Sentencia RP-554-23 — Registro 19865
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente por el delito de parricidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de víctima; a una pena de quince (15) años de reclusión, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y se ratificó la medida cautelar impuesta en la audiencia inicial; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto de la pena en comparación con la legislación penal anterior.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal, el veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna, (Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que su representado el señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA, fue condenado por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que, según los antecedentes del caso, en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023), el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual resolvió declarar con lugar la solicitud de Libertad Condicional planteada por el abogado RAMON ARISTIDES RUBIO ZUNIGA, a favor del señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA, en virtud de que reúne los requisitos exigidos por la ley, imponiéndole varias medidas de seguridad, advirtiéndole que de cometer nuevo delito o de incumplimiento a la medida de seguridad impuesta, se revocará la libertad condicional, haciendo efectiva la pena que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma, el tiempo que haya permanecido en libertad según lo establece el artículo 78 último párrafo del código penal. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha rechazado en este caso la procedencia de aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, dado que la norma vigente actualmente, es decir, el nuevo código penal, fue precisamente la norma que sirvió de fundamento para otorgar la libertad provisional al señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA, y es precisamente esta norma la que no permite que se revise la condena impuesta en la sentencia de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis, puesto que el nuevo código penal (decreto 130-2017), el que dispone lo siguiente: “Artículo 618...: “Artículo 618. Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En ese caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional”, por lo tanto, no procede acceder a la acción de revisión de la sentencia condenatoria..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del Señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO SECCIONAL DE DANLI, EL PARAISO, en fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA por el delito de TENTATIVA DE PARRICIDIO en perjuicio de MARIA EDUVIGES AVILA. (Exp. No. 0703-2016-000 31) ANTECEDENTES 1) En fecha veintiuno (21) de agosto del dos mil catorce (2014), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, JOSÉ LUIS CUADRA FLORES, presentó requerimiento fiscal contra MARCO ANTONIO PEREZ PALMA a quien se le sindica ser responsable a Título de Autor del delito PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de MARIA EDUVIJES AVILA. (Folios 1-3 del recurso de mérito) 2)En fecha dieciséis (16) de marzo del dos mil dieciséis (2016) El JUZGADO DE LETRAS PRIMERO SECCIONAL Y DE LO PENAL POR MINISTERIO DE LA LEY DE LA CIUDAD DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO , dictó sentencia mediante la cual FALLA: Por todo lo anteriormente expuesto EL JUEZ RESUELVE 1.- DECLARAR: responsable penalmente y civilmente al imputado MARCO ANTONIO PEREZ PALMA de generales conocidas, por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA en perjuicio de MARIA EDUVIGES AVILA, hecho acaecido en el año dos mil quince, en el caserío el bochinche, las animas, de esta ciudad de Danli, departamento de El paraíso. 2.- IMPONE al condenado MARCO ANTONIO PEREZ LOPEZ la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSION (15), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción Civil por el tiempo que dure la condena en donde el condenado no podrá ejercer cargos públicos, derechos políticos y profesión titular produciendo la incapacidad para optarlos. - 3.- RATIFICAR LA MEDIDA CAUTELAR, impuesta en la audiencia de inicial de fecha veinte de julio del año dos mil quince. Y MANDA: Que una vez firme la presente sentencia enviar la certificación al Señor Juez de ejecución. -4- Notificando en forma personal a la representante del Ministerio Publico, al imputado y la Defensa quienes firman ante el suscrito Juez y Secretario del Despacho que da fe. - NOTIFIQUESE A LAS PARTES EN EL PROCESO EL PRESENTE FALLO. (Folios 63-65 del recurso de mérito) 3) En fecha cinco de marzo de dos mil veintitrés, el abogado RAMON MATAMOROS, actuando en su condición de defensor público del señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA, compareció ante esta Sala de lo Constitucional interponiendo recurso extraordinario de revisión penal, solicitando la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna, amparado en el artículo 186 de la Constitución y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. 4) En fecha veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ con la comparecencia de la abogada IVONNE J. DIAZ MASS actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA y la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; la abogada IVONNE J. DIAZ MASS actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA, manifestó que en base al principio de retroactividad de la nueva ley penal, artículos 615 y 616, lo más favorable sería imponer una nueva pena contemplando la nueva norma vigente en su artículo 194 del nuevo código penal, siendo la nueva pena a imponer de once años tres meses por la rebaja que corresponde por el sometimiento a Procedimiento Abreviado. El Ministerio Público, manifestó que, nuestra Constitución en el artículo 186 prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía Constitucional de revisión como una excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes a fin de que al agraviado se le pueda practicar un nuevo examen de la sentencia condenatoria firme, el cual lo realiza el más alto tribunal en la jerarquía judicial, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al procedimiento y supuestos especialmente prevenidos taxativamente en la Ley Sobre Justicia Constitucional. Alega el recurrente en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión que su representado MARCO ANTONIO PEREZ PALMA fue condenado a una pena de 15 años aceptando la Figura del Procedimiento Abreviado, de conformidad al artículo 118 del Código Penal Derogado, por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio MARIA EDUVIGES AVILA Y con el actual Código Penal Vigente la pena a imponer es de menor cuantía, por lo que a su criterio las disposiciones del Código Penal Vigente resultan más favorables. Se Colige de las diligencias que en fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veintitrés (2023), el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Danli, Departamento de El Paraíso, otorgó al hoy condenado el beneficio de libertad condicional en virtud de lo establecido en el nuevo Código vigente (decreto 130-2017 (ver folio número 96 de la pieza principal). De igual forma, al revisar la norma sustantiva vigente se establece en el Artículo 618 lo siguiente: Penas Suspendidas. "Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En este caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional". Por lo expuesto por el revisionista y del estudio del caso, al haberse otorgado dicho beneficio al hoy condenado, el Ministerio Público, es del parecer que no es procedente el Recurso de Revisión interpuesto en vista que el sentenciado se encuentran bajo Libertad Condicional. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer porque SE DENIEGUE la presente acción de revisión, conforme los argumentos que preceden. (Folios 25-26 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nula poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): En el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal, el veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna, (Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que su representado el señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA, fue condenado por el delito de PARRICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que, según los antecedentes del caso, en fecha diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023), el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Danlí, departamento de El Paraíso, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual resolvió declarar con lugar la solicitud de Libertad Condicional planteada por el abogado RAMON ARISTIDES RUBIO ZUNIGA, a favor del señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA, en virtud de que reúne los requisitos exigidos por la ley, imponiéndole varias medidas de seguridad, advirtiéndole que de cometer nuevo delito o de incumplimiento a la medida de seguridad impuesta, se revocará la libertad condicional, haciendo efectiva la pena que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma, el tiempo que haya permanecido en libertad según lo establece el artículo 78 último párrafo del código penal. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha rechazado en este caso la procedencia de aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, dado que la norma vigente actualmente, es decir, el nuevo código penal, fue precisamente la norma que sirvió de fundamento para otorgar la libertad provisional al señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA, y es precisamente esta norma la que no permite que se revise la condena impuesta en la sentencia de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis, puesto que el nuevo código penal (decreto 130-2017), el que dispone lo siguiente: “Artículo 618. Penas Suspendidas. Si el cumplimiento de la pena estuviere suspendido no se procede a su revisión, a no ser que el penado violara las condiciones de la suspensión y ésta se revocare. En ese caso y antes de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida, se procede a la revisión de la misma. La misma regla se observa si el penado se encuentra en situación de libertad condicional”, por lo tanto, no procede acceder a la acción de revisión de la sentencia condenatoria. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 15, 66, 118 del código penal derogado; 81, 194, 615, 616 del nuevo código penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, en favor del señor el señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA, contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS PRIMERO SECCIONAL DE DANLI, EL PARAISO, en fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor MARCO ANTONIO PEREZ PALMA por el delito de TENTATIVA DE PARRICIDIO en perjuicio de MARIA EDUVIGES AVILA. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días de octubre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0554-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL