Sentencia RP-397-23 — Registro 19711
Resumen
Se interpone recurso de revision de la sentencia de condena firme, con relacion al enjuiciamiento por Delito de Robo Agravado de Vehiculo Automotor, solicitud en base a la aplicabilidad de legislacion mas benigna; siendo declarada con lugar por resultar en beneficio del peticionario.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." ... Queda evidenciado que; los elementos de la conducta sancionada se subsumen en el delito de Robo con violencia e intimidación establecido en el artículo 361 del Código Penal del decreto 130-17 que es sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. Que en el caso que nos ocupa; por concurrir la agravante establecida en el numeral 9 del artículo 363 se deberá aumentar la pena en ¼, a su vez por haberse aplicado un procedimiento abreviado a este resultado se le deberá rebajar ¼ de la pena, que de las operaciones matemáticas resulta: d) A la pena de cuatro (4) años a ocho (8) años se le debe aumentar 1/3 por concurrir una de las agravantes especificas del 363, de lo cual resulta una pena de 8 años a diez (10) años ocho (8) meses, esta pena, a su vez debe ser rebajada en ¼ por haberse aplicado un procedimiento abreviado, resultando una pena de seis (6) años a ocho (8) años, que con la aplicación de las reglas del artículo 70 del Código Penal y tomando en consideración las condiciones personales del condenado, resultaría UNA PENA SIETE (7) AÑOS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y ESPECIAL por el tiempo de la condena, Que en comparación con la pena anterior resulta más beneficiosa para el Garantista..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..." ... Queda evidenciado que; los elementos de la conducta sancionada se subsumen en el delito de Robo con violencia e intimidación establecido en el artículo 361 del Código Penal del decreto 130-17 que es sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. Que en el caso que nos ocupa; por concurrir la agravante establecida en el numeral 9 del artículo 363 se deberá aumentar la pena en ¼, a su vez por haberse aplicado un procedimiento abreviado a este resultado se le deberá rebajar ¼ de la pena, que de las operaciones matemáticas resulta: d) A la pena de cuatro (4) años a ocho (8) años se le debe aumentar 1/3 por concurrir una de las agravantes especificas del 363, de lo cual resulta una pena de 8 años a diez (10) años ocho (8) meses, esta pena, a su vez debe ser rebajada en ¼ por haberse aplicado un procedimiento abreviado, resultando una pena de seis (6) años a ocho (8) años, que con la aplicación de las reglas del artículo 70 del Código Penal y tomando en consideración las condiciones personales del condenado, resultaría UNA PENA SIETE (7) AÑOS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y ESPECIAL por el tiempo de la condena, Que en comparación con la pena anterior resulta más beneficiosa para el Garantista..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 y 99 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de octubre del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, a favor Del señor IVAN GABRIEL CASTRO ALVAREZ , contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de letras seccional de Olanchito, Yoro de fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se instruyó contra el señor IVAN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR, en perjuicio de SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA (EXP-N0.0101-2021-00019). ANTECEDENTES 1) En fecha Siete (07) de julio de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de la sección judicial de la ceiba, Atlántida, el abogado WILBERTO ISAEL SANCHEZ ACOSTA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra del señor IVAN GABRIEL CASTRO ALVAREZ por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA (Folios 01 -02 del antecedente). 2) Que en fecha quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado de letras seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic” PRIMERO: Que se debe de condenar y se condena al Señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito consumado de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR, en perjuicio del Señor SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA imponiéndosele una pena principal de DIEZ AÑOS DE RECLUSION, la que deberá de computársele desde el día en que fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal de esta ciudad de Olanchito, Yoro, sin perjuicio de que sea trasladado a otros Centros Penales del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad a criterio del Señor Juez de Ejecución competente. SEGUNDO: Que se debe de condenar y se condena al Señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena de reclusión, debiendo el Señor Juez de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento, en los términos señalados en el desarrollo de esta Sentencia.- TERCERO: Que se debe de condenar y se condena al Señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, como consecuencia de la pena de reclusión, a trabajar en obras públicas o en labores dentro del Centro Penitenciario, por el tiempo de la pena de reclusión, conforme lo establece la ley que regula el sistema penitenciario nacional.- CUARTO: Declarar la responsabilidad civil del condenado IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, la que deberá de ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de esta Sentencia.- QUINTO; Declarar la no-procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente proceso criminal.- SEXTO: Que se notifique este fallo a las partes procesales.- Nota: La presente Sentencia se dicta en esta fecha por exceso de trabajo en este Tribunal. (Folios 45-51 del recurso de mérito). 3) En fecha veintinueve (29) marzo de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, a favor del señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras seccional de Olanchito ,Yoro, de fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho, en perjuicio de SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando que se proceda aplicar la retroactividad de la ley a favor del señor IVAN GABRIEL CASTRO ALVAREZ imponiéndole la pena mínima de 6 años , en el decreto 130-2017, por ser la ley más favorable a los intereses del encartado (Folios 01- 03 del recurso de mérito). 4) En fecha veintiuno (21) de septiembre del año do mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ LINARES, con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y La Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ. El Ministerio Público consideró: Mediante sentencia en procedimiento abreviado el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, departamento de Yoro, el 15 de noviembre del 2018 condenó al procesado IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, alias "Flaco" por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR (motocicleta) en perjuicio de SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA , bajo la vigencia del Código Penal decreto 14 83, artículos 217, 218, 219 último párrafo y 225 a la pena concreta de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSION Y A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA PENA RECLUSIÓN, declarándose en la sentencia la responsabilidad civil del condenado. ANALISIS JURIDICO.I. De acuerdo a las alegaciones presentadas por la abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA a favor de su representado IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ solicita la revisión de pena debido a que la nueva ley penal decreto 130-2017, artículos 361 en relación al 364 último párrafo, establece para el Robo con violencia o intimidación agravado de vehículo automotor la pena de 4 a 8 años y al ser agravado por el empleo de armas según el artículo 363 numeral 9, la nueva pena abstracta es de 8 años a 10 años 8 meses, al aumentarle el tercio bajo lo establecido por el artículo 69 del mismo cuerpo legal. A esta pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión se le debe aplicar la rebaja de ¼ por haberse aplicado un procedimiento abreviado, quedando una nueva pena abstracta de 6 a 8 años de prisión, y al hacer la comparación de las penas la que se encuentra vigente es la más favorable al encartado. II. El Ministerio Público al revisar los antecedentes del caso y sentencia dictada al enjuiciado bajo la vigencia del decreto 144-83, artículos 217, 218, 219 último párrafo y el 225 del Código Penal derogado, observa que en efecto el hecho concreto sometido a enjuiciamiento considerado como hechos probados establece: que el día 6 de julio del año 2016 el imputado fue detenido junto a dos personas más, por la policía preventiva en virtud de denuncia presentada que en el sector del cerrito en el Ocote, aldea Jurisdicción de Olanchito, Yoro dos sujetos con arma de fuego encañonaron al señor SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA, le sustrajeron la motocicleta, lo dejaron amarrado; reconociendo al imputado como una de las personas que 10 despojo de su motocicleta. Participación criminal que el imputado admitió en audiencia de procedimiento abreviado con la finalidad de obtener la rebaja de ½ de la pena solicitada en conjunto con la Fiscalía. Hechos que encajan o encuadran en el código penal vigente, decreto 130-2017 en los artículos 361 del Robo con Violencia o Intimidación. En relación con el artículo 364 del Hurto y Robo de uso de vehículo automotor y el 363 numeral 9) de las Agravantes específicas para los delitos de Hurto y Robo. III. Se determina en el marco de las penas abstractas teniendo en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen entre el código penal decreto 144-83 derogado y el código penal vigente decreto 130-2017 que éste último es más beneficioso en relación con el quantum de las penas señaladas para el delito de Robo con Violencia o intimidación artículo 361 en relación con el 364 de 4 a 8 años de prisión y que, cuando es realizado empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto; las penas se deben aumentar en 1/3 resultando así una pena abstracta para éste delito en su forma agravada de 8 años a 10 años 8 meses de prisión, pena que con la rebaja de ¼ por haberse sometido el enjuiciado al procedimiento abreviado resulta en una pena abstracta 6 años a 8 años de prisión. PRONUNCIAMIENTO FINAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. QUE SE DECLARE CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión interpuesta por la abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA a favor de su representado IVANN GABRIEL CASTRO por ser aplicable el principio de retroactividad de la ley penal más favorable (Folios 24-26 del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN JURIDICA CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. La Constitución de la Republica en su artículo 186 prohíbe abrir juicios fenecidos, salvo en causas de materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados. A pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. Sin embargo, adopta la Garantía Constitucional de Revisión que se debe ejercer exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (2): la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que; ningún poder ni autoridad, puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas Juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de Oficio. En consecuencia, toda persona agraviada que hubiere sido parte en el proceso o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en el plazo de 6 meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación. CONSIDERANDO (3): Resumen de los alegatos interpuestos por el Garantista expuestos en la Audiencia de Oposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Esta defensa del señor IVAN GABRIEL CASTRO ALVAREZ ratifica la solicitud de revisión de la pena que se le impuso por el delito de robo agravado de vehículo automotor en perjuicio de Saul Alfredo Flores Zapata, en vista de que la pena que s ele impuso en su momento fue de 10 años, mediante sentencia de 15 de noviembre de año 2018, en vista de que una vez que se ha comparado por parte de la defensa las penas que se le impuso y la nueva pena a imponer de acuerdo al Código Penal Vigente es favorable a representar a favor de mi representado en vista de que la pena abstracta según el articulo 361, en relación con el 364, último párrafo que se relaciona al robo con violencia o intimidación agravado de vehículo automotor, la pena a imponer es de 4 a 8 años y al ser agravado por ser el empleo de armas según el artículo 363 numeral 9, la nueva pena abstracta nos queda de 8 años a 10 años 8 meses, al aumentarle el tercio, por lo que establece la nueva norma en su articulo 69, pero como en el presente caso se aplicó un procedimiento abreviado, se le debe reducir el cuarto que establece el Código Procesal Penal en los articulo 493 y 404 y la nueva pena ya haciendo los números, pues queda de 6 años a 8 años de prisión es en vista de estos cálculos aritméticos, que considera la defensa que a mi representado le es favorable la nueva norma penal vigente, por lo que se solicita que una vez que se revise la sentencia condenatoria e impuesta en su momento a mi representado, pues se acceda a la revisión de la pena y que pues se le imponga una pena abstracta entre 6 a 8 años de prisión que es mucho menor a la de 10 que se le impuso en su momento. CONSIDERANDO (4): Resumen de lo manifestado por el Ministerio Público en la Audiencia de Oposición de la presente Garantía Constitucional de Revisión. “Análisis jurídico. De acuerdo a las alegaciones presentadas por la bogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA a favor de su representado IVAN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, solicita la revisión de la pena debido a que la nueva Ley penal decreto 130-2017, artículos 361 en relación al 364 ultimo párrafo, establece para el robo con violencia e intimidación agravado de vehículo automotor la pena de 4 a 8 años y al ser agravado por el empleo de armas según el articulo 363 numeral 9, la nueva pena abstracta es de 8 a 10 años 8 meses , al aumentarle el tercio bajo lo establecido por el articulo 69 del mismo cuerpo legal, a esta pena de 8 a 10 años 8 meses de prisión, se le debe aplicar la rebaja de ¼ por haberse aplicado un procedimiento abreviado, quedando una pena nueva de 6 a 8 años de prisión y al hacer la comparación de las penas, la que se encuentra vigente es la más favorable al encartado. II El Ministerio Publico al revisar los antecedentes del caso y sentencia dictada al enjuiciado bajo la vigencia del decreto 144-83, articulo 217, 218, 219, último párrafo y el 225 del Código Penal derogado, observa que en efecto el hecho concreto sometido a enjuiciamiento considerado como hechos probados establece: que el día 6 de julio el imputado fue detenido junto a dos personas más, por la policía preventiva en virtud de la denuncia presentada que en el sector del cerrito en el ocote, aldea jurisdicción de Olanchito, Yoro dos sujetos con arma de fuego encañonaron al señor SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA, le sustrajeron la motocicleta. Participación criminal que el imputado admitió en audiencia de procedimiento abreviado con la finalidad de obtener la rebaja de ¼ de la pena solicitada en conjunto con la fiscalía. Hechos que encajan o encuadran en el Código Penal Vigente, decreto 130-2017, en los artículos de robo con violencia o intimidación. En relación con el articulo 364 del hurto y robo de uso de vehículo automotor y el 363 numeral 9) de las Agravantes específicas para los delitos de hurto y Robo. III Se determina en el marco de las penas abstractas teniendo en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen entre el Código Penal decreto 144-83 derogado y el Código Penal vigente decreto 130-2017 que este último es más beneficioso en relación con el quantum de la penas señaladas para el delito de Robo con intimidación articulo 361 e relación con el 364 de 4 a 8 años de prisión y que, cuando es realizado empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, las penas se deben aumentar en 1/3 resultando así una pena abstracta para este delito en su forma agravada de 8 años a 10 años 8 meses de prisión, pena que con la rebaja de ¼ por haberse sometido al enjuiciado al procedimiento abreviado resulta una pena abstracta de 6 años a 8 años de prisión. PRONUNCIAMIENTO FINAL DEL MINISTERIO PUBLICO. Que se declare con lugar la Garantía Constitucional de Revisión”. CONSIDERANDO (5): Que la Constitución de la República en su artículo 96 establece que: “La Ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, salvo cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”, este precepto constitucional comprende el cumplimiento de ciertos requisitos para ser aplicable; a. Que el sujeto haya cometido acción que sea tipificada y sancionada como delito., b. Que el legislador posteriormente establezca que esa misma acción o conducta tendrá consecuencias legales distintas a aquellas previstas en la Ley anterior y finalmente que esta nueva norma signifique para el condenado una mejora conforme a su situación individual que sea menos gravosa en comparación a la pena impuesta en su condena. CONSIERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO (7): Que, la Corte interamericana ha realizado una interpretación del principio de retroactividad en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO (8): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite que el Tribunal pueda realizar una ponderación con individualidad de las circunstancias, además de aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto al juzgamiento y determinación de las penas y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin evadir los fundamentos jurídicos establecidos por el juzgador primario. CONSIDERANDO (9): Que del examen realizado a las presentes diligencias y, tomando en consideración las normas jurídicas aplicables al caso concreto, haciendo la comparación de penas que manda el artículo 616 del Código Penal (decreto 130-2017) entre las disposiciones establecidas por su orden en el Decreto 144-1983 que contiene el Código Penal derogado y el DecretoNo.130-2017 que contiene el Código Penal Vigente, resulta lo siguiente; a)Que mediante sentencia emitida durante la vigencia del decreto 144-83 contentivo del Código Penal, El Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Departamento de Yoro, emitió sentencia condenatoria de fecha 15 de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), en la cual se condenó al Señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR en perjuicio del señor SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA, imponiéndole una pena principal de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOUTA E INTERDICICÓN CIVIL por el tiempo que dure la pena de reclusión y la declaración de la responsabilidad civil del condenado IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ. B)Observando los criterios para determinar la Ley más Favorable establecidos en el artículo 616 del Código Penal Vigente que ya hemos referido anteriormente y aplicando además los criterios establecidos en los artículos 32 y 70 del Código Penal Vigente la comparación resulta así, Para el delito de Robo con violencia e intimidación el Decreto 130-1 en su articulo 361 establece que: “ Quien con animo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleado violencia o intimidación en las personas debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponda a los actos de violencia que realice. Además, en las agravantes establecidas en el artículo 362, se establece que la apenas de hurto o robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) ...9) Se cometen los hechos empleado armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. De los hechos probados en la sentencia que se revisa se obtiene lo siguiente: “Que le día seis de julio del dos mil dieciséis el señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, fue detenido junto a dos personas más por la policía preventiva en virtud que la policía en fecha trece de mayo del año dos mil dedicaseis recibió denuncia que en el sector de Cerrito en el Ocote Aldea Jurisdicción de esta Ciudad de Olanchito, Yoro que dos sujetos con arma de fuego encañonaron al señor SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA y le sustrajeron la motocicleta marca Genesis, placa MAT6263 motor 169FML1585493 del año 2015 al cual lo dejaron amarrado y hasta el momento no los reconoció, en virtud que la policía tenia conocimiento de este hecho se movilizo al sector del Ocote Aldea a realizar operativo donde se detuvo al imputado junto a dos personas más a efecto de ser investigados donde el ofendido SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA reconoció al imputado señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ como una de las personas que lo despojo de su motocicleta. C) Queda evidenciado que; los elementos de la conducta sancionada se subsumen en el delito de Robo con violencia e intimidación establecido en el articulo 361 del Código Penal del decreto 130-17 que es sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión. Que en el caso que nos ocupa; por concurrir la agravante establecida en el numeral 9 del articulo 363 se deberá aumentar la pena en ¼, a su vez por haberse aplicado un procedimiento abreviado a este resultado se le deberá rebajar ¼ de la pena, que de las operaciones matemáticas resulta: d) A la pena de cuatro (4) años a ocho (8) años se le debe aumentar 1/3 por concurrir una de las agravantes especificas del 363, de lo cual resulta una pena de 8 años a diez (10) años ocho (8) meses, esta pena, a su vez debe ser rebajada en ¼ por haberse aplicado un procedimiento abreviado, resultando una pena de seis (6) años a ocho (8) años, que con la aplicación de las reglas del artículo 70 del Código Penal y tomando en consideración las condiciones personales del condenado, resultaría UNA PENA SIETE (7) AÑOS más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y ESPECIAL por el tiempo de la condena, Que en comparación con la pena anterior resulta más beneficiosa para el Garantista. CONSIDERANDO DIEZ (10): Por todo lo anteriormente expuesto y después del estudio exhaustivo de los hechos y circunstancias individúales del expediente de merito Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 249, 615 y 616 del Código Penal.- FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA a favor del Señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ II. Se anula parcialmente la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Olanchito, Yoro en fecha quince de noviembre de dos mil dieciocho (2018), con relación a la causa que se le instruyó por el delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR en perjuicio del señor SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA, en el único sentido de reformar la pena de prisión impuesta al condenado. III. Se modifica la sentencia revisada en el único sentido de reformar la pena de prisión impuesta al condenado IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: Que se debe condenar y se condena al Señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito consumado de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR en perjuicio del señor SAUL ALFREDO FLORES ZAPATA, imponiéndosele una pena principal de SIETE AÑOS DE RECLUSIÓN, la que deberá de computársele desde el día en que fue aprendido por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penal de esta ciudad de Olanchito, Yoro, sin perjuicio de que sea trasladado a otros Centros Penales del país por efectos de ordenamiento interno del Centro Penitenciario o cuando las circunstancias así lo exijan por seguridad a criterio del Señor Juez de Ejecución competente. SEGUNDO: Que se debe condenar y se condena al Señor IVANN GABRIEL CASTRO ALVAREZ, como consecuencia de la pena de reclusión, la pena accesoria de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el tiempo que dure la pena de reclusión debiendo el señor Juez de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento, en los términos señalados en el desarrollo d esta sentencia. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que ejecute el presente fallo. Redactó la Magistrada Isbela Bustillo Hernandez. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de octubre de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha ocho de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0397-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL