Sentencia RP-347-22 — Registro 19234
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la Sentencia con relación a la causa que se instruyó por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras. La pretensión del revisionista es totalmente inviable, pues la sentencia sometida a revisión penal fue dictada de conformidad con la norma de la cual se pide retroactividad,.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO, la pena de SEIS (6) años de prisión, por ser autor penalmente responsable del delito de Lavado de Activos y por el Delito de Tráfico de Drogas, la pena de Diez Años de Reclusión e inhabilitación absoluta e interdicción civil y una multa de veinte (20) lempiras por día, haciendo un equivalente de Seis Mil Lempiras (Lps. 6,000.00). La Sala de lo Constitucional constata, que tal como expone la Agente Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sandra Lorena Zúniga, la sentencia condenatoria venida en revisión penal, fue dictada de conformidad con el NCP 130-2017; y no podía ser de otra manera, pues según los hechos probados de la sentencia ambos delitos fueron cometidos en el año 2014, fecha en la cual se encontraba en vigencia, Decreto 144-1983, y al momento de conocer la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por los recursos de Casación Interpuestos, la Sala aplicó la retroactividad de la ley y es por ello que aplicó el NCP 130-2017, porque este Decreto le favorece y por ello se reformó la sentencia venida en casación a la Sala Penal. Asimismo, la fundamentación de la sentencia fue redactada con la norma de la cual se pide su retroactividad, y la imposición de la pena de seis (06) años de prisión por el delito de Lavado de Activos y la pena de Diez (10) Años por el delito de Tráfico de Drogas representan el acumulado por la responsabilidad de ambos delitos (artículos 439 del Código Penal). En este sentido, se concluye que la pretensión del revisionista es totalmente inviable, pues la sentencia sometida a revisión penal fue dictada de conformidad con la norma de la cual se pide retroactividad, no existiendo causal que justifique su otorgamiento de conformidad con el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Revisión Penal interpuesto por el abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, a favor del señor DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO, contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiunos, con relación a la causa que se instruyó contra el señor DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO Y OTROS por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 1) Que en fecha ocho (8) de marzo de dos mil quince(2015), las Fiscales del Ministerio Público, Abogadas NOEMY BRUNER MONCADA Y NINOSKA ANDINO, comparecieron ante el Juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional, presentando requerimiento fiscal contra EDAR ESTEWEN GOMEZ FLORES (ORDEN DE CAPUTRA) BRUSNER ANTONIO GOMEZ FLORES, ALEXIS JAVIER GOMEZ FLORES, DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO, SANTOS HERIBERTO GOMEZ, RUSMAN HERMEDITH GOMEZ FLORES, EDGAR OFFEN CASCO AVILA, NELSON ANTONIO MEDINA CASTELLANOS, LUIS ALONSO LAGOS FONSECA, LUIS CACERES CHAVARRIA, RICARDO LARA CASTELLANOS, LUIS GUSTAVO OSEGUERA CASCO por el delito de TRAFICO DE DROGAS AGRAVADO en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION. Contra EDAR ESTEWEN GOMEZ FLORES (ORDEN DE CAPUTRA) BRUSNER ANTONIO GOMEZ FLORES, ALEXIS JAVIER GOMEZ FLORES, DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO, SANTOS HERIBERTO GOMEZ, RUSMAN HERMEDITH GOMEZ FLORES por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de la ECONOMIA DE HONDURAS. contra LUIS ALONSO LAGOS FONSECA, EDGAR OFFEN CASCO AVILA por el delito de PORTACION, POSESION ILEGAL DE ARMAS COMERCIAL en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DE HONDURAS. (Folios 1-9 de la pieza de antecedentes). 2) Que continuado que fue el proceso, en fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, dictó Sentencia Definitiva mediante la cual Falló: “PRIMERO: CONDENAR y al efecto CONDENAMOS, a los señores JOSE HERIBERTO GOMEZ OSORIO, BRUSMEN ANTONIO HERMEDITH GOMEZ FLORES, cuyas menciones de generales ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables penalmente del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Imponiéndoles la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION, que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional que el Juez de Ejecución determine; debiendo de igual manera, computárseles el tiempo que han permanecido en efectiva prisión por la presente causa. SEGUNDO: …, ...” (Folios 41 al 287 de la pieza de antecedentes). 3)Que en virtud de conocer la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, los recursos de Casación por Infracción de Ley por Quebrantamiento de Forma interpuestos contra la sentencia de veintiocho de junio del año dos mil diecinueve, fallo: PRIMERO: Declarar no ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuestos por el Abogado Oscar Adán Calix Rosales, defensor privado de los imputados Brusmeth Antonio Gómez Flores, Alexis Javier Gómez Flores y Rusman Hermedith Gomes Flores. SEGUNDO: Declara no ha lugar el Recurso de Casación Infracción de Ley en sus dos motivos y NO ha Lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos; ambos interpuestos por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, defensora privada de los acusados David Heriberto Gómez Flores y Edgar Offen Casco Hernandez. TERCERO: Declarar la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada, a los ahora condenados David Heriberto Gomez Osorio……en consecuencia y en relación a ellos, se reforma parcialmente la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintiocho de junio dos mi diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos a los acusados DAVID Heriberto Gómez Osorio….de generales conocidas en el acumulado judicial, como autores penalmente responsable de un delito Lavado de activos, en perjuicio de la Económica del Estado de Honduras, a cumplir la pena principal de ocho años de prisión, asimismo, multa igual a cincuenta por ciento del valor del activo objeto de lavado que equivale para el condenado David Heriberto Gomez Osorio, doscientos sesenta mil trescientos noventa seis lempiras con setenta y cinco centavos (L.260,396.75) …….2) Que debemos condenar y condenamos a los acusados David Heriberto Gomez Osorio………. De generales conocidas en el acumulado judicial como autores penalmente responsables de un delito consumado de Tráfico de Drogas por comercialización de cocaína, en perjuicio de la Salud Pública, a cumplir la pena principal de Dia años de prisión, asimismo, multa de trescientos días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L., 6,000.003……. 3) Que en fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, compareció ante la Sala de lo Constitucional, el abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, presentando recurso de Revisión Penal a favor del señor DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO, contra la sentencia condenatoria de fecha veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-02 del recurso). 4) Que en fecha cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala Constitucional, habiendo comparecido el Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, en su condición de apoderado legal del señor DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; que habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal, a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE la presente acción de revisión,”. (Folios 44 al 46 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9, el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal se celebró en fecha cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, en favor de DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO, como revisionista; y, la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, Fiscal del Ministerio Público. El Abogado JOSE RAEL ERAZO PAISANO, funda su petición en que se debe imponer la pena minina de 5 años que corresponde al artículo 439 del nuevo instrumento jurídico Decreto 130-2017, en la cual establece una pena mínima de 5 años y 8 años como pena máxima. La ley de Lavado de Activos en su artículo 36, establece una pena mínima de 6 años de prisión que corresponde según Código viejo derogado, Decreto 144-83 del Código Penal, derogado y cómo podemos apreciar, la pena mínima a la que fue condenado su representado es de 6 años de prisión en la ley de Lavado de Activos del artículo 36 derogado. Y en el artículo 439 del nuevo Código Penal, la pena es de 5 años Decreto 130-2017, por lo que esta defensa solicita que se dicte sentencia definitiva imponiendo la pena mínima de 5 años a su representado. Medio de prueba documental en el expediente de mérito Número 347-2022, Certificación de la sentencia, Certificación del cómputo de la sentencia. Por lo que pide se dicte sentencia aplicando la pena mínima a su representado de 5 años de prisión. Por su parte, la Agente Fiscal del Ministerio Público expuso, que después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de Interposición del Recurso, solicita que se revea la sentencia definitiva del veinticuatro (24) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fundamentando su petición, en que a su representado se le aplicó la pena máxima por el delito de Lavado de Activos, debiendo aplicársele la pena mínima de cinco años, en vista de las atenuantes acreditadas en el procesos. Al respecto, es importante señalar, que el imputado DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO, fue condenado por los delitos de Lavado de Activos y por Tráfico de Drogas, partiendo de esta premisa y en base al artículo 615 del Código Penal, Decreto 130-2017, el órgano jurisdiccional en el proceso de ponderación de la norma más favorable, realizó la comparación de todas las normas del código relacionado, es decir, dicho aspecto ya ha sido considerado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien al momento de emitir la respectiva sentencia de casación, declaró en el numeral tercero, la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal, Decreto 130-2017. Aunado a lo anterior, dicha Sala, conociendo los Recursos de Casación, ha determinado que corresponde a cada Tribunal al momento de emitir la sentencia, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código, por lo que, lo solicitado por el revisionista no resulta procedente al haberse aplicado la nueva norma por ser más benigna. Por lo cual es de la opinión que no se otorgue la acción de Revisión. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a) Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b). Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. C). Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en Revisión Penal, se impuso a DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO, la pena de SEIS (6) años de prisión, por ser autor penalmente responsable del delito de Lavado de Activos y por el Delito de Tráfico de Drogas, la pena de Diez Años de Reclusión e inhabilitación absoluta e interdicción civil y una multa de veinte (20) lempiras por día, haciendo un equivalente de Seis Mil Lempiras (Lps. 6,000.00). La Sala de lo Constitucional constata, que tal como expone la Agente Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sandra Lorena Zúniga, la sentencia condenatoria venida en revisión penal, fue dictada de conformidad con el NCP 130-2017; y no podía ser de otra manera, pues según los hechos probados de la sentencia ambos delitos fueron cometidos en el año 2014, fecha en la cual se encontraba en vigencia, Decreto 144-1983, y al momento de conocer la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia por los recursos de Casación Interpuestos, la Sala aplicó la retroactividad de la ley y es por ello que aplicó el NCP 130-2017, porque este Decreto le favorece y por ello se reformó la sentencia venida en casación a la Sala Penal. Asimismo, la fundamentación de la sentencia fue redactada con la norma de la cual se pide su retroactividad, y la imposición de la pena de seis (06) años de prisión por el delito de Lavado de Activos y la pena de Diez (10) Años por el delito de Tráfico de Drogas representan el acumulado por la responsabilidad de ambos delitos (artículos 439 del Código Penal). En este sentido, se concluye que la pretensión del revisionista es totalmente inviable, pues la sentencia sometida a revisión penal fue dictada de conformidad con la norma de la cual se pide retroactividad, no existiendo causal que justifique su otorgamiento de conformidad con el artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del Agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal, interpuesta por el abogado JOSE RAFAEL ERAZO PAISANO, en favor del señor DAVID HERIBERTO GOMEZ OSORIO. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. – FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación del Fallo de fecha veintiuno de marzo del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0347-2022.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL