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Sentencia RP-350-23 — Registro 20088

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad de la ley en materia penal del delito de Falsificación de Documento Público, en perjuicio la Fe Pública y el reemplazo de pena a lo cual la Sala Constitucional considera se determina la procedencia del beneficio de retroactividad de la ley penal, de conformidad con el artículo 616 del CP 130-2017, el cual establece que para determinar dicho beneficio deben tomarse en consideración ambas normas penales de manera completa, en específico la comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación, considerando los Principios Pro Homine y Pro- Libertatis, que deben privilegiar la norma más provechosa para el ser humano.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Aplicación de los principios pro Homine y pro- Libertatis. El criterio jurisprudencial de la sala antes expuesto, se basa en una aplicación transversal de los principios pro homine y pro libertatis, principios pro Homine y pro- Libertatis Es una directriz de interpretación; vale decir, que si un tema, por ejemplo, trata sobre la libertad corporal, libertad a ejercer derechos políticos, inhabilitación absoluta o especial, etc., derechos fundamentales que se encuentran regulados en diversas fuentes jurídicas; como en los tratados internacionales, la Constitución, leyes orgánicas, etc., del sistema jurídico y el servidor público deben privilegiar la norma más provechosa para el ser humano, con independencia de la prelación jurídica, como en el presente caso se privilegia el derecho fundamental a la libertad de la persona."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: Corte Suprema de Justicia; Sala de lo Constitucional. Sentencia de revisión penal En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el magistrado Wagner Vallecillo Paredes, e integrado por los magistrados Luis Fernando Padilla Castellanos, Francisca Villela Zavala, Isbela Bustillo Hernández y Sonia Marlina Dubón, pronuncian, EN nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0350-2023, promovido por el Abogado Oscar López, en favor de José Lempira Escobar Yánez, contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), dictada por el Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual falló: PRIMERO: Declara sin lugar el motivo único del recurso de Casación por infracción de precepto constitucional; los motivos primero y segundo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, ambos interpuestos por la Abogada Ritza Yolanda Antúnez Reyes, apoderada defensora privada del acusado José Lempira Escobar Yánez. SEGUNDO: Declara con lugar el motivo único del recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el Ministerio Público; en consecuencia, se casa la sentencia de fecha diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017) (f. 453), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, reformando la parte resolutiva en los siguientes términos: “Primero: Que debemos absolver y absolvemos al acusado José Lempira Escobar Yánez, como autor directo de un delito consumado de falsificación de certificación médica agravada, en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras. Segundo: Que debemos condenar y condenamos al señor José Lempira Escobar Yánez, como autor directo de un delito consumado de Falsificación Ideológica de Documento Público, en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras, imponiéndole las siguientes penas principales: i. Reclusión por tres (3) años; ii. Inhabilitación absoluta por seis (6) años. Tercero: El cumplimiento de las penas principales impuestas deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de reclusión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el acusado José Lempira Escobar Yánez, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- La pena principal de inhabilitación absoluta será cumplida de manera sucesiva a la pena de reclusión o de manera independiente, en caso que aquella sea conmutada: c.- El proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforma a las normas del Código Penal 144-83, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de conmuta o libertad condicional; d.- El lugar de cumplimiento de las penas de reclusión deberá ser el centro penitenciario más próximo al último domicilio del reo, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al señor José Lempira Yánez, a cumplir la pena accesoria de interdicción civil, por el tiempo de cumplimiento de la pena de reclusión, a ejecutar por el tribunal competente conforme las normas penales vigentes al momento del hecho por el cual se ha condenado al reo; señalando que la conmuta de la pena de reclusión no exime del cumplimiento de la pena accesoria. Quinto: Se impone al reo José Lempira Escobar Yánez, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de reclusión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo Para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia Para Reos de Alta Peligrosidad y agresividad y sus respectivos reglamentos. Sexto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo José Lempira Escobar Yánez, civilmente responsable por las consecuencias resultantes de un delito consumado de falsificación ideológica de documentos públicos; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. Séptimo: No procede la imposición de comiso de instrumentos, productos o ganancias del delito. Octavo: No procede condenar al reo José Lempira Escobar Yánez, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. TERCERO: Declara la No Procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado José Escobar Yánez. Son partes: 1) El Abogado Óscar López, en representación de José Lempira Escobar Yánez, como revisionista; 2) La Abogada Claudia Suyapa Mejía, fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal “Primero: En fecha veintiséis de marzo del dos mil nueve, la Fiscalía contra el crimen organizado solicitó al Director de Medicina Forense siendo en aquel entonces el director el doctor José Lempira Escobar Orellana, la evaluación médica de la señora Isabel Dedan Reyes Orellana, con el fin de determinar si se encontraba en estado de gravidez. Así mismo, en fecha treinta y uno de marzo del dos mil nueve, el Juzgado de Letras Penal Unificado de esta ciudad, remitió un nuevo oficio dirigido al Director de Medicina Forense, a fin de practicar evaluación física a la señora Isabel Dedan Reyes Orellana para determinar si se encontraba en estado de embarazo; ambas solicitudes fueron a petición de la Defensa de la señora Reyes Orellana, el Doctor José Lempira Escobar Yánez, llamó por teléfono en fecha treinta y uno de marzo de ese año al perito forense Alfonso Ávila quien se encontraba en el Centro Integrado de esta ciudad de San Pedro Sula, ubicado en el barrio Paz Barahona, en su jornada de trabajo y le pidió que registrara en el libro correspondiente una solicitud de dictamen por prueba de embarazo y consignara su nombre como médico evaluador, lo que hizo el doctor Alfonso Ávila en dicho libro. Asimismo, el Doctor José Escobar Yanes le manifestó que ya que él andaba cerca del Centro Penal pasaría tomando la muestra a la evaluada para llevarla al laboratorio de Medicina Forense, y se emitió el dictamen número 2009-03-0852 de esa misma fecha 31 de marzo del 2009 a las dos y veinte de la tarde, firmado por el Doctor José Lempira Escobar Yánez, en el cual se describe que la evaluada presentaba areola oscura sin secreción, con visibilidad de la trama vascular, abdomen con estrías blanquecinas, levemente aumentado de tamaño y útero levemente aumentado de tamaño, concluyendo el dictamen que la señora Isabel Dedan Reyes Orellana, cursaba un embarazo de doce semanas por fecha de última menstruación, así como resultado de gravidez positivo, pese a que en el protocolo de evaluación de la paciente respecto a este dictamen, se consignó como médico que realizó la evaluación al Doctor Alfonso Ávila, quien nunca tuvo a la vista a la paciente para evaluación, ni tomó la muestra. Mientras que en fecha 1 de abril del 2009 y en respuesta a la solicitud del Juzgado de Letras Penal, el Doctor Orlando Merino Thiebaud, siendo las diez de la mañana de ese día, evaluó igualmente a la señora Isabel Dedan Reyes Orellana, recibiendo en ese momento llamada del Doctor José Lempira Escobar Yánez, diciéndole que se abstuviera de realizar la evaluación y descartara la muestra, en virtud de que él ya había realizado dicha evaluación; sin embargo, el Doctor Orlando Merino hizo caso omiso a la llamada, y siguiendo el protocolo establecido para la diligencia procedió a realizar su trabajo como perito y elaboró el dictamen registrado bajo número 200904860 estableciendo que la señora Isabel Dedan Reyes Orellana presentaba mama izquierda y derecha normales, sin alteraciones, pechos normales de tamaño y de peso, areola de coloración normal, no oscura, cardiovascular normal sin alteraciones, abdomen globos blando, depresible, novis ceromegalias, no se palpa útero aumentado, hay estrías en abdomen, personas y muslos no relacionadas con gravidez, concluyendo no existir signos clínicos ni físicos de estado de embarazo, y examen de laboratorio test pack con resultado negativo. Tercero: Ante los dictámenes contradictorios remitidos al Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, en fecha 3 de abril de dos mil nueve, se solicitó la práctica de una nueva evaluación a la señora Isabel Dedan Reyes Orellana, nombrando el Órgano Jurisdiccional al Doctor José Lempira Escobar Yánez, para que de manera personal realizara dicha diligencia, quien solicitó la colaboración del Hospital Mario Catarino Rivas para que se le practicara en consecuencia una ecografía pélvica a la señora Reyes Orellana, resultando en dicha evaluación de fecha catorce de abril del año dos mil nueve (2009) misma registrada como una ampliación del dictamen número 2209-03-0852 que la evaluada no presentaba embarazo.” Antecedentes PRIMERO: Del inicio del proceso penal. En fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil nueve (2009), compareció ante el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado José René Álvarez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra de José Lempira Escobar Yánez, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Falsificación de Documentos Públicos y Falsificación de Certificación Médica Agravada, en perjuicio de la Fe Pública. SEGUNDO: De la sentencia condenatoria. Seguido el trámite de ley correspondiente, el Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictó sentencia en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual falló condenar a José Lempira Escobar Yánez, a la pena de tres (3) años de reclusión e inhabilitación absoluta por seis (6) años, por ser autor penalmente responsable de un delito de Falsificación Ideológica de Documento Público, en perjuicio la Fe Pública, más la pena accesoria de interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias legales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. TERCERO: De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El Abogado Óscar López, en representación de José Lempira Escobar Yánez, compareció ante esta Sala de lo Constitucional en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de revisión penal a favor de su representado, contra la sentencia condenatoria dictada en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), por el Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha veintisiete (27) de marzo del año dos mil veintitrés (2023) (f. 9). CUARTO: De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), se celebró la audiencia de oposición y presentación de pruebas ante el pleno de la Sala de lo Constitucional (f. 46), habiendo comparecido el Abogado Óscar López, en representación de José Lempira Escobar Yánez, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en donde cada una de las partes expresaron sus razones jurídicas respecto al presente recurso de revisión, habiendo manifestando el revisionista que, en la sentencia condenatoria dictada por la Sala de lo Penal se consideró la imposición de la pena mínima por el delito de Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de la Fe Pública, y en el presente caso reconoce que las penas que comprende la nueva legislación son más graves que en la anterior legislación, en vista que la pena mínima de prisión son cuatro (4) años, sin embargo, considera que debe hacerse el análisis en su conjunto y en el código anterior se le niega la posibilidad de conmuta o libertad condicional en vista de tener ya una sentencia condenatoria anterior de tres (3) años, pero en el presente código sí le aplica, siendo más beneficioso en ese sentido, ya que de imponerle la pena mínima se tiene acceso a hacer un reemplazo de pena que tipifica el código actual; arguye que el artículo 616 es claro al establecer los criterios más favorables y no se trata solo de comparar la pena sino las normas completas de la legislación que se deroga con la que entra en vigor, por lo que pide la aplicación de reemplazar la pena de reclusión por una pena de multa. Por su parte, el Ministerio Público manifestó estar de acuerdo con la revisión de oficio que realizó la Sala de lo Penal en la sentencia de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), ya que, según el artículo 456.4 del CP 130-2017, el delito de falsificación de documento público contiene una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público, es decir, una mayor pena de la que fue condenado, por lo que no corresponde la aplicación retroactiva del CP 130-2017. Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal. La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado Óscar López, en representación de José Lempira Escobar Yánez, como revisionista; y, la Abogada Claudia Suyapa Mejía, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Óscar López funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que, en la sentencia condenatoria dictada por la Sala de lo Penal se consideró la imposición de la pena mínima por el delito de Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de la Fe Pública, y en el presente caso reconoce que las penas que comprende la nueva legislación son más graves que en la anterior legislación, en vista que la pena mínima de prisión son cuatro (4) años, sin embargo, considera que debe hacerse el análisis en su conjunto y en el código anterior se le niega la posibilidad de conmuta o libertad condicional en vista de tener ya una sentencia condenatoria anterior de tres (3) años, pero en el presente código sí le aplica, siendo más beneficioso en ese sentido, ya que de imponerle la pena mínima se tiene acceso a hacer un reemplazo de pena que tipifica el código actual; arguye que el artículo 616 es claro al establecer los criterios más favorables y no se trata solo de comparar la pena sino las normas completas de la legislación que se deroga con la que entra en vigor, por lo que pide la aplicación de reemplazar la pena de reclusión por una pena de multa. Por su parte, el Ministerio Público manifestó estar de acuerdo con la revisión de oficio que realizó la Sala de lo Penal en la sentencia de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), ya que, según el artículo 456.4 del CP 130-2017, el delito de falsificación de documento público contiene una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público, es decir, una mayor pena de la que fue condenado, por lo que no corresponde la aplicación retroactiva del CP 130-2017. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a José Lempira Escobar Yánez, la pena de tres (3) años de reclusión e inhabilitación absoluta por seis (6) años, por ser autor penalmente responsable del delito de Falsificación de Documento Público, en perjuicio la Fe Pública, más la pena accesoria de interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. En el presente caso, el revisionista reconoce, como no puede ser de otra forma, que de conformidad con el CP 130-2017 el marco penal abstracto de la pena por el delito de Falsificación de Documento Público, en perjuicio de la Fe Pública, es más grave que la pena concreta impuesta con el Código Anterior 144-83, al sentenciado José Lempira Escobar Yánez, quien fue condenado a tres (3) años de reclusión e inhabilitación absoluta por seis (6) años, mientras que con el CP 130-2017 le corresponden de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y adicionalmente la imposición de multa de trescientos (300) a quinientos (500) días. Esta comparativa permite determinar la mayor gravedad de reproche de culpabilidad que se establece con la vigencia del CP 130-2017 para el delito en cuestión; sin embargo, la petición del revisionista no se circunscribe a comparar penas privativas de libertad, va más allá, y trae a colación que el sentenciado Escobar Yánez tiene ya antecedentes penales computables por un delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Fe Pública, habiendo sido condenado a tres (3) años de reclusión; y por tanto, tiene la condición de reincidente (artículo 28 CP 144-83) y le impide de conformidad con la antigua codificación optar a beneficios de conmuta de la pena de reclusión o libertad condicional, ello por prohibición expresa contenida en los artículos 53 en relación con el 61 y 76 del CP 144-83. En ese sentido, al hacer el análisis de conformidad con el CP 130-2017, es reo habitual quien incurre en nuevo delito habiendo sido ya condenado por dos (2) o más delitos de la misma naturaleza y dentro de un periodo de cinco (5) años a partir de la condena (artículo 83). Es decir, la nueva tipificación legal exige la realización de un tercer delito de la misma naturaleza cometido en un espacio temporal de cinco (5) años para darle la condición de reo habitual, lo que permite colegir que con la presente legislación el sentenciado José Lempira Escobar Yánez no tiene la condición de reo habitual, siendo la pretensión perseguida por el revisionista y por tanto favorable a su pretensión. Volviendo al delito por el cual se le condenó, el artículo 456 sanciona el delito de Falsificación de Documento Público de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días, y analizando las reglas para determinación de la pena concreta del artículo 70 con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de los artículos 31 y 32 del CP 130-2017, corresponde al sentenciado la imposición de las penas en su límite inferior: i. Prisión por cuatro (4) años; y, ii. Multa de trescientos (300) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día, que equivalen a seis mil lempiras (L 6,000.00). Respecto al reemplazo de pena que pretende el revisionista, dicha institución jurídica se encuentra regulada en el artículo 74 del CP 130-2017, el cual establece que el Órgano Jurisdiccional competente puede sustituir por detención de fin de semana, arresto domiciliario o multa, previa audiencia de las partes y en la misma sentencia o posteriormente en auto motivado antes de dar inicio a la ejecución, la pena de prisión que individualmente o sumada con otras, no supera los cinco (5) años cuando las circunstancias personales del penado así como la modalidad criminosa empleada, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo realizado para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de penados habituales (art. 83 antes señalado). Cada semana de prisión debe ser sustituida por detención de dos (2) fines de semana y cada día de prisión por dos (2) cuotas de multa o por un (1) día de arresto domiciliario. En este caso, la Sala de lo Constitucional considera dable atendiendo las circunstancias personales del penado, sustituir la pena de prisión de cuatro (4) años por la pena de multa, y al hacer la operación aritmética los cuatro (4) años de prisión equivalen a mil cuatrocientos sesenta (1460) días, por lo que siguiendo las reglas de conversión establecidas en el artículo 54 numeral 1) del CP 130-2017, se debe imponer al sentenciado dos mil (2000) días multa a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día, que equivalen a cuarenta mil lempiras (L 40,000.00). Por lo anteriormente expuesto, se determina la procedencia del beneficio de retroactividad de la ley penal, de conformidad con el artículo 616 del CP 130-2017, el cual establece que para determinar dicho beneficio deben tomarse en consideración ambas normas penales de manera completa, en específico la comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. CONSIDERANDO CUATRO (4). - Aplicación de los principios pro Homine y pro- Libertatis. El criterio jurisprudencial de la sala antes expuesto, se basa en una aplicación transversal de los principios pro homine y pro libertatis, principios pro Homine y pro- Libertatis Es una directriz de interpretación; vale decir, que si un tema, por ejemplo, trata sobre la libertad corporal, libertad a ejercer derechos políticos, inhabilitación absoluta o especial, etc., derechos fundamentales que se encuentran regulados en diversas fuentes jurídicas; como en los tratados internacionales, la Constitución, leyes orgánicas, etc., del sistema jurídico y el servidor público deben privilegiar la norma más provechosa para el ser humano, con independencia de la prelación jurídica, como en el presente caso se privilegia el derecho fundamental a la libertad de la persona POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Falla: Primero: Declara Con Lugar la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Óscar López, en favor de José Lempira Escobar Yánez. Segundo: Anula parcialmente la sentencia definitiva firme dictada por el Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en Materia Penal, en fecha veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021). Tercero: Se Reforman las penas impuestas a José Lempira Escobar Yánez, por el delito Falsificación de Documento Público, en perjuicio de la Fe Pública; las cuales deberán leerse de la siguiente manera: “FALLA: SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a José Lempira Escobar Yánez, por ser autor responsable penalmente del delito Falsificación de Documento Público, en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cuatro (4) años de prisión, la cual se reemplaza por una pena de multa equivalente a dos mil (2000) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día, lo cual equivale a cuarenta mil lempiras (L 40,000.00); asimismo, se condena a la pena principal de multa de trescientos (300) días a razón de veinte lempiras (L 20.000) por día, que equivalen a seis mil lempiras (L 6,000.00); dichas penas de multa son a favor del Estado de Honduras, y deberán ser enteradas a través de la Tesorería General de la República.” Cuarto: Se dejan incólumes los demás pronunciamientos no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el magistrado Wagner Vallecillo Paredes. Notifíquese. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha veinticinco de agosto del do mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0350-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL