Sentencia RP-534-22 — Registro 19080
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de asesinato y robo .
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Jorge Herrera Ordoñez, fue condenado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, mediante la sentencia condenatoria de fecha veintidós de noviembre del año dos mil cuatro, a la pena de TREINTA Y SIETE (37) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSION por el delito de ASESINATO Y ROBO EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de JOSE LEON ORDOÑEZ CASTILLO. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 en relación con el artículo 36 del mismo Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito de ASESINATO y ROBO en concurso ideal. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Jorge Herrera Ordoñez, pena de TREINTA Y SIETE (37) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSION por el delito de ASESINATO Y ROBO EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de JOSE LEON ORDOÑEZ CASTILLO. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 disponía: “Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía ; 2) Con premeditación conocida 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad; así el artículo 36 del mismo Código penal derogado disponía: “Las disposiciones del Artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte”. El Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 193.- Establece: ASESINATO. “Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años.”; así el artículo 67 del Código Penal Vigente que regula el Concurso ideal, dispone: “Hay concurso ideal cuando con una (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3). Sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos.”. II. En el examen de considerandos contenidos en la sentencia dictada en fecha veintidós de noviembre del dos mil cuatro (ver folio 544 al 558 del antecedente), estos encuadran en el artículo 193 del Código Penal Vigente, para el delito de Asesinato que establece una pena de 20 a 25 años de prisión en concurso ideal (artículo 67 del Código Penal Vigente) con el delito de Robo, tal como se estableció por el Tribunal sentenciador. III. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia, este Tribunal Constitucional procede a realizar la respectiva ponderación de las penas de la manera siguiente: El delito de Asesinato se sanciona con pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión según lo dispuesto en el artículo 193 del Código Penal Vigente, pena que debe ser aumentada en un tercio (1/3) según lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal Vigente, dando como resultado una pena de treinta y tres (33) años, seis (6) meses de prisión. Haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, que se impuso la pena mayor establecida para el delito de asesinato (30 años) aumentada en un cuarto (1/4) según lo disponía el artículo 36 del Código Penal derogado, por lo que, en armonía con esta disposición, el Juzgado sentenciador, impuso una pena de treinta y siete (37) años, seis (6) meses de reclusión. Por ello, en base a la fundamentación jurídica de la sentencia que se revisa, en igualdad de circunstancias, esta Sala concluye que se debe imponer al señor Jorge Herrera Ordoñez, la pena concreta de treinta y tres (33) años de Prisión por el delito de Asesinato y Robo en concurso ideal. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Jorge Herrera Ordoñez, de una norma vigente que le resulta más benigna. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 95 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Jorge Herrera Ordoñez, fue condenado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, mediante la sentencia condenatoria de fecha veintidós de noviembre del año dos mil cuatro, a la pena de TREINTA Y SIETE (37) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSION por el delito de ASESINATO Y ROBO EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de JOSE LEON ORDOÑEZ CASTILLO. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 en relación con el artículo 36 del mismo Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito de ASESINATO y ROBO en concurso ideal. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Jorge Herrera Ordoñez, pena de TREINTA Y SIETE (37) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSION por el delito de ASESINATO Y ROBO EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de JOSE LEON ORDOÑEZ CASTILLO. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 disponía: “Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía ; 2) Con premeditación conocida 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad; así el artículo 36 del mismo Código penal derogado disponía: “Las disposiciones del Artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte”. El Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 193.- Establece: ASESINATO. “Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años.”; así el artículo 67 del Código Penal Vigente que regula el Concurso ideal, dispone: “Hay concurso ideal cuando con una (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3). Sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos.”. II. En el examen de considerandos contenidos en la sentencia dictada en fecha veintidós de noviembre del dos mil cuatro (ver folio 544 al 558 del antecedente), estos encuadran en el artículo 193 del Código Penal Vigente, para el delito de Asesinato que establece una pena de 20 a 25 años de prisión en concurso ideal (artículo 67 del Código Penal Vigente) con el delito de Robo, tal como se estableció por el Tribunal sentenciador. III. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia, este Tribunal Constitucional procede a realizar la respectiva ponderación de las penas de la manera siguiente: El delito de Asesinato se sanciona con pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión según lo dispuesto en el artículo 193 del Código Penal Vigente, pena que debe ser aumentada en un tercio (1/3) según lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal Vigente, dando como resultado una pena de treinta y tres (33) años, seis (6) meses de prisión. Haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, que se impuso la pena mayor establecida para el delito de asesinato (30 años) aumentada en un cuarto (1/4) según lo disponía el artículo 36 del Código Penal derogado, por lo que, en armonía con esta disposición, el Juzgado sentenciador, impuso una pena de treinta y siete (37) años, seis (6) meses de reclusión. Por ello, en base a la fundamentación jurídica de la sentencia que se revisa, en igualdad de circunstancias, esta Sala concluye que se debe imponer al señor Jorge Herrera Ordoñez, la pena concreta de treinta y tres (33) años de Prisión por el delito de Asesinato y Robo en concurso ideal. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Jorge Herrera Ordoñez, de una norma vigente que le resulta más benigna. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 95 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la Abogada HEIKE NINOSKA ELVIR GARCIA, a favor del señor JORGE HERRERA ORDOÑEZ, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, CHOLUTECA, en fecha veintidós de noviembre del dos mil cuatro, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JORGE HERRERA ORDOÑEZ por el delito de ASESINATO y ROBO en perjuicio de JOSE LEON ORDOÑEZ CASTILLO. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (08) de febrero de dos mil (2000), el Juzgado de Paz de lo Criminal de San Marcos de Colon, Choluteca, da inicio mediante POR CUANTO, al proceso penal contra los señores LINDOLFO ESPINO AGUILAR, JORGE HERRERA ORDOÑEZ, JOSE ANIBAL AGUILAR, ELICEO ORTIEZ por el delito de ROBO SEGUIDO DE ASESINATO en perjuicio de JOSE LEON ORDOÑEZ CASTILLO. (Folios 27-29 de la pieza de antecedentes). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha veintidós de noviembre de dos mil cuatro, el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “1) Declarar culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Jose Leon Ordoñez Castillo a los individuos, Jorge Herrera Ordoñez y Jose Anibal Aguilar, labradores y vecinos de San Juan de Limones de Apacilagua; quienes al cometer el hecho actuaron con alevosía al haber emboscado a la víctima asegurándose que este no pudiese defenderse al momento de ejecutar la acción.- 2) Declarar: culpable del delito de robo en perjuicio de don José León Ordoñez Castillo, al individuo Jorge Herrera Ordoñez, pues fue el único que se le encontró evidencia del hecho al aparecer con el arma perteneciente a la víctima.- 3) Declarar culpable de Encubrimiento de asesinato en perjuicio de don José León Ordóñez Castillo, al individuo Juan Lindolfo Espino Aguilar, mayor de edad, soltero, labrador, hondureño y vecino de El Guailo, jurisdicción de San marcos de Colón, en Choluteca - 4) Condenar al Individuo Jorge Herrera Ordóñez a la pena de Treinta y Siete años (37) con seis ( 6) meses de Reclusión por los delitos de Asesinato y Robo en perjuicio de Don José León Ordóñez Castillo, habida cuenta de que cometió el asesinato como medio necesario para cometer el Robo aplicándole en este caso la pena por el delito más grave aumentada en un cuarto (1/4) en concordancia de lo que dispone los artículo 36 relacionado con el 117 Pfo 6 del Código Penal.- 5) Condenar al individuo José Aníbal Aguilar Ordóñez a la pena de Veinticinco (25) años de reclusión, por el delito de asesinato, considerando que con sus distintas declaraciones, ayudo a esclarecer los hechos que se investigan.- 6 ) Condenar al individuo Juan Lindolfo Espino Aguilar a la pena de cinco (5) años de Reclusión, por el delito de asesinato en perjuicio de don José León Ordóñez Castillo.- 7 ) Sobreseer Definitivamente al señor Héctor Leonel Ramírez Borjas por el delito de encubrimiento de Robo y asesinato en perjuicio del señor José león Ordóñez; a tal efecto que la secretaria del Despacho le extienda su Carta de Libertad definitiva.- 8) Condenar a los individuos Jorge Herrera Ordóñez y José Aníbal Aguilar Ordóñez, a las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena lo mismo que ha trabajos dentro del penal o en obras publicas conforme a lo que para ello establece la Ley de Rehabilitación del Delincuente.- 9)…” (Folios 544 al 558 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, la Abogada HEIKE NINOSKA ELVIR GARCIA, presentando recurso de revisión penal a favor del señor JORGE HERRERA ORDOÑEZ contra la sentencia condenatoria de fecha veintidós de noviembre de dos mil cuatro, dictada por el Juzgado de Letras Segundo del Departamento de Choluteca, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso el en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables en base al artículo 96 numerales 6 y 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. (Folio 01-03 del recurso) 4) Que en fecha veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la Abogada HEIKE NINOSKA ELVIR GARCIA, en su condición de apoderada legal del señor JORGE HERRERA ORDOÑEZ y la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando la recurrente Abogada Heyke Ninoska Elvir García, que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a lo establecido en el artículo 96 y 97 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal Decreto 130-2017, con las penas señaladas en el artículo 193 y 360.- La representante del Ministerio Público, concluyó que siendo que el señor Jorge Herrera Ordóñez, fue condenado a una pena de 37 años seis meses de reclusión, por el delito de Asesinato y Robo, en virtud de la legislación penal derogada; con el actual código penal, se sanciona la misma conducta de Asesinato en el artículo 193 con una pena de prisión de 20 a 25 años. Del fallo que se revisa, se aprecia que el Tribunal sentenciador condeno al señor Jorge Herrera Ordóñez, en concurso ideal que supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3) que en este caso sería la pena de Asesinato de 20 a 25 años de prisión, misma que aumentada en un tercio, al haber sido condenado por el delito de robo, queda en una pena de 25 a 33 años de reclusión. Conforme a lo peticionado por el revisionista y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 96.8 de la ley sobre Justicia Constitucional, en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, el Ministerio Público se pronuncia porque se otorgue el recurso de revisión. (Folios 18 al 19 del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía: que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral seis y ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna, pues con la entrada en vigencia del Código Penal Decreto 130-2017 el delito de Asesinato estipula una pena de 20 a 25 años de reclusión según lo establece el artículo 193 y para el delito de Robo según lo establece el artículo 360 se establece una pena de 2 a 4 años de reclusión. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los alegatos proferidos por las partes en audiencia: El recurrente expone: “Que interpone el recurso de revisión en aplicación al principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a lo establecido en el artículo 96 y 97 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal Decreto 130-2017, con las penas señaladas en el artículo 193 y 360.- El Ministerio Publico manifestó: “Siendo que el señor Jorge Herrera Ordóñez, fue condenado a una pena de treinta y siete (37) años seis (6) meses de reclusión, por el delito de Asesinato y Robo, en virtud de la legislación penal derogada; con el actual código penal, se sanciona la misma conducta de Asesinato en el artículo 193 con una pena de prisión de 20 a 25 años. Del fallo que se revisa, se aprecia que el Tribunal sentenciador condeno al señor Jorge Herrera Ordóñez, en concurso ideal que supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3) que en este caso sería la pena de Asesinato de 20 a 25 años de prisión, misma que aumentada en un tercio, al haber sido condenado por el delito de robo, queda en una pena de 25 a 33 años de reclusión. Conforme a lo peticionado por el revisionista y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 96.8 de la ley sobre Justicia Constitucional, en aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable, el Ministerio Público se pronuncia porque se otorgue el recurso de revisión.”. CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable, es por tanto que en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal, por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor Jorge Herrera Ordoñez, fue condenado por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, mediante la sentencia condenatoria de fecha veintidós de noviembre del año dos mil cuatro, a la pena de TREINTA Y SIETE (37) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSION por el delito de ASESINATO Y ROBO EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de JOSE LEON ORDOÑEZ CASTILLO. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 en relación con el artículo 36 del mismo Código Penal, estimando que el condenado cometió el delito de ASESINATO y ROBO en concurso ideal. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor Jorge Herrera Ordoñez, pena de TREINTA Y SIETE (37) AÑOS, SEIS (6) MESES DE RECLUSION por el delito de ASESINATO Y ROBO EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de JOSE LEON ORDOÑEZ CASTILLO. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el Artículo 117 del Código Penal decreto 144-1983 disponía: “Es reo de asesinato, quien dé muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía ; 2) Con premeditación conocida 3) Por medio de inundación, incendio, envenenamiento, explosión, descarrilamiento, volcamiento, varamiento o avería de buque u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos, siempre que haya dolo e intencionalidad; y, 4) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad; así el artículo 36 del mismo Código penal derogado disponía: “Las disposiciones del Artículo anterior no se aplicarán en el caso de que un solo hecho constituya dos (2) o más delitos o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En estos casos se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada en una cuarta (1/4) parte”. El Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su Artículo 193.- Establece: ASESINATO. “Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años.”; así el artículo 67 del Código Penal Vigente que regula el Concurso ideal, dispone: “Hay concurso ideal cuando con una (1) sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre sí. La apreciación de concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3). Sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiesen penado separadamente los delitos.”. II. En el examen de considerandos contenidos en la sentencia dictada en fecha veintidós de noviembre del dos mil cuatro (ver folio 544 al 558 del antecedente), estos encuadran en el artículo 193 del Código Penal Vigente, para el delito de Asesinato que establece una pena de 20 a 25 años de prisión en concurso ideal (artículo 67 del Código Penal Vigente) con el delito de Robo, tal como se estableció por el Tribunal sentenciador. III. Siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017 sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación y análisis de la sentencia, haciendo la revisión con identidad de circunstancias y observando la fundamentación jurídica de la sentencia, este Tribunal Constitucional procede a realizar la respectiva ponderación de las penas de la manera siguiente: El delito de Asesinato se sanciona con pena de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión según lo dispuesto en el artículo 193 del Código Penal Vigente, pena que debe ser aumentada en un tercio (1/3) según lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal Vigente, dando como resultado una pena de treinta y tres (33) años, seis (6) meses de prisión. Haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, que se impuso la pena mayor establecida para el delito de asesinato (30 años) aumentada en un cuarto (1/4) según lo disponía el artículo 36 del Código Penal derogado, por lo que, en armonía con esta disposición, el Juzgado sentenciador, impuso una pena de treinta y siete (37) años, seis (6) meses de reclusión. Por ello, en base a la fundamentación jurídica de la sentencia que se revisa, en igualdad de circunstancias, esta Sala concluye que se debe imponer al señor Jorge Herrera Ordoñez, la pena concreta de treinta y tres (33) años de Prisión por el delito de Asesinato y Robo en concurso ideal. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; Por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor Jorge Herrera Ordoñez, de una norma vigente que le resulta más benigna. V. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; Tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 númeral 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 32. 2, 35, 38, 57, 58, 193 en relación con el artículo 67 y demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada HEYKE NINOSKA ELVIR GARCIA, a favor del señor JORGE HERRERA ORDOÑEZ; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, en fecha veintidós de noviembre de dos mil cuatro; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JORGE HERRERA ORDOÑEZ, por el delito ASESINATO y ROBO EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de JOSE LEON ORDOÑEZZ CASTILLO, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JORGE HERRERA ORDOÑEZ, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de ASESINATO Y ROBO EN CONCURSO IDEAL a la pena de TREINTA Y TRES AÑOS de prisión. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de abril de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-534-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL