Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-346-22 — Registro 19710

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria por el delito de Extorsión en aplicabilidad del Principio de retroactividad de la Ley en materia penal, la Sala Constitucional aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre de los dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que no es Procedente la aplicación retroactiva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre de los dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Roger Amílcar Ferrera Rodríguez, contra la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor Roger Amílcar Ferrera Rodríguez, por haber sido condenado por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido “AB-374”. ANTECEDENTES 1) En fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, la Agente de Tribunales del Ministerio Público, Abogada Karla Zavala, presentando requerimiento fiscal en contra del señor Roger Amílcar Ferrera Rodríguez, por suponerlos responsables del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido “AB-374”. (Folios 2-7 del antecedente) 2) Que en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, el Juzgado de Letras Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: CONDENANDO al señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ cuyas generales de identidad ya han sido detalladas anteriormente como autor responsable del delito de EXTORSION a la pena principal de once años, tres meses (11 años, 03 meses) de reclusión. SEGUNDO: Se condena al pago de 37.5 salarios mínimos. TERCERO: Se condena al señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ a las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión. CUARTO: No procede condenar al señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ en costas procesales ni personales, como tampoco por los gastos ocasionados en el presente juicio. En este acto quedan notificadas las partes intervinientes de esta sentencia y una vez que adquiera el carácter de firme, líbrese atento oficio al director de la Penitenciaria Nacional de Támara, a la oficina de antecedentes penales del Poder Judicial y al Juzgado de Ejecución de esta Sección Judicial para que haga el computo respectivo QUEDANDO NOTIFICADAS LAS PARTES EN AUDIENCIA DE ESTA SENTENCIA…” (Folios 40-42 del antecedente) 3) En fecha dieciocho de febrero de dos mil veintidós, esta Sala tuvo por recibido el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado Ramón Matamoros, a favor del señor Roger Amílcar Ferrera Rodríguez, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado; “ El recurso de revisión penal en el cambio de la pena concreta se le impuso al condenado ROGER AMLCAR FERRERA RODRIGUEZ, 11 años 3 meses de reclusión y una multa de 37.5 salarios mínimos del articulo 222 del Código Penal derogado, por la reforma vigente del Código Penal establecía en el artículo 374 del mismo cuerpo legal; en relación con el principio de retroactividad de la ley penal establecida en el articulo 625 y 616 por lo que sería más recomendable imponer una pena conforme a lo que establece nuestra norma penal en el decreto 130-2017, publicada en el Diario Oficial de LA GACETA en fecha 10 de mayo del año 2020 en su articulo 373 la pena para el delito de EXTORCIÓN es de 10 años y una multa de 500 días. 4) En fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Aida Patricia Martínez, con la comparecencia de la Abogada Sobeida Isabel Zapata Grande, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado Ramón Matamoros, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor Roger Amílcar Ferrera; El Ministerio Público consideró: “…El Ministerio Público al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales se establece que el Código Penal derogado Decreto 144/83 sancionaba el delito de EXTORSION SIMPLE en su artículo 222 que establecía una pena de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN y una multa de CINCUENTA SALARIOS MINIMOS y al haberse aplicado Procedimiento Abreviado el juzgador impuso una pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION Y UNA MULTA 37.5 SALARIOS MINIMOS. Esta representación del Ministerio Público, señala que a la fecha en que fue presentado el escrito de Recurso Extraordinario de Revisión Fenal (18 de febrero del 2022), el artículo 373 del Código Penal vigente ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación, el cual señala: "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero..., debe ser castigado con la pena de prisión de Quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Conforme al fallo emitido al sentenciado se le condenó por el delito de extorsión según el artículo 222 del decreto 144-83 que fijaba una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan, imponiéndole la pena concreta de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, penas aplicadas dentro del rango mínimo y rebajada en ¼ por haberse sometido el enjuiciado al procedimiento abreviado. A realizar el encuadre de los hechos probados de la sentencia con la reforma penal vigente del delito de extorsión, y al ser rebajada en por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda una pena de once (11) años tres (3) meses de prisión, pena privativa de la libertad que resulta igual a la impuesta en la sentencia que se pretende rever. En relación a la comparación de la pena de multa, el artículo 373 del actual Código Penal impone una multa quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que rebajada en 4 por haberse aplicado en procedimiento abreviado queda de 375 a 500 días de multa. Pena que al hacer la conversión de días multa en su nivel más alto (375 días x L.5,000.00) resulta una pena de multa de L.1:875,000.00 (un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras). Al respecto véase el artículo 53 del Código Penal Vigente que refiere: "PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L. 5, 000.00)". En virtud de lo anteriormente expuesto y tomando en consideración los criterios fijados para la determinación de la ley penal más favorable establecidos en los artículos 53 y 616 del Código Penal, se concluye que las nuevas penas a imponer del artículo 373 del Código Penal vigente, no son más favorables a las impuestas en la sentencia objeto del recurso interpuesto. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no ser la misma más favorable para el condenado…” (Folios 21-23 del recurso de mérito) FUNDAMENTACIÓN JURIDICA CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. La Constitución de la Republica en su artículo 186 prohíbe abrir juicios fenecidos, salvo en causas de materia penal y civil que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados. A pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de oficio. Sin embargo, adopta la Garantía Constitucional de Revisión que se debe ejercer exclusivamente ante la Corte Suprema de Justicia. CONSIDERANDO (2): la Ley Sobre Justicia Constitucional establece que; ningún poder ni autoridad, puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en causas Juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de estos, de cualquier persona, del Ministerio Publico o de Oficio. En consecuencia, toda persona agraviada que hubiere sido parte en el proceso o con derecho a ser llamada a participar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en el plazo de 6 meses contados desde el día en que habiéndose realizado la última notificación. CONSIDERANDO (3): Resumen de los alegatos interpuestos por el Garantista y el Ministerio Publico en la Audiencia de Oposición de la Garantía Constitucional de Revisión: “Acto seguido se le cedió la palabra al Abogado RAMON MATAMOROS apoderado legal del Señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ a efecto de que haga uso de su derecho a la Replica y presente las pruebas que estime pertinentes, quien manifiesta. Se ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia Condenatoria, que fue presentada ante la Sala de lo Constitucional. Se aplique el Principio de Retroactividad de la Ley Penal al señor ROGER AMILCAR FERRERA RORIGUEZ, quien fue condenado por el delito de Extorción simple, en perjuicio de testigo protegido AB 374 a una pena de 11 años 3 meses y una multa de 37.5 salarios mínimos en relación con el articulo 222 del Código Penal derogado (Ley intermedia) del nuevo Código Penal Vigente establece en su artículo 373 una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de 500 a 1000 días multa, siendo lo más beneficioso aplicar a los condenados que aceptaron un procedimiento abreviado se le debe hacer una rebaja de ¼ a la pena y multa quedando una pena y multa mínima de 7 años 6 meses de reclusión y una multa de Lps. 7,500.00 Ofrece como medio de prueba la sentencia de mérito, misma que se encuentra incorporada en la presente pieza de autos. Una vez concluida la exposición del recurrente se le cede la palabra a la Fiscal Abogada SOBEIDA ISABEL ZAPATA GRANDE, a efecto de que esta presente la oposición del ente acusador al recurso de revisión de merito y presente las pruebas que estime pertinentes: El Ministerio Público a través de su Agente Fiscal para la defensa de la Constitución con carne de Colegiación Numero 4021, designada y debidamente acreditada ante eta Honorable Corte Suprema de Justicia para conocer de los casos que por ley es llamado a conocer esta representación Fiscal, refiriéndome al Recurso extraordinario de Revisión Penal, interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del señor ROGER ALMILCAR FERRERA RODRIGUEZ, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa de fecha cinco (5) de diciembre del Dos mil diecisiete (2017), mediante la cual se condeno al señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ, por el delito de extorción en perjuicio de Testigo Protegido A B-374 al respecto el Ministerio Publico en base a lo establecido en el articulo 106 de la Ley Sobre Justicia Constitucional se permite manifestar lo siguiente:… Esta representación del Ministerio Público señala que a la fecha en que fue presentado el escrito del Recurso Extraordinario de Revisión Penal (18 de febrero del 2022), el articulo 373 del Código Penal vigente ya había sido reformado mediante el Decreto 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en echa 01 de noviembre del 2021, vigente a partir del día siguiente de su publicación el cual señala: “Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y animo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero… debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o intimidación realizados . Conforme al fallo emitido al sentenciado se le condenó por el delito de extorsión según el articulo 222 del Decreto 144-83, que fijaba una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, mas las accesorias que correspondan, imponiéndole una pena concreta de ONCE (11) años TRES (3) MESES de reclusión y una multa de TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS, penas aplicadas dentro del rango mínimo y rebajada en ¼ por haberse sometido el enjuiciado al procedimiento abreviado. Al realizar el encuadre de los hechos probados de la sentencia con la reforma penal vigente del delito de extorsión, y al ser rebajada en un cuarto por la aplicación de la figura del procedimiento abreviado queda una pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES de prisión, pena privativa de libertad que resulta igual a la impuesta en la sentencia que se pretende rever. En relación a la comparación de la pena de multa, el articulo 373 del actual Código Penal impone una multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto que rebajada en ¼ por haberse aplicado en procedimiento abreviado queda de 375 a 500 días de multa. Para que al a ver a conversión de días multa en su nivel más alto (375 días x L.5,000.00) resulta una pena de L.1,875,00 (Un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras). Al respecto véase el articulo 53 del Código penal Vigente Que refiere. “PENA DE DIAS MULTA. La pena de los días multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte (L.20) ni mayor de Cinco mil Lempiras (L. 5,000.00)”. En virtud de lo anteriormente expuesto y tomando en consideración los criterios fijados para la determinación de la ley penal mas favorable establecidos en los artículos 53 y 616 del Código Penal, se concluye que las nuevas penas a imponer del articulo 373 del Código Penal vigente, no son más favorables a las impuestas en la sentencia objeto del recurso interpuesto. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Publico se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, por no ser la misma más favorable para el condenado”. CONSIDERANDO (4): Que la Constitución de la República en su artículo 96 establece que: “La Ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, salvo cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”, este precepto constitucional comprende el cumplimiento de ciertos requisitos para ser aplicable; a. Que el sujeto haya cometido acción que sea tipificada y sancionada como delito., b. Que el legislador posteriormente establezca que esa misma acción o conducta tendrá consecuencias legales distintas a aquellas previstas en la Ley anterior y finalmente que esta nueva norma signifique para el condenado una mejora conforme a su situación individual que sea menos gravosa en comparación a la pena impuesta en su condena. CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (6): Que Honduras como suscriptor de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se compromete a respetar el principio de legalidad y retroactividad que el precitado Instrumento establece en su artículo 9; “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. CONSIDERANDO (7): Que la Corte interamericana ha realizado una interpretación del principio de retroactividad en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que des incriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” CONSIDERANDO OCHO (8): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite que el Tribunal pueda realizar una ponderación con individualidad de las circunstancias, además de aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto al juzgamiento y determinación de las penas y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin evadir los fundamentos jurídicos establecidos por el juzgador primario. ANÁLISIS JURIDICO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (9): Que, del examen realizado a las presentes diligencias y tomando en consideración las normas jurídicas aplicables al caso concreto, haciendo la comparación de penas que manda el artículo 616 del Código Penal (decreto 130-2017) entre las disposiciones establecidas por su orden en el Decreto 144-1983 que contiene el Código Penal derogado y el DecretoNo.130-2017 que contiene el Código Penal Vigente, resulta lo siguiente; a. Que, mediante sentencia definitiva de fecha cinco de diciembre del dos mil diecisiete (2017). El Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán condenó al señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ como autor responsable del delito de EXTORSIÓN a la pena principal de once años, tres meses (11 años, 03 meses). asimismo, las penas accesorias de Inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión b. Observando los criterios para determinar la Ley más Favorable establecidos en el artículo 616 del Código Penal Vigente que ya hemos referido anteriormente y aplicando además los criterios establecidos en los artículos 32 y 70 del Código Penal Vigente la comparación resulta así; Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. CONSIDERANDO (10): Que, Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto a juzgamiento y determinación de penas. CONSIDERANDO (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO (13): Que en el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Alto Tribunal el 18 de febrero del año dos mil veintidós presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal, y en consecuencia la aplicación retroactiva de la ley y la imposición de la pena de prisión más favorable a sus intereses. CONSIDERANDO (14): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que, la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ fue condenado por el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AB-374.por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán mediante sentencia definitiva y firme de fecha cinco (5) de diciembre del dos mil diecisiete (2017)a la pena principal de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES de reclusión MULTA DE TREINTA Y SIETE PUNTO CINCO (37.5) SALARIOS MINIMOS asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL. II. Qué, esta Sala de lo Constitucional constata que en la sentencia antes relacionada el Juzgado Sentenciador aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 222 del CÓDIGO PENAL, contenido en el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de EXTORSION, por lo que esta Sala procede a revisar si el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO (15): La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar; I. Que, en el presente caso, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de EXTORSIÓN, enmarcado en el artículo 222 establecía una pena abstracta de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos. El Código Penal Vigente Decreto 130-2017, en el artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, dispone: “Quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para si o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Ósea dicha conducta delictiva, se castiga con la misma pena de privación contemplada en el Código Penal derogado. En ese orden de ideas, la descripción del tipo penal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. II. En el caso subjudice, el encausado fue condenado mediante la figura desjudicializadora del proceso abreviado, es así que para realizar una ponderación que constituya la igualdad en cuanto a juzgamiento, debemos transitar sobre la figura procesal a la que se sometió el encartado; Aplicando la rebaja de un cuarto ¼ a la pena. (Artículo 404 del Código Procesal Penal). Resultando la misma pena de prisión, que se le impuso en la sentencia revisada y multa de 375 a 500 días, a razón de cinco mil lempiras (L.5,000.00 en su nivel más alto) por día multa, reflejando la suma de UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS 1,875,000.00) en concepto de Multa, pena que es más gravosa con relación a los 37.5 salarios mínimos, a los que fue condenado. III. Sumado a lo anterior, del estudio de los antecedentes y del recurso de revisión impetrado, esta Sala aprecia, que las penas establecidas para el delito de Extorsión estatuidas en el Código Penal decreto 130-2017 artículo 373, reformado mediante Decreto Legislativo No.93-2021, no resultan más benignas que las establecidas en el Código Penal decreto 144-1983, derogado. (Artículo 222). En virtud que el recurso de revisión, fue interpuesto estando ya vigente (a partir del primero de noviembre de los dos mil veintiuno), la reforma que agrava nuevamente las penas para este delito, tal y como se deja explicado en los numerales anteriores. Por lo que No es Procedente la aplicación retroactiva en favor del señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 95, 96 numeral 8, 99 párrafo primero. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN PENAL presentada por el Abogado RAMÓN MATAMOROS a favor del señor ROGER AMILCAR FERRERA RODRIGUEZ, contra la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán de fecha cinco (5) de diciembre del dos mil diecisiete (2017) Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente. REDACTO Magistrada Isbela Bustillo Hernández. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-346-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL