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Sentencia RP-583-22 — Registro 20322

Resumen

Se interpuso recurso de revisión contra sentencia condenatoria por el delito de lavado de activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras; imponiéndole al privado de libertad una pena de diez (10) años de prisión como pena principal, más multa pecuniaria; imponiéndole pena accesoria de inhabilitación absoluta, con responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional concluye que se cumple con los requisitos exigidos legales para otorgar el presente recurso de revisión; como consecuencia de la procedencia de la acción y en aplicación de la normativa aplicable ordenó la Libertad del Condenado, la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa; la devolución del comiso y el cese de la inhabilitación absoluta como pena accesoria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del Código Penal Decreto 130-2017, estimando que el condenado cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada;..."..."en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impusieron al señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, las penas principales y accesorias determinadas y circunscritas en el Considerando inmediato anterior, por habérsele encontrado responsable como autor de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. IV. Que en el caso sub examine, el peticionario, Abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha ocho de abril de dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 93-2021 que contiene la reforma al artículo 439 del nuevo Código Penal en relación al delito de Lavado de Activos, en consideración a que su representado el señor FELIX ANTONIO GUTIÉRREZ VALLES, fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS estando vigente Código Penal publicado mediante Decreto Numero 130-2017, decreto este último que fue reformado en relación al Artículo 439, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman y modifican el tipo penal imputado, como es el de Lavado de Activos,..."..."esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión en favor del señor FELIX ANTONIO GUTIÉRREZ VALLE, de una norma vigente que le resulta más benigna, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos, no se debe ejecutar en vista que la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021. VIII. Que, como consecuencia de la procedencia de la acción de revisión penal, el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional,...Por lo que, en aplicación de lo que establece el artículo 101 numerales 1, 2 y 3 anteriormente citados; Debe Ordenarse la Libertad del Condenado; la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de Multa; así como la Devolución de los efectos del Comiso, si ello fuere posible y el cese de la Inhabilitación Absoluta a la que fue condenado, como pena accesoria..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de diciembre de dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, a favor del señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra el señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Exp. No. 329-2021-JN). ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha uno (01) de febrero del dos mil dieciocho (2018), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, los abogados DAVID AMAYA y CLAUDIA ERAZO, presentando requerimiento fiscal en contra DEYSI MARIBEL VALLE VALLE, JOSE MANUEL GONSALEZ CASCO, JOSE MANUEL GONSALEZ DUQUE, JOSE REYNIERO VALLE VALLE, YONI SAMUEL MALDONADO MALDONADO, WILSON AMADOR FRANCO PERDOMO, HECTOR ADONAY MURCIA VALLE, CRUZ HUMBERTO VALLE VALLE, NANCY LORENA ESCALANTE MELENDEZ, OSCAR GUILLERMO CUESTA VALLE, JOSE HUMBERTO GUTIERREZ CUEVA, VECSON RODOLFO VALLE VALLE, ESMALIA. HURTADO, FRANCISCA MIRANDA CARDENAS, FRANCIS JEOAVANY MENDEZ PINEDA, HOSMAN DANERY GARCIA ROSA, MARIA LILIBETH ASMEN INTERIANO, PETRONA INTERIANO MELENDRES, JANETH MARLOVIN MARTINEZ GARCIA, KAREN VANESSA BUSTILLO REYES, BAYRON ALESTER HERNANDEZ ROSA, a quienes se les supone responsable a títulos de AUTORES DIRECTOS de la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVO en perjuicio de la ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, (Folios 01-04 del recurso de mérito).- 2) Que en fecha catorce (14) de abril del dos mil veintiuno (2021), el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, a los señores FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE Y FRANCIS GEOVANNY MENDEZ PINEDA, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como Coautores responsables penalmente por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo cual se les impone una pena de DIEZ (10 AÑOS) DE PRISION, como pena principal, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de ejecución determine; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. Se impone al señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE una la multa por la cantidad de cincuenta y cinco millones cincuenta y cinco mil setecientos sesenta lempiras con 10 centavos (L. 55, 055, 760.10), en tanto que al señor FRANCIS GEOVANNY MENDEZ PINEDA, se le impone una Multa de catorce millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos diecisiete lempiras con noventa y seis centavos (L.14,739,817.96). Ambos valores deberán ser enterrados en la Tesorería General de la Republica de Honduras. SEGUNDO: CONDENAR, por conformidad de las partes, a las señoras ESMILDA HURTADO Y MARLOVIN YANETH MARTINEZ GARCIA cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como Coautoras responsables penalmente por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS por lo cual se les impone una pena de CINCO (05 AÑOS) DE PRISION, como pena principal, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de ejecución determine; quedando obligadas a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. Además, se le impone a la señora ESMILDA HURTADO una multa de setecientos doce mil quinientos lempiras (L.712,500.00) y a la señora MARLOVIN YANETH MARTINEZ GARCIA, se le impone una multa de trescientos doce mil quinientos lempiras (L.312,500.00), valores que deben ser enterrado en la Tesorería General de la Republica de Honduras. TERCERO: CONDENAR, a los señores FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE Y FRANCIS GEOVANNY MENDEZ PINEDA a la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta por el tiempo que dure la condena. CONDENAR, a las señoras ESMILDA HURTADO Y MARLOVIN YANETI MARTINEZ GARCIA la pena accesoria de Inhabilitación Especial, de no ejerce actos de comercio, pena accesoria que se impone durante el tiempo de duración de la condena. CUARTO: Se declara a los condenados responsables civilmente. QUINTO: Se declara como consecuencia accesoria el comiso de productos financieros para Félix Antonio Gutiérrez Valle: 1) Banco Ficohsa: a) Cuenta de ahorro en dólares 1832662. b) Cuenta de ahorro en lempiras 1517945. c) Cuenta de ahorro en dólares 097-241-0001782. d) Cuenta de ahorro en lempiras 097-240-0005066. 2) Banco Atlántida: a) Cuenta de ahorro en lempiras 11200352687. 3) Banco de Occidente: a Cuenta de cheque en lempiras 11-103-001559-8. b) Cuenta de cheques en lempiras 11-117-0001127-1. c) Cuenta de ahorro en lempiras 21-103-0201311-. d) Cuenta de ahorro en lempiras 21-103-048050-5. e) Cuenta de ahorro en lempiras 21-117-006875-5. f) Cuenta de ahorro en dólares 22-117-000089-9. g) Cuenta de ahorro en dólares 22-117-000242-5. 4) Banco Azteca: a) Cuenta de captación en lempiras 65480110146947.- 5) Banrural: a Cuenta de ahorro en lempiras 01801010066314 b) Cuenta de Ahorro en lempiras 02301010234055.- Con saldo a la fecha. El comiso de bienes muebles siendo los siguientes vehículos; 1) marca Toyota, Pick Up, modelo Hilux, color Súper Blanco, serie MROHZ8CD600404525 con placa PDS-4500. 2) Marca Isuzu, tipo Camión, modelo desconocido, color blanco, serie JALE5B140Y7901536 con placa AAR-5366. 3) Marca Nissan, tipo Pick UP, modelo desconocido, color blanco, serie 1N6SD11S8VC376743 con placa PBK-3154. 4) Marca Toyota, tipo Pick Up, modelo Tacoma, color blanco, serie 5TENL42NX4Z372884 con placa PBY-0226. 5) Marca Cherokee, tipo remolque, modelo limite, color blanco, serie 1C91EFC24C1095059 con Placa RC0721, El comiso de bienes inmuebles siendo los siguientes: 1.Bien inmueble ubicado en la Aldea el Berlín o plancito, municipio de la Florida departamento de Copan registrada bajo el número 78, del tomo 1190. 2. Bien inmueble ubicado en la Aldea el Espíritu, La Florida Copan, registrada bajo el asiento 32, tomo 200 En el caso de Francis Geovanny Mendez Pineda, el comiso de productos financieros siguientes: 1)) Banco Atlántida a) Deposito de ahorro en lempiras11200507918 2) Banco Azteca: a Cuenta de Captación en lempiras 08700102447285. En el caso de Esmilda Hurtado el comiso de las siguientes cuentas: 1) Banco Davivienda: a) Cuenta de ahorros en lempiras 3011310755. b) Cuenta de ahorros en lempiras 3011428624. c) Cuenta de ahorro en dólares 3011428640, de la que es titular la señora Esmilda Hurtado. 2) Banco Atlántida: a Depósito de Ahorro en dólares 3200581621. b) Cuenta de cheques sin intereses en lempiras 3100052459. c) Cuenta de cheques sin intereses en lempiras 100058571, a nombre de Esmilda Hurtado. 3) Banco de Occidente: a) Cuenta de ahorro en dólares 22-901-000861-7 a nombre de Esmilda Hurtado. 4) BAC Credomatic: a) Cuenta de cheque en Lempiras 730300801. b) Cuenta de ahorro en lempiras 740307431. c) Cuenta de ahorro en dólares 740307241, a nombre de Esmilda Hurtado. Con saldos a la fecha. Tambien se decreta el comiso de un bien inmueble ubicado en la Residencial el Pedregal de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes que se encuentra inscrito en el libro de hipotecas y anotaciones bajo el número 88 del tomo 5606 en el Instituto de la Propiedad de esa ciudad de San Pedro Sula, trasladado al folio real 905850 asiento 1. SEXTO: Se ordena la disolución de la sociedad denominada Servicios, Distribuciones y Representaciones Hurtado Martínez S.A. de C.V. (HURMA S.A. de C.V.), la cual está inscrita en el registro de Comerciantes sociales de la Ceiba, Atlántida bajo el asiento N°64, tomo 143, del cual Esmilda Hurtado y Yaneth Marlovi Martinez Garcia eran socias y por ende de la liquidación de la empresa mercantil, lo cual correrá a cargo del Juez de Ejecución correspondiente, debiéndose librar oficio al Registro de Comerciantes Sociales de la ciudad de Ceiba, departamento de Atlántida. SEPTIMO: No se condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio OCTAVO: Se ordena la devolución de los ciento veinticinco mil lempiras (L.125,000.00), a la señora NATALIA PINEDA quien acreditó ser la dueña legitima del dinero, y es la madre de Francis Geovanny Méndez Pineda y que están bajo custodia de la Oficina de Bienes incautados. NOVENO: Declarar con lugar, la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, a favor de las señoras ESMILDA HURTADO Y MARLOVIN YANETH MARTINEZ GARCIA la cual se hará efectiva una vez que se ejecute la Sentencia, en el Juzgado de Ejecución Competente. NOTIFIQUESE A LAS PARTES PROCESALES DE LA PRESENTE SENTENCIA ASI LO DECLARAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS. (Folios 181-192 del recurso de mérito).- 3) En fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ con la comparecencia de la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE; Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de 10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes, cuando: 1) .... 2) .... 3) .. 4)... 5) ..., 6) ..., 7)…, 8) Proceda 1a aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, con motivo de la grabación del Decreto 93-2021, en cuanto reforma el artículo 439 del Código Penal que contiene el delito de Lavado de Activos, la cual favorece a su representado al derogarse la tipicidad y antijurídica en relación a: "... Que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia", por lo que resulta evidente que su representado no incurrió en el delito en referencia. Del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, condenó al acusado en mención por el delito de Lavado de Activos, a la pena antes descrita, respecto a lo cual el Recurrente aduce que su representado debe ser beneficiado con la reforma del artículo 439, contenida en el Decreto No 93-2021; sobre el particular, se desprende de los hechos probados del fallo sub-judice, que el acusado entre los años 2004 al 2014, dispuso de la cantidad de treinta y seis millones, setecientos tres mil ochocientos cuarenta lempiras con siete centavos (L. 36, 703,840.07) , sin tener una causa legal de su procedencia y los cuales tenía bajo su disposición, por 10 cual fue condenado el acusado, en Estricta Conformidad. Si bien es cierto, la reforma al artículo 439 del Código Penal Vigente, realizada a través del Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 35,760, derogó lo atinente "° que no tenga causa o justificación económica o licita de su Procedencia." No menos cierto es, que la reforma contraviene convencional al suprimir que no se tengan causa O, justificación procedencia del bien, 10 que violenta el numeral 7) del artículo s de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen lícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en su artículo 12 numeral 7): "Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la Índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas". De ahí que al ser el Estado de Honduras, parte de Tratados Internacionales en materia de Narcotráfico y Criminalidad Organizada, estos constituyen obligatoriedad de cumpliendo conforme al principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969, que establece: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe", mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice: "Sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos". En razón a ello, el Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de 10 Constitucional aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021, que dicho sea de paso fue derogado por el Decreto 43-2023, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte, tal como lo ha señalado este Alto Tribunal, al declarar Con Lugar por mayoría simple, el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público concluyendo que el artículo 439 del Código Penal fue reformado mediante un proceso legislativo viciado, en el que Honorable Congreso Nacional Omitir Control Constitucional, Previo que impone el artículo 219 de 18 Constitución de la Republica, determinando que la de corma del artículo 439 del Código Penal es de recibo, en virtud de lo cual su contenido debe retrotraerse a su texto original tal como aparece en el decreto 130-2017, publicado en la Gaceta, diario oficial de la República de Honduras el 10 de mayo de 2019, No 34940. Asimismo la Sala afirma de manera categórica que la redacción del artículo 439 del Código penal, reformado mediante el artículo 4 del decreto 93-2021, no se encuentra dispuesta de conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado de Honduras con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada transnacional o Convención de Palermo y asimismo contraviene de manera directa a las obligaciones contenidas en la Convención de Mérida, como si lo estaba anteriormente en su forma original, es decir, como se dispone en el decreto Legislativo 130-2017 (Código Penal), es por ello que el primer motivo de inconstitucionalidad por razón de contenido resulto ser de recibo. De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal y en consecuencia deberá mantenerse al encausado la pena impuesta antes señalada por el delito de LAVADO DE ACTIVOS. III. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE NO SE OTORGUE la solicitud presentada conforme los argumentos que anteceden solamente no tenemos pruebas que presentar. (Folios 34-38 vuelto del recurso de mérito).- CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional, con relación al artículo 96 Constitucional; que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Aduciendo que la norma penal intermedia, verbigracia el Decreto 93-2021, en cuanto reforma el artículo 439 del Código Penal vigente, que contiene el delito de Lavado de Activos, favorece a su representado, al derogarse el elemento típico jurídico – penal con relación a: "(…), o que no tenga causa o, justificación económica o lícita de su procedencia"; lo cual tendría por efecto el despenalizar la conducta penal típica por la cual se condenó al señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; mediante la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha catorce (14) de abril del dos mil veintiuno (2021); que es venida ahora en garantía de revisión penal. - CONSIDERANDO (4): Resumen de los alegatos proferidos por la parte recurrente en audiencia: Compareció el representante procesal del sentenciado, Abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto a favor del señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, con relación a la causa que se instruyó contra el señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, reiterando los conceptos garantistas que quedan expresados en el Considerando anterior y siendo que su representado fue condenado mediante la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual fue condenado el sentenciado a una pena de 10 años de prisión y a una multa de 55055760.10 lempiras, más la pena de accesoria de inhabilitación absoluta y el comiso de algunos bienes, muebles e inmuebles, por considerársele responsable por el delito de Lavado de Activos contenido en el artículo 439 del Código Penal (Decreto 130-2017), posteriormente se emite el decreto 93-2021, el cual lo reforma; bastando a su señoría con revisar los hechos probados del Tribunal de Sentencia, por los cuales se establece el monto y la cuantía de los bienes adquiridos por su representado entre los años 2004 y el 2014, sin tener una causa legal de su procedencia, es decir; que esta condena obedece a la falta de justificación de los activos que le fueron decomisados, conductas que fueron despenalizadas y por las cuales fue sentenciado su representado; por lo cual en base al artículo 96 de la Constitución de la República y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, solicita que se aplique la retroactividad de la ley penal más favorable a su representado; procediendo la honorable Sala a decretar la nulidad de la sentencia, cesar la pena principal, las accesorias y la inhabilitación decretada en su momento.- CONSIDERANDO (5): Resumen de los alegatos proferidos por la Agente Fiscal en audiencia: Que, si bien es cierto la reforma operada al artículo 439 del Código Penal a través del del Decreto 93-2021 derogó lo atinente a “O que no tenga causa o justificación económica o lícita de su procedencia”; lo que favorece al garantista al derogarse la tipicidad y antijuricidad con relación a la expresada imputación penal; no resulta menos cierto que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tenga causa o justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena y la Convención de Palermo en el artículo 12 numeral 7); tratados internacionales que deben ser cumplidos conforme al Principio Pacta Sunt Servanda, también contemplado en el artículo 26 de la Convención de Viena. Es por ello que solicita se decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto 93-2021 por contravenir tratados internacionales. Aunado a lo anterior, que el ente acusador presentó un recurso de Inconstitucionalidad, por ello es del parecer que no se otorgue la garantía de Revisión Penal.- CONSIDERANDO (6): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”.- CONSIDERANDO (7): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.- CONSIDERANDO (8): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- CONSIDERANDO (9): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.- CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Las negritas y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO (13): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”.- CONSIDERANDO (14): Que en el caso sub júdice, se revisa constitucionalmente la sentencia dictada en fecha catorce (14) de abril del dos mil veintiuno (2021), por medio de la cual el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, entre cuyos pronunciamientos, FALLA: “PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, a los señores FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE Y FRANCIS GEOVANNY MENDEZ PINEDA, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como Coautores responsables penalmente por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, por lo cual se les impone una pena de DIEZ (10 AÑOS) DE PRISION, como pena principal, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de ejecución determine; quedando obligados a trabajar por el tiempo de la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. Se impone al señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE una multa por la cantidad de cincuenta y cinco millones cincuenta y cinco mil setecientos sesenta lempiras con 10 centavos (L. 55, 055, 760.10), en tanto que al señor FRANCIS GEOVANNY MENDEZ PINEDA, se le impone una Multa de catorce millones setecientos treinta y nueve mil ochocientos diecisiete lempiras con noventa y seis centavos (L.14,739,817.96). Ambos valores deberán ser enterados en la Tesorería General de la Republica de Honduras.” Asimismo, por los Capítulos TERCERO, CUARTO y QUINTO de la sentencia, se acuerda CONDENAR a los señores FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE Y FRANCIS GEOVANNY MENDEZ PINEDA, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena; a la responsabilidad civil y al comiso de productos financieros del señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE; los cuales se detallan en el último Acápite (Pronunciamiento QUINTO de la sentencia).- CONSIDERANDO (15): Que compareció el recurrente, Abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, ante este Alto Tribunal, en representación del señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, presentando la garantía constitucional de revisión contra la sentencia condenatoria en relación, según dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, en la causa seguida contra el señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS; la cual fue dictada en aplicación del Decreto 130-2017, y, en consecuencia; solicitando la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, como es la contenida en el Decreto Legislativo No. 93-2021 que contiene la reforma al artículo 439 del Código Penal, en consideración a que su representado, el señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, fue condenado por el delito de Lavado de Activos mediante el Decreto 130-2017, el cual se tipificaba de la siguiente forma: “ARTÍCULO 439.- LAVADO DE ACTIVOS. “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, convierta, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia…”. Ahora bien, la nueva norma contenida en el Decreto 93-2021, reformó el precitado artículo 439, prescribiendo: “Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero…”. No obstante, a ello en el ínterin de la petición del recurso de revisión penal promovido y el dictado de la presente sentencia, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.43-2023, mismo que contiene disposiciones que dejan sin valor ni efecto la reforma al Artículo 439 contenida en el Decreto No.93-2021, que se encuentre contenido en el Artículo 4 del Decreto Legislativo señalado y que ahora en el Decreto No. 43-2023 dispone: “ARTÍCULO 439.- LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, convierta, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito contra la administración pública, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, o de contrabando, cometidos por él o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia…”. En ese orden de ideas el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. CONSIDERANDO (16): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión, en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal, aprecia esta Sala que, efectivamente, el señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante sentencia definitiva y firme de fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, a la pena principal de DIEZ (10 AÑOS) DE PRISION, como pena principal, a cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de ejecución determine y a una multa por la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L. 55, 055, 760.10). Asimismo, por los Capítulos TERCERO, CUARTO y QUINTO de la sentencia, se acuerda CONDENAR al señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE a las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, a la responsabilidad civil correspondiente, y, al comiso de productos financieros del señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE que se detallan en el Pronunciamiento QUINTO de la sentencia condenatorio firme dictada en su contra en la causa que le fuera instruida por la comisión del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 439 del Código Penal Decreto 130-2017, estimando que el condenado cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar retroactivamente una nueva norma penal en relación a una derogada y plasmada en la sentencia denominada cosa juzgada; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho.- CONSIDERANDO (17): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, en relación al artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal en la norma derogada. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Asimismo, para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. III. Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impusieron al señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, las penas principales y accesorias determinadas y circunscritas en el Considerando inmediato anterior, por habérsele encontrado responsable como autor de un delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. IV. Que en el caso sub examine, el peticionario, Abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha ocho de abril de dos mil veintidós, presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 93-2021 que contiene la reforma al artículo 439 del nuevo Código Penal en relación al delito de Lavado de Activos, en consideración a que su representado el señor FELIX ANTONIO GUTIÉRREZ VALLES, fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS estando vigente Código Penal publicado mediante Decreto Numero 130-2017, decreto este último que fue reformado en relación al Artículo 439, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman y modifican el tipo penal imputado, como es el de Lavado de Activos, de la siguiente manera: ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. Por tanto, de las legislaciones posteriores a la aplicada en la sentencia, por el principio de retroactividad se debe tomar en consideración, de las leyes promulgadas con posterioridad a la norma derogada, la que más beneficie al sentenciado. V. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021, puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la persona haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. De lo anterior no se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en el tipo penal vigente, convierte la comisión de dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en ley Sustantiva Vigente. VI. En el caso que nos ocupa, la fiscalía expuso que no procedía la retroactividad de la ley penal, arguyendo que dicha reforma contraviene disposiciones garantizadas en el bloque de constitucional y solicitando “se aplique el control convencionalidad respectivo y decrete inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el decreto 93-2021 en lo atinente “que no tenga causa de justificación económica o licita de su procedencia” por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte”. Expresando que se violenta el numeral 7 del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados parte a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen licito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno. Asimismo, la Convención de Palermo que en su artículo 12 numeral 7) que dice: “Los Estados parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello sea conforme con los principios de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otras actuaciones conexas”. Haciendo un análisis de lo peticionado por la fiscalía esta Sala, no encuentra una relación de la norma convencional que invoca la fiscalía con el caso sometido a esta jurisdicción. En otras palabras, no es acorde con la situación jurídica bajo estudio. Recordando que el núcleo de este caso es sobre un tipo penal y los artículos convencionales invocados se refieren al decomiso, por lo tanto, no establecen un tipo penal conformado por una descripción y una pena que contraste con la situación jurídica concreta. VII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión en favor del señor FELIX ANTONIO GUTIÉRREZ VALLE, de una norma vigente que le resulta más benigna, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos, no se debe ejecutar en vista que la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021. VIII. Que, como consecuencia de la procedencia de la acción de revisión penal, el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que: “La Sentencia que dicte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará, según el caso: 1) La libertad del condenado; 2) La restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa; 3) El cese de la inhabilitación y de las penas accesorias, con devolución de los efectos del comiso, si ello fuere posible, y la cesación de las medidas de seguridad…”. Por lo que, en aplicación de lo que establece el artículo 101 numerales 1, 2 y 3 anteriormente citados; Debe Ordenarse la Libertad del Condenado; la restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de Multa; así como la Devolución de los efectos del Comiso, si ello fuere posible y el cese de la Inhabilitación Absoluta a la que fue condenado, como pena accesoria.- CONSIDERANDO (18): Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 615 y 616 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, en aplicación de los artículos 186, 316.1, 320 y 321 de la Constitución de la Republica, con relación a lo establecido en los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el siguiente fallo.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 373 del Código Penal vigente; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado ALEX JASIRE AGUILAR ARITA a favor del señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, en la sentencia dictada en su contra por suponérsele responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. II) SE REFORMA la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha catorce de abril de dos mil veintiuno, con relación a la causa que se instruyó contra el señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: Dejando sin valor ni efecto la pena principal impuesta al señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal Decreto 130-2017, reformado mediante Decreto 93-2021. SEGUNDO: Se ordena al TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL extienda Carta de Libertad Definitiva y Nota de Excarcelación a favor del señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE. Sin perjuicio que el imputado tenga otros procesos pendientes. TERCERO: Se Ordena la Devolución de los efectos del Comiso, si ello fuere posible, según se describen en el Pronunciamiento QUINTO de la sentencia condenatorio firme dictada en su contra por la comisión del expresado delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. CUARTO: Declararse el Cese de la Inhabilitación Absoluta a la que fue condenado, como pena accesoria, el señor FELIX ANTONIO GUTIERREZ VALLE. QUINTO: Ratificando la Sentencia Revisada en sus demás partes y contenidos. Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo.- NOTIFIQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. -. WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha once de diciembre del año dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0583-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL