Sentencia RP-582-22 — Registro 19998
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente a las penas principales de doce (12) años de reclusión como autor del delito del delito de robo agravado; de treinta (30) años de reclusión por el delito de asesinato; de seis (6) años de reclusión por el delito de daños agravados en perjuicio de víctimas, siendo una pena global de cuarenta y ocho (48) años; más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándole responsabilidad civil; La Sala concluyó que se cumplen los requisitos exigidos por la norma constitucional, por lo que procede aplicar la retroactividad en favor de recurrente al ser una norma vigente que le resulta más benigna.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSE LUIS CACERES LICONA fue condenado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha siete de junio de dos mil trece, a la pena de doce (12) años de reclusión por el delito de robo agravado en perjuicio de Juan Carlos Zelaya Turcios y Wilfredo Pérez Gonzales; a la pena de treinta (30) años de reclusión por el delito de asesinato en perjuicio de Justo Jiménez Morales y a una pena concreta de seis (6) años de reclusión por el delito de daños agravados en perjuicio de Justo Jiménez Morales; y como penas accesorias a la de reclusión, inhabilitación absoluta, interdicción civil y a trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional de la ciudad de Comayagua donde cumplirá las penas impuestas. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 117, 218, 219, 255 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenadl cometió los delitos de asesinato, robo agravado y daños agravados. III. Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional,...en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JOSE LUIS CACERES LICONA, la pena concreta de DOCE (12) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO AGRAVADO, a una pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASESINATO y a una pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION por el delito de DAÑOS AGRAVADOS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INTERDICCIÓN CIVIL Y TRABAJO OBLIGATORIO dentro de la Penitenciaria Nacional de Comayagua, donde cumplirá las penas impuestas. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de robo agravado, enmarcado en los artículos 218 y 219 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de reclusión aumentada en 1/3 por la concurrencia de las causales 1 y 2 del referido artículo 219; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 361 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Agravándose dicha pena si concurren agravantes específicas, pudiendo llegar la pena de ocho (8) hasta diez (10) años ocho meses de prisión; Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta la concurrencia de la causal 9 contemplada en el artículo 363 del nuevo Código Penal, corresponde aplicar la pena de ocho (8) años tres (3) meses; pena que es menos gravosa para el encausado. En relación al delito de asesinato, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de asesinato, enmarcado en el artículo 117 establece la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 193 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años y si concurriere la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años; pena que es menos gravosa para el encausado...Asimismo, en relación al delito de daños agravados el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones de este tipo penal, enmarcado en el artículo 255 será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años quien cause alguno de los daños a que se refiere el artículo anterior y concurre alguna de las circunstancias siguientes: 4) En cuadrilla o en despoblado; por lo que se le impuso la pena de seis (6) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 381 establece para la misma conducta delictiva a quien destruye, deteriora, inutiliza o causa daños a cosa ajena, no comprendidos en otras disposiciones del presente Código; debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de ciento ochenta a setecientos veinte días si la cuantía del daño excede de cinco mil lempiras (L.5,000.00)...El sentenciado, al tenor de los artículos 193, 218 y 361 antes referidos del nuevo Código Penal cometió los delitos de asesinato, robo agravado y daños agravados, puesto que participó en calidad de autor responsable en los delitos antes referidos. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. III. En vista de las circunstancias de los hechos y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso las penas de doce (12) años de reclusión por el delito de robo agravado, a una pena de treinta (30) años de reclusión por el delito de asesinato y a una pena de seis (6) años de reclusión por el delito de daños agravados, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional de Comayagua, donde cumplirá las penas impuestas. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DEJUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de diciembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada MARIA DE LA PAZ ERAZO MARTINEZ, a favor del señor JOSE LUIS CACERES LICONA, contra la Sentencia Condenatoria dictada por JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha siete de junio de dos mil trece, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE LUIS CACERES LICONA, por el delito de ASESINATO, ROBO AGRAVADO Y DAÑOS, en perjuicio de JUSTO JIMENES MORALES, CARLOS ZELAYA TURCIOS Y WILFREDO PEREZ GONZALEZ. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil (2000) EL JUZGADO DE LETRAS PRIMERA SECCIONAL de Comayagua, departamento de Comayagua, tuvo en conocimiento el encuentro del cadáver de una persona; al efecto constituido el suscrito Juez de Turno en el lugar de los hechos acompañado de las autoridades del Ministerio Público, Dirección General de Investigación Criminal, de la Dirección de Medicina Forense y de la policía Nacional preventiva; una vez realizado el levantamiento El Tribunal ordeno instruir la averiguación sumarial correspondiente, citando y examinando en legal y debida forma a cuantas personas puedan dar razón, de los hechos, constitúyase el suscrito Juez asociado de su Secretaria de actuaciones al lugar de los hechos a fin de practicar inspección ocular; de resultar méritos líbrense contra el sospechoso o los sospechosos cuantas ordenes de captura sean conducentes, habidos que sean tómeseles su correspondiente declaración indagatoria y ordénese su detención por el término de ley para inquirir, y con el mérito de lo actuado provéase a lo hubiere lugar en derecho; en fecha veintisiete (27) de octubre del año dos mil (2000) en la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua ha sido puesto a la orden por parte del Ministerio Público al señor JOSE LUIS CACERES LICONA, para rendir declaración, y en misma fecha se notifica al encausado el auto que ordena su detención por el termino de Ley para inquirir. (Folio 1-2, 49-51 del A-Quo). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha siete(07) de junio del año dos mil trece (2013), EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual resolvió: “PRIMERO: A) CONDENAR al encausado JOSE LUIS CÁCERES LICONA a la pena principal de DOCE (12) AÑOS DE RECLUSION como autor del delito de DELITO DE ROBO AGRAVADO, en perjuicio de JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS Y WILFREDO PEREZ GONZALEZ, CONDENANDO B) a una pena principal de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASESINATO en perjuicio de JUSTO JIMENEZ MORALEZ , C) a una pena concreta de SEIS (06) AÑOS DE RECLUSION por el delito de DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio de JUSTO JIMENEZZ MORALES; y como penas accesorias a la RECLUSION, INHABILITACION ABSOLUTA, INTERDICCION CIVIL Y A TRABAJO OBLIGATORIO. siendo responsable el señor JOSE LUIS CACERES LICONA (Folio 222-224 Sentencia de la pieza del A-Quo). 3) Que en fecha ocho de abril de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada MARIA DE LA PAZ ERAZO MARTINEZ presentando recurso de revisión penal a favor del señor JOSE LUIS CACERES LICONA, contra la sentencia condenatoria de fecha “siete (07) de junio del dos mil trece, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-03 del recurso) 4) Que en fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada MARIA DE LA PAZ ERAZO MARTINEZ, en su condición de apoderada legal del señor JOSE LUIS CACERES LICONA, y la Abogada MARINA AUDELY VARELA FIGUEROA en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 12-15 del recurso de mérito) CONSIDERANDO (1): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (2): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha ocho (08) de junio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada MARIA DE LA PAZ ERAZO MARTINEZ, quien actúa como apoderado del señor JOSE LUIS CACERES LICONA, como revisionista; y, la Abogada MARINA AUDELY VAERLA FIGUEROA, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La abogada Maria de la Paz Erazo Martínez, funda su petición en que se le apliquen a su representado la retroactividad de la Ley Penal vigente Decreto Legislativo 130-2017, en relación a los artículos 96 y 186 de la Constitución de la República; 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, señalando que ratifica lo solicitado y siendo ye el día siete de junio del año dos mil trece, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua departamento de Comayagua dictó sentencia definitiva, mediante la cual se condenó al señor José Luis Cáceres Licona a cumplir una pena global de cuarenta y ocho (48) años de reclusión por los delitos de asesinato, robo agravado y daños en perjuicio de Justo Jiménez y que el juez sentenciador para condenar al señor Caceres Licona hizo acopio de lo prescito en la parte final del articulo 117 del Código Penal de 1983 con sus reformas y mediante el cual, la pena para el delito de asesinato, se cometiere acompañado de robo, la pena ser de 30 años a prisión de por vida de la libertad, considerando este delito como un delito complejo, imponiendo la pena de 48 años. A efecto de poder determinar la ley mas favorable, el articulo 616 del nuevo Código Penal vigente consigna que al realizar la valoración se tiene en cuenta las disposiciones siguientes, consideraciones taxativamente y no por el ejercicio del arbitro judicial entendemos que encaso de auto de trata de un concurso medial, vista así las cosas el párrafo sexto del articulo 616 ya citado expresa: si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido anulada en el presente código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta y la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva ley; es visto entonces que la nueva ley penal desaparece la figura de concurso medial (global) que aplicó el sentenciador en su sentencia original, como detallamos enseguida: tenemos consiguientemente que estudiar la aplicación de la ley como concurso real, o sea, en forma individual aplicando al infractor las penas correspondientes a las diversas infracciones cometidas, por lo que solicito que se dicte nueva sentencia por encontrarse establecido en la nueva norma el delito complejo de asesinato acompañado de robo en que sustentó el sentenciador su fundamentación para condenar a una pena de 48 años al señor José Luis Cáceres Licona, es de derecho aplicarse a este la forma individualizada de las distintas infracciones en concurso real aplicando pues, las penas mínimas a cada delito, que quedarían de la siguiente manera: delito de asesinato, 20 años de reclusión, delito de robo, 4 años de reclusión y delito de daños 6 meses de reclusión mas multa de 180 días. Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que la revisionista solicita que se revea la sentencia definitiva, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de la persona condenada, de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, el cual sanciona con una pena más benigna a los tipos penales en relación. Al hacer un estudio de la causa se observa que la sentencia contra la que se solicita el recurso de revisión es la sentencia definitiva de fecha siete de junio de dos mil trece dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, mediante la cual se condenó al señor José Luis Cáceres Licona por los delitos de asesinato, robo agravado y daños en perjuicio de Justo Jiménez Morales, Carlos Zelaya Turcios y Wilfredo Pérez González a la pena de 30 años de reclusión por el delito de asesinato, 12 años de reclusión por el delito de robo agravado y seis años de reclusión por el delito de daños, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y se declara la responsabilidad civil del condenado. Al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales se establece que el Código Penal derogado sancionaba el delito de asesinato en su articulo 117 con una pena de 20 a 30 años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria o se acompañase de robo o violación, la pena será de 30 años a privación de por vida de la libertad. Para el cual se impuso una pena de 30 años de reclusión. De los hechos descritos, la revisionista solicita la aplicación del articulo 193 que establece: Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de 25 a 30 años. Asimismo, concurren las agravantes del articulo 32 numerales 1) De alevosía, 2) Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad, en este caso eran varios los malhechores, 4) Ejecutar el hecho mediante disfraz, ya que andaban pasamontañas que le fueron decomisados, asimismo concurren las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente; ya que era un ligar ubicado en una zona boscosa y desolada. Debiéndose aplicar el límite máximo conforme el articulo 70 numeral 1 inciso e) de la norma penal en comento. El decreto 144-83 regulaba el delito de robo de vehículo agravado en el artículo 218 y 219, imponiendo una pena de 10 a 15 años de reclusión, relacionado con el articulo 225 No.4 con las agravantes de realizar el delito de dos o más personas, el despoblado y con armas (AK47), por lo que se le impuso una pena de 12 años de reclusión. El Código Penal vigente establece en el articulo 364. Hurto y Robo de uso de vehículo automotor; relacionado con el articulo 361 que tipifica el delito de robo con violencia o intimidación con una pena de 4 a 8 años sin perjuicio a lo actos con violencia que realice y en atención al articulo 363 numeral 9, el delito se cometió empleando armas (AK47) u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, incrementando la pena en 1/3 por ser agravado, quedando una nueva pena de 8 a 10 años ocho meses. Asimismo, concurren las agravantes del articulo 32 numerales 2 y 4 del nuevo Código Penal (de superioridad por andar en cuadrilla por las circunstancias del lugar); debiéndose aplicar la pena media hasta el límite máximo conforme lo establece el articulo 70 numeral 1 literal b) de la norma en comento. El decreto 144-83 regulaba el delito de daños agravados, articulo 255 que señalaba una pena de reclusión de 3 a 6 años a quien cause alguno de los daños a que se refiere el articulo anterior, y concurre alguna de las circunstancias siguientes: 4) En cuadrilla o despoblado, por el que se le impuso una pena de seis años de reclusión. El Código Penal vigente en el articulo 381. Daños. Quien destruye, deteriora, inutiliza o causa daños a cosa ajena, no comprendidos en otras disposiciones del presente código, debe ser castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa si la cuantía excede de cinco mil lempiras; relacionado con el articulo 382. Daños Agravados. Las penas del articulo anterior se deben aumentar en 1/3 en las circunstancias siguientes: 3) Quien destruye, deteriore, inutilice o cause daños a cosa ajena (se destruyó el carro del ofendido) al incrementar la pena de 1/3 la nueva pena queda en 2 años a 2 años ocho meses de reclusión y una multa que oscila de 180 a 720 días, que conforme al articulo 53 de dicho cuerpo legal, cada día multa tiene un valor de veinte lempiras (L.20) hasta cinco mil lempiras (L.5,000). Asimismo, concurren las agravantes del artículo 32 numerales 2 y 4 del nuevo Código Penal (de superioridad por andar en cuadrilla y por las circunstancias del lugar) debiéndose aplicar la pena media hasta el límite máximo. Al revisar lo peticionado por la revisionista de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la ley mas favorable contenidos en el articulo 616 del Código Penal, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal resultan mas favorables para el sentenciado. Por lo que es procedente aplicar el principio de retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el articulo 96 párrafo tercero de la Constitución de la República, en cuanto dispone: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Mismo que también es regulado en el articulo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Por esa razón esta representante del Ministerio Público es de la opinión que SE OTORGUE la presente acción de revisión penal. CONSIDERANDO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. Asimismo es importante señalar que la Revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la Republica. Articulo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO (5): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO (11): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor JOSE LUIS CACERES LICONA fue condenado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha siete de junio de dos mil trece, a la pena de doce (12) años de reclusión por el delito de robo agravado en perjuicio de Juan Carlos Zelaya Turcios y Wilfredo Pérez Gonzales; a la pena de treinta (30) años de reclusión por el delito de asesinato en perjuicio de Justo Jiménez Morales y a una pena concreta de seis (6) años de reclusión por el delito de daños agravados en perjuicio de Justo Jiménez Morales; y como penas accesorias a la de reclusión, inhabilitación absoluta, interdicción civil y a trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional de la ciudad de Comayagua donde cumplirá las penas impuestas. II. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en los artículos 117, 218, 219, 255 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenadl cometió los delitos de asesinato, robo agravado y daños agravados. III. Esta Sala procede a examinar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JOSE LUIS CACERES LICONA, la pena concreta de DOCE (12) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ROBO AGRAVADO, a una pena de TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ASESINATO y a una pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION por el delito de DAÑOS AGRAVADOS, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, INTERDICCIÓN CIVIL Y TRABAJO OBLIGATORIO dentro de la Penitenciaria Nacional de Comayagua, donde cumplirá las penas impuestas. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de robo agravado, enmarcado en los artículos 218 y 219 del Código Penal decreto 144-1983 establece una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de reclusión aumentada en 1/3 por la concurrencia de las causales 1 y 2 del referido artículo 219; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 361 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Agravándose dicha pena si concurren agravantes específicas, pudiendo llegar la pena de ocho (8) hasta diez (10) años ocho meses de prisión; Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta la concurrencia de la causal 9 contemplada en el artículo 363 del nuevo Código Penal, corresponde aplicar la pena de ocho (8) años tres (3) meses; pena que es menos gravosa para el encausado. En relación al delito de asesinato, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de asesinato, enmarcado en el artículo 117 establece la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 193 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años y si concurriere la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años; pena que es menos gravosa para el encausado. Asimismo, en relación al delito de daños agravados el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones de este tipo penal, enmarcado en el artículo 255 será sancionado con reclusión de tres (3) a seis (6) años quien cause alguno de los daños a que se refiere el artículo anterior y concurre alguna de las circunstancias siguientes: 4) En cuadrilla o en despoblado; por lo que se le impuso la pena de seis (6) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 381 establece para la misma conducta delictiva a quien destruye, deteriora, inutiliza o causa daños a cosa ajena, no comprendidos en otras disposiciones del presente Código; debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) meses a dos (2) años y multa de ciento ochenta a setecientos veinte días si la cuantía del daño excede de cinco mil lempiras (L.5,000.00). Debiendo ser aumentada en 1/3 por la concurrencia de las circunstancias siguientes: 3) Quien destruye, deteriore, inutilice o cause daños a cosa ajena (en este caso se destruyo el vehículo del ofendido); pena que es menos gravosa para el encausado. II. El sentenciado, al tenor de los artículos 193, 218 y 361 antes referidos del nuevo Código Penal cometió los delitos de asesinato, robo agravado y daños agravados, puesto que participó en calidad de autor responsable en los delitos antes referidos. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. III. En vista de las circunstancias de los hechos y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al encausado se le impuso las penas de doce (12) años de reclusión por el delito de robo agravado, a una pena de treinta (30) años de reclusión por el delito de asesinato y a una pena de seis (6) años de reclusión por el delito de daños agravados, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional de Comayagua, donde cumplirá las penas impuestas. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada MARIA DE LA PAZ ERAZO MARTINEZ, a favor del señor JOSE LUIS CACERES LICONA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor JOSE LUIS CACERES LICONA, por el delito ASESINATO, en perjuicio de JUSTO JIMENEZ MORALES; por el delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS Y WILFREDO PEREZ GONZALES, y por el delito de DAÑOS AGRAVADOS en perjuicio de JUSTO JIMENEZ MORALES y como penas accesorias a la de reclusión, inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional de Comayagua donde cumplirá las penas impuestas; la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE LUIS CACERES LICONA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito ASESINATO, en perjuicio de JUSTO JIMENEZ MORALES, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSION. SEGUNDO: CONDENANDO al señor JOSE LUIS CACERES LICONA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito ROBO AGRAVADO, en perjuicio de JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS Y WILFREDO PEREZ GONZALES, a la pena de DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSION. TERCERO: CONDENANDO al señor JOSE LUIS CACERES LICONA, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito DAÑOS AGRAVADOS, en perjuicio de JUSTO JIMENEZ MORALES, a la pena de DOS (2) AÑOS OCHO (8) MESES DE RECLUSION. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la condena y trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional de Comayagua donde cumplirá las penas impuestas. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó la MAGISTRADA ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha diez de diciembre del do mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0582-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL