Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-55-24 — Registro 19468

Resumen

Recurso de revisión de sentencia condenatoria por el delito de Robo de vehículo agravado en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la Ley en materia penal, considerando la Sala Constitucional al realizar el análisis comparativo entre la pena impuesta en la presente causa y las penas aplicables conforme el nuevo Código Penal, que esta última le resulta más favorable al hoy condenado, en ese sentido, se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En tal sentido, esta Sala, considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN MATEO VASQUEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

...."En tal sentido, esta Sala, considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN MATEO VASQUEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del señor JUAN MATEO VASQUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JUAN MATEO VASQUEZ por haber sido condenado por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de JOSE ANGEL MENJIVAR VARELA. SON PARTES INTERVINIENTES Abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, en su condición de Representante Procesal del señor JUAN MATEO VASQUEZ, Revisionista. Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de Agente Fiscal, Ministerio Público. HECHOS PROBADOS PRIMERO: en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil diecisiete (2017) como a eso de las diez con diez minutos de la noche, la señora Gradys Marina Menjivar Paz se conducía en una motocicleta marca Génesis, tipo turismo, modelo RKS150, año 2017, color rojo, placa MDG9169, chasis LBBPEKTD1HB719908, propiedad del señor Jose Ángel Menjivar Varela, y cuando transitaba por la colonia Villa Esmeralda de la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, fue interceptada por el señor Juan Mateo Vásquez quien se transportaba en una motocicleta color negra, acompañado con otro sujeto y con un arma de fuego en mano despojaron a la señora Gradys Marina Menjivar de la motocicleta antes descrita. SEGUNDO: En fecha dieciséis de septiembre del año 2017, como a eso de las seis de la mañana, varios policías preventivos y agentes de investigación realizaron un allanamiento, en la casa de la señora Sonia Isabel Vásquez, ubicada en el barrio San Juan, de la aldea Nueva Esperanza del municipio de Morazán, departamento de Yoro, y en el exterior en la parte trasera de dicha vivienda se encontraron tres motocicletas, entre ellas la motocicleta mara Génesis, tipo turismo, modelo RKS150, año 21017, color rojo, placa MDG9169, chasis LBBPEKTD1HB719908, propiedad del señor José Ángel Menjivar Varela, en dicha vivienda se encontró al señor Juan Mateo Vásquez, quien fue detenido y puesto a la orden de la autoridad competente.” ANTECEDENTES 1 )En fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras seccional de El Progreso, departamento de Yoro, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, la Abogada JANETH MARTINEZ, presentando requerimiento fiscal en contra el señor JUAN MATEO VASQUEZ Y ALEX DOMINGO MATEO VASQUEZ, por suponerlos responsables del delito ROBO DE VEHICULO AUTOMOR (MOTOCICLETA) en perjuicio de JOSE ANGEL MENJIVAR VARELA. (Folios 1-4 del antecedente). 2) Que en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, dictó sentencia mediante la cual falló: PRIMERO: Que debemos ABSOLVER y al efecto ABSOLVEMOS al Señor ALEX DOMINGO MATEO VASQUEZ, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO, en perjuicio de JOSE ANGEL MENJIVAR VARELA. SEGUNDO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor JUAN MATEO VASQUEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia a la pena de TRECE (13) AÑOS y CUATRO MESES DE RECLUSIÓN, como pena principal por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO, en perjuicio del señor JOSE ANGEL MENJIVAR VARELA. La que deberá cumplir en el Centro Penitenciario correspondiente, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva. De igual manera, se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Se declara al condenado JUAN MATEO VASQUEZ, responsable civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procede declarar el comiso ya que no se puso a la orden del Tribunal ningún objeto proveniente del delito. ASÍ POR NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS. NOTIFIQUESE ESTA SENTENCIA A LAS PARTES PROCESALES. (Folios 112 -118 del recurso de mérito). 3) En fecha diecisiete de enero del año dos mil veinticuatro, la abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA presento Recurso de Revisión a favor de JUAN MATEO VASQUEZ, NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del señor JUAN MATEO VASQUEZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DEL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO, en fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JUAN MATEO VASQUEZ por haber sido condenado por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, en perjuicio de JOSE ANGEL MENJIVAR VARELA. 4) En fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante LUIS ALONSO DISCUA CERRATO, con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIFGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN MATEO VASQUEZ; El Ministerio Público consideró: absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. II. ANÁLISIS JURÍDICO: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad con el nuevo Código Penal, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por 10 que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de 10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)….3) ., 4) …,5) …, 6) … 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,.” Relacionado con los artículos 615 Y 616 del nuevo Código Penal. Artículo 615: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano – dictando sobreseimiento definitivo PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… En atención a la petición del revisionista, que la nueva norma penal vigente le favorece a su representado, se procede a realizar el análisis de la norma derogada y vigente: El Código Penal derogado tipificaba el delito de ROBO DE VEHICULO en el artículo 218 párrafo segundo: Al culpable del delito de robo de vehículo, automotores terrestres, naves aéreas… se aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Concurriendo la circunstancia agravante contenida en el Código Penal artículo 225 numeral 3) De noche…, y 4) Con la cooperación de dos (02) o más personas… Aumentando la pena supra referida en 1/3, El Código Penal vigente tipifica el delito en el artículo 364, referente al USO DE VEHÍCULO ROBADO, último párrafo que determina: para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación.” Es así, que el delito de ROBO CON VIOLENCIA INTIMIDACIÓN se encuentra contenido en el artículo 361: “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en el mueble ajeno empleando violencia о intimidaron personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. La pena supra indicada debe ser agravada en 1/3 al desprenderse de los antecedentes que para sustraer la motocicleta se utilizó arma de fuego, concurriendo así la agravante contemplada en el artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. De tal manera, que al realizar el cálculo aritmético en atención a la pena de 4 a 8 años en aumento de 1/3 por concurrir la agravante supra relacionada, corresponde una pena abstracta de 8 años a 10 años, ocho (08) meses de prisión. En ese sentido, se advierte que la nueva norma es más favorable, al establecer una pena menor, resulta más a la sentenciado. En virtud de 10 que fue anterior, al realizar el análisis comparativo entre la pena impuesta en la presente causa y las penas aplicables conforme el nuevo Código Penal, se aprecia que esta última le resulta más favorable al hoy condenado, en ese sentido, se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el Principio de Retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 17-19 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos; sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido, manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte, el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano, manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal, constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de Revisión se celebró en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Nidia Elizabeth Fuentes Quezada, en su condición de Apoderado Legal del señor JUAN MATEO VASQUEZ, se le cedió la palabra a la parte a la recurrente para que expresará lo siguiente: “…se ratifica el recurso de revisión presentado y establece que su representado fue condenado a la pena de 13 años, cuatro meses de reclusión y siendo que ha entrado en vigencia el nuevo código, las penas son más bajas en lo que establece también el Decreto 130-201|7 y en su artículo 362, que si bien es cierto contempla determinadas agravantes, en este caso la pena mínima por ese delito es de 2 a 4 años de reclusión, por lo que declare se declare con lugar el recurso venido en revisión. Por su parte, el Ministerio Público consideró, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad con el nuevo Código Penal, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por 10 que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de 10 Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2)….3) ., 4) …,5) …, 6) … 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,.” Relacionado con los artículos 615 Y 616 del nuevo Código Penal. Artículo 615: “RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano – dictando sobreseimiento definitivo PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique… En atención a la petición del revisionista, que la nueva norma penal vigente le favorece a su representado, se procede a realizar el análisis de la norma derogada y vigente: El Código Penal derogado tipificaba el delito de ROBO DE VEHICULO en el artículo 218 párrafo segundo: Al culpable del delito de robo de vehículo, automotores terrestres, naves aéreas… se aplicará una pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Concurriendo la circunstancia agravante contenida en el Código Penal artículo 225 numeral 3) De noche…, y 4) Con la cooperación de dos (02) o más personas… Aumentando la pena supra referida en 1/3, El Código Penal vigente tipifica el delito en el artículo 364, referente al USO DE VEHÍCULO ROBADO, último párrafo que determina: para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas, debe castigarse con las penas del robo con violencia e intimidación.”. Es así que el delito de ROBO CON VIOLENCIA INTIMIDACIÓN se encuentra contenido en el artículo 361: “Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia o intimidación en el mueble ajeno empleando violencia о intimidaron personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. La pena supra indicada debe ser agravada en 1/3 al desprenderse de los antecedentes que para sustraer la motocicleta se utilizó arma de fuego, concurriendo así la agravante contemplada en el artículo 363 numeral 9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. De tal manera que al realizar el cálculo aritmético en atención a la pena de 4 a 8 años en aumento de 1/3 por concurrir la agravante supra relacionada corresponde una pena abstracta de 8 años a 10 años, ocho (08) meses de prisión. En ese sentido se advierte que la nueva norma favorable, al establecer una pena menor resulta más favorable para el sentenciado. En virtud de lo anterior, al realizar el análisis comparativo entre la pena impuesta en la presente causa y las penas aplicables conforme el nuevo Código Penal, se aprecia que esta última le resulta más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 17-19 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal, se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE(7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir, la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello, como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-. CONSIDERANDO NUEVE (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia, que efectivamente el señor JUAN MATEO VASQUEZ, fue condenada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha veintitrés (23) de agosto de dos mil diecinueve a la pena de TRECE AÑOS Y CUATRO MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio del señor JOSE ANGEL MEJIVAR VARELA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata, con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 217 y 218 párrafos primero y segundo y 225 numeral 3, 4 DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE ROBO AGRAVADO DE VEHICULO, del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por El imputado se subsume en el tipo penal de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio de los JOSE ANGEL MENJIVAR VARELA. III- Esta Sala, realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice, para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor JUAN MATEO VASQUEZ, la pena de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme a los Artículo 218 del CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 144-1983, derogada, la pena a imponer por los delitos de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, era reclusión de DIEZ (10) a QUINCE (15) años, aumentada en 1/3, en virtud de ser Agravado y en aplicación del artículo 225 numerales 3 y 4 quedando la pena en TRECE (13) AÑOS CUATRO MESES A VEINTE (20) AÑOS, mientras que la pena regulada en el artículo 364 del vigente Código Penal, CUATRO AÑOS (4) A OCHO (08) AÑOS AUMENTADA EN UN 1/3, en virtud de ser agravada por usar arma, resultando la pena en DIEZ (10) AÑOS OCHO (8) MESES como pena máxima y 8 años como pena mínima (Artículo 363 numeral 9), como ocurre en el caso de autos, resultando la pena abstracta. Pues estos artículos establecen: Artículo 361. Robo con Violencia o intimidación. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosas mueble ajena empleando violencia o intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Artículo 363 Numeral 9): Agravantes Especificas. Las penas de Hurto y robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: …..9) Se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. ...” Bajo este examen, después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. III. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que El condenado señor JUAN MATEO VASQUEZ, es autor del delito de Robo de Vehículo agravado, estimando el Tribunal Juzgador imponer las penas mínimas para imputada por considerar que el Ministerio Público no propuso medios probatorios, ni expuso la existencia de otras agravantes en el presente caso, solicitando se le imponga la pena mínima. En tal sentido, la pena a aplicar es de OCHO años y cuatro MESES DE RECLUSION, por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO EN PERJUICIO DEL SEÑOR JOSE ANGEL MENJIVAR VARELA. IV.- En tal sentido, esta Sala, considera que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. V. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor JUAN MATEO VASQUEZ, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada NIDIA ELIZABETH FUENTES QUESADA, a favor del señor JUAN MATEO VASQUEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JUAN MATEO VASQUEZ, por el delito ROBO DE VEHICULO AGRAVADO en perjuicio del señor JOSE ANGEL MENJIVAR VARELA, el cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JUAN MATEO VASQUEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ROBO DE VEHICULO AGRAVADO, a la pena de OCHO (8) AÑOS, CUATRO (4) MESES de RECLUSION, EN PERJUICIO DEL SEÑOR JOSE ANGEL MENJIVAR, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción civil. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo Paredes – NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0055-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL