Sentencia RP-496-22 — Registro 20360
Resumen
Con relación a la causa instruida contra privado de libertad por el delito de Estafa Continuada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal , en virtud que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal contempla una pena más benigna, la Sala Constitucional concluye que siendo que el caso en concreto no está previsto en la Ley; No se puede revisar la sentencia por improcedente ya que impetrante se encuentra en libertad gozando de medidas cautelares; sin que hasta la fecha la sentencia haya sido ejecutada; o sea, que no ha sido habido; por lo tanto la sentencia no está ejecutada y no se encuentra en efectiva prisión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (LPS.19,844.10); por el delito de ESTAFA CONTINUADA; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. En el presente Recurso de Revisión Penal se procede revisar la benignidad del nuevo Código Penal en cuanto a sus penas; misma que no procede la revisión de la pena; en virtud de que no se ha ejecutado la pena; y tampoco se encuentra comprendida en algún fundamento legal del Código Penal; ya que el condenado está gozando de medidas cautelares; en la que no está comprendida dentro de las penas suspendidas como lo establece el Código Penal en su artículo 618 y 622; ya que el caso en concreto el condenado no está habido a pesar de que la Juez de Ejecución ordenó las órdenes de captura sin que las mismas fueran emitidas. Y siendo que el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional refiere que las Sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos que menciona el mismo artículo, en la cual la revisión penal solicitada no se encuentra comprendido en ninguno de los casos que se menciona en el artículo antes mencionado y ni en el Código Penal Vigente. Y al no estar previsto en el Código Penal y ni en los requisitos fundamentales para resolver la revisión penal según el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en ese mismo orden de ideas el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece el procedimiento para conocer de los asuntos que se sometan a la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo establecerá la propia Sala en las resoluciones que adopte de conformidad con la naturaleza del asunto. Y siendo que el caso en concreto no está previsto en la Ley; el mismo no se puede revisar la sentencia por improcedente ya que desde el 17 de mayo del 2012 se encuentra en libertad gozando de medidas cautelares; sin que hasta la fecha la sentencia haya sido ejecutada; o sea, que el condenado no ha sido habido; por lo tanto la sentencia no está ejecutada."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Código Penal No. 130-17, art. 618 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo y Resolución que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, a favor del SI MISMO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha cinco (5) de mayo del dos mil diecisiete (2017),con relación a la causa instruida contra el señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de NILVIA EVARISTA MUÑOZ VASQUEZ, ALBERTINA FIALLOS BAUTISTA, VILMA ANDREA FLORES ZELAYA, ERICA JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ. ANTECEDENTES.- 1)Que en fecha seis (06) de Octubre del dos mil diez (2010), se presentó requerimiento fiscal por el agente fiscal HENRY ALEXANDER PINEDA, en contra de los señores ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, JULIO CESAR RAMIRES OLIVA Y DENIS FERNANDO BANEGAS VENTURA, a quienes se les supone responsable de los delitos de ESTAFA CONTINUADA, FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de NILVIA EVARISTA MUÑOZ VASQUEZ, ALBERTINA FIALLOS BAUTISTA, VILMA ANDREA FLORES ZELAYA, ERICA JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ; y contra LA FE PUBLICA. (Folios 82 al 87 de la pieza de los antecedentes).- 2) Que en fecha cinco (05) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: ABSUELVE, de responsabilidad penal al Señor ROGER ORLANDO MARTÍNEZ BERMÚDEZ, por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PÚBLICA, por ende se ordena a la secretaria del despacho librar la carta de libertad respectiva, por este delito. SEGUNDO: Declarar al señor ROGER ORLANDO MARTÍNEZ BERMÚDEZ, penalmente responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio de la propiedad o patrimonio de las señoras NILVIA EVARISTA MUÑOZ VÁSQUEZ, ALBERTINA FIALLOS BAUTISTA, VILMA ANDREA FLORES ZELAYA, Y ERICA JUDITH SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; por ende previo abono del tiempo que hubiese permanecido en efectiva prisión preventiva, se le condena a sufrir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, la pena principal de DIEZ (10) ANOS DE RECLUSIÓN, asimismo, se le condena a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, y a trabajos en obras públicas y a labores dentro del Centro Pena, por todo el tiempo de la condena. De igual modo se le impone al mismo ROGER ORLANDO MARTÍNEZ BERMÚDEZ, una multa de Lps.19,844.10 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100), equivalente al diez por ciento (10%) del total defraudado de que suma un Total de L. 198.441.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100). TERCERO: Declara, a ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMÚDEZ, civilmente responsable del importe de la reparación de los gastos ocasionados v de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido; siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda. CUARTO: Exime al referido ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMÚDEZ, de las costas procesales causadas en el trámite del proceso. MANDA: Firme que sea la presente resolución, que la Secretaria de este Tribunal de Sentencia, remita al Juzgado de Ejecución de la Esperanza, Intibucá, sentencia certificada junto con las diligencias de mérito, de igual modo a la penitenciaria antes mencionada y demás dependencias que corresponda; lo anterior para los efectos subsiguientes. Esta sentencia se emite en esta fecha en virtud del exceso de trabajo existente en este Tribunal de Sentencia NOTIFÍQUESE A LAS PARTES PROCÉSALES ESTA RESOLUCIÓN. Así por esta sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 682 al 690 de la pieza de los antecedentes).- 3) En fecha veintiséis (26) de Octubre del año dos mil veintitrés (2023), se celebró Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ , con la comparecencia de la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ; en la cual el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia definitiva antes indicada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, en virtud que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal contempla una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. II. - HECHOS RELEVANTES DEL CASO. El Ministerio Público al hacer un análisis de los hechos probados en la sentencia traída a revisión se aprecia AUDIENCLA DE OPOSICION RECURSO DE REVISION PENAL NO. 0496-2022 que el señor ROGER ORLANDO MARTINEZ junto con otro sujeto participo de manera directa y voluntaria en la ejecución de los hechos en perjuicio de los señores NILVIA EVARISTA MUÑOZ, ALBERTINA FIALLOS BAUTISTA, VILMA ANDREA FLORES, Y ERICA JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ; quienes le entregaron varias cantidades de dinero, las que suman un gran total de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRA (LPS.198,441.00) a cambio de obtener ante la Dirección General de Transporte los permisos de explotación de unidades de transporte de personas y rutas turísticas, tipo taxi, que término en una farsa. Hechos que constituyen el delito de Estafa Continuada. El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales, aprecia que el Código Penal derogado Decreto 144/83 sancionaba el delito de ESTAFA en su artículo 240 Y 241 numeral 3 del Código Penal, donde la pena es de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, sí la cuantía excede de cien mil lempiras (L.100,000.00). El agente, además, será sancionado con una multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. Pena que fue incrementada en un tercio por tratarse de un delito continuado. El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula el delito de ESTAFA en el artículo 365, con una pena de DOS (2) a CUATRO (4) AÑOS, asimismo en el caso de autos concurren las agravantes consignadas en el artículo 366 numerales 1 y 3 cuya pena será incrementada en 2/3, cuando concurren dos o más de las circunstancias anteriores. Resultando una pena abstracta por cada una de las víctimas de cuatro (4) a seis (6) años con ocho (8) para cada uno de los delitos siendo que en el caso de autos las victimas estafadas son cuatro la pena en su totalidad queda de DIECISEIS A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES, pena que sería aplicada conforme a los parámetros establecidos en el artículo 616 del código penal vigente respecto al delito continuado, que reza: "Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real con la nueva ley." La misma regla se observa en caso de delito continuado", por 10 que al ser más gravosa el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción del recurso de revisión, por NO ser la misma más favorable para el condenado. (Folios 47 al 49 de la pieza del Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Retroactividad de la ley. La palabra “retroactividad”, deriva del latín, significa “retro agüere” accionar, hacia atrás, obrar hacía atrás. De acuerdo con las fuentes romanas se acude a varias expresiones: “retroagitur”, “reducitur” o “res retroducitur” y activus, que produce efectos y por tanto significa actuar sobre el pasado. Suárez Collía, la define “en una sucesión temporal de leyes, la aplicación de la norma jurídica nueva, a supuestos de hecho, actos, relaciones y/o situaciones jurídicas nacidas o constituidas con anterioridad a su entrada en vigor y que tuvieron su origen bajo el imperio de otra norma derogada”.- CONSIDERANDO CINCO (5): Manifestando las partes en audiencia de Oposición; en la cual el recurrente como representante del señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ; que su representado fue condenado por el Tribunal de sentencias de Siguatepeque, del departamento de Comayagua, por el delito de estafa, por lo que solicita la reforma de la pena en base al artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional de acuerdo al principio de retroactividad de la Ley Penal, solicitando al mismo tiempo reforma de computo, de acuerdo al nuevo código Penal del decreto 130-2017, que fue privado de su libertad en febrero del dos mil doce, en el Centro Penitenciario de Intibucá, que se le conceda la libertad definitiva de acuerdo a la retroactividad de la Ley Penal más favorable; luego manifiesta la fiscal del Ministerio Publico: De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales en ese sentido la norma penal derogada instituía el delito por el cual fue condenado el señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ; junto con otro sujeto participo de manera directa y voluntaria en la ejecución de los hechos en perjuicio de los señores NILVIA EVARISTA MUÑOZ, ALBERTINA FIALLOS BAUTISTA, VILMA ANDREA FLORES, Y ERICA JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ; quienes le entregaron varias cantidades de dinero, las que suman un gran total de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRA (LPS.198,441.00) a cambio de obtener ante la Dirección General de Transporte los permisos de explotación de unidades de transporte de personas y rutas turísticas, tipo taxi, que término en una farsa. Hechos que constituyen el delito de Estafa Continuada. El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales, aprecia que el Código Penal derogado Decreto 144/83 sancionaba el delito de ESTAFA en su artículo 240 Y 241 numeral 3 del Código Penal, donde la pena es de seis (6) a nueve (9) años de reclusión, sí la cuantía excede de cien mil lempiras (L.100,000.00). El agente, además, será sancionado con una multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. Pena que fue incrementada en un tercio por tratarse de un delito continuado. El Código Penal Vigente (Decreto 130-2017), regula el delito de ESTAFA en el artículo 365, con una pena de DOS (2) a CUATRO (4) AÑOS, asimismo en el caso de autos concurren las agravantes consignadas en el artículo 366 numerales 1 y 3 cuya pena será incrementada en 2/3, cuando concurren dos o más de las circunstancias anteriores. Resultando una pena abstracta por cada una de las víctimas de cuatro (4) a seis (6) años con ocho (8) para cada uno de los delitos siendo que en el caso de autos las victimas estafadas son cuatro la pena en su totalidad queda de DIECISEIS A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES, pena que sería aplicada conforme a los parámetros establecidos en el artículo 616 del código penal vigente respecto al delito continuado, que reza: "Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real con la nueva ley." La misma regla se observa en caso de delito continuado", por 10 que al ser más gravosa el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción del recurso de revisión, por NO ser la misma más favorable para el condenado.- CONSIDERANDO SEIS (6): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. - CONSIDERANDO ONCE (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.- CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SIGUATEPEQUE, DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, mediante la sentencia definitiva de fecha cinco de mayo del dos mil diecisiete, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de EVARISTA MUÑOZ VASQUEZ, ALBERTINA FIALLOS BAUTISTA, VILMA ANDREA FLORES ZELAYA Y ERICA JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ, y una multa de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (LPS.19,844.10) más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure las penas principales. II- Que de la revisión de la foliada del expediente se puede observar que el condenado fue detenido en fecha veintidós de febrero del dos mil doce, acta que colige a f.173 de la pieza de los antecedentes; tomándose u declaración de imputado en fecha veintitrés de febrero del dos mil doce, misma que colige a f. 178 al 180 de la misma pieza; y saliendo en Libertad en fecha diecisiete de mayo del dos mil doce, en virtud de haber rendido fianza suficiente a su favor, así como el acta de comparecencia de medidas cautelares con la misma fecha, en la cual coligen a f. 410 y 411 de la pieza de antecedentes; Sin que hasta la fecha se encuentre en efectiva prisión.- III- En ese mismo orden de ideas en fecha treinta de noviembre del dos mil dieciséis se le realiza Juicio Oral y Público; por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, al señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, con su comparecencia de manera voluntaria en la respectiva audiencia, por lo que en fecha cinco de mayo del dos mil diecisiete se le condena a una pena de diez años y multa del 10% de lo estafado, equivalente a una cantidad de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (LPS.19,844.10); estando siempre en libertad en virtud de que la condena no estaba firme, ya que se interpuso en recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional por parte del condenado, resolución que declara el recurso en DESERCION en fecha diez de agosto del dos mil dieciocho; Y es así que la sala de los penal declara la deserción del recurso y la firmeza de la sentencia, resolución que obra a f.716 al 719 de la pieza de los antecedentes; Por lo que se puede observar que hasta la fecha el señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, no se encuentra en efectiva prisión.- IV- Continua el proceso y es así que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque remite el expediente ya con su respectiva condena y firme para la ejecución de la sentencia al Juzgado de Ejecución de la Esperanza del Departamento de Intibucá el veintisiete de Junio del dos mil diecinueve, que colige a f. 9 al 11 de la pieza de antecedentes del Juzgado de Ejecución; así mismo ordena la Juez de Ejecución en dicha resolución las órdenes de captura a la Policía Nacional Preventiva del Departamento de Intibucá, así como a la Unidad de Investigación Criminal y las correspondientes alertas migratorias; mismas que no se encuentran agregadas las copias de los oficios que se ordenaron según la revisión del expediente; Y es por esta razón que la sentencia no se ha ejecutado; en virtud de que el condenado goza de medidas cautelares desde el diecisiete (17) de mayo del dos mil doce (2012); y la no estar ejecutada la sentencia no se puede revisar la pena; que sí bien es cierto no existe en el Código Penal un fundamento Jurídico para los condenados cuando se encuentran gozando de medidas sustitutivas; distintas a la de prisión preventiva como es el caso, ya que el condenado goza de medidas cautelares desde el 17 de mayo del 2012; Por lo que nunca se realizó la revisión de la medida en primera instancia, una vez que estuviese firme la sentencia; según la revisión del expediente; y surge hasta que llega al Juzgado de Ejecución de la Esperanza, que se ordenó el libramiento de las órdenes de captura correspondientes, sin que las mismas fueran emitidas.- V- Al Hacer la revisión del expediente del recurso de mérito en el f.35, consta el informe rendido por la secretaria del Juzgado de Ejecución de la Esperanza LESLY WALDINA SALAZAR, donde informa que a la fecha no se ha practicado computo de pena, en virtud que al momento que fue condenado el referido sentenciado gozaba de MEDIDAS CAUTELARES, distintas a la prisión preventiva; desde el 17 de mayo del 2012; por lo tanto no ha hecho efectiva su pena de diez años de reclusión; sin que a la fecha haya sido habido.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN y MULTA DE DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (LPS.19,844.10); por el delito de ESTAFA CONTINUADA; más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. I. En el presente Recurso de Revisión Penal se procede revisar la benignidad del nuevo Código Penal en cuanto a sus penas; misma que no procede la revisión de la pena; en virtud de que no se ha ejecutado la pena; y tampoco se encuentra comprendida en algún fundamento legal del Código Penal; ya que el condenado está gozando de medidas cautelares; en la que no está comprendida dentro de las penas suspendidas como lo establece el Código Penal en su artículo 618 y 622; ya que el caso en concreto el condenado no está habido a pesar de que la Juez de Ejecución ordenó las órdenes de captura sin que las mismas fueran emitidas. Y siendo que el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional refiere que las Sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos que menciona el mismo artículo, en la cual la revisión penal solicitada no se encuentra comprendido en ninguno de los casos que se menciona en el artículo antes mencionado y ni en el Código Penal Vigente. Y al no estar previsto en el Código Penal y ni en los requisitos fundamentales para resolver la revisión penal según el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en ese mismo orden de ideas el artículo 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece el procedimiento para conocer de los asuntos que se sometan a la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo establecerá la propia Sala en las resoluciones que adopte de conformidad con la naturaleza del asunto. Y siendo que el caso en concreto no está previsto en la Ley; el mismo no se puede revisar la sentencia por improcedente ya que desde el 17 de mayo del 2012 se encuentra en libertad gozando de medidas cautelares; sin que hasta la fecha la sentencia haya sido ejecutada; o sea, que el condenado no ha sido habido; por lo tanto la sentencia no está ejecutada. - POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el condenado ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, a favor de SÍ MISMO, POR IMPROCEDENTE, en virtud de no estar ejecutada la misma, por no encontrase el recurrente hasta la fecha en efectiva prisión. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda a la ejecución del presente fallo.- Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”………” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de diciembre de dos mil veinticinco.- VISTO: El RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA a favor del señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha veinticinco (25) de Agosto del año dos mil veinticinco (2025) y por la cual se falla DECLARANDO SIN LUGAR LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE REVISION PENAL, interpuesta a favor de SI MISMO contra la sentencia de fecha cinco de mayo del dos mil diecisiete por el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque, Departamento de Comayagua que resolvió CONDENAR, al señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, por el delito de Estafa Continuada, a la pena de DIEZ (10) años de reclusión y multa de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DIEZ CENTAVOS (LPS. 19,844.10), en perjuicio de los señores NILVIA EVARISTA MUÑOZ VASQUEZ, ALBERTINA FIALLOS BAUTISTA, VILMA ANDREA FLORES ZELAYA Y ERICA JUDITH SANCHEZ HERNANDEZ.- CONSIDERANDO (1): Que la referida acción revisión Penal se interpuso en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil veintidós (2022), procediendo a DENEGAR la revisión Penal por la Sala de lo Constitucional, por no presentar nuevas argumentos jurídicos ni facticos en su recurso de Reposición. Invocando únicamente el derecho de Petición de acuerdo al artículo 80 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que conforme establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabrá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse en el acto de la notificación, o al día siguiente de su notificación por la tabla de avisos. CONSIDERANDO (3): Que, vista la petición de la parte recurrente, se arguye por el Abogado JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, quien comparece en la condición preindicada, indicando que en el caso de autos, solicitando ninguna petición; simplemente basa su reposición en el artículo 80 de la Constitución de la República, en virtud de que la resolución de la Sala de lo Constitucional no está de acuerdo a derecho. CONSIDERANDO (4): Que el principio de independencia judicial se encuentra normativizado, inter alia, en los artículos 1, 4, 303 y 304 de la Constitución de la República, así como la interpretación conforme realizada con base al principio de responsabilidad judicial por las Cortes y tribunales, en el ámbito de su competencia. CONSIDERANDO (5): Que, el régimen de las impugnaciones debe regirse por la legalidad constitucional en un Estado de Derecho, en proscripción de la arbitrariedad judicial. De tal manera que no resulta admisible se concedan los recursos que franquea la Ley Sobre Justicia Constitucional, con base en consideraciones de mera legalidad. A este respecto ha establecido la Sala, con relación a los cauces procesales de la tutela judicial efectiva, que el derecho de petición no ha de conllevar, necesariamente, a la obtención de una decisión favorable al peticionario (a) sobre el fondo del asunto controvertido.CONSIDERANDO (6): Que, por todo ello, se concluye que la resolución recurrida no se encuentra ajustada a derecho por no existir razones de fondo o de forma para proceder a su enmienda. Señala, por su parte, el artículo 120, párrafo segundo, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que, una vez solicitada la reposición ante la Sala de lo Constitucional, o ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en su caso; deberá procederse sin más trámite, a denegar o enmendar el fallo, según correspondiere en derecho.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 4 N.º 7 y N.º 8, 41, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DENEGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el señor JOSE MANUEL ANDRADE AVILA, a favor del señor ROGER ORLANDO MARTINEZ BERMUDEZ, contra la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veinticinco (2025). Y MANDA: Que la Secretaría notifique a la parte recurrente la firmeza de la sentencia definitiva recaída en la presente acción de amparo y se proceda de conformidad a derecho en cuanto a los efectos legales subsiguientes. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. - WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha veinticinco de agosto de dos mil veinticinco y Resolución de fecha diez de diciembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-0496-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL