Sentencia RP-582-23 — Registro 19899
Resumen
Se interpuso recurso de revisión penal contra la sentencia condenatoria por el delito de robo de vehículo en perjuicio del testigo protegido con clave 21535 a la pena de diez (10) años de reclusión. La Sala aprecia que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la garantía constitucional de Revisión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “En relación a lo esbozado por la fiscalía, no existe fragmentación de la norma penal, puesto que se está haciendo un análisis global y la aplicación completa del nuevo código Penal. VII. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, ya que la misma fue dictada en estricta conformidad; este Tribunal Constitucional concluye que a HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, se le debe imponer la pena concreta de ocho (8) años por delito de Robo do Violencia e intimidación Agravado en perjuicio de testigo protegido clave 21535 y dos (2) años ocho meses por el delito de RECEPTACION en perjuicio de la señora MARIA FUENTES; Más las penas accesorias que conlleva. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice el computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando padilla Castellanos Pronuncia: En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal número SCO 0582-2023 interpuesto Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por la Abogada DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA a favor del Señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que falló: “FALLA: PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ de generales anteriormente detalladas, como AUTOR responsable penalmente de un delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 21535 a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, la cual deberá de cumplir en el Centro Penitenciario que corresponda conforme a ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, además se le condena por este delito a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ de generales anteriormente detalladas, como AUTOR responsable penalmente de un delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio del MARIA FUENTES a la pena de NUEVE (09)AÑOS DE RECLUSION, la cual deberá de cumplir en el Centro Penitenciario que corresponda conforme a ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, además se le condena por este delito a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. Son partes: 1) La abogada DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA, En favor de HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ como revisionista. 2)La abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, Fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA PPRIMERO: En fecha 27 de enero del año 2015 a eso e las 10:30 de la noche, a la altura de la colonia los Alpes de San Pedro Sula, Cortés, el testigo protegido con clave 21535, se conducía en un vehículo marca Kia, tipo camioneta, color café oscuro, año 2011, cuando fue interceptado por un vehículo Mazda3, color gris, del que se bajaron cuatro personas entre ellas el señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ quienes de manera violenta, portando arma de fuego y mediante intimidación lo despojaron del vehículo descrito, huyendo del lugar con rumbo desconocido. SEGUNDO: En fecha 30 de enero del año 2015 agentes de la Policía Militar requirieron al señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, cuando se conducía en un vehículo Marca Honda, Tipo Camioneta, Color rojo, placa PCP7459; ese vehículo había sido despojado de manera violenta a la señora María Fuentes, en fecha 6 de enero de 2015, en la Colonia Orquídea Blanca de San Pedro Sula, Cortés, El señor Héctor Josué Carbajal Hernández tenia conocimiento de la procedencia ilícita del vehículo que había adquirido, sin mostrar documentación que lo acreditara como propietario del mismo. ANTECEDENTES 1.-Del inicio del proceso penal, En fecha treinta y uno (31) de enero del dos mil quince (2015), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, INMER M. HUETE presentó REQUERIMIENTO FISCAL, en contra del señor HECTOR JOSUE CARBAJAL, a quien se le supone responsable del delito de ROBO Y ROBO DE VEHICULO, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 21535; y ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de MARIA FUENTES (Folios 01-03 del recurso de mérito) 2)De la Sentencia Condenatoria. Que en fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil dieciséis (2016), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ de generales anteriormente detalladas, como AUTOR responsable penalmente de un delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE 21535 a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION, la cual deberá de cumplir en el Centro Penitenciario que corresponda conforme a ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, además se le condena por este delito a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. SEGUNDO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ de generales anteriormente detalladas, como AUTOR responsable penalmente de un delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio del MARIA FUENTES a la pena de NUEVE (09)AÑOS DE RECLUSION, la cual deberá de cumplir en el Centro Penitenciario que corresponda conforme a ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, además se le condena por este delito a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: Se declara la responsabilidad civil del señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, misma que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia, por parte del Juzgado de Ejecución Penal de esta sección Judicial. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados QUINTO: No procede declarar el comiso, al no haberse puesto a la orden de este tribunal ninguna pieza de convicción o ejecución a la disposición del Tribunal. SEXTO: Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales, y una vez firme la misma, remítase junto con los respectivos antecedentes, al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial para que proceda a la ejecución de las penas establecidas en la misma. ASI LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS (Folios 145-149 del recurso de mérito) 3)De la interposición del recurso de Revisión y su Admisión por la Sala Constitucional. Que en fecha nueve de mayo de dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la abogada DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA, presentando recurso de revisión penal a favor del señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, contra la sentencia condenatoria de fecha diecisiete de Noviembre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando la recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-06 del recurso) 4)De la Celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que en fecha diecinueve (19) de octubre del dos mil veintitres (2023) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA actuando en su condición de Apoderada Legal del señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ; y en la que cedida que les fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestado el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de su representado de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo código penal decreto (130-2017). La representante del Ministerio Público fue de la opinión porque no se otorgue la presente acción de revisión (folio 18 al 20 del recurso) FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía Constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la Sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme, tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia Penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 186 de la Constitución de la República y el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. El garantista señala en los motivos que funda su Recurso de Revisión: En el caso que nos ocupa, resulta evidente que el Código Penal contenido en el Decreto 130-2017 establece un tratamiento más favorable para el delito de ROBO DE VEHICULO y ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, figuras que aparecen modificadas en la nueva norma penal en la que hoy aparece la figura del delito de HURTO Y ROBO DE USO DE VEHICULO AUTOMOTOR y ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACION. Resulta que a su representado al momento de ser condenado por el delito de Robo de vehículo agravado se le aplicó el artículo, 217 Y 218 párrafo segundo el cual establece una pena de diez (10) a quince(15) años de reclusión y siendo que el artículo 364 último párrafo lo remite al artículo 361 por el delito de Robo con Violencia e Intimidación, Razón por la cual es imperativo que se proceda a revisar la sentencia condenatoria y se aplique a su representado la pena mínima establecida en la legislación penal vigente como norma más favorable lo cual constituye el principio de retroactividad de la ley penal más favorable a favor de su representado. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición se celebró el día diecinueve (19) de Octubre del dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA, como garantista a favor del condenado HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, la abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada DILENIA HERRERA GARCIA, quien expuso que ratifica la interposición del recurso de revisión de penas en materia penal, al amparo del principio de retroactividad de la ley más favorable al reo, consignado en el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y de acuerdo a los artículos 361 y 364 del Código Penal creado mediante Decreto 130-2017 que contemplan los delitos por los que fue condenado su representado, le benefician con una reducción considerable las penas que le fueron impuestas mediante sentencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil dieciséis.- Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien hizo uso de la palabra, expresando que de lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a efectuar el respectivo análisis, es así, que la norma Penal derogada tipificaba el delito de ROBO DE VEHICULO en el artículo 218 párrafo segundo con una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Respecto al delito de Adquisición de vehículo Robado la norma derogada lo tipificaba en el artículo 218D que establecía una pena abstracta a imponer de nueve (9) a doce (12) años de reclusión y El Código Penal vigente enmarca el delito por el cual fue condenado el hoy sentenciado en el artículo 364, referente al USO DE VEHÍCULO ROBADO, último párrafo que determina: "Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del Robo con violencia o intimidación.". Es así que el delito de ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN se encuentra contenido en el artículo 361 que debe ser castigado con la pena de cuatro (4) a ocho (8) años. Es importante resaltar que la pena supra indicada se agrava en 1/3 conforme lo contempla el artículo 363 numeral 9). De lo antes relacionado al realizar el cálculo aritmético, de la pena 4 a 8 años aumentada en 1/3 por concurrir la agravante supra relacionada, corresponde una pena abstracta de ocho (8) años a diez (10) años con ocho (08) meses de prisión. Debemos indicar que la pena que corresponde al delito de Uso de Vehículo es la que corresponde imponer también al delito de Robo con Violencia o Intimidación (8) años a diez (10) años con ocho (08) meses de prisión), de ahí que para el delito de ADQUISICION DE VEHÍCUIO ROBADO que se sancionaba en el artículo 218-D del Código Penal derogado con una pena de 9 años a 12 años, quien oculte o por cualquier acto transfiera o adquiera un vehículo que fue robado, hurtado o abandonado, se exceptúan los casos en que las transacciones se hayan realizado de buena fe. En base a ello se estima que la conducta que la norma penal sanciona, es el ocultamiento, trasferencia u adquisición de un bien mueble que previamente ha sido robado, hurtado o abandonado; entendiéndose entonces que quien adquiera u oculta no ha tenido participación en el primer delito, es decir, en el robo o hurto; pero sí que ha actuado a sabiendas de la procedencia ilícita del bien, de lo contrario, la misma norma excluye su responsabilidad, cuando en las últimas líneas señala que se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. Siguiendo este orden de ideas, esta representación fiscal no comparte el criterio del revisionista, en cuanto a que la conducta descrita en el artículo 218 D del Código Penal derogado ha sido despenalizado, por no encontrarse tipificado de manera especial o autónoma bajo la denominación "Adquisición de vehículo robado" en la nueva norma penal; no obstante, la conducta de adquirir u ocultar bienes que proceden de otros delitos, si se encuentra claramente descrita en el artículo 438 del Código Penal vigente, tipificada como el delito de Receptación que señala Quien con ánimo de lucro Y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiera u oculte tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden 1os bienes o efectos, rebajados en un (1/3) tercio. De aquí, que el tipo penal de Receptación sanciona la conducta consistente en, ya sea colaborar con los responsables o aprovecharse de los bienes, o bien recibir, adquirir u ocultar los bienes. Que del análisis comparativo entre las penas impuestas en la presente causa y las penas aplicables conforme el código penal vigente, se aprecia que la aplicación de la nueva Ley penal para los delitos de Robo de Vehículo y Adquisición de Vehículo Robado, no resulta más favorable al reo, de conformidad con el criterio establecido en el artículo 615 de la norma sustantiva, en cuanto dispone que las penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal; tal como acontece en el caso de autos, en tanto la pena impuesta se encuentra dentro del mismo rango punitivo que establece el Código Penal vigente, por lo que conforme lo antes expuesto, no es procedente lo peticionado por el revisionista, al no concurrir los requisitos establecidos en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE de tal forma que se advierte que la nueva norma sustantiva no le es favorable, y siendo que el artículo 616 del nuevo Código Penal establece la no fragmentación de las dos normas, no procede la aplicación del principio de retroactividad solicitado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…” CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso de que la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un delito continuado la ponderación debe hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (artículo 617 NCP). Al apreciarse un concurso continuado (artículo 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las mismas reglas señaladas para el concurso ideal. Se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al concurso continuado según las reglas del Código Penal Decreto 144-83 ya derogado, con la pena que correspondería conforme las reglas del concurso continuado del Código Penal vigente Decreto 130-2017. Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el concurso; b. Cuando una de las penas concursadas corresponda a un delito despenalizado, primero se deberá hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del Código penal derogado y luego hacer la comparación global con el Código penal vigente Decreto 130-2017; comparación que debe de hacerse según se explicó en el numeral anterior; o c. Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso continuado, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas. Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real: i. Limite subjetivo, ii. Limite objetivo ordinario; y, iii. Limite objetivo extraordinario, explicado igualmente líneas adelante. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo Y hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la resolución de fecha diecisiete de Noviembre del año dos mil dieciséis, por el delito de ROBO DE VEHICULO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE 21535 a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION; y por el delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO en perjuicio de MARIA FUENTES a la pena de NUEVE (9) AÑOS DE RECLUSION, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 217, 218 D del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de ROBO DE UN VEHICULO Y UN DELITO DE ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO CATORCE (14): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 y artículo 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna se toma en consideración los hechos probados y estos se encuadran con el articulado de la nueva norma penal; si el resultado es una pena menos gravosa que la impuesta con la norma penal derogada, se procede a los efectos de la aplicación de la nueva ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia [Apelación o Casación]. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales y el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y determinar si el resultado de ese encuadre es más beneficioso que la pena impuesta a esos mismos hechos con el Código Penal derogado. El asidero de este ejercicio lo encontramos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 a donde establece “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor”. Así mismo para realizar aplicación del principio de retroactividad de las normas penales se lleva a cabo a una solución equilibrada, no hermética, objetiva y acorde con la realidad de cada caso, al ponderar todas las circunstancias y supuestos, sin salirse de la parte intangible de la sentencia lo cual recae en sus hechos probados y fundamentación jurídica. Vale precisar que este no es un Recurso diseñado para hacer valoraciones sobre las decisiones tomadas por el juzgador primario solo se limita a precisar la existencia o no, de benignidad de una nueva norma penal para así garantizar la satisfacción del artículo 96 de la Constitución de la Republica. III. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, en cuanto al Robo de Vehículo, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, en el artículo 217 dice: Comete el delito de Robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipará a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo, o el de uso de medios que debiliten o anulen su resistencia. Artículo 218. El culpable de Robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Al culpable del delito de Robo de vehículos automotores terrestres, naves aéreas, buques y otros bienes similares se le aplicara una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. El Código Penal vigente, decreto 130-2017. Reconoce la misma conducta delictiva en los siguientes artículos: ARTÍCULO 364.- HURTO Y ROBO DE USO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. Quien, sin ánimo de apropiación, sustrae o utiliza sin la debida autorización un vehículo automotor debe ser castigado con la pena de uno (1) a tres (3) años de prisión, si lo devuelve al lugar donde lo sustrajo o a su propietario, en un plazo no superior a doce (12) horas. Si para la sustracción se empleara fuerza en las cosas la pena de prisión debe ser de dos (2) a cuatro (4) años. Si no se restituye en el plazo indicado en el párrafo primero del presente artículo, el hecho debe castigarse como hurto o robo. Si para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación. ARTÍCULO 361.- ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. ARTÍCULO 363.- AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. IV. En relación al delito de ADQUISION DE VEHICULO R0BADO el Código Penal Decreto 144-1983, lo tipifica en el artículo 218 D que impone una pena de nueve (9) a doce(12) años de prisión, En base a ello se estima que la conducta que la norma penal sanciona, es el ocultamiento, trasferencia u adquisición de un bien mueble que previamente ha sido robado, hurtado o abandonado; entendiéndose entonces que quien adquiera u oculta no ha tenido participación en el primer delito, es decir, en el robo o hurto; pero sí que ha actuado a sabiendas de la procedencia ilícito del bien, de lo contrario, la misma norma excluye su responsabilidad, cuando en las últimas líneas señala que se exceptúan los casos en que la transacción se haya realizado de buena fe. En este caso, según los hechos probados el condenado fue detenido en posesión de vehículo reportado como robado en perjuicio de la señora MARIA FUENTES; sin embargo tres días antes había participado directamente junto a otros sujetos armados en despojo del vehículo del testigo clave 21535; si bien es cierto este delito en cuanto a la conducta descrita en el artículo 218 D del Código Penal derogado han sido despenalizado, por no encontrarse tipificado de manera especial o autónoma bajo la denominación "Adquisición de vehículo robado" en la nueva norma penal la conducta de adquirir u ocultar bienes que proceden de otros delitos, si se encuentra claramente descrita en el artículo 438 del Código Penal vigente, tipificada como el delito de Receptación que señala Quien con ánimo de lucro Y conocimiento de la comisión de un delito en el que no haya participado ni como autor ni como cómplice, ayuda a los responsables de los bienes o efectos procedentes del mismo, o recibe, adquiera u oculte tales efectos, debe ser castigado con la pena que corresponda al delito del que proceden 1os bienes o efectos, rebajados en un (1/3) tercio. En el presente caso que nos ocupa, en relación a este delito en cual el condenado, fue detenido en posesión de un vehículo automotor robado del cual no justifico su procedencia y al ser la pena abstracta de robo con intimidación de 4 a 8 años, y aplicando la rebaja de 1/3 que establece el delito del que procede el bien objeto material, la nueva pena abstracta quedaría de 2 años, 8 meses a 4 años de prisión, subsumiéndose la conducta enjuiciada con el código penal vigente en el delito de Receptación. Al comparar las penas impuestas por el A-quo (9 años de reclusión), con la pena que establece el nuevo código penal, se evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que su límite mínimo es de 2 años ocho meses y su límite máximo es de 4 años de prisión, debiendo aplicársele el principio de Retroactividad Penal, por ser más favorable, V. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a HECTOR JOSUE CARBAJAL HRNANDEZ, la pena de DIEZ (1O) años, de reclusión, por ser penalmente responsable del delito de Robo de Vehículo en perjuicio de testigo con clave 21535; y la pena de nueve (9) años, por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, en perjuicio de la señora MARIA FUENTES; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Las conductas por las cuales fue condenado HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, están descritas en el nuevo Código Penal decreto 130-2017, 364,relacionado al 361 y 363 como ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACION AGRAVADO, lo cual nos da un nuevo margen abstracto de pena de ocho( 8) años a diez (10) años y ocho (8) meses de prisión; Asimismo en cuanto a la conducta descrita en el artículo 218 D del Código Penal derogado bajo la denominación "Adquisición de vehículo robado". Esta conducta está prevista, como delito de Receptación, artículo 438 que se castiga con la pena que corresponda al delito del que proceden los bienes o efectos rebajada en 1/3 , resultando la nueva pena abstracta de 2 años, 8 meses a 4 años de prisión; Arrojando como resultado al sumar ambas penas por los dos delitos de diez (10) años ocho(8) meses, a catorce (14) años, ocho (8) meses de prisión, Quantum de pena, que refleja que el Código Penal Vigente resulta más benigno para el encausado. VI.-En relación a lo esbozado por la fiscalía, no existe fragmentación de la norma penal, puesto que se está haciendo un análisis global y la aplicación completa del nuevo código Penal. VII. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias, ya que la misma fue dictada en estricta conformidad; este Tribunal Constitucional concluye que a HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, se le debe imponer la pena concreta de ocho (8) años por delito de Robo do Violencia e intimidación Agravado en perjuicio de testigo protegido clave 21535 y dos (2) años ocho meses por el delito de RECEPTACION en perjuicio de la señora MARIA FUENTES; Más las penas accesorias que conlleva. VIII. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. IX. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice el computo de una nueva pena y proceda conforme a derecho corresponda. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 68, 70, y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada DILENIA ELIZABETH HERRERA GARCIA, a favor del señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por TRIBUNAL DE SENTENCIA DE San pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha diecisiete de Noviembre del año dos mil dieciséis; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, por los delitos de ROBO DE VEHICULO Y DELITO DE ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor HECTOR JOSUE CARBAJAL HERNANDEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN AGRAVADO a la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN, Y POR EL DELITO DE RECEPTACION a la pena de DOS AÑOS OCHO MESES DE PRISION como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2). Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo.–NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-582-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL