Sentencia RP-405-23 — Registro 19884
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se instruyó por el delito de femicidio.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “ CONSIDERANDO (11): Si bien el artículo 616 del Código Penal vigente, establece que, si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal y conforme el artículo 621 del mismo instrumento legal, no procede la revisión de la condena, sin embargo, en aquellos supuestos en los que la pena concretamente impuesta pertenezca al marco penal de la pena prevista en el presente Código, aunque el máximo de la pena abstracta prevista por la legislación que se deroga exceda a éste; este tribunal constitucional, ha adoptado un criterio que permite examinar si con el nuevo marco abstracto de la pena, la pena mínima que corresponda imponer es inferior a la pena que le fue impuesta con la ley anterior, debe considerarse que la nueva pena le es mas beneficiosa y es esa la pena que procede imponerle. (véase resoluciones de fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) de recursos de reposición en expedientes SCO 1079-2022 Y SCO 0210-2022). Para este Tribunal Constitucional, pese a las disposiciones del código penal que restringen el derecho a revisar la sentencia condenatoria cuando la condena está en el límite abstracto de la nueva legislación, debe priorizarse el precepto Constitucional que no establece tales restricciones, colocando como único presupuesto que la nueva ley favorezca al delincuente o procesado (artículo 96 de la Constitución de la República), tal como acontece en el presente caso en el que bajo procedimiento abreviado, se impuso la pena mínima, resultando que la pena mínima con el nuevo código, resulta menor que la pena que se le impuso bajo la vigencia del código penal derogado. CONSIDERANDO DOCE (12): En el caso sub judice, el Ministerio Público y la defensa, en su momento acordaron la aplicación de un procedimiento abreviado en el cual el procesado aceptó en su momento los hechos y la pena solicitada como autor de dos delitos de FEMICIDIO, en perjuicio de KARLA PATRICIA PEREZ URIAS, acordando la pena de reclusión mínima de VEINTIDOS AÑOS SEIS MESE más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, conforme al código penal derogado, por otra parte, el artículo 70 preámbulo numeral 1) literal a) del nuevo código penal vigente, establece que, si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, por lo que, en opinión de este Tribunal Constitucional, es procedente fijar una pena conforme al nuevo código penal que oscile entre los DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN por el delito de FEMICIDIO ajustándose a la nueva normativa penal y conforme a los razonamientos que hemos expresado antes para la determinación de la nueva pena que corresponde, por lo que, es procedente fijar la pena mínima de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES DE PRISION POR EL DELITO DE FEMICIDIO, siguiendo el acuerdo del procedimiento abreviado en fijar la pena mínima, más inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con los familiares de la víctima. CONSIDERANDO (13): Conforme lo previsto por el artículo 57 y 58 del Código Penal vigente, la pena de prisión por más de cinco años, lleva consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. CONSIDERANDO (14): De conformidad con el artículo 118 del Código Penal, el procesado está obligado a reparar los daños y perjuicios causados.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 70 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 373 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 621 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de octubre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del Señor EMILIO ANTONIO FUENTES contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, en fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor EMILIO ANTONIO FUENTES por el delito de FEMICIDIO en perjuicio de KARLA PATRICIA PEREZ URIAS. (Exp. No. 109-2018-JESB).ANTECEDENTES 1) En fecha once (11) de octubre del dos mil diecisiete (2017) el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, ZADICK LAITANO AGUILAR presentó REQUERIMIENTO FISCAL, contra el ciudadano EMILIO ANTONIO FUENTES, por suponerlo responsable a título de autor del FEMICIDIO, en perjuicio KARLA PATRICIA PEREZ URIAS. (Folios 1-4 del recurso de mérito) 2)En fecha catorce (14) de febrero del dos mil dieciocho (2018),EL JUZGADO DE LEYRAS UNIFICADO DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA ,en LA AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO, dictó sentencia mediante la cual RESUELVE: PRIMERO: Condenar al imputado EMILIO ANTONIO FUENTES, a la pena de VEINTIDOS AÑOS (22) CON SEIS (06) MESES DE RECLUSIÓN, de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO en perjuicio de KARLA PATRICIA PEREZ URIAS. SEGUNDO: Asimismo, condenar al imputado EMILIO ANTONIO FUENTES a las penas accesorias de INHABILIITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, mientras dure la pena. TERCERO: Remítase la presente causa al Juzgado de Ejecución de esta misma sección judicial de esta ciudad de Santa Bárbara, para que continúe conociendo sobre el mismo, una vez que quede firme la misma y se remita el arma. Y ASIMISMO MANDA: Que se notifique a las partes la presente Sentencia.3) En fecha treinta de marzo de dos mil veintitrés, el abogado RAMON MATAMOROS, actuando en su condición de defensor público del señor EMILIO ANTONIO FUENTES, compareció ante esta Sala de lo Constitucional interponiendo recurso extraordinario de revisión penal contra la sentencia condenatoria de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA, solicitando la aplicación retroactiva de la ley penal por ser más benigna, amparado en el artículo 186 de la Constitución y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.4)En fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ con la comparecencia del abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor EMILIO ANTONIO FUENTES y de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; El abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor EMILIO ANTONIO FUENTES, en el uso de la palabra expresó que, su representado fue condenado por el delito de femicidio a una pena de veintidós años seis meses en base con el código penal del decreto 144-83 y solicita se le aplique la retroactividad penal y que se le cambie la pena a al del decreto 130-2017, la cual quedaría en veinte años de reclusión; Por su parte la representación del Ministerio público, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición el recurso, solicita que se revea la Sentencia firme antes citada, fundamentando su petición en que el nuevo Código penal resulta ser más benigno, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por 1a Sala de 1o Constitucional de la Corte Suprema de justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2).. 3) - 4)..,5). 6) _. 1) , 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser benigna.", relacionado con los artículos 615 y 616 del referido cuerpo legal. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a efectuar el respectivo análisis, es así que la norma Penal derogada instituía el delito de FEMICIDIO en el artículo 118-B que sancionaba dicho ilícito con la pena abstracta de TREINTA (30) a CUARENTA (40) años de reclusión. EL nuevo Código Penal vigente tipifica el delito de FEMICIDIO en el artículo 208 que establece lo siguiente: Comete el delito de femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género. El delito de femicidio debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Comete delito de femicidio agravado el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder entre mujeres basadas en el género, la pena de femicidio agravado, debe ser de prisión de veinticinco (25) a treinta (30) años a no ser que corresponda mayor pena por la aplicación de otros preceptos del presente Código, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1.- Cualquiera de las contempladas en el delito de asesinato; 2.- Que el culpable sea o haya sido cónyuge o persona con la que la víctima mantenga o haya mantenido una relación estable de análoga naturaleza a la anterior o ser ascendiente, descendiente, hermano de la agraviada o de su cónyuge un acto contra la libertad sexual de la víctima. 4. - Cuando el delito se comete por o en contexto de un grupo delictivo organizado; 5. -Cuando la víctima del delito sea una trabajadora sexual; 6. -Cuando la víctima lo sea también de los delitos de trata de personas. Esclavitud o servidumbre; 7. -Cuando se hayan ocasionado lesiones o multiplicaciones o la víctima o a su cadáver relacionadas con su condición de mujer; y 8. - Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido por el culpable en lugar público. El delito de femicidio se castigará sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos cometidos contra la integridad moral, libertad ambulatoria, libertad sexual, trata de personas y formas degradantes de explotación humana o en el cadáver de la mujer contra cualquiera de los bienes jurídicos protegidos en el presente Código. Se aplican las penas respectivamente previstas en los delitos de femicidio, cuando se de muerte a una persona que haya salido en defensa de la víctima de este delito. De lo antes descrito, procede aplicar la pena de veinticinco (25) a treinta (30) años de reclusión, en virtud de concurrir la agravante del numeral 1, como ser haber realizado el hecho con alevosía al haber empleado medios, modos o formas en la ejecución, al desprenderse de los hechos probados que se miró una moto escondida escuchándose 4 detonaciones de arma de fuego, observando al imputado quien rápidamente tomó la motocicleta y se fue de huida; asimismo al realizar la rebaja de 1/4 por aplicación de procedimiento abreviado resulta una nueva pena abstracta de 18 años nueve meses a 25 años de reclusión. Ante las premisas expuestas, estima esta Representación fiscal que en el caso sub -examine, la pena por el delito de FEMICIDIO no resulta más favorable ya que la pena impuesta resulta también imponible con arreglo al nuevo Código, por lo que no procede la retroactividad solicitada, tal como lo dispone el artículo 616 en relación al artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 25-27 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio.CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”.CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. Artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”.CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.CONSIDERANDO DIEZ (10): La sentencia que hoy se estudia en revisión penal, estableció como HECHOS PROBADOS, los siguientes: “PRIMERO: Valorando las pruebas practicadas en el juicio de procedimiento y de acuerdo a los criterios de las reglas sana de la crítica declara expresa y terminalmente probado el siguiente hecho: “fundamentos en hechos siguientes: Que en fecha siete de octubre del año dos mil diecisiete, en la aldea de las varas, Municipio de Macuelizo, de este Departamento, como a eso de las cinco de la tarde, el testigo declara: que él se encontraba en su casa de habitación y que en la parte de atrás de esta vivía con su hija, es cuando mira una moto escondida, escucha cuatro detonaciones de una arma de fuego de inmediatamente toma un leño dirigiéndose al lugar y observa a EMILIO ANTONIO FUENTES, este con una arma de fuego en la mano, le apunta y la amenaza y diciéndole vieja a vos también te voy a matar, rápidamente toma su motocicleta y se va de huida” Asimismo, en la sentencia se falló: RESUELVE: PRIMERO: Condenar al imputado EMILIO ANTONIO FUENTES, a la pena de VEINTIDOS AÑOS (22) CON SEIS (06) MESES DE RECLUSIÓN, de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por suponerlo responsable del delito de FEMICIDIO en perjuicio de KARLA PATRICIA PEREZ URIAS. SEGUNDO: Asimismo, condenar al imputado EMILIO ANTONIO FUENTES a las penas accesorias de INHABILIITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL, mientras dure la pena. TERCERO: Remítase la presente causa al Juzgado de Ejecución de esta misma sección judicial de esta ciudad de Santa Bárbara, para que continúe conociendo sobre el mismo, una vez que quede firme la misma y se remita el arma. Y ASIMISMO MANDA: Que se notifique a las partes la presente Sentencia. Esa conducta por la cual fue condenado el señor EMILIO ANTONIO FUENTES, puede igualmente establecerse en el nuevo Código Penal (decreto 130-2017) como Femicidio, de conformidad con los artículos 19, en relación con los artículos 208 párrafo tres numeral 1) del mismo código cuya pena es de prisión de veinticinco (25) a treinta (30) años, ello debido a que, según los hechos probados de la sentencia, el autor del hecho tenía la moto escondida en la cual finalmente huyó inmediatamente, ahora bien, tomando en consideración, que el condenado se sometió a un procedimiento abreviada, al aplicar la rebaja de un cuarto (1/4) de la pena, quedaría una pena de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN más la imposición de las reglas de conducta del artículo 210 en relación con el 51 del mismo código, en consecuencia, es procedente imponer al condenado la prohibición de aproximarse y comunicarse por cualquier medio con los familiares de la víctima con parentesco de primer grado de consanguinidad durante un período de diez años contados a partir de que el condenado quede en libertad. Corresponde de igual manera la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, conforme los artículos 43 y 57 y 58 del Código Penal y también corresponde la suspensión de la ciudadanía por el tiempo que dure la condena, conforme los artículos 42 del Código Penal vigente en relación con el artículo 41 preámbulo y número 2) de la Constitución de la República. Ahora bien, significando la pena que correspondería con el nuevo código una rebaja en la pena de prisión, es necesario examinar otros aspectos de ambas legislaciones porque la comparación debe ser completa, acudiendo incluso a los beneficios penitenciarios (artículo 616 párrafo tercero) en ese sentido, encontramos que conforme el artículo 76 del código penal derogado, el condenado tendría acceso al beneficio de Libertad condicional al cumplir las tres cuartas partes de la pena DE VEINTIDOS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN que le fue impuesta, siendo los tres cuartos de pena: DIECISEIS AÑOS DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS DE RECLUSIÓN y, conforme al nuevo código penal, el condenado tendría que cumplir para acceder a ese mismo beneficio, dos tercios de la pena de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES que se le impondría por tratarse de procedimientos abreviado en el cual se le impuso la pena mínima, en este caso, los dos tercios de pena serían: DOCE (12) AÑOS SEIS (6) MESES DE PRISIÓN. CONSIDERANDO (11): Si bien el artículo 616 del Código Penal vigente, establece que, si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal y conforme el artículo 621 del mismo instrumento legal, no procede la revisión de la condena, sin embargo, en aquellos supuestos en los que la pena concretamente impuesta pertenezca al marco penal de la pena prevista en el presente Código, aunque el máximo de la pena abstracta prevista por la legislación que se deroga exceda a éste; este tribunal constitucional, ha adoptado un criterio que permite examinar si con el nuevo marco abstracto de la pena, la pena mínima que corresponda imponer es inferior a la pena que le fue impuesta con la ley anterior, debe considerarse que la nueva pena le es mas beneficiosa y es esa la pena que procede imponerle. (véase resoluciones de fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) de recursos de reposición en expedientes SCO 1079-2022 Y SCO 0210-2022). Para este Tribunal Constitucional, pese a las disposiciones del código penal que restringen el derecho a revisar la sentencia condenatoria cuando la condena está en el límite abstracto de la nueva legislación, debe priorizarse el precepto Constitucional que no establece tales restricciones, colocando como único presupuesto que la nueva ley favorezca al delincuente o procesado (artículo 96 de la Constitución de la República), tal como acontece en el presente caso en el que bajo procedimiento abreviado, se impuso la pena mínima, resultando que la pena mínima con el nuevo código, resulta menor que la pena que se le impuso bajo la vigencia del código penal derogado. CONSIDERANDO DOCE (12): En el caso sub judice, el Ministerio Público y la defensa, en su momento acordaron la aplicación de un procedimiento abreviado en el cual el procesado aceptó en su momento los hechos y la pena solicitada como autor de dos delitos de FEMICIDIO, en perjuicio de KARLA PATRICIA PEREZ URIAS, acordando la pena de reclusión mínima de VEINTIDOS AÑOS SEIS MESE más las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, conforme al código penal derogado, por otra parte, el artículo 70 preámbulo numeral 1) literal a) del nuevo código penal vigente, establece que, si no concurren circunstancias agravantes ni atenuantes, la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho, por lo que, en opinión de este Tribunal Constitucional, es procedente fijar una pena conforme al nuevo código penal que oscile entre los DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES A VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISIÓN por el delito de FEMICIDIO ajustándose a la nueva normativa penal y conforme a los razonamientos que hemos expresado antes para la determinación de la nueva pena que corresponde, por lo que, es procedente fijar la pena mínima de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES DE PRISION POR EL DELITO DE FEMICIDIO, siguiendo el acuerdo del procedimiento abreviado en fijar la pena mínima, más inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, así como la prohibición de aproximarse y comunicarse con los familiares de la víctima. CONSIDERANDO (13): Conforme lo previsto por el artículos 57 y 58 del Código Penal vigente, la pena de prisión por más de cinco años, lleva consigo la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. CONSIDERANDO (14): De conformidad con el artículo 118 del Código Penal, el procesado está obligado a reparar los daños y perjuicios causados.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la opinión favorable del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y segundo y 101 numeral 4) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 118 A 1) del Código Penal de 1983; 25, 42, 43, 51, 58, 208, 210, 615, 616 y 621 del Código Penal vigente; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 403 y 404 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor EMILIO ANTONIO FUENTES. SEGUNDO: Se Anula la sentencia definitiva firme en relación al señor EMILIO ANTONIO FUENTES, misma que fue dictada en fecha catorce (14) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), por el por el Juzgado Tercero de Letras Departamental de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. TERCERO: Se pronuncia nuevo fallo en relación al señor EMILIO ANTONIO FUENTES el cual deberá leerse de la siguiente manera: “FALLA: I: Que debemos condenar y condenamos al señor EMILIO ANTONIO FUENTES, por ser autor responsable penalmente del delito de FEMICIDIO, en perjuicio de KARLA PATRICIA PEREZ URIAS, en consecuencia, le condena a las pena de DIECIOCHO (18) AÑOS NUEVE (9) MESES DE PRISION, a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal (decreto 130-2017. II: Que debemos condenar y condenamos al señor EMILIO ANTONIO FUENTES, como consecuencia de la pena de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, así como a la suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2). III: Se le impone al señor EMILIO ANTONIO FUENTES la pena de prohibición de acercamiento y comunicación con los familiares de la señora KARLA PATRICIA PEREZ URIAS dentro del primer grado de consanguinidad por un tiempo de diez años, comenzando la ejecución de esta pena a partir de que el señor EMILIO ANTONIO FUENTES quede en libertad. IV: Se declara la responsabilidad civil del señor EMILIO ANTONIO FUENTES Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifiquese. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha ocho de octubre de dos mil veinticinco recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0405-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL