Sentencia RP-57-22 — Registro 19824
Resumen
Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia condenatoria contra recurrente por el delito de asesinato imponiéndole la pena de treinta (30) años de reclusión y por el delito de robo a la pena de ocho (8) años de reclusión en perjuicio de víctima; La Sala de lo Constitucional concluyó que no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley, pues para el robo con violencia la nueva pena también resulta imponible y no es admisible que las normas penales se apliquen de manera fragmentada; en consecuencia, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor Abelino Rodas Martínez, la pena de treinta (30) años de reclusión por el delito de Asesinato y por el delito de Robo se le impuso una pena de 8 años de reclusión. En el código penal anterior, el Asesinato acompañado de Robo tenía una pena abstracta de 20 a 30 años a privación de libertad de por vida, y en el actual código penal vigente regulado en el artículo 193 establece para el delito de Asesinato la pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, y el delito de Robo con Violencia empleando arma de fuego según los artículos 361, 363.9 del código penal vigente, tiene una pena abstracta de 8 años a 10 años 8 meses..."..."En el presente caso, si bien es cierto, la pena del Asesinato le es más favorable al condenado, no así la pena del Robo con Violencia, que en el nuevo código penal se incrementa la pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, la que resulta también imponible con la pena impuesta en la sentencia revisada (8 años de reclusión), por lo que no es admisible aplicar de manera fragmentada las dos normas, una que le favorece y otra, ya que con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal, razón por la cual no procede aplicar el 96 Constitucional. 2. Es evidente que, de lo expuesto, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el Robo con Violencia, la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor Abelino Rodas Martínez, la pena de treinta (30) años de reclusión por el delito de Asesinato y por el delito de Robo se le impuso una pena de 8 años de reclusión. En el código penal anterior, el Asesinato acompañado de Robo tenía una pena abstracta de 20 a 30 años a privación de libertad de por vida, y en el actual código penal vigente regulado en el artículo 193 establece para el delito de Asesinato la pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, y el delito de Robo con Violencia empleando arma de fuego según los artículos 361, 363.9 del código penal vigente, tiene una pena abstracta de 8 años a 10 años 8 meses..."..."En el presente caso, si bien es cierto, la pena del Asesinato le es más favorable al condenado, no así la pena del Robo con Violencia, que en el nuevo código penal se incrementa la pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, la que resulta también imponible con la pena impuesta en la sentencia revisada (8 años de reclusión), por lo que no es admisible aplicar de manera fragmentada las dos normas, una que le favorece y otra, ya que con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal, razón por la cual no procede aplicar el 96 Constitucional. 2. Es evidente que, de lo expuesto, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el Robo con Violencia, la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la abogada Dora del Carmen Ramos, a favor del señor Abelino Rodas Martínez, contra la Sentencia Condenatoria dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, con relación a la causa que se instruyó contra el señor ABELINO RODAS MARTINEZ, por el delito de ASESINATO y ROBO en perjuicio de WILLIAMS PATRICK DONOHUE. HECHO PROBADO DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL PRIMERO: Que el día dieciocho de julio del año dos mil, aproximadamente a las doce del mediodía, el señor Luis Rene Armijo conducía al señor William Patrick Donohue, en el vehículo Chevroleth S-10, pick up, color rojo, hacia el aeropuerto Toncontín, cuando en el anillo periférico entre el cruce de Residencial Jacaleapa un carro, color negro, vidrios polarizados, conducido por el señor Avelino Rodas Martínez los interceptó bajándose del mismo varios individuos armados entre los Nelsy Velásquez y Wilmer Alexis Escoto, quién sin mediar palabra se acercaron a la ventana del vehículo por el lado del pasajero y le dispararon al señor Donohue, quien posteriormente murió, al tiempo que se llevaron las maletas que el Americano traía en el vehículo, retirándose del lugar en el vehículo color negro y conducido por el señor Martínez.- SEGUNDO. Que esos momentos pasaba por el lugar la patrulla RPM-47 al mando del Agente de Policía Gerardo Alfredo Escoto, quién le dio seguimiento después de recoger a sus compañeros los agentes Soto Leiva y Benítez, logrando la detención únicamente del señor Avelino Rodas Martínez, a bordo del vehículo, encontrando en dicho vehículo un arma calibre 38, y un papel en donde se encontraba anotada la placa del vehículo del señor Donogue, dándose a la fuga los señores Wilmer Alexis Escoto y Nelsy Velasquez, mismo que posteriormente fueron remitidos a los Juzgados. ANTECEDENTES 1. Que en fecha dieciocho de octubre de dos mil seis, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia condenatoria contra el señor Abelino Rodas Martínez, por el delito de Asesinato, imponiéndole la pena de 30 años de reclusión y por el delito de Robo la pena de 8 años de reclusión en perjuicio de Williams Patrick Donohue. 2. En fecha treinta (30) de octubre del dos mil veinticuatro (2024) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada Dora del Carmen Ramos, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Abelino Rodas Martínez. El Ministerio Público consideró, que de lo expuesto por el revisionista y al examinar el fallo condenatorio sub- judice, se extrae que el señor Abelino Rodas Martínez, fue condenado por el delito de Asesinato, a una pena de treinta años de reclusión, en aplicación del artículo 117 de la legislación penal derogada, que establecía una pena de 20 a 30 años de reclusión; mientras que el actual Código Penal sanciona esa misma conducta delictiva en el artículo 193 con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión, misma que debe ser aumentada en un tercio (1/3) si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. En cuanto al delito de Robo, por el cual también fue condenado el señor Abelino Rodas Martínez, a la pena de ocho años de reclusión, en aplicación del artículo 217 del código penal derogado, que señalaba la pena de cinco (5) a nueve (9) años de reclusión. Por su parte, el código penal vigente Decreto (130-2017), tipifica la misma conducta delictiva en el artículo 361, como delito de Robo con Intimidación, el cual es sancionado con la pena violencia o intimidación, pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, misma que deberá ser aumentada en un tercio (1/3) por concurrir la agravante señalada en el numeral 9) del artículo 363 del mismo cuerpo legal, que establece: "Se cometen los hechos empleando armas otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. “tal como se desprende de la declaración de hechos probados y fundamentación jurídica de la sentencia que se pretende revisar, resultando una pena a imponer de ocho (8) años a diez (10) años ocho meses. Del examen del fallo sub-judice, se aprecia que el Tribunal sentenciador condenó al señor Abelino Rodas Martínez, a las penas máximas de treinta (30) y ocho (8) años de reclusión, por lo que de poner las penas en los mismos términos de la sentencia que se pretende revisar, por lo que, si bien es cierto, la pena a imponer por el delito de asesinato, se aprecia una rebaja a la pena impuesta, no menos cierto es, que la pena aplicable al delito de robo con violencia, correspondería imponer la pena de ocho (8) años de reclusión, la cual no resulta favorable al sentenciado, en virtud que no es posible la aplicación fragmentada de las dos normas, conforme lo dispuesto en el artículo 616 del Código Penal. Conforme lo expuesto, se estima que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a ley por no cumplir lo dispuesto en el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el Principio de Retroactividad de la Ley Penal por ser esta más benigna al condenado. III. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados y se proceda a un nuevo cómputo de pena. (Folios 53-56). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República, prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada Dora del Carmen Ramos, a favor del señor Abelino Rodas Martínez, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El abogado defensor, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, si son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor Abelino Rodas Martínez, la pena de treinta (30) años de reclusión por el delito de Asesinato y por el delito de Robo se le impuso una pena de 8 años de reclusión. En el código penal anterior, el Asesinato acompañado de Robo tenía una pena abstracta de 20 a 30 años a privación de libertad de por vida, y en el actual código penal vigente regulado en el artículo 193 establece para el delito de Asesinato la pena abstracta de 20 a 25 años de prisión, y el delito de Robo con Violencia empleando arma de fuego según los artículos 361, 363.9 del código penal vigente, tiene una pena abstracta de 8 años a 10 años 8 meses. Si bien en cuanto a la pena por el delito de Asesinato en el nuevo código penal, resulta ser más favorable; en relación con el delito de Robo con Violencia, la pena abstracta a aplicar en código penal vigente, es de 8 años a 10 años 8 meses, al haberse empleado arma de fuego, y la pena que se le aplicó en la sentencia es de 8 años de reclusión. 2. El artículo 616 del código penal vigente, establece en su primer párrafo: “…no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que el favorece y rechazando lo que le perjudique”. En el presente caso, si bien es cierto, la pena del Asesinato le es más favorable al condenado, no así la pena del Robo con Violencia, que en el nuevo código penal se incrementa la pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses de prisión, la que resulta también imponible con la pena impuesta en la sentencia revisada (8 años de reclusión), por lo que no es admisible aplicar de manera fragmentada las dos normas, una que le favorece y otra, ya que con todas las circunstancias resulta también imponible con el actual código penal, razón por la cual no procede aplicar el 96 Constitucional. 2. Es evidente que, de lo expuesto, no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que, para el Robo con Violencia, la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.6.8, 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 193, 616 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. Artículos 192, 361, 616 y 618 del código penal vigente. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada Dora del Carmen Ramos, en favor del señor ABELINO RODAS MARTINEZ. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - Notifíquese. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinte de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0057-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL