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Sentencia RP-505-23 — Registro 19243

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad en materia penal por los delitos de Extorsión Simple, Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas Prohibidos, en perjuicio de Testigo Protegido, considerando la Sala Constitucional que no son más benignas las disposiciones del Código Penal vigente, por cuanto la pena global impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible a los hechos juzgados con arreglo al Código Penal vigente. , no resulta procedente la aplicación retroactiva de la ley penal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. IV. Que, concursadas las referidas penas, en forma global como prescribe el artículo 616, párrafos 1° y 9°, del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), resultaría del caso examinar la hipotética aplicación de las penas contenidas en el nuevo Código Penal, lo cual se analizará detalladamente: a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 130-2017, se dispone una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de reclusión y una multa de quinientos a mil días, por el delito de EXTORSION, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma penal. No obstante, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, (El juzgador conoce el derecho), resulta evidente que tal norma penal fue reformada posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando no lo hubiere peticionado expresamente la parte garantista, resulta de obligatoria aplicación la Ley Intermedia vigente cuando se promovió el Recurso de Revisión bajo estudio; denotándose que, a la fecha de presentación del presente recurso (24 de abril de 2024), se encontraba ya en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto Legislativo que incrementa nuevamente las penas, para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Mientras tanto, el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, debe ser castigada con las penas siguientes: 1. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; 2. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. - Sin embargo, de conformidad a lo establecido en el artículo 584 del Código Penal, (Decreto Legislativo No. 130-2017) las agravantes especificas esta pena se debe incrementar un tercio 1/3, en los casos siguientes: “1) Los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, 2) “; ascendiendo la pena a imponer de seis (6) años a ocho (8) años de reclusión. Finalmente, conforme al cómputo penológico desarrollado, procede examinar las penas correspondientes en el nuevo Código Penal Vigente al delito de ASOCIACIÓN ILICITA, ahora denominado ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, el cual se encuentra regulado en el artículo 554 del Código Penal, (Decreto Legislativo No. 130-2017), y contempla, para los integrantes de la asociación para delinquir, la pena de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. V. Que, en vista a todo lo cual, la comparación global así establecida, requeriría examinar la acumulación material de las penas que hubieren podido corresponder a todos los hechos bajo enjuiciamiento, en la nueva normatividad legal postulada como parámetro de la revisión penal. Visto lo cual, las penas a aplicar en los delitos examinados concursarían en el rango global de entre VEINTISIETE (27) AÑOS, y los TREINTA Y OCHO AÑOS (38) DE PRISIÓN, más una Multa de SEISCIENTOS (600) A UN MIL QUINIENTOS (1500) DÍAS; por lo cual no resulta más beneficioso a la parte garantista, la punibilidad de su participación en los hechos declarados probados, conforme a las disposiciones que contemplan el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) y el Decreto 93-2021; por cuanto se desprende que las penas privativas de libertad, por las que fueron sentenciados los ciudadanos garantistas, se encontrarían implícitas globalmente en el marco de las penas que contempla el nuevo Código Penal para sancionar los delitos concursados de EXTORSIÓN, TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, y de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR; no siendo más benignas las disposiciones del Código Penal vigente, calculando la pena global que hubiere podido corresponder a los hechos sometidos a enjuiciamiento, con la aplicación de normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor, Y, que, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 616 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017), no resulta admisible, en definitiva, la revisión solicitada del caso; por cuanto la pena global impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible a los hechos juzgados con arreglo al Código Penal vigente.CONSIDERANDO QUINCE (15): Por lo anteriormente expuesto y desarrollado, no resulta procedente la aplicación retroactiva de la ley penal interesada en favor de los señores GERSON ALEXANDER MONTES AYALA y ÁNGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA, según la causal de procedibilidad contenida en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en vista al estudio de la foliada y de los antecedentes acompañados. Por lo cual procede declarar sin lugar la garantía de Revisión de la sentencia dictada en fecha veintiocho de mayo del dos mil dieciocho; al no resultar más beneficiosa para los susodichos garantistas, que, la que se encontraba vigente al momento de dictárseles la sentencia condenatoria, que es venida en revisión

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores Gerson Alexander Montes Ayala y Ángel Rigoberto Ramos Montoya, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra los señores Gerson Alexander Montes Ayala y Ángel Rigoberto Ramos Montoya, por haber sido condenado por los delitos de Extorsión Simple, Asociación Ilícita y Portación Ilegal de Armas Prohibidos, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-EC 23116 y la Seguridad Interior del Estado de Honduras.ANTECEDENTES1)En fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado Rafel Antonio Beltrán Rodríguez, actuando en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de los señores Gerson Alexander Montes Ayala y Ángel Rigoberto Ramos Montoya, por suponerlos responsables de los delitos de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido “R-332”, Portación Ilegal de Armas de Fuego de Uso Comercial, Armas Prohibidos, Material de Guerra y Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. (Folios 1-6 del antecedente)2)Que en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “… PRIMERO: ABSOLVER al señor ANGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-EC- 231116. SEGUNDO: ABSOLVER al señor GERSON ALEXANDER MONTES AMAYA de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-EC- 231116. TERCERO: CONDENAR al señor ANGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de EXTORSION en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-EC-231116, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION más una multa de Cincuenta Salarios Mínimos, la que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin. CUARTO: CONDENAR al señor ANGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN y multa de treinta y tres mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (L.33,333.33), la que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin. QUINTO: CONDENAR al señor ANGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de OCHO AÑOS DE RECLUSION, una multa de cinco mil lempiras (L. 5,000.00) por cada arma incautada, la que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin. SEXTO: CONDENAR al señor GERSON ALEXANDER MONTES AMAYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de EXTORSION en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-EC-231116 a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION más una multa de Cincuenta Salarios Mínimos, la que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin. SEPTIMO: CONDENAR al señor GERSON ALEXANDER MONTES AMAYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN y multa de treinta y tres mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (L.33,333.33), la que deberá enterar en la Tesorería General de la República a en la institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin. OCTAVO: CONDENAR al señor GERSON ALEXANDER MONTES AMAYA, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de OCHO AÑOS DE RECLUSION, una, multa de cinco mil lempiras (L. 5.000.00) por cada arma incautada, la que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin. NOVENO: Los condenados deberán cumplir las penas unas en pos de otras, iniciando por la de mayor gravedad en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, descontándose el tiempo que se ha encontrado privado de libertad por esta causa. DECIMO: Se declara a los condenados responsables civilmente. DECIMO PRIMERO: No procede condenar en costas-procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. DECIMO SEGUNDO: Se declara el comiso de los siguientes objetos: Un arma larga tipo fusil M16 con serie 9179618, un arma de fuego tipo fusil AK-47, un teléfono celular marca Nokia, color negro, un teléfono celular marca Samsung color negro gris, con protector azul y un billete de denominación de quinientos lempiras; siendo procedente declarar su comiso. Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios 190-201 del antecedente)3)En fecha veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor de los señores Gerson Alexander Montes Ayala y Ángel Rigoberto Ramos Montoya, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-3 del recurso de mérito)4)En fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Luis Alonso Discua Cerrato, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, actuando en su condición de Apoderada Legal de los señores Gerson Alexander Montes Ayala y Ángel Rigoberto Ramos Montoya; El Ministerio Público consideró: “…De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de, EXTORSION, ASOCIACION ILICITA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA Y MATERIAL DE GUERRA por el cual se condenó a los señores ANGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA Y GERSON ALEXANDER MONTES AMAYA. 1. Según el artículo 222 del Código Penal derogado, establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MAS ALTO, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión se considera consumada corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo percibido con la violencia o intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito". En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021. EXTORSION. "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, min perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". El Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PEMA DE DIAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). Siendo que de los hechos probados se desprende que LOS ahora condenados se identificaron como miembros de la "PANDILLA 18" procede el incremento de un tercio (1/3) de conformidad a lo establecido en el artículo 374 numeral 1, de las agravantes específicas, por lo que la nueva pena a imponer es de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses y la multa seria de 1000 a 1333 días, que de aplicarse el mínimo en su nivel más alto conforme el artículo 53, equivale a cinco millones de lempiras (1ps, 5,000,000). 2.- La sanción correspondiente al delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA según lo regulado en el artículo 332 reformado mediante decreto 70-2015 de fecha 25 de enero del 2016, del Código Penal Derogado, establecía: "Se sancionará con la pena de VEINTE (20) A TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de cien mil (Lps.100,000.00) a trescientos mil lempiras (Lps 300,000.00), a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de peligro. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Razón por la cual se les impuso la pena de TRECE (13) AÑOS CUATRO (4) MESES. En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de ASOCIACIÓN ILICITA, ahora denominado ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR se encuentra regulado en el Articulo 554 y reza: "Son asociaciones ilícitas las constituidas, sea de modo transitorio, por dos o más personas con la finalidad de cometer ilícitos penales, así mismo se consideran asociaciones ilícitas las que después de constituidas ilícitamente dedican su actividad, en todo o en parte a la comisión de delitos. Poseen también la consideración de asociaciones ilícitas las que aun teniendo como objeto uno licito, emplean como estrategia permanente y definida medios violentos, intimidatorios u otros ilícitos para el logro de aquel. El delito se considera cometido con independencia de que la asociación haya sido constituida en el extranjero, siempre que se lleve a cabo algún acto con relevancia penal en el territorio de Honduras. Los Directivos, promotores y financistas de la asociación ilícita deben ser castigados con las penas de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. Los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. 3. El delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, se regulaba en el artículo 332-A del Código Penal derogado, que establecía lo siguiente: Fabricación y Tráfico de Material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000) a diez mil (Lps. 10,000) por cada arma incautada. La policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Publico. El Código Penal vigente establece en el ART. 580, relativo a TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; 2. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 584 de las agravantes especificas esta pena se debe incrementar un tercio 1/3 en los casos siguientes: 1) Los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, 2) 3) 4) 5) 6) POR LO QUE LA PENA A IMPONER ES DE SEIS (6) AÑOS A OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, que reza: Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparara la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que le perjudique, siendo que la pena por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR le favorece no así por los delitos de EXTORSION Y TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHIBIDAS, por lo que lo solicitado por el revisionista no se encuentra conforme a Derecho. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados…”. (Folios 38-42 del recurso de mérito)CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, por su parte, dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas de la presente garantía de revisión se celebró el día veintinueve de junio del dos mil veintitrés (2021), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada ALBA REGINA PANIAGUA PACHECO, como garantista a favor de los ciudadanos GERSON ALEXANDER MONTES AYALA y ÁNGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA, y de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJÍA MEJÍA, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. cedida la palabra a la abogada garantista, esta expuso: que interponía el recurso de revisión invocando el artículo 186 de la Constitución de la República en relación al artículo 96 numeral 8) de la Ley Sobre Justicia Constitucional que regula la aplicación del Principio de Retroactividad Penal más favorable. Seguidamente se le cedió la palabra a la representante del Ministerio Público quien manifestó su desacuerdo, al apreciar del estudio concienzudo del caso que las disposiciones de la nueva norma sustantiva no resultan de favorabilidad a los agraviados en dos (2) de los tres (3) delitos por los cuales fueron condenados, como son los de EXTORSIÓN y TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PROHÍBIDAS; resultando únicamente de favorabilidad parcial lo estipulado en la nueva configuración típica del delito de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR; lo cual se ha detallado, según lo prescrito en el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) y sus reformas a través del Decreto 93-2021, en el Antecedente Número 4) de la presente sentencia. En virtud de todo lo cual, peticiona a la Sala de lo Constitucional que NO SE OTORGUE la presente garantía constitucional de revisión.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”.CONSIDERANDO CINCO (5): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada” CONSIDERANDO SEIS (6): Que siempre en lo relativo a la aplicación de la retroactividad de la ley penal más favorable, el artículo 96 de nuestra Constitución Política establece, que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es Estado suscriptor originario de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; comprometiéndose a respetar los derechos y libertades reconocidos y garantizados en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Habiendo sostenido la Corte Interamericana, que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Las negritas y el subrayado es nuestro-. Es particularmente relevante, lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay, que dice a la letra: “El principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente desarrollado a través de los aforismos ilustrados nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa. En el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario, se transgrediría el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO DIEZ (10): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. I. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la procedencia, o no, de la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que los ciudadanos GERSON ALEXANDER MONTES AYALA y ÁNGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA resultaron condenados a penas de reclusión y de multa, bajo el imperio del Código Penal derogado, por los delitos de EXTORSIÓN, ASOCIACIÓN ILÍCITA Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS; las cuales se encuentran numeradas y detalladas en los Antecedentes de la presente Sentencia. CONSIDERANDO ONCE (11): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, el “Concurso Real de Delitos”, es el marco dogmático en que se comprende la presente revisión penal, conforme a las disposiciones transitorias del Código Penal vigente; y, a los artículos 615, párrafo primero, 616 y 617, en particular; el cual puede definirse pertinentemente, en aproximación general a la teoría del concurso de delitos; cuando hechos independientes resultan, cada uno de ellos, encuadrados en el tipo penal que los describe.CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. III. Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, contrastados en Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, por la representación Fiscal del Ministerio Público; que en sentencia condenatoria de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se impuso a los señores GERSON ALEXANDER MONTES AYALA y ÁNGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA, las siguientes penas, actualmente en ejecución: “…. por el delito de EXTORSION en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-EC-231116, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION más una multa de Cincuenta Salarios Mínimos, a enterar en la Tesorería General de la República o en la institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin; …. por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de TRECE (13) AÑOS, CUATRO (4) MESES DE RECLUSIÓN y multa de treinta y tres mil trescientos treinta y tres lempiras con treinta y tres centavos (L.33,333.33), la que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la institución del Sistema Financiero Nacional autorizado para tal fin; por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y MATERIAL DE GUERRA en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de OCHO AÑOS DE RECLUSION, una multa de cinco mil lempiras (L. 5,000.00) por cada arma incautada, la que deberá enterar en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizado…;” ascendiendo el total a una pena acumulada de TREINTA Y SEIS AÑOS CUATRO MESES DE RECLUSIÓN Y UNA MULTA DE TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.38,333.33), para ambos ciudadanos peticionarios de la presente garantía de revisión penal.CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. IV. Que, concursadas las referidas penas, en forma global como prescribe el artículo 616, párrafos 1° y 9°, del nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), resultaría del caso examinar la hipotética aplicación de las penas contenidas en el nuevo Código Penal, lo cual se analizará detalladamente: a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 130-2017, se dispone una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de reclusión y una multa de quinientos a mil días, por el delito de EXTORSION, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la agravante específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma penal. No obstante, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, (El juzgador conoce el derecho), resulta evidente que tal norma penal fue reformada posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando no lo hubiere peticionado expresamente la parte garantista, resulta de obligatoria aplicación la Ley Intermedia vigente cuando se promovió el Recurso de Revisión bajo estudio; denotándose que, a la fecha de presentación del presente recurso (24 de abril de 2024), se encontraba ya en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto Legislativo que incrementa nuevamente las penas, para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Mientras tanto, el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, debe ser castigada con las penas siguientes: 1. De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; 2. De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres años, si se trata de armas o municiones prohibidas. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. - Sin embargo, de conformidad a lo establecido en el artículo 584 del Código Penal, (Decreto Legislativo No. 130-2017) las agravantes especificas esta pena se debe incrementar un tercio 1/3, en los casos siguientes: “1) Los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, 2) “; ascendiendo la pena a imponer de seis (6) años a ocho (8) años de reclusión. Finalmente, conforme al cómputo penológico desarrollado, procede examinar las penas correspondientes en el nuevo Código Penal Vigente al delito de ASOCIACIÓN ILICITA, ahora denominado ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, el cual se encuentra regulado en el artículo 554 del Código Penal, (Decreto Legislativo No. 130-2017), y contempla, para los integrantes de la asociación para delinquir, la pena de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.CONSIDERANDO CATORCE (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. V. Que, en vista a todo lo cual, la comparación global así establecida, requeriría examinar la acumulación material de las penas que hubieren podido corresponder a todos los hechos bajo enjuiciamiento, en la nueva normatividad legal postulada como parámetro de la revisión penal. Visto lo cual, las penas a aplicar en los delitos examinados concursarían en el rango global de entre VEINTISIETE (27) AÑOS, y los TREINTA Y OCHO AÑOS (38) DE PRISIÓN, más una Multa de SEISCIENTOS (600) A UN MIL QUINIENTOS (1500) DÍAS; por lo cual no resulta más beneficioso a la parte garantista, la punibilidad de su participación en los hechos declarados probados, conforme a las disposiciones que contemplan el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017) y el Decreto 93-2021; por cuanto se desprende que las penas privativas de libertad, por las que fueron sentenciados los ciudadanos garantistas, se encontrarían implícitas globalmente en el marco de las penas que contempla el nuevo Código Penal para sancionar los delitos concursados de EXTORSIÓN, TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, y de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR; no siendo más benignas las disposiciones del Código Penal vigente, calculando la pena global que hubiere podido corresponder a los hechos sometidos a enjuiciamiento, con la aplicación de normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor, Y, que, siguiendo los criterios establecidos en el artículo 616 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017), no resulta admisible, en definitiva, la revisión solicitada del caso; por cuanto la pena global impuesta conforme a la legislación derogada, resulta también imponible a los hechos juzgados con arreglo al Código Penal vigente.CONSIDERANDO QUINCE (15): Por lo anteriormente expuesto y desarrollado, no resulta procedente la aplicación retroactiva de la ley penal interesada en favor de los señores GERSON ALEXANDER MONTES AYALA y ÁNGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA, según la causal de procedibilidad contenida en el numeral 8 del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en vista al estudio de la foliada y de los antecedentes acompañados. Por lo cual procede declarar sin lugar la garantía de Revisión de la sentencia dictada en fecha veintiocho de mayo del dos mil dieciocho; al no resultar más beneficiosa para los susodichos garantistas, que, la que se encontraba vigente al momento de dictárseles la sentencia condenatoria, que es venida en revisión.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 96 numeral 8), 99 párrafo primero de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: Declarando SIN LUGAR la GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, a favor de los señores GERSON ALEXANDER MONTES AYALA y ÁNGEL RIGOBERTO RAMOS MONTOYA contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiocho de enero de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0505-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL