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Sentencia RP-456-23 — Registro 19713

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia condenatoria por los delitos de dos asesinatos. Declarada sin lugar.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Roberto Duarte, las penas de veinte (20) años de reclusión, por cada uno de los dos delitos de Asesinato en perjuicio de Eris Francisco Sánchez Madariaga y Oscar Wilfredo Figueroa Rodríguez, respectivamente. El delito de Asesinato en el código penal anterior, tenía una pena abstracta de 20 a 30 años de reclusión; y en el actual código penal vigente el delito de Asesinato regulado en el artículo 193, establece una pena abstracta de 20 a 25 años de prisión. De acuerdo a lo anterior, al tratarse ambas de penas privativas de libertad, no se considera que el actual código penal sea más favorable, ya que la pena anterior veinte (20 años), con todas las circunstancias, resulta también imponible con el actual código penal. 2. Es evidente que de lo expuesto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que para el asesinato la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616.4 del nuevo Código Penal. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Roberto Duarte, las penas de veinte (20) años de reclusión, por cada uno de los dos delitos de Asesinato en perjuicio de Eris Francisco Sánchez Madariaga y Oscar Wilfredo Figueroa Rodríguez, respectivamente. El delito de Asesinato en el código penal anterior, tenía una pena abstracta de 20 a 30 años de reclusión; y en el actual código penal vigente el delito de Asesinato regulado en el artículo 193, establece una pena abstracta de 20 a 25 años de prisión. De acuerdo a lo anterior, al tratarse ambas de penas privativas de libertad, no se considera que el actual código penal sea más favorable, ya que la pena anterior veinte (20 años), con todas las circunstancias, resulta también imponible con el actual código penal. 2. Es evidente que de lo expuesto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que para el asesinato la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616.4 del nuevo Código Penal. "

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por la abogada Maria Elena Fonseca Cruz, a favor del señor José Roberto Duarte, contra la Sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, en fecha ocho de diciembre de dos mil nueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor JOSE ROBERTO DUARTE, por los delitos de dos ASESINATOS en perjuicio de ERIS FRANCISCO SANCHEZ MARADIAGA y OSCAR WILFREDO FIGUEROA RODRIGUEZ. HECHO PROBADO DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “UNICO: El día 5 de enero del año 2007 aproximadamente entre siete y siete y treinta de la noche en la colonia El Pantanal, calle principal, a inmediaciones de la iglesia católica y el campo de fútbol se encontraba aparcado en medio de la calle un bus color amarillo, identificado con el número 226, que tenía una sola puerta de acceso a los pasajeros ubicada al lado derecho del conductor, y en la parte trasera de emergencia, en la parte delantera o trompa tenía una cruz con luces de colores, y en la parte trasera una leyenda que decía “Mi Jonny”; este bus cubría la ruta de transporte urbano San Francisco Puente Mallol; ahí mismo se encontraban lo señores ANGEL DANERY ANDINO ZERON, CESAR ALEXANDER RODRIGUEZ GOMEZ, FRANKLIN ELISEO BONILLA, GABRIEL ADALBERTO RODRIGUEZ ULLOA, WILMER ALEJANDRO ANDINO ZERON, LUIS ENRIQUE MAIRENA CACERES, OSMAN VICENTE ORDOÑEZ ACEVEDO, JOSÉ ROBERTO DUARTE Y OSCAR ROLANDO REYES, cuando llegan al lugar dos jóvenes de nombre Iris Francisco Sánchez Maradiaga y Oscar Wilfredo Rodríguez; los acusados antes referidos al ver la presencia de estos jóvenes procedieron a rodearlos, a forcejear con ellos, tratando de subirlos al bus, hasta que lo lograron. Una vez dentro del bus este fue puesto en marcha, siendo conducido por el señor OSCAR ROLANDO REYES en dirección al anillo periférico, llegando hasta el lugar conocido como Los Mangos, a inmediaciones de la represa Los Laureles; una ves en ese lugar los acusados procedieron a inferirles múltiples heridas con arma blanca, las cuales en el caso del joven Eris Francisco Sánchez Maradiaga le provocaron varias heridas dispuestas de la siguiente manera: Una herida en región pectoral derecha, otra herida cortante en el lado derecho de la cara, otra herida cortante en el lado derecho del cuello, tres heridas incisas en el lado derecho del cuello, una herida incisa en región posterior del hombro izquierdo, una herida incisa en el lado izquierdo del cuello, una excoriación rojiza a nivel del pómulo derecho, otra excoriación rojiza en el lado izquierdo del cuello y una excoriación de arrastre en el lado derecho de la espalda; estas heridas le provocaron la muerte al joven Eris Francisco Sánchez Maradiaga de manera inmediata, siendo encontrado su cadáver horas después en dicho lugar. En el caso del joven Oscar Wilfredo Figueroa Rodríguez presentaba heridas dispuestas de la siguiente manera: En el lado posterior derecho del cuello, en el lado posterior izquierdo del cuello, en el lado superior derecho del abdomen, en cara anterior lado izquierdo del cuello, heridas que le provocaron exanguinación; además presentaba otras heridas como: una herida cortante en cara anterior lado izquierdo del cuello, una herida cortante en nivel del tercio proximal del brazo izquierdo, una herida cortante a nivel del tercio distal del brazo derecho, una herida cortante a nivel del tercio medio cara anterior antebrazo derecho, una herida cortante a nivel de la región dorsal de la mano izquierda, una herida cortante a nivel del tercio proximal cara posterior pierna izquierda, una herida incisa al lado izquierdo de la cara, una herida incisa en región lateral izquierda del cuello, contusiones simples, equimosis y excoriaciones en cuello, tórax, abdomen, lado derecho de la espalda, región lumbar y glúteo; este joven fue ingresado al Hospital Escuela, donde falleció momentos después a consecuencia de estas heridas.” A N T E C E D E N T E S 1) En fecha veintisiete (27) de junio de dos mil ocho (2008), en el Juzgado de Letras de lo penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se presentó requerimiento fiscal en contra el señor José Roberto Duarte, por suponerlo responsable del delito de Asesinato en perjuicio de Eris Francisco Sánchez Madariaga y Oscar Wilfredo Figueroa Rodríguez. (Folios 1). 2) Que en fecha ocho (8) de diciembre de dos mil nueve (2009), el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, dictó sentencia mediante la cual FALLO: UNO: …. DOS: ……. TRES: ……... CUATRO: ……. CINCO: …… SEIS: Debemos condenar y condenamos a Jose Roberto Duarte, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable de dos delitos de asesinato por el que fue acusado, en perjuicio de la vida del joven Eris Francisco Sánchez Madariaga, SIETE: ……. OCHO: ……. NUEVE: ……. DIEZ:…….. ONCE: DOCE: …... TRECE:….. CATORCE: ……. QUINCE: Debemos condenar y condenamos a Jose Roberto Duarte, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables de un delito de Asesinato por el que fueron acusados, en perjuicio de la vida del joven Oscar Wilfredo Figueroa Rodríguez. (Folios 882-929). 3) En fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada Maria Elena Fonseca Cruz, actuando en su condición de apoderado legal del señor José Roberto Duarte Zepeda. El Ministerio Público consideró: Análisis Jurídico: El Ministerio Público, al examinar el fallo condenatorio sub-judice se extrae que el señor Jose Roberto Duarte, fue condenado a una pena de veinte (20) años de reclusión por cada ofendido, haciendo un total de cuarenta (40) años, en aplicación del artículo 117 de la legislación penal derogada, que establecía una pena para el delito de asesinato de 20 a 30 años de reclusión; mientras que el Código Penal vigente regula esa misma conducta delictiva en el artículo 193, que sanciona el delito de asesinato, con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. En caso de concurrir las circunstancias de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Al examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae los hechos probados, que según la dinámica de hechos, estos fueron cometidos de manera alevosa, ya que el hoy condenado en compañía de 8 personas más, se aseguraron del estado de indefensión de sus víctimas, quienes fueron atacados de improvisto lo que anuló toda posibilidad de defensa por parte de éstos, en virtud de lo cual, la pena concreta a imponer sería, en los mismos términos en un rango de pena de 20 a 25 de prisión por cada delito de asesinato. En virtud de lo cual, resulta evidente que la aplicación de la nueva Ley penal no resulta más favorable al reo, ya que de conformidad con el artículo 616 de la norma en comento, no se considera que el presente código sea más favorable, cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente código penal. III. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 22-24). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República, prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que: “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada María Elena Fonseca Cruz, a favor del señor José Roberto Duarte, como revisionista; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada María Elena Fonseca Cruz, solicita la revisión de las penas y que se aplique el principio de retroactividad de la ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigente en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de las penas. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, no son más favorables al sentenciado; por lo que solicita que no se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. 1. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Roberto Duarte, las penas de veinte (20) años de reclusión, por cada uno de los dos delitos de Asesinato en perjuicio de Eris Francisco Sánchez Madariaga y Oscar Wilfredo Figueroa Rodríguez, respectivamente. El delito de Asesinato en el código penal anterior, tenía una pena abstracta de 20 a 30 años de reclusión; y en el actual código penal vigente el delito de Asesinato regulado en el artículo 193, establece una pena abstracta de 20 a 25 años de prisión. De acuerdo a lo anterior, al tratarse ambas de penas privativas de libertad, no se considera que el actual código penal sea más favorable, ya que la pena anterior veinte (20 años), con todas las circunstancias, resulta también imponible con el actual código penal. 2. Es evidente que de lo expuesto no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, ya que para el asesinato la nueva pena también resulta imponible. En consecuencia, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616.4 del nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Código Penal reformado en el artículo 193 y 616 por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada María Elena Fonseca Cruz, en favor del señor JOSE ROBERTO DUARTE. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo Paredes. – Notifíquese Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días de septiembre del dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0456-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL