Sentencia RP-404-23 — Registro 19417
Resumen
Se interpuso recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria el delito de estafa continuada, en el caso de una la prima de un vehículo y las rutas de unos buses. Declarando con lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal, anula parcialmente la sentencia d en el único sentido de reformar las pena impuesta a por el delito por el cual fue condenado a la pena de cuatro (4) años por el delito de estafa continuada.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor Cristian Eduardo Mejía Urbina, la pena de 10 años de reclusión, por el delito de Estafa Continuada en perjuicio de Iris Maribel Pérez Pérez y José Mario Arriaga Guzmán, delito que tenía una pena abstracta de 10 a 15 años de reclusión con el anterior código penal. La conducta por la cual fue condenado Cristian Eduardo Mejía Urbina, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de estafa, en el artículo 365, que se castiga con la pena prisión, de 2 a 4 años de prisión, si el valor de lo defraudado, excede de cinco mil lempiras (L. 5,000.00), que es el caso que nos ocupa según los hechos probados; y al compararse la pena impuestas por el A-quo a Cristian Eduardo Mejía Urbina, la pena de 10 años de reclusión, con lo que establece el nuevo código penal, de acuerdo con el artículo 616, “Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en el sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado”. En el presente caso que nos ocupa, aplicando el actual código las penas por cada uno de las estafas seria de 2 a 4 años de prisión, pero al comparar la pena global anterior (10 años de reclusión), pero en la actualidad al aplicar el delito continuado como un concurso real según las reglas de la nueva ley, la pena abstracta seria de 4 a 8 años de prisión por ser 2 delitos de estafa, lo que evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que su límite mínimo es de 4 años y su límite máximo es 8 años de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal por ser más favorable, imponiéndole la nueva pena para Cristian Eduardo Mejía Urbina, de 4 años de prisión. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de Cristian Eduardo Mejía Urbina, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena.”
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 365 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor CRISTHIAN EDUARDO MEJÍA URBINA, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra de señor CRISTIAN EDUARDO MEJIA URBINA, por haber sido condenado por el delito de ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio del señor IRIS MARIBEL PEREZ y JOSE MARIO ARRIAGA GUZMAN. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISIÓN PENAL “PRIMERO.- El día lunes once del mes de febrero el año dos mil dieciséis en su casa de habitación ubicada en la aldea de Gualjoco, municipio de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, los señores Iris Maribel Pérez Pérez y José Mario Arriaga Guzmán le entregaron a Cristian Eduardo Mejía Urbina la cantidad de veinticinco mil (Lps25,000.00) lempiras en concepto de prima por la compra de un vehículo marca Toyota Corolla.- SEGUNDO.- En fecha veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis Cristian Eduardo Mejia Urbina regresó a dicha casa de habitación, y les ofrece a Iris Maribel Pérez Pérez y José Mario Arriaga Guzmán que desistieran del trato del vehículo y que los veinticinco mil (Lps 25,000.00) lempiras en concepto de prima del Toyota Corolla, se invirtiera en la adquisición de la ruta de buses entre Los Anices, San Gaspar y Santa Bárbara viceversa, y que les vendería dos buses, entregándole la cantidad de cincuenta mil (Lps 50,000.00)lempiras, y en la fecha veintinueve del mismo mes y año le realizaron un depósito en banco de Occidente de treinta mil (Lps 30,000.00) lempiras a favor de la señora Yessi Marleni Bonilla Sol, para gastos referentes al trámite de la ruta.- TERCERO.- En el mes de marzo del año dos mil dieciséis Cristian Eduardo Mejía Urbina regreso a la casa de Iris Maribel Pérez Pérez y José Mario Arriaga Guzmán, junto a la señora Yessi Marleni Bonilla Sol, a quien presentó como su apoderada legal y que sería ella la encargada de realizar el trámite para la obtención de la ruta y de la escritura de comerciante individual, y que seria a ella a quien deberían de continuar haciéndole los depósitos que se les solicitaran, realizando en el mismo mes de marzo del año dos mil dieciséis José Mario Arriaga Guzmán dos depósitos en el banco de Occidente a favor de la señora Yessi Marleni Bonilla Sol, y en el mes de mayo del mismo año José Mario Arriaga Guzmán realizo otro depósito a Yessi Bonilla Sol en el banco de Occidente, sumando los tres depósitos la cantidad de veintisiete mil quinientos (Lps 27,500.00) lempiras.- CUARTO.- El tres del mes de junio del año dos mil dieciséis José Mario Arriaga Guzmán realizo un depósito en el banco Popular a favor de Cristian Eduardo Mejía Urbina por la cantidad de dos mil treinta (Lps 2,030.00) lempiras.- QUINTO.- El veinticuatro del mes de agosto del año dos mil dieciséis José Mario Arriaga Guzmán realizo un depósito en el banco del País a favor de Cristian Eduardo Mejía Urbina por la cantidad de tres mil quinientos (Lps 3,500.00) lempiras.- SEXTO.- El tres del mes de octubre del año dos mil dieciséis Iris Maribel Pérez Pérez realizo un depósito en el banco del País a favor de Cristian Eduardo Mejía Urbina por la cantidad de trescientos cincuenta (Lps 350.00) lempiras.- SEPTIMO.- El diecisiete del mes de marzo del año dos mil diecisiete José Mario Arriaga Guzmán realizo un depósito en el banco Barural a favor de Cristian Eduardo Mejía Urbina por la cantidad de mil (Lps 1,000.00), el dinero entregado contra recibos y los depósitos realizados suman la cantidad de ciento cuarenta mil ochocientos ochenta (Lps 140,880.00) lempiras, que se hicieron con la finalidad de gestionar el trámite de obtención de la ruta de transporte y la adquisición de buses para su explotación, tramite de la ruta que no se realizo y los buses no fueron entregados a los señores Iris Maribel Pérez Pérez y José Mario Arriaga Guzmán, sin haber restituido Cristian Eduardo Mejía Urbina el monto del dinero que le fue entregado por los señores Iris Maribel Pérez Pérez y José Mario Arriaga Guzmán.” ANTECEDENTES 1) En Fecha treinta (30) marzo de dos mil veintitrés (2023), esta Sala, tuvo por recibido el recurso de Revisión Penal interpuesto por el abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Cristian Eduardo Mejía Urbina, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Bárbara, de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, en perjuicio de Iris Maribel Pérez y Jose Mario Arriaga Guzman, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley Penal, de la pena al hoy condenado Cristian Eduardo Mejía Urbina, por ser la más favorable para su interés personales sería una pena de 2 años a 4 años de reclusión, sin circunstancias agravantes, ni aumento a las penas, sin multa. (Folios 01- 03 del recurso de mérito. 2) Que en fecha doce (12) mayo de dos mil veintiuno (2021)el tribunal de Sentencia del Departamento de Santa Bárbara, dictó Sentencia, mediante la cual falló: PRIMERO: CONDENAR a CRISTIAN EDUARDO MEJIA URBINA, cuyas menciones generales de identidad va han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito ESTAFA CONTINUADA, en perjuicio DE IRIS MARIBEL PÉREZ PEREZ Y JOSÉ MARIO ARRIAGA GUZMÁN, a la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION y multa de CATORCE MIL OCHENTA Y OCHO (L.14,088.00) LEMPIRAS; ……… SEGUNDO: Como consecuencia de las penas de reclusión impuesta a CRISTIAN EDUARDO MEJÍA URBINA, se le impone las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: Declarar la responsabilidad civil del condenado CRISTIAN EDUARDO MEJIA URBINA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: ……. QUINTO: ……. 3) En fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor Cristian Eduardo Mejía Urbina; el Ministerio Público consideró: ANÁLISIS JURÍDICO: De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de estafa continuada. En el Código Penal derogado el delito de Estafa estaba regulado en el artículo 240 relacionado con el artículo 241 que sancionaba al culpable de este delito 1)...2). 3) con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de 100,000.00 lempiras. El agente, además, será sancionado con una multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por los artículos 36, 37 y 53 cuando sean aplicables. El artículo 37 del mismo cuerpo legal, establecía en el párrafo segundo, se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos tercios 2/3... En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de ESTAFA se encuentra regulado en el artículo 365, que señala. El delito de Estafa debe ser castigado con la pena de dos (2) a cuatro (4) años, si el valor de la defraudado excede a cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00). Siendo que nos encontramos ante un delito continuado, al tenor del artículo 616, se establece en los párrafos séptimo al noveno, lo siguiente. si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado". En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente así la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación." En este sentido, y siendo que de conformidad a la Declaración de hechos probados que contiene la sentencia cuya revisión se solicita, el señor Cristian Eduardo Mejía Urbina, fue encontrado responsable a título de autor de la comisión de varias acciones de Estafa, ya que son dos las víctimas de esta acción ilícita razón por la cual fue condenado por el delito de Estafa Continuada, en ese sentido y a la luz del artículo 616 del Código Penal, la pena de dos (2) a cuatro (4) AÑOS por cada delito, por lo que la pena a imponer sería de cuatro (04) años a ocho (08) años de prisión. Esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal son más favorables al sentenciado por lo que es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 30-32 vuelto del recurso de mérito). FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186, abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de Revisión Penal, se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica, basado en la firmeza de la cosa juzgada. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Las audiencias de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; la abogada defensora, solicita la revisión de la pena y que se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley, tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, en base al artículo 96 de la Constitución, se solicita la retroactividad de la ley, siempre que favorezca al reo, por lo que se solicita la revisión de la pena. Por su parte el Ministerio Público, estima que las disposiciones contenidas en el actual código penal, si son más favorables al sentenciado, ya que el artículo 618 del código penal vigente, establece que se aplicaran las nuevas disposiciones del nuevo código penal, siempre que resulten más favorables tomadas en su conjunto; por lo que solicita que si se otorgue la revisión solicitada. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. I. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso al señor Cristian Eduardo Mejía Urbina, la pena de 10 años de reclusión, por el delito de Estafa Continuada en perjuicio de Iris Maribel Pérez Pérez y José Mario Arriaga Guzmán, delito que tenía una pena abstracta de 10 a 15 años de reclusión con el anterior código penal. La conducta por la cual fue condenado Cristian Eduardo Mejía Urbina, está prevista en el vigente Código Penal 130-2017, como delito de estafa, en el artículo 365, que se castiga con la pena prisión, de 2 a 4 años de prisión, si el valor de lo defraudado, excede de cinco mil lempiras (L. 5,000.00), que es el caso que nos ocupa según los hechos probados; y al compararse la pena impuestas por el A-quo a Cristian Eduardo Mejía Urbina, la pena de 10 años de reclusión, con lo que establece el nuevo código penal, de acuerdo con el artículo 616, “Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en el sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado”. En el presente caso que nos ocupa, aplicando el actual código las penas por cada uno de las estafas seria de 2 a 4 años de prisión, pero al comparar la pena global anterior (10 años de reclusión), pero en la actualidad al aplicar el delito continuado como un concurso real según las reglas de la nueva ley, la pena abstracta seria de 4 a 8 años de prisión por ser 2 delitos de estafa, lo que evidencia que la nueva pena de prisión le es más beneficiosa al condenado, ya que su límite mínimo es de 4 años y su límite máximo es 8 años de prisión, debiendo aplicársele el principio de retroactividad penal por ser más favorable, imponiéndole la nueva pena para Cristian Eduardo Mejía Urbina, de 4 años de prisión. II. Esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que es procedente la aplicación retroactiva en favor de Cristian Eduardo Mejía Urbina, de una norma vigente que le resulta más benigna. III. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96.8, 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 92, 240.3.7, y penúltimo párrafo del Código Penal vigente. FALLA: I). Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por la abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, actuando en su condición de apoderada legal del señor Cristian Eduardo Mejía Urbina, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve. II). ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve,; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las pena impuesta a CRISTIAN EDUARDO MEJÍA URBINA, por el delito por el cual fue condenado, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor CRISTIAN EDUARDO MEJÍA URBINA, a la pena de CUATRO AÑOS (4) DE PRISIÓN, por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de IRIS MARIBEL PEREZ PEREZ y JOSE MARIO ARRIAGA GUZMAN; también se le impone la pena accesoria de la Inhabilitación Especial, durante el tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo, con abono del tiempo que haya estado en prisión. Redactó el Magistrado Vallecillo Paredes. - NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. - FIRMA Y SELLO. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”.Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de agosto del dos mil veinticinco, certificación del fallo de fecha dos de junio del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0404-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONALSOQ.