Sentencia RP-465-22 — Registro 19897
Resumen
Se interpusieron Recursos de Revisión Penal ambos recursos contra la sentencia condenatoria por los delitos de asociación ilícita, posesión de arma de fuego de uso comercial en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras. (Exp.No.0101-2019-00154-JELC).
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA Y JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, la pena de (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACION ILICITA y la multa de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100.000.00), y por el delito de POSESION DE ARMAS DE FUEGO, la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al CODIGO PENAL, DECRETO NÚMERO 70-2015, derogado, la pena a imponer por el delito de ASOCIACION ILICITA era reclusión de Veinte (20) a treinta (30) años y multa de un Cien mil lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 554 del vigente Código Penal, dos presupuestos, la pena oscila entre DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS, y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días si se trata de los directivos, promotores y financistas de la Asociación ilícita; y de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS y multa de Cien (100) a Quinientos (500) días para los simples integrantes de la asociación. II. En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas, el Código Penal, Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B, establece que: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. ”Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años. En cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) … Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al encausado. Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable. la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Sumado a lo anterior, del examen del fallo sub-judice se extrae que si bien la pena a imponer por el delito de Asociación Ilícita resulta ser menor a la impuesta en la sentencia objeto de revisión, en cuanto a la pena a imponer por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, la pena señalada en el Código Penal vigente es más alta que la pena impuesta en la sentencia, pues al momento de que fueron capturados los condenados señores KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA Y JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, ellos portaban las armas objeto del delito sin el correspondiente permiso de portación, por lo tanto, en virtud de lo que establece el artículo 616 del Código Penal vigente, no es procedente aplicar las penas fragmentadas de los delitos, por lo que en el caso concreto, no es más favorable a los condenados la normativa invocada por el revisionista.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Revisión Penal (Acumulados) Interpuestos: 1° por la Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, a favor del señor KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA (Reg. No. SCO-465- 2022); y, 2º por la Abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, a favor del señor JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ (Reg. No. SCO-827- 2022); ambos recursos, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra los señores KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA y JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, por los delitos de ASOCIACION ILICITA, POSESION DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.(Exp.No.0101-2019-00154-JELC).SON PARTES INTERVINIENTES: NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, en su condición de apoderado legal del señor KEVIN KAVIER MARTINEZ CARDONA Y CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, en su condición de Apoderada legal del señor JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ. ANTECEDENTES1)Que en fecha dieciocho de abril de dos mil dieciséis, agente fiscal del Ministerio Público, la abogada SANTA CECILIA CARCAMO DUBON, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL, LA CEIBA, ATLANTIDA, presentando requerimiento fiscal contra el señor JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ Y KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA “ ALIAS REPTIL” a quienes se les supone responsables a título de AUTORES de la comisión de los delitos de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS (Folios 01 al 03 de la pieza de antecedentes).2) Que, en fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual, Falló: PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a los señores JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ Y KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA en su calidad de miembros del delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS cumplir una pena de 20 AÑOS DE RECLUSION en la Penitenciaria ubicada en ILAMA, SANTA BARBARA, abonándose el cumplimiento de la misma el tiempo que los acusados han permanecido cautelarmente detenidos por esta causa; MULTA DE CIEN MIL LEMPIRAS que deberá enterar en la Tesorería General de la Republica a favor del Estado de Honduras como consecuencia de la reclusión impuesta por el delito ASOCIACION ILICITA, se impone a JAIME DARIO CONTRARAS NUÑEZ Y KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA con las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDEICCION CIVIL además, a trabajar durante el tiempo que dure la condena en obras dentro de la institución penitenciaria. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los acusados JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ Y KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA por el delito de POSECION DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS a cumplir una PENA DE TRES AÑOS DE RECLUSION en el Centro Penal de Barrio Ingles, ubicado en la Ceiba, departamento de Atlántida, salvo que el Juez de Ejecución o la autoridades penitenciarias dispongan otra cosa por cuestiones de seguridad o reordenamiento; abandonándose al cumplimiento de la misma el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente detenido por esta causa. Como consecuencia de la reclusión impuesta por el delito de POSECION DE ARMAS DE FUEGO COMERCIAL se impone a JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ Y KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDEICCION CIVIL, además, a trabajar durante el tiempo que dure la condena en obras publicas dentro de la institución penitenciaria. TERCERO: No procede declarar la responsabilidad Civil de los condenados JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ Y KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA. CUARTO: No procede la condena en costas. QUINTO: Se declara el comiso de un arma de fuego tipo revolver, color negro, marca Smith Wesson serie 636261, un teléfono marca Acatel, un arma de fuego tipo revolver marca ARMSCOR modelo 200, serie A1053053, calibre 38 color negro, y un teléfono celular color negro marca Acatel.” (Folios 407 al 415 de la pieza de antecedentes). 3) Que en fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, presentando Recurso de Revisión Penal a favor del señor KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOBA, contra la sentencia condenatoria de fecha diez (10) de octubre de dos mil dos dieciocho(2018), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01 y 02 del recurso). 4) así mismo, en fecha tres (03) de mayo del dos mil veintidós (2022), esta Sala, tuvo por admitido el presente recurso contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho. (Folios 9 de la pieza de recurso).5) así mismo, en fecha cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido la abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA, a favor del señor KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA, la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017).- La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “ NO SE OTORGUE la presente acción de revisión en los términos supra señalados. (Folios 21 al 25 del recurso de mérito). 6)Que en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022), compareció ante la Sala de lo Constitucional, la abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, presentando recurso de Revisión Penal a favor del señor JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, contra la sentencia condenatoria de fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciocho(2018), dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA solicitando la aplicación retroactiva de la legislación penal más favorable al imputado en la sentencia definitiva condenatoria, la ejecución de la nueva pena o la práctica de un nuevo cómputo de pena. (Folios 38-40 de la pieza de recurso).7) En fecha veintisiete (27) de julio del dos mil veintidós (2022), esta Sala, tuvo por admitido de oficio el presente Recurso de Revisión contra la sentencia condenatoria, dictada en fecha diez (10) de octubre de dos mil dos dieciocho (2018), por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. (Folio 43 de la pieza de recurso).8)En fecha uno (01) de junio del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante JOSE RICARDO PINEDA MEDINA, con la comparecencia de la abogada SOBREIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO actuando en su condición de Apoderado Legal del señor, JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ; Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2).., 3) ..., 4) ..,5) ..., 6) ... 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo GEMA DE Código Penal. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme el artículo 332 del Código Penal derogado, la pena a imponer por el delito de ASOCIACION ILICITA era reclusión de 20 a 30 años y multa de Cien Mil (100,000.00) a Trecientos Mil (300,000.00) lempiras; mientras que el Código Penal vigente regula esta misma conducta en el artículo 554, en cuyo último párrafo expresa que los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de seis (6) a diez (10) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000.00). Por su parte, el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL era sancionado en el artículo 332-b del Código Penal derogado, con una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas; mientras que el actual Código Penal dispone en el artículo 580 numeral 1 que el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego, es castigado con una pena de uno (1) a cuatro(4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) a cinco(5) años cuatro (4) meses de prisión. Al analizar la aplicabilidad del articulo 580 último párrafo del Código En comparación con el artículo 332-B del Código condenado el Señor JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, en lo que respecta al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PERMITIDA, la pena a imponerse oscila entre cuatro (4) años cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, la cual se ve incrementada, en comparación a los tres (3) años de reclusión a los que fue condenado el encausado. En este orden de ideas se puede determinar que, aun y cuando la pena privativa de libertad correspondiente por el delito de ASOCIACION ILICITA resulte menor que la pena impuesta en la sentencia objeto de revisión, en cuanto al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE la pena señalada en el Código Penal vigente señala que para determinar la Ley más favorable se debe analizar la aplicabilidad de las normas comparadas completas, no admitiendo como más beneficiosa la aplicación fragmentada de las normas, por lo que en el caso concreto no es más favorable al condenado la normativa invocada por el revisionista, siendo que de ser aplicada en su totalidad como prescribe la ley, no le resulta en mayor beneficio. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 50-52 de la pieza de amparo).9) en fecha ocho(08) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) esta sala dispone Al apreciarse de los autos, que los acciones de recursos de revisión intentadas se dirigen contra el mismo acto reclamado, asimismo, comparte el antecedente con la acción de revisión con registro de este Tribunal No.465-2022y 827-2022 interpuesto por: 1.- la Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA a favor del señor KEVIN ZAVIER MARTINEZ CORDOVA 2.- la abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO a favor del señor JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ todos contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA en fecha diez (10) de octubre de dos mil dos dieciocho (2018); ESTA SALA DISPONE: 2. Que para efectos de mantenerla unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia, resuelve acumular la Revisión 0827-2022 interpuesto por la Abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO a favor del señor JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, al recurso de Revisión Penal que se registra bajo el número 465-827-2022; continúese con el trámite de ley correspondiente. HECHOS PROBADOSÚNICO: El 17 de abril del 2016, alrededor de las 5:00 de la tarde, en la colonia El Prado de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida; fueron detenidos por agentes de la policía Jaime Darío Contreras Núñez y Kevin Javier Martínez Córdova, miembros de la denominada pandilla 18, quienes fueron denunciados de asaltar e intimidar a ciudadanos, al momento de la detención Jaime Darío y Kevin Javier se desplazaban por una de las calle de la mencionada colonia, llevando Jaime Darío un arma de fuego tipo revolver, color negra, marca Smith Wesson, serie 636261, con 6 proyectiles y un teléfono, marca Alcatel, entre tanto Kevin Javier llevaba un arma de fuego tipo revolver, marca ARMSCOR, modelo 200, Serie A1053053, calibre 38 especial, color negro, conteniendo 6 proyectiles sin percutir, y un teléfono celular, color negro, Marca Alcatel; ambas armas en buen estado de funcionamiento y sin el permiso de la autoridad. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República, prohíbe abrir juicios fenecidos; sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido, manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte, el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal, constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. EL recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de Revisión Penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna.CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de Revisión se celebró en fecha cuatro (04) de mayo y uno (1) de julio de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA en su condición de Apoderada Legal del condenado KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA, y la Abogada CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, en su condición de Apoderada Legal del condenado JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ quienes manifestaron lo siguiente: “ratifica el Recurso de Revisión de la Sentencia Condenatoria Penal presentada de fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida, condenando a sus defendidos a cumplir la Pena de Veinte (20) años de Reclusión por el delito de Asociación Ilícita y una multa de 100 mil lempiras y a Tres (3) años de Reclusión por el Delito de Tenencia Ilegal de Arma Comercial, más las accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por haberlos encontrado culpable de dichos delitos, Revisión que se solicita al amparo de lo dispuesto en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que excepcionalmente autoriza a esta Sala a Revisar las Sentencias Penales Firmes de Condena, aplicación retroactiva de la Ley penal que se solicita mediante esta Acción Constitucional, se deriva del hecho que sus defendidos al momento de emitirse la condena de Veinte (20) años de reclusión por el delito de Asociación Ilícita y tres (3) años de Reclusión por el Delito de Tenencia Ilegal de Arma Comercial, que se le impuso, se encontraba vigente el Código Penal contenido en el Decreto 144-83, de fecha 23 de agosto de 1983, el cual estipulaba los tipos Penales de Asociación Ilícita en su artículo 332, consideraba un Rango de pena de veinte (20) años a treinta (30) años y multa de Cien mil (L.100,000.00) a trescientos mil (L.300,0000.00) lempiras y el tipo penal de tenencia Ilegal de Arma de Fuego Comercial, que en el artículo 332-B, consideraba un Rango de Pena de Tres (3) a Seis (6) años y que en el caso según los hechos probados relacionados en la audiencia, los delitos se juzgaron como una Asociación Ilícita y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego Comercial, ambos en su forma de ejecución más simple, sin que se apreciaran en su momento, ninguna circunstancia agravante, ni atenuante que pudiera incidir en la aplicación de la Pena mínima de cada uno de los rangos descritos, el 25 de junio del 2020, ha entrado en vigencia el Decreto 130-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 34,940 de fecha diez de mayo del año dos mil nueve, contentivo del Código Penal, en el cual, se Derogo el Código Penal antes citado y se establece los tipos penales de Asociación Para Delinquir, señalando en el artículo 554 de dicho decreto, un Rango de Pena de Seis (6) a Diez (10) años y se establece el tipo penal de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego Permitida, señalado en el artículo 580 de dicho decreto, un Rango de Pena de uno (1) a Cuatro (4) años, y localización permanente hasta por dos (2) años….Por lo que al tener este código un tratamiento más favorable para el condenado, por lo que debe aplicarse esta legislación penal. Por lo que solicita se declare haber lugar al recurso de revisión, otorgar el mismo. Por su parte, la Agente Fiscal Sandra Lorena Zúniga y la Abogada SOBREIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, Agentes Fiscal del Ministerio Público al pronunciarse sobre el Recurso de Revisión interpuesto, establecen: “……Que el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión en los términos supra señalados. (Folios 21 al 25 del recurso de mérito). Asimismo la Abogada Zapata establece que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme el artículo 332 del Código Penal derogado, la pena a imponer por el delito de ASOCIACION ILICITA era reclusión de 20 a 30 años y multa de Cien Mil (100,000.00) a Trecientos Mil (300,000.00) lempiras; mientras que el Código Penal vigente regula esta misma conducta en el artículo 554, en cuyo último párrafo expresa que los simples integrantes de la asociación deben ser castigados con las penas de seis (6) a diez (10) años de prisión y multa de cien (100) a quinientos (500) días, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20.00) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000.00). Por su parte, el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL era sancionado en el artículo 332-b del Código Penal derogado, con una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas; mientras que el actual Código Penal dispone en el artículo 580 numeral 1 que el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego, es castigado con una pena de uno (1) a cuatro (4) años de reclusión, aumentada en un tercio (1/3) conforme su último párrafo, resultando una pena de cuatro (4) a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión. Al analizar la aplicabilidad del articulo 580 último párrafo del Código En comparación con el artículo 332-B del Código condenado el Señor JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, en lo que respecta al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO PERMITIDA, la pena a imponerse oscila entre cuatro (4) años cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión, la cual se ve incrementada, en comparación a los tres (3) años de reclusión a los que fue condenado el encausado. En este orden de ideas se puede determinar que, aun y cuando la pena privativa de libertad correspondiente por el delito de ASOCIACION ILICITA resulte menor que la pena impuesta en la sentencia objeto de revisión, en cuanto al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE la pena señalada en el Código Penal vigente señala que para determinar la Ley más favorable se debe analizar la aplicabilidad de las normas comparadas completas, no admitiendo como más beneficiosa la aplicación fragmentada de las normas, por lo que en el caso concreto no es más favorable al condenado la normativa invocada por el revisionista, siendo que de ser aplicada en su totalidad como prescribe la ley, no le resulta en mayor beneficio. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 50-52 de la pieza de amparo).CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas, las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal, es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual, en materia de Revisión Penal, se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón, se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), en su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras, establece que: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir, la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello, como se ha señalado, implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017, de fecha 18 de enero de 2018, publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940, de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia, que efectivamente, los señores KEVIN XAVIER MARTINEZ CORCOVA Y JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, fueron condenados por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100.000.00) y por el delito de POSESION DE ARMA DE FUEGO en perjuicio de La SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. II. Que esta Sala de lo Constitucional, constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 332 DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE ASOACION ILICITA, y el artículo 332 B en relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, del Código Penal decreto 144-1983, estimando que la acción ejecutada por los imputados se subsume en el tipo penal de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras Y POSESION DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. III. Esta Sala, realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO DIEZ (10): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA Y JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, la pena de (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACION ILICITA y la multa de CIEN MIL LEMPIRAS (L.100.000.00), y por el delito de POSESION DE ARMAS DE FUEGO, la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSIÓN, MÁS LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, conforme al CODIGO PENAL, DECRETO NÚMERO 70-2015, derogado, la pena a imponer por el delito de ASOCIACION ILICITA era reclusión de Veinte (20) a treinta (30) años y multa de un Cien mil lempiras, mientras que la pena regulada en el artículo 554 del vigente Código Penal, dos presupuestos, la pena oscila entre DIEZ (10) A QUINCE (15) AÑOS, y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días si se trata de los directivos, promotores y financistas de la Asociación ilícita; y de SEIS (6) A DIEZ (10) AÑOS y multa de Cien (100) a Quinientos (500) días para los simples integrantes de la asociación. II. En cuanto al delito de Portación Ilegal de Armas, el Código Penal, Decreto 144-1983, derogado, en su artículo 332 inciso B, establece que: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. ”Es decir, que esa conducta delictiva, se sancionaba con reclusión de tres (3) a seis (6) años. En cuanto al Código Penal vigente Decreto 130-2017, establece el artículo 580: “TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO. La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios debe ser castigada con las penas siguientes: 1) De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y, 2) … Con las mismas penas previstas en el numeral 1) se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización.” Bajo este examen después de revisar el quantum de ambas penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código no benefician al encausado. Visto así, y por tratarse de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable. la pena anterior impuesta al hecho, con todas las circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Sumado a lo anterior, del examen del fallo sub-judice se extrae que si bien la pena a imponer por el delito de Asociación Ilícita resulta ser menor a la impuesta en la sentencia objeto de revisión, en cuanto a la pena a imponer por el delito de Portación Ilegal de Armas de Fuego Comercial, la pena señalada en el Código Penal vigente es más alta que la pena impuesta en la sentencia, pues al momento de que fueron capturados los condenados señores KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA Y JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ, ellos portaban las armas objeto del delito sin el correspondiente permiso de portación, por lo tanto, en virtud de lo que establece el artículo 616 del Código Penal vigente, no es procedente aplicar las penas fragmentadas de los delitos, por lo que en el caso concreto, no es mas favorable a los condenados la normativa invocada por el revisionista. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por las abogadas NINOSKA ESTEFANIA ARGUETA CANACA Y CLAUDIA PATRICIA RAMOS RODEZNO, a favor de los condenados KEVIN XAVIER MARTINEZ CORDOVA Y JAIME DARIO CONTRERAS NUÑEZ; contra la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho. Y MANDA: Que, con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado Vallecillo Paredes.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha veinticinco de junio de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal (Acumulado)registrado en este Tribunal con el número SCO-0465 y 827-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL