Sentencia RP-441-22 — Registro 19712
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrrente como autor por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido a una pena de once (11) años, tres (3) meses de reclusión y una pena pecuaniaria; lo condenó a penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándole la responsabilidad civil; Se resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva ya que las partes en audiencia de procedimiento abreviado renunciaron interponer recurso alguno contra la sentencia; La Sala de lo Constitucional verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MAYRON JOEL MENDOZA, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AC498; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado MAYRON JOEL MENDOZA, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MAYRON JOEL MENDOZA, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AC498; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado MAYRON JOEL MENDOZA, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos, Pronuncia, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0441-2022, promovido por el Abogado RAMÓN MATAMOROS, en favor del señor MAYRON JOEL MENDOZA, contra la sentencia de fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), dictada por Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán ,mediante la cual falló: Primero: CONDENAR al encausado MAYRON JOEL MENDOZA de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN MAS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS como autor del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC 498 misma que deberá cumplirse en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Además, la condenada está obligado a trabajar por el tiempo que dure las mismas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley de Sistema Penitenciario. SEGUNDO: Se le condena a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. TERCERO: No procede la condena en costas procesales ni personales, ni gastos ocasionados en el juicio. CUARTO: Procédase declarar la responsabilidad civil del condenado MAYRON JOEL MENDOZA. Son partes: El Abogado RAMÓN MATAMOROS, en representación de MAYRON JOEL MENDOZA, como revisionista; 1) La Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. Único: “ El día veintiocho de octubre a eso de las 7:40 Am se presentó a la unidad de anti extorsión el testigo protegido AC 498, a presentar formal denuncia, de que hacía seis meses estaba siendo víctima de extorsión, por parte de una persona del sexo masculino, tez trigueña, contextura delgado, de edad aproximadamente de 25 a 28 años, el cual ingresó a su negocio y se identificó como miembro de la mara MS, y seguidamente bajo amenazas a muerte le exigió que tenía que pagar 500 lempiras semanales, el cual hizo efectivo todos los viernes por la tarde; Interpuesta la denuncia fue asesorado por el encargado del caso, a quien para las diligencias investigativas entregó la cantidad de 500 lempiras, misma en la que consignaron la serie del billete, los agentes le devolvieron el billete, el cual tendría que entregar al sospechoso, con la finalidad de acreditar su participación en el hecho delictivo. Como a eso de las 12:30 se conformó un equipo de la fuerza anti extorsión y llegaron a las 12:40 se instalaron en lugar para hacer la vigilancia a efecto de vigilar y requerir a la persona que iba cobrar el dinero, a eso de la 1:40 observaron que llegó una persona con idénticas características y observaron que el testigo protegido le había dado el dinero, vestía una camiseta color gris y un jeans Azul, se dirigió al negocio del testigo protegido, le dijo que ya iba por la feria, y luego entró a otro negocio y entró a una barbería, los agentes lo requirieron, y le encontraron 4 billetes de 500 y le encontraron el billete previamente seriado, fue detenido y se identificó con el nombre de Mayron Joel Mendoza, con estos hallazgos se establece que la calificación de los hechos se enmarcan dentro del artículo 222 del Código Penal Vigente que establece y sanciona el delito de Extorsión, el cual se castiga con una pena de reclusión de quince (15) a veinte (20 años) y una multa de cincuenta (50) salarios mínimos, esto a titulo de autor directo en base al artículo 32 del Código Procesal Penal. A N T E C E D E N T E S 1) Del Inicio del proceso: En fecha veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada CESIA ESTRADA BRUNER, presentando requerimiento fiscal en contra el señor, MAYRON JOEL MENDOZA, por suponerlo responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC498. (Folios 01-05 del antecedente) 2) De la sentencia Condenatoria: Que en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual FALLÓ: (sic) “En virtud de lo antes expuesto este Juez, en Nombre del Estado de Honduras, RESUELVE:PRIMERO: CONDENAR al encausado MAYRON JOEL MENDOZA de generales ya conocidas en el preámbulo de esta Sentencia, a la pena principal de ONCE (11) AÑOS Y TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN MAS UNA PENA DE MULTA DE 37.5 SALARIOS MINIMOS como autor del delito de EXTORCION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AC 498 misma que deberá cumplirse en el Centro Penitenciario Nacional de Támara Francisco Morazán de este Departamento. Será computable a efectos del cumplimiento de la pena, el tiempo que el acusado ha permanecido cautelarmente privado de su libertad ambulatoria por esta causa. Además, la condenada está obligado a trabajar por el tiempo que dure las mismas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley de Sistema Penitenciario. SEGUNDO: Se le condena a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL. TERCERO: No procede la condena en costas procesales ni personales, ni gastos ocasionados en el juicio. CUARTO: Procédase declarar la responsabilidad civil del condenado MAYRON JOEL MENDOZA. QUINTO: Se mantienen la medida cautelar, impuesta contemplada en el artículo 173 numeral 3 de prisión preventiva del Código Procesal Penal; siendo que las partes en audiencia de procedimiento abreviado renunciaron a interponer recurso alguno contra ésta sentencia, es procedente que una vez que sean notificadas las partes de ésta sentencia adquiera firmeza, una vez firme se libren copias certificadas de la misma a Antecedentes Penales, Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social de Tamara, a la Coordinación de este Juzgado y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE A LAS PARTES ESTE FALLO. (Folios 57-60 del recurso de mérito) 3) De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. En fecha diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022), esta Sala recibió el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de del señor MAYRON JOEL MENDOZA, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la revisión de la pena conforme al nuevo código penal vigente. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 4) De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante José Ricardo Pineda, con la comparecencia de la Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado RAMON MATAMOROS, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MAYRON JOEL MENDOZA; El Ministerio Público consideró: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION SIMPLE por el cual se condenó a MAYRON JOEL MENDOZA. Según lo regulado en el artículo 222 del código Penal derogado, establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS y multa de cincuenta salarios mínimos, en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que se pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión se considera consumada y corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo percibido con la violencia o intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, por medio de transferencia electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito". En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSIÓN Se encuentra regulado en el nuevo Código Penal en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021. - EXTORSIÓN. "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha Logrado o no el objetivo perseguido con La violencia intimidación". De los hechos probados de la sentencia se desprende que el encartado se identificó como miembro d la mara MS, por lo que de conformidad a lo establecido en el artículo 374 de las agravantes especificas se debe aumentar 1/3 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado,2).3)…4)... Por lo que la nueva pena abstracta es de VEINTE (20) AÑOS A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES DE PRISION Y MULTA DE MIL (1000) A MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (1333) DÍAS MULTA. En el Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Por lo que habiéndose sometido el encausado al Procedimiento abreviado, se procede a hacer la rebaja de ¼ quedando una nueva pena abstracta de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS, Y SETECIENTOS CINCUENTA (750) a mil (1000) DÍAS MULTA, que en su nivel más alto EQUIVALE A LA CANTIDAD DE LPS.3,750,000 a LPS.5,000.000. AL examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, la Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se a pretender rever. Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, ya que lo peticionado por el revisionista, no es conforme a derecho. “(Folios 29-30 vuelto del recurso de mérito)” Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado Ramón Matamoros, en representación de MAYRON JOEL MENDOZA como revisionista; y la Abogada SOBEIDA IZABEL ZAPATA GRANDE en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El Abogado Ramón Matamoros funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que su representado fue condenado por Juzgado de Letras Penal de la sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, a una pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AC498; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal intermedia y se imponga a su representado una pena de 10 años de prisión y una multa de quinientos (500) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día; la que rebajada en un cuarto por la aplicación del procedimiento abreviado quedaría una pena mínima de siete años seis meses y multa de 375dias que en razón de veinte lempiras , equivale a siete mil quinientos lempiras(7,500 lps.), Por su parte, la agente fiscal del Ministerio Público expuso en síntesis que en virtud de que con la reforma al artículo 373 del NCP contenida en el decreto legislativo 93-2021, se establece el mismo marco abstracto en la pena privativa de la libertad y se agrava la pena de multa, lo que no implica un beneficio para la sentenciada, ya que, al realizar la rebaja por el proceso abreviado corresponde una pena abstracta de once (11) años con tres (3) meses a quince (15) años de prisión y una multa de 375 a 750 días, de tal forma que al efectuar el proceso matemático resulta en una cantidad mínima de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00), desprendiéndose que no aplica la retroactividad peticionada en vista que la nueva norma penal contempla una pena de multa mayor. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a MAYRON JOEL MENDOZA, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AC498; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fue condenado MAYRON JOEL MENDOZA, está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros, en favor del señor MAYRON JOEL MENDOZA. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha dos de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-441-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL