido incurrir, y, de ser el caso, que proceda a revocarla, reformarla, aclararla o adicionarla en los aspectos en que la inconformidad expuesta por la parte encuentre verificación.- SEGUNDO: La resolución de fecha veinte de junio del año dos mil veinticinco, emitida por esta Sala de lo Constitucional, es susceptible exclusivamente del recurso ordinario de reposición, según lo establece el artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Habiéndose presentado dicho recurso, esta Corte, ha procedido a realizar el estudio respectivo para resolver las pretensiones de la recurrente, se advierte, que el Recurso de Revisión fue interpuesto por el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, a favor del señor RAUL ENRIQUE COBOS REYES, contra la resolución antes mencionada, en virtud de considerar que fue condenado por el delito de Extorsión, con el Código, anterior bajo Decreto 144.83, donde se establecía una pena de 20 a 25 años, el cual fue posteriormente derogado por el Decreto 130-2017, de fecha 10 de mayo del 2019, entrando en vigencia a partir del 25 de junio del año 2020, donde se estableció en el artículo 373, capítulo 7 del Código Penal que la nueva pena mínima es de 10 a 15 años y la multa de 500 a 1000 días. Agravios que fueron contestado en su totalidad por esta Sala de lo Constitucional, en virtud de considerar que no se debe aplicar retroactivamente la “Ley Intermedia”, pues para esta sala, la ley intermedia no es una norma vigente y solo pueden aplicarse leyes de manera retroactiva y que favorezcan al acusado o condenado, cuando sean normas que forman parte de la legislación vigente, de lo contrario, se estaría transgrediendo el principio de legalidad, ya que se tomaría en cuenta una ley que al momento de los hechos y al momento del juzgamiento carecía de vigencia, aun cuando fuere favorable, por lo que no es procedente en este caso concreto, la aplicación de una ley intermedia, como lo pretende el recurrente, por lo que el recurso de revisión que se conoce por esta Sala de lo Constitucional; en consecuencia, debe declararse sin lugar.- PARTE DISPOSITIVA Por tanto, esta Alzada, Por Unanimidad De Votos, RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, en nombre del señor RAUL ENRIQUE COBOS REYES, contra la resolución emitida por esta Corte, en fecha veinte de junio del año dos mil veinticinco (2025). SEGUNDO: SE CONFIRMA dicha resolución judicial. Artículos 61 y 73 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 56 numeral 2 y 3, 352 y 353 del Código Procesal Penal. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. -. WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha veinte de junio del año dos mil veinticinco y Resolución de fecha doce de febrero del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0594-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL