Sentencia RP-449-22 — Registro 20359
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal, contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de asesinato. Declarado sin lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (9): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Impetra la parte garantista, que el presente caso no se subsume en el artículo 96 causal número seis de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual autoriza que las sentencias firmes podrán ser revisadas, cuando después de la condena sobrevinieran hechos nuevos, entendiéndose por tal, aquellos sucesos fácticos vinculado a la existencia, comisión o punibilidad del delito, de los cuales no se tuvo conocimiento en el marco del proceso judicial respectivo, de manera que no pudieron ser controvertidos con anterioridad. Para la Sala de lo Constitucional, sin embargo, no es este el caso, pese al ofrecimiento de prueba, en virtud no tenerse por acreditados hechos nuevos o elementos de prueba, que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente, con posterioridad a la sentencia condenatoria dictada en contra del señor FELIPE ISMAEL CHACÓN BEJARANO, que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o que encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo; de lo que se desprende que, en el caso de autos, los argumentos apuntados por la representación procesal garantista, no resultan de recibo para este Alto Tribunal.- CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, las razones anteriormente expuestas, permiten concluir que, el presente caso no se subsume en el artículo 96 la causal número seis, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que autoriza la procedencia del recurso de revisión penal: “6) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo"; por lo que no procede más que el dictado de sentencia denegatoria.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 6 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
CONSIDERANDO (9): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Impetra la parte garantista, que el presente caso no se subsume en el artículo 96 causal número seis de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual autoriza que las sentencias firmes podrán ser revisadas, cuando después de la condena sobrevinieran hechos nuevos, entendiéndose por tal, aquellos sucesos fácticos vinculado a la existencia, comisión o punibilidad del delito, de los cuales no se tuvo conocimiento en el marco del proceso judicial respectivo, de manera que no pudieron ser controvertidos con anterioridad. Para la Sala de lo Constitucional, sin embargo, no es este el caso, pese al ofrecimiento de prueba, en virtud no tenerse por acreditados hechos nuevos o elementos de prueba, que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente, con posterioridad a la sentencia condenatoria dictada en contra del señor FELIPE ISMAEL CHACÓN BEJARANO, que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o que encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo; de lo que se desprende que, en el caso de autos, los argumentos apuntados por la representación procesal garantista, no resultan de recibo para este Alto Tribunal.- CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, las razones anteriormente expuestas, permiten concluir que, el presente caso no se subsume en el artículo 96 la causal número seis, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que autoriza la procedencia del recurso de revisión penal: “6) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo"; por lo que no procede más que el dictado de sentencia denegatoria.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 numeral 6 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto de dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Recibido con procedencia del JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, interpuesto por la Abogada NELLY ASUNCION CASTILLO VARELA, a favor del señor FELIPE ISMAEL CHACON BEJARANO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, en fecha veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, con relación a la causa que se instruyó contra el señor FELIPE ISMAEL CHACON BEJARANO por el delito de ASESINATO en perjuicio de los señores OSMAN FIDEL GUERRERO ALVAREZ, JAIME CELIN COLEMAN Y JOSE SANTIAGO GALINDO.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha seis (06) de abril de dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras seccional del departamento de Olancho , el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada CALUDIA YAMILETH AMADOR presentando requerimiento fiscal en contra de FELIPE ISMAEL CHACON Y OSCAR CHACON BEJARANO a quien se les supone responsable a título de autor del delito de ASESINATO en perjuicio de JAIME CELIN COLEMAN, OSMAN FIDEL GUERRERO ALVAREZ Y JOSE SANTIAGO GALINDO (Folios 1-3 del antecedente).- 2) Que en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil dieciséis (2016), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, dictó sentencia mediante la cual FALLA: Por todo lo anterior este Tribunal de Sentencia por mayoría de votos, administrando justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de la facultad contenida en el artículo 341 del Código Procesal Penal, siendo ponente la Juez JOSEFA DOLORES NAVARRO HERNANDEZ "ex vi legis" FALLA: PRIMERO: CONDENAR al ciudadano FELIPE ISMAEL CHACON BEJARANO cuyas generales de identidad ya han sido citadas anteriormente, como autor materiales directo del delito de ASESINATO, en perjuicio de los OSMAN FIDEL GUERRERO ALVAREZ, JAIME CELIN COLEMAN Y JOSE SANTIAGO GALINDO a una pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUCION, por cada uno de los asesinatos en concurso real, haciendo un total de SESENTA AÑOS (60) previo abono del tiempo que estuvo privado de libertad como producto de la medida cautelar de Prisión Preventiva que en algún momento del proceso sufrió, pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto" de la comunidad de Tamara de Francisco Morazán, Honduras. SEGUNDO: CONDENAR al ciudadano FELIPE ISMAEL CHACON BEJARANO a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL durante todo el tiempo que dure la pena principal de reclusión, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. TERCERO: No procede condenar en costas procesales ni personales ocasionados por el juicio, al imputado FELIPE ISMAEL CHACON BEJARANO. CUARTO: No procede el Comiso. QUINTO: Es procedente la indemnización por daños y perjuicios o en su caso la Indemnización a los familiares por los gastos ocasionados por la muerte de los señores OSMAN FIDEL GUERRERO ALVAREZ, JAIME CELIN COLEMAN Y JOSE SANTIAGO GALINDO. SEXTO: Inscribir la presente sentencia en el libro respectivo que para tal efecto lleva este Juzgado y a su vez se ordena su remisión al Juzgado de Ejecución del Departamento de Olancho para los efectos legales correspondientes. SEPTIMO: Que se notifique la presente sentencia a las partes procesales. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 119 -127 del recurso de mérito).- 3) En fecha veintisiete (27) de julio del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado RAMON MATAMOROS actuando en su condición de Apoderado Legal del señor FELIPE ISMAEL CHACON BEJARANO .; El Ministerio Público consideró: Que la Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia definitiva antes indicada, fundamentando su petición en el artículo 96 numeral 6 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que dispone: “6) Después de la condena sobrevengan hechos nuevos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo", al señalar que su representado no cometió el hecho por el cual se le condenó, por tener conocimiento de dos nuevos testigos familiares de las victimas que darán cuenta de cómo sucedieron los hechos. II. - HECHOS RELEVANTES DEL CASO. De los hechos probados en la sentencia traída a revisión se aprecia que el día ocho (8) abril del dos mil nueve, como a eso de las dos de la tarde en el lugar denominado como la Bolsa sector del río Guayape, Olancho, el señor FELIPE ISMAEL CHACHON BEJARANO causó la muerte a OSMAN FIDEL GUERRERO ALVAREZ con quien discutió disparándole en varias ocasiones causándole la muerte. En se momento pasaba por el lugar el señor JAIME CELIN COLEMAN quien iba a caballo siendo víctima de varios disparos que le proporcionó FELIPE CHACON, cuando ya dejaba a estas personas muertas y para huir del lugar de los hechos el señor JOSE SANTIAGO GALINDO no lo quiso acompañar también le disparó causándole varias heridas ocasionándole la muerte. Momento que aprovechó para un machetazo en el cuello a OSMAN FIDEL dejándolo prácticamente decapitado, luego le propino dos heridas en el cuello JAIME COLEMAN dejándolo igualmente casi decapitado. Después de ejecutar estos hechos se dieron a la fuga junto con otra persona que lo acompañaba de Hechos que fueron valorados por el Tribunal de sentencia de forma conjunta en el debate en base a las reglas de la sana crítica. Resulta que la recurrente en su escrito de Revisión alega que su representado ABLIPE no se encontraba en el lugar, sin embargo, el en su declaración manifestó que " Marion se agarró a tiros con OSMAN Y A JAIME y que él se fue huyendo para el lado del Patuca...". Hechos que fueron desmentidos por los testigos YENNY RAMONA testigo presencial de los hechos quien manifestó de manera clara y precisa la forma como lo hicieron manifestando que quienes le dieron muerte a OSMAN Y A JAIME fueron FELIPE Y MARION CHACON, declaración que fue corroborada por el testigo MIGUEL ANGEL COLEMAN quien iba a acompañando a su hermano, pero se retrasó un poco por lo que se escondió en el monte y pudo ver 10 ocurrido, además de los medios de prueba testificales, documentales y periciales incorporados al proceso como prueba directa y suficiente, medios de prueba que valorados por el tribunal de sentencias atendiendo las reglas de la sana critica los llevaron a la convicción de condenar al imputado FELIPE ISMAEL CHACHON BEJARANO como autor material directo del delito de asesinato en perjuicio de los ofendidos. La revisionista en la presente causa ofrece las declaraciones de los testigos MARA NOHEMI ALVAREZ, EUGENIA GALINDO LICONA, MARTIR DONAYO AVILEZ Y ERLIN GERARDO ALVAREZ con la finalidad de acreditar donde estaba su cliente al momento que sucedieron los hechos. Del planteamiento anterior, se extrae que su pretensión probatoria es orientada a acreditar que su representado se encontraba en un lugar diferente de donde se cometió el hecho delictivo, argumento que no resulta lógico ni válido considerando el tiempo transcurrido desde de la condena a la fecha, aunado a ello, debemos resaltar que el juzgador llegó a la convicción de declarar la responsabilidad penal del condenado fundamentado en las declaraciones de los Testigos presenciales concatenada con el resto de la prueba que establecieron con precisión su participación en la comisión del hecho juzgado, que desencadeno el asesinato de tres personas. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por NO ser la misma más favorable para el condenado. (Folios 37-39 vuelto del recurso de mérito).- CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, la Ley Sobre Justicia Constitucional dispone, entre otras causales, que al tenor de lo prescrito en el artículo 96 numeral seis de la revisión procede cuando después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone, mientras tanto, que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.- CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (3): Resumen de alegaciones expuestas por el garantista en promoción de la presente garantía constitucional de Revisión Penal. El garantista apersonado a la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, Abogado RAMÓN MATAMOROS, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral seis del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional, anteriormente explicitado, el cual establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando, después de la condena, sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso: “… hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o encuadra en una norma más favorable (…)”. (Las negritas son añadidas). El recurso de revisión penal, en mención, fue solicitado a favor del señor FELIPE ISMAEL CHACÓN BEJARANO y está dirigido contra la sentencia Condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, en la cual se le sentencia al beneficiario del recurso como autor material directo del delito de ASESINATO, en perjuicio de los señores OSMAN FIDEL GUERRERO ALVAREZ, JAIME CELIN COLEMAN Y JOSE SANTIAGO GALINDO a una pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUCION, por cada uno de los asesinatos, en concurso real, haciendo un total de SESENTA AÑOS (60) previo abono del tiempo que estuvo privado de libertad como producto de la medida cautelar de Prisión Preventiva, pena a cumplirse en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto" de la comunidad de Tamara de Francisco Morazán, Honduras. Expone el Letrado peticionario, en sustento de su recurso, que, para probar la no participación del acusado en los hechos, oferta el medio de prueba testifical consistente en la deposición de los señores Mártir Donayo Avilez Avilez, Eugenia Galindo Licona y Erlin Gerardo Álvarez; solicitando finalmente, que se declare con lugar la misma. Una vez concluida la exposición del recurrente, se le cedió la palabra a la Fiscal para la Defensa de la Constitución, Agente Fiscal SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, quien se manifestó opuesta a la pretensión garantista, al señalar que su representado no cometió el hecho por el cual se le condenó, por tener conocimiento de dos nuevos testigos familiares de las víctimas, quienes tendrían conocimiento y darían cuenta de cómo sucedieron los hechos. Hace, a la vez, una referencia precisa y expositiva de como ocurrieron los hechos probados, según acaecidos en el día ocho (8) de abril de dos mil nueve (2009), como a eso de las dos de la tarde, en el sector conocido como la Bolsa, sito en el Río Guayape, departamento de Olancho, en los cuales, el señor FELIPE ISMAEL CHACHÓN BEJARANO (Sic.) después de una discusión y en hechos subsecuentes a la misma, causó la muerte de los señores OSMAN FIDEL GUERRERO ALVAREZ, JAIME CELIN COLEMAN Y JOSE SANTIAGO GALINDO, tal y como se desprende de los hechos probados ante el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, en virtud de los medios de prueba testificales, documentales y periciales evacuados en el proceso; los cuales fueron valorados coherentemente por el Tribunal sentenciador, conllevando a su resolutivo de condena. Sostiene, finalmente la Agente Fiscal, que carece de validez el planteamiento de que su representado se encontraba en un lugar diferente a donde acaeció el hecho delictivo, considerando la no inmediación, dado el tiempo transcurrido. Tal la argumentación jurídica promovida por las partes comparecientes, a la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, que tuvo lugar en fecha veintisiete de julio del año dos mil veintitrés.- CONSIDERANDO (4): Que, el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual lo compromete a respetar los derechos y libertades fundamentales allí reconocidos. El Artículo 9 de la precitada Convención, o Pacto de San José, dispone la vigencia del Principio de Legalidad y de Retroactividad, según el cual: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia del Principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario, se transgrediría. CONSIDERANDO (5): Que la revisión penal, prevé la causal de rescisión o anulación de la sentencia condenatoria firme, invocada por el recurrente, como es la prevista en el numeral 6) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, esto es cuando: Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo.- CONSIDERANDO (6): Que, en cuanto al motivo invocado por la recurrente, cabe distinguir tres (3) supuestos: a) que el hecho no existió, b) que el condenado no lo cometió, y c) que el hecho cometido no es punible o se encuadra en una norma más favorable. En el primer caso se presentará cuando el hecho delictivo por el cual se juzgó al o los imputados no se ha producido en el mundo real, el segundo, cuando estando acreditada la existencia de un hecho tipificado como delito, resulta evidente y sin ningún asomo de duda, que el condenado(s) no intervino en su comisión; supuesto este en congruencia al rango constitucional, según contenido en el principio general de inocencia consagrado en el artículo 89 de nuestra carta magna. La excepción al mismo lo tenemos en la inversión de tal principio cuando se impone una sentencia condenatoria, pasada en autoridad de cosa juzgada, como ocurre en el caso de autos; y el tercero se da cuando el hecho por el cual fue condenado el imputado (s) no es punible o el mismo encuadra en una norma más favorable para el condenado (s).- CONSIDERANDO (7): Que en ese orden de ideas, podemos afirmar que en el supuesto señalado en el numeral 6) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exige que la concurrencia de esos hechos o elementos de prueba nuevos evidencien que el hecho no existió o que habiéndose producido éste, el o los imputados no lo han cometido, todo ello de una forma tan exacta y certera que no permita abrigar duda alguna, resaltando, de una parte el error cometido en la sentencia revocada y, de otra, la notoria inculpabilidad del o los condenados (os). En ese orden de ideas, esta Sala observa que en relación al ofrecimiento y alegación de los hechos nuevos o elementos de prueba, que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente, con posterioridad a la sentencia condenatoria dictada en contra del señor FELIPE ISMAEL CHACÓN BEJARANO, por la parte garantista; no se tienen como acreditados en el trámite del proceso extraordinario de revisión penal, a efecto de proceder a su otorgamiento.- CONSIDERANDO (8): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que del estudio de la foliada se observa que el señor FELIPE ISMAEL CHACÓN BEJARANO, fue sentenciado por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, en fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, como autor material directo del delito de ASESINATO, en perjuicio de los señores OSMAN FIDEL GUERRERO ALVAREZ, JAIME CELIN COLEMAN Y JOSE SANTIAGO GALINDO a una pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSION, por cada uno de los asesinatos, en concurso real, haciendo un total de SESENTA (60) AÑOS DE RECLUSION, previo abono del tiempo que estuvo privado de libertad como producto de la medida cautelar de Prisión Preventiva.- CONSIDERANDO (9): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Impetra la parte garantista, que el presente caso no se subsume en el artículo 96 causal número seis de la Ley Sobre Justicia Constitucional, la cual autoriza que las sentencias firmes podrán ser revisadas, cuando después de la condena sobrevinieran hechos nuevos, entendiéndose por tal, aquellos sucesos fácticos vinculado a la existencia, comisión o punibilidad del delito, de los cuales no se tuvo conocimiento en el marco del proceso judicial respectivo, de manera que no pudieron ser controvertidos con anterioridad. Para la Sala de lo Constitucional, sin embargo, no es este el caso, pese al ofrecimiento de prueba, en virtud no tenerse por acreditados hechos nuevos o elementos de prueba, que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente, con posterioridad a la sentencia condenatoria dictada en contra del señor FELIPE ISMAEL CHACÓN BEJARANO, que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido no es punible o que encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo; de lo que se desprende que, en el caso de autos, los argumentos apuntados por la representación procesal garantista, no resultan de recibo para este Alto Tribunal.- CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, las razones anteriormente expuestas, permiten concluir que, el presente caso no se subsume en el artículo 96 la causal número seis, de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que autoriza la procedencia del recurso de revisión penal: “6) Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma más favorable; o se produzca un cambio de doctrina legal que favorece al reo"; por lo que no procede más que el dictado de sentencia denegatoria.- POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 96 numeral 6), 97, 99 párrafo primero, 101 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 65, 66, 193, 615 y 616 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo No. 130-2017), FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada NELLY ASUNCIÓN CASTILLO VARELA, con procedencia del JUZGADO DE EJECUCIÓN DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, a favor del señor FELIPE ISMAEL CHACÓN BEJARANO. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES -. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de febrero del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco, recaída en el recurso de Revisión Penal registrado en este tribunal con el número SCO-0449-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL