Sentencia RP-414-23 — Registro 19238
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia en relación a la causa que se instruyó quien fue condenado por el delito de evasión, en perjuicio de la administración pública.es procedente aplicar el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado, asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor LESWIN ALEXANDER CABRERA, la pena principal de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de EVASIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo de duración de la pena principal. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 390, establecía una pena abstracta de cinco (5) a diez (10) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 526 establece para la misma conducta delictiva con el Nomen iuris Quebrantamiento de Condena o Medida, la pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años de prisión. Siguiendo esta idea y como bien lo expone la Fiscal del Ministerio Público en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, la conducta o reproche penal no ha desaparecido como hecho punible y se encuentra regulado en el precitado artículo 526 con un Nomen iuris diferente, pero la conducta encuadra en los hechos probados de la sentencia que ahora se revisa. Ponderando el quantum de la pena, es notorio que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el condenado. II- El sentenciado, al tenor del artículo 526 del nuevo Código Penal cometió el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida, en atención a los hechos probados de la sentencia que se revisa, quedando establecido que el señor Leswin Alexander Cabrera, se encontraba gozando del beneficio de pre liberación que le permitía salir los días sábados y regresar los días lunes, saliendo el 25 de febrero del año 2012, debiendo regresar el 27 de febrero de ese mismo año y no lo hizo, estableciendo la norma penal una pena de dos (2) a cuatro (4) años de prisión. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folio 114fv de la pieza de antecedentes del A-quo). Por lo tanto y en vista que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal, corresponde aplicar al encausado la pena mínima de dos (2) años de prisión. III- Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo aplicación de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente y en atención a la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al señor Leswin Alexander Cabrera se le impuso la pena mínima por el delito de Evasión, se le debe imponer la pena de dos (2) años de prisión. IV- Al revisar los antecedentes y el cómputo de la pena emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés (folio 125fv de la pieza de antecedentes del A-quo), verificamos que el condenado está recluido desde el 21 de febrero del año 2017, sin embargo el condenado tenía un proceso en el que fue condenado bajo número 298-04, en el cual debía cumplir esa condena, para luego comenzar a cumplir la condena por el delito de Evasión, terminando de cumplir la condena bajo número 298-04 en fecha nueve (09) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), por lo que según el cómputo de la pena, comenzó a cumplir la condena por el delito de Evasión en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), la que finalizaría en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiséis (2026); concluyendo que la pena mínima de dos años de prisión, imponible con la nueva norma penal, la termino de cumplir el condenado en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), en consideración a que la pena por el delito de Evasión, la comenzaría a cumplir el 10 de agosto del año 2021. Por lo tanto, es procedente aplicar el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado, asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 526 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor LESWIN ALEXANDER CABRERA, la pena principal de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de EVASIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo de duración de la pena principal. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 390, establecía una pena abstracta de cinco (5) a diez (10) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 526 establece para la misma conducta delictiva con el Nomen iuris Quebrantamiento de Condena o Medida, la pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años de prisión. Siguiendo esta idea y como bien lo expone la Fiscal del Ministerio Público en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, la conducta o reproche penal no ha desaparecido como hecho punible y se encuentra regulado en el precitado artículo 526 con un Nomen iuris diferente, pero la conducta encuadra en los hechos probados de la sentencia que ahora se revisa. Ponderando el quantum de la pena, es notorio que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el condenado. II- El sentenciado, al tenor del artículo 526 del nuevo Código Penal cometió el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida, en atención a los hechos probados de la sentencia que se revisa, quedando establecido que el señor Leswin Alexander Cabrera, se encontraba gozando del beneficio de pre liberación que le permitía salir los días sábados y regresar los días lunes, saliendo el 25 de febrero del año 2012, debiendo regresar el 27 de febrero de ese mismo año y no lo hizo, estableciendo la norma penal una pena de dos (2) a cuatro (4) años de prisión. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folio 114fv de la pieza de antecedentes del A-quo). Por lo tanto y en vista que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal, corresponde aplicar al encausado la pena mínima de dos (2) años de prisión. III- Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo aplicación de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente y en atención a la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al señor Leswin Alexander Cabrera se le impuso la pena mínima por el delito de Evasión, se le debe imponer la pena de dos (2) años de prisión. IV- Al revisar los antecedentes y el cómputo de la pena emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés (folio 125fv de la pieza de antecedentes del A-quo), verificamos que el condenado está recluido desde el 21 de febrero del año 2017, sin embargo el condenado tenía un proceso en el que fue condenado bajo número 298-04, en el cual debía cumplir esa condena, para luego comenzar a cumplir la condena por el delito de Evasión, terminando de cumplir la condena bajo número 298-04 en fecha nueve (09) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), por lo que según el cómputo de la pena, comenzó a cumplir la condena por el delito de Evasión en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), la que finalizaría en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiséis (2026); concluyendo que la pena mínima de dos años de prisión, imponible con la nueva norma penal, la termino de cumplir el condenado en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), en consideración a que la pena por el delito de Evasión, la comenzaría a cumplir el 10 de agosto del año 2021. Por lo tanto, es procedente aplicar el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado, asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 526 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de junio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada ISIS GRICELDA PERDOMO ZELAYA, a favor del sentenciado LESWIN ALEXANDER CABRERA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en relación a la causa que se instruyó contra el señor LESWIN ALEXANDER CABRERA, quien fue condenado por el delito de EVASIÓN, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ANTECEDENTES 1) En fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro sula, Departamento de Cortés, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada KENIA YAQUELIN RIVERA ALAS, presentando Requerimiento Fiscal en contra del señor LESWIN ALEXANDER CABRERA, por suponerlo responsable del delito de EVASIÓN, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (Folios del 1-4 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENAR a LESWIN ALEXANDER CABRERA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de EVASION, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA, a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN, pena que deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley, debiéndose descontar el tiempo que ha permanecido recluido por esta causa. SEGUNDO: Como consecuencia de la pena de reclusión impuesta al condenado, LESWIN ALEXANDER CABRERA, se le impone las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: Declarar la responsabilidad civil del condenado LESWIN ALEXANDER CABRERA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionado por el juicio. QUINTO: No procede el comiso. NOTIFÍQUESE LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES PROCESALES.ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS…” (Folios del 113-120 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) En fecha treinta (30) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Abogada ISIS GRICELDA PERDOMO ZELAYA, presentando Recurso de Revisión Penal, a favor del señor LESWIN ALEXANDER CABRERA, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando se extinga la pena de la sentencia, por no estar contemplada en el catálogo de delitos aplicables en el Código Penal vigente Decreto 130-2017 y en definitiva se resuelva de conformidad a derecho. (Folios del 1-6 de los autos) 4) En fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la Abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELÁSQUEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada ISIS GRICELDA PERDOMO ZELAYA, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor LESWIN ALEXANDER CABRERA, en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, a favor de conceder el referido recurso de revisión, aunque no en los términos expresados por la revisionista; habiendo manifestando la recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), peticionando se extinga la pena, por considerar no estar contemplado el delito de Evasión, en el catálogo de delitos aplicables en el Código Penal vigente Decreto 130-2017.- La representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque: “SE OTORGUE la presente acción de revisión, por ser esta más beneficiosa para el condenado…”. (Folios del 25-28fv de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos de la Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. La garantista fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. La garantista en su escrito de interposición del Recurso señala que su representado fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San pedro Sula, Departamento de Cortés, a una pena de cinco (5) años de reclusión por el delito de Evasión, en perjuicio de La Administración del Estado de Honduras, de conformidad a las disposiciones del Código Penal Decreto 144-84 (derogado) artículo 390 del mismo cuerpo legal. Que el nuevo Código Penal Decreto 130-2017 vigente, en su catálogo de delitos, por los cuales una persona puede ser detenida, hasta ser vencida en juicio, la conducta de Evasión desapareció como hecho punible, no esta comprendida como delito, encontrándonos ante una situación critica en la que el Juzgado de Ejecución por si solo, por ser cosa juzgada, dentro de sus atribuciones no puede disponer más de lo que se le permite dentro de sus funciones y en lo que respecta la Ley de Justicia Constitucional permite mediante un recurso extraordinario ser revisadas las sentencias. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintitrés, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la abogada Isis Gricelda Perdomo Zelaya, como garantista a favor del ciudadano Leswin Alexander Cabrera y la abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la abogada Isis Gricelda Perdomo Zelaya, quien expresa que solicita se aplique la retroactividad de la Ley por considerar que el Código Penal Decreto 130-2017 es mas benigno para su representado, como lo cita el artículo 96 de la Constitución de la República de Honduras, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 615, 616 del Código Penal Decreto 130-2017. Que su representado fue condenado por una normativa penal anterior y siendo que ha entrado en vigencia un nuevo Código Penal Decreto 130-2017 el cual le favorece al señor Leswin Alexander Cabrera por ser éste más benigno, solicita se declare con lugar el presente Recurso de Revisión.- Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada Xiomara Yamileth Osorio Velásquez, quien en su análisis jurídico hace referencia a los artículos 96.8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 615 y 616 del nuevo Código Penal, 390 del Código Penal derogado y 526 del Código Penal vigente; expresando que: “Al examinar lo peticionado por el revisionista, conforme el precepto constitucional que contempla el principio de favorabilidad, que establece una importante excepción en el caso de que la nueva ley sea más favorable al reo, ante las premisas expuestas se aprecia que, contrario a lo afirmado por la revisionista, la conducta de reproche penal no ha desaparecido como hecho punible, y se encuentra regulada en el precitado artículo 526, el cual tiene señalada como pena de dos (2) a cuatro (4) años, la cual iniciara cumpliendo conforme los términos establecidos en la reforma de cómputo de pena practicado por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por ser esta más beneficiosa para el condenado…” (Folios del 25-28fv de los autos) CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (8): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (9): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el señor Leswin Alexander Cabrera, fue condenado mediante sentencia dictada en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por el delito de Evasión, tipificado en el Artículo 390 de la norma derogada que disponía “Quien se evada hallándose legalmente detenido o condenado será sancionado además con reclusión de cinco (5) a diez (10) años. Si la evasión se produce por medio de intimidación o violencia en las personas o fuerza en las cosas, la pena será aumentada en un (1/3) tercio sin perjuicio de la sanción que deba aplicarse a los delitos a que den lugar la intimidación violencia o fuerza.”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 526 “Quebrantamiento de Condena o medida. Quien quebranta su condena, medida de seguridad de internamiento, detención judicial, prisión preventiva o una medida cautelar, dictada en un procedimiento de violencia de género, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años. Cuando la pena que está cumpliendo el sujeto es privativa de libertad y utiliza para su fuga o evasión del lugar en que está recluido violencia o intimidación en las personas, o toma parte en motín, debe ser castigado con la pena del párrafo anterior aumentada en un tercio (1/3), sin perjuicio de las que pudieran corresponder por otros delitos. Se deben imponer las penas de los anteriores párrafos reducidos en dos tercios (2/3) si el prófugo se presenta ante una autoridad o en el lugar de la evasión antes de que transcurran quince (15) días desde la fuga”. -Énfasis y subrayado añadidos- CONSIDERANDO (10): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es añadido- CONSIDERANDO (11): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (12): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor LESWIN ALEXANDER CABRERA fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante sentencia definitiva y firme de fecha dos de noviembre del año dos mil dieciocho, a la pena de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de EVASIÓN, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo de duración de la pena principal. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos de la garantista, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 390 del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió el delito de Evasión. III- Esta Sala considera que el caso sub júdice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma más benigna; Debiéndose aplicar la vigente, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor LESWIN ALEXANDER CABRERA, la pena principal de CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de EVASIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo de duración de la pena principal. I- Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal enmarcado en el artículo 390, establecía una pena abstracta de cinco (5) a diez (10) años de reclusión y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 526 establece para la misma conducta delictiva con el Nomen iuris Quebrantamiento de Condena o Medida, la pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años de prisión. Siguiendo esta idea y como bien lo expone la Fiscal del Ministerio Público en la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, la conducta o reproche penal no ha desaparecido como hecho punible y se encuentra regulado en el precitado artículo 526 con un Nomen iuris diferente, pero la conducta encuadra en los hechos probados de la sentencia que ahora se revisa. Ponderando el quantum de la pena, es notorio que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el condenado. II- El sentenciado, al tenor del artículo 526 del nuevo Código Penal cometió el delito de Quebrantamiento de Condena o Medida, en atención a los hechos probados de la sentencia que se revisa, quedando establecido que el señor Leswin Alexander Cabrera, se encontraba gozando del beneficio de pre liberación que le permitía salir los días sábados y regresar los días lunes, saliendo el 25 de febrero del año 2012, debiendo regresar el 27 de febrero de ese mismo año y no lo hizo, estableciendo la norma penal una pena de dos (2) a cuatro (4) años de prisión. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados esbozados en la sentencia revisada (folio 114fv de la pieza de antecedentes del A-quo). Por lo tanto y en vista que las circunstancias del hecho no manifiestan concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes modificativas del delito reconocidas en la nueva norma penal, corresponde aplicar al encausado la pena mínima de dos (2) años de prisión. III- Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo aplicación de las fórmulas estatuidas en el Código Penal vigente y en atención a la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al señor Leswin Alexander Cabrera se le impuso la pena mínima por el delito de Evasión, se le debe imponer la pena de dos (2) años de prisión. IV- Al revisar los antecedentes y el cómputo de la pena emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés (folio 125fv de la pieza de antecedentes del A-quo), verificamos que el condenado está recluido desde el 21 de febrero del año 2017, sin embargo el condenado tenía un proceso en el que fue condenado bajo número 298-04, en el cual debía cumplir esa condena, para luego comenzar a cumplir la condena por el delito de Evasión, terminando de cumplir la condena bajo número 298-04 en fecha nueve (09) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), por lo que según el cómputo de la pena, comenzó a cumplir la condena por el delito de Evasión en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), la que finalizaría en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiséis (2026); concluyendo que la pena mínima de dos años de prisión, imponible con la nueva norma penal, la termino de cumplir el condenado en fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), en consideración a que la pena por el delito de Evasión, la comenzaría a cumplir el 10 de agosto del año 2021. Por lo tanto, es procedente aplicar el artículo 101 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que refiere ordenar la libertad del condenado, asimismo el cese de la inhabilitación y de las penas accesorias que le fueron impuestas como consecuencia de la pena de reclusión. Esto a razón de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, donde con la nueva pena es evidente que el sentenciado ya habría cumplido su tiempo de condena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la Opinión del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 92, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 35, 526, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada ISIS GRICELDA PERDOMO ZELAYA, a favor del señor LESWIN ALEXANDER CABRERA; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha DOS (2) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018); III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor LESWIN ALEXANDER CABRERA, por el delito de EVASIÓN, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: CONDENAR al encausado LESWIN ALEXANDER CABRERA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA, en perjuicio de LA AUTORIDAD DE LA JUSTICIA, a la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL por el tiempo de duración de la pena principal; IV) Que el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, declare extinguida la responsabilidad penal del señor LESWIN ALEXANDER CABRERA, por el cumplimiento de la condena por el delito de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA O MEDIDA; V) Se le ordena al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, extienda Carta de Libertad definitiva y nota de Excarcelación a favor del señor LESWIN ALEXANDER CABRERA por el cumplimiento de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. - NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veinte de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0414-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL