Sentencia RP-493-22 — Registro 19241
Resumen
Tribunal de Sentencia condenó a recurrente a una pena de quince (15) años de reclusión con multa pecuniaria, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándole la responsabilidad civil; como autor responsable del delito de Extorsión en perjuicio de testigo protegido; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" La conducta por la cual fue condenado Jose Ramon Navarrete Rivera, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien le perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 570 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…" La conducta por la cual fue condenado Jose Ramon Navarrete Rivera, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien le perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 570 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 580 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: EL Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diez de abril del dos mil veinticinco. VISTA: Para dictar sentencia en el recurso de revisión penal, interpuesto por el abogado Ramón Matamoros, a favor del señor José Ramón Navarrete Rivera, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor José Ramón Navarrete Rivera, por haber sido condenado por el delito de Extorsión Simple, en perjuicio del Testigo Protegido “JPTP-E-1111-16”.hechos probados de la sentencia venida en revisión “PRIMERO: El siete de noviembre de dos mil dieciséis, se encontraba el Testigo Protegido JPTP-1111-16 en su negocio de transporte, cuando recibió una llamada telefónica de una persona de sexo masculino, quien se identificó como miembro de una pandilla MS, exigiéndole el pago de tres mil lempiras semanales en concepto de impuesto de guerra, mismos que debería de entregar en el punto de buses de la Colonia San Juan de Chamelecón ya que de no hacerlo, matarían a su familia y quemarían las unidades de buses. SEGUNDO: Ese mismo día, el testigo protegido JPTP- E -1111-16 se hizo presente a la Fuerza Nacional Antiextorsión e interpuso la denuncia respectiva, por lo que los agentes de dicha Unidad procedieron a seriar dos billetes de denominación de cien lempiras para realizar la entrega controlada el jueves diez de diciembre de ese mismo año. TERCERO: El jueves diez de diciembre de dos mil dieciséis, se conformó un equipo de agentes de la Unidad Antiextorsión, quienes montaron vigilancia en el Sector San Juan de Chamelecón, cuando a las 11:20 am llegó el señor el Testigo protegido JPTP-E-1111-16, y se estacionó en el punto de buses, siendo abordado por el señor JOSE RAMON NAVARRETE RIVERA, quien le pidió el dinero y después se marchó del lugar. Seguidamente, los agentes le dieron persecución, requiriendo al acusado, quien portaba en su calzoneta, dos teléfonos celulares y un paquete conteniendo dos billetes de cien lempiras previamente seriados, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.” ANTECEDENTES 1.En fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la agente de tribunales del Ministerio Público, abogada Wendy Xiomara Pineda, presentando requerimiento fiscal en contra del señor José Ramón Navarrete Rivera, a quien se le supone responsable del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido con clave “R-322”. (Folios 1-5 del antecedente).2.Seguido el trámite correspondiente en fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, el Tribunal de Sentencia de la sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“… PRIMERO: CONDENAR, por conformidad de las partes, al acusado JOSE RAMON NAVARRETE RIVERA cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de un delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO CLAVE JPTP-E-1111-16 sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS, misma que deberá enterarse en el Banco Central de Honduras; en cuanto a la reclusión, se deberá computar desde el día en que fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en una Penitenciaria Nacional. SEGUNDO: Condenamos al señor JOSE RAMON NAVARRETE RIVERA a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, como consecuencia de la condena de reclusión, penas que tendrán la misma duración que la condena por la pena principal, así mismo y por el mismo tiempo, se le condena a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. TERCERO: Se declara al condenado JOSE RAMON NAVARRETE RIVERA responsable civilmente de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito por el que es condenado, la que podrá ser objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. CUARTO: No procede condenar en costas al acusado. QUINTO: No procede pronunciarse sobre piezas de convicción, instrumentos ni efectos del delito por no haberse presentado en el juicio. Que se tenga por notificada la presente sentencia a las partes procesales, haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de casación dentro del plazo de veinte días. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.” (Folios 125-127 del antecedente).3.Esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal en fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, interpuesto por el abogado Ramón Matamoros, a favor del señor José Ramón Navarrete Rivera, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para sus representados. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 4.En fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante Felipe René Speer Laínez, con la comparecencia de la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado José Ramón Matamoros, actuando en su condición de Apoderado Legal José Ramón Navarrete Rivera. (Folios 19-21 del recurso de mérito). FUNDAMENTACIÓN. I.Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . II.Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Ramón Matamoros, en representación de Jose Ramon Navarrete Matamoros, como revisionista; y, la abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Ramón Matamoros, manifiesta que ratifica el contenido de la solicitud de revisión penal presentada, para que se le aplique el principio de retroactividad a su representado. Añade que su representado fue condenado por el delito de extorsión simple a una pena de quince (15) años y multa de 50 salarios mínimos en relación a lo establecido en el artículo 222 del código penal derogado, no obstante señala que el nuevo código penal vigente (Ley Intermedia), establece en su articulo 373 una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de 500 a 1000 días de multa, siendo mas beneficioso aplicar al condenado una pena mínima de 10 años de reclusión y una multa de 500 días equivalente a 10,000.00 lempiras. Por su parte, el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que no se otorgue la acción de revisión, en virtud de que del análisis comparativo de ambas leyes penales, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados; mientras que el Código Penal vigente (Decreto 130-2017) regula esa misma conducta delictiva en el Articulo 373 reformado, que lo sanciona con la misma pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53 PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). Al examinar el fallo emitido por el A-quo, se aprecia que también se condenó al procesado, a la pena de multa, por lo que en relación a dicha condena de multa, con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo al que hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5000.00), que en su nivel más alto oscila en la cantidad de L.2,500,000.00. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que es sancionado con el mismo rango punitivo más la multa antes citada, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal, por no ser esta más benigna al condenado.III.Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece.IV.Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a Jose Ramon Navarrete Rivera, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-E-1111-16; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena principal y las consecuencias de trabajo penitenciario así como la responsabilidad civil derivada del delito, dicha conducta se encontraba tipificada en el artículo 222 del Código Penal decreto 144-83. La conducta por la cual fue condenado Jose Ramon Navarrete Rivera, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en la sentencia venida en revisión se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad con el NCP 130-2017; y respecto a la pena de multa, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión, lo que lejos de beneficiar al sentenciado, más bien le perjudica. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del NCP-130-2017.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la garantía constitucional de revisión penal interpuesta por el abogado RAMÓN MATAMOROS, en favor del señor JOSE RAMON NAVARRETE RIVERA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNÁNDEZ. – NOTIFIQUESE. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha diez de abril de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0493-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL